"El amargo fruto de la palma aceitera"

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Otros casos en los trópicos: America

La palma africana fue introducida a Colombia en 1932 pero el desarrollo comercial del cultivo se inició a finales de los años cincuenta. A mediados de la década del sesenta ya existían 18.000 hectáreas en producción en los departamentos del César, Magdalena, Santander y Norte de Santander. Los cultivos se expandieron a otros departamentos y según datos publicados en 1995 por Fedepalma, en ese año ya sumaban alrededor de 130.000 hectáreas, siendo el principal cultivo de oleaginosas del país, fundamentalmente en las zonas norte, central y oriental.

Hoy en día, en el marco del llamado Plan Colombia se pretende sustituir plantaciones de cultivos ilícitos por palma africana y en todo el país se está planificando sembrar hasta 300.000 nuevas hectáreas. Estas nuevas plantaciones se realizarían dentro del proyecto agrario de la actual administración, sin tener en cuenta ni la gente ni el ambiente.

Como afirma la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra. (ACVC), estas plantaciones son "un triste ejemplo del cóctel de latifundismo con aspiraciones de eficiencia o modernidad que al pretender ser productivo no renuncia, sino al contrario se reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra". Y la ACVC agrega: "Se trata con este sistema de incrementar los rendimientos monetarios por hectárea sin alterar en lo absoluto la estructura de tenencia de la tierra. Los nuevos señores feudales plantean las alianzas productivas que no son otra cosa que la aparcería maquillada. Las alianzas son el remedio legal para eludir las obligaciones con los trabajadores agrarios desposeídos. Al volver socio al trabajador, el latifundista ahorra en jornales y elimina las horas extras y las prestaciones sociales. La clase propietaria considera que la administración de las alianzas deben conservarla ellos 'dada su experiencia'. En otros casos los neolatifundistas proponen sociedades a los pequeños e incluso medianos propietarios y productores induciéndolos a asociarse a los proyectos de monocultivo, mediante un sistema de endeudamiento con el sofisma de la 'economía campesina de la palma'. En realidad se trata de contar con una oferta de materia prima permanente sin tener ninguna vinculación laboral entre los latifundistas que controlan los procesos de elaboración y comercialización y los campesinos empobrecidos".

Ni siquiera los objetivos declarados, como el de encontrar mayor rendimiento monetario por hectárea se cumplirán en este caso, ya que como bien lo ha afirmado la ACVC, de lo que se trata es de contar con una mayor oferta de materia prima.

Un ejemplo de lo que podría suceder en Colombia se verificó el año pasado en Malasia. Mientras hubo un incremento en la cosecha del 30 % durante el período comprendido entre setiembre y octubre, el precio bajó paulatinamente durante todo el año hasta alcanzar un 40% menos en octubre de lo que se había cotizado el producto en enero del mismo año. Malasia, que es el mayor productor y exportador de palma del mundo, tiene muchísima experiencia en el tema y no precisamente positiva, especialmente para la gente y el ambiente. A fines del mes de mayo, muchos productores malasios de las localidades de Keningau y Tenom se vieron obligados a quemar la fruta madura de su producción "porque es demasiado costoso trasladar el producto a la planta procesadora más cercana en Beaufort, a la luz de la disminución del precio de la palma en el mercado mundial", tal como fue publicado en el diario local Daily Express.

Pero el daño más irremediable quizás será sobre el ambiente y por ende sobre la gente que vive en él y fundamentalmente la de menores recursos. En un estudio publicado recientemente por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt se afirma que "Es importante recordar que las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esto usualmente resulta en impactos sociales y ambientales negativos: decrece la producción de agua, se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la abundancia y composición de especies de fauna y flora, se pierde la base del sustento de la población nativa y en algunos casos se produce el desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas de la zona". Algunos ejemplos ya se han documentado, como es el caso de "la zona palmera occidental (Municipio de Tumaco), en donde la destrucción del bosque primario ha estado asociada, en muchos casos, al establecimiento del cultivo de la palma. Y como es sabido, una de las principales causas para que especies de fauna ingresen a alguna de las categorías superiores de amenaza, es la destrucción de los hábitats que las soportan".

El objetivo fundamental de ese estudio científico fue demostrar la "perversidad" de determinados incentivos como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), enunciados como "para la paz" y promovidos dentro del marco del Plan Colombia. "Se escogió el ICR para cultivos de tardío rendimiento como incentivo potencialmente perverso, debido a que éste se orienta directamente a la expansión de áreas sembradas en palma en cualquier región del país sin tener en cuenta consideraciones con respecto a la conservación de la biodiversidad. El ICR, es una condonación del crédito otorgado por FINAGRO a los productores agropecuarios y puede ser hasta del 40% del mismo, dependiendo del tipo de productor involucrado".

Es importante aclarar que ésta es sólo una nueva fórmula para una vieja historia de incentivos ya que "los estímulos han acompañado a los palmicultores desde la década del 50, e impulsaron la decisión de incrementar las áreas sembradas que pasaron de 250 hectáreas en 1957 a más 150.000 hectáreas en 1999" y que han sido de todo tipo: "fiscales y tributarios, la investigación y asistencia técnica, la distribución gratuita de plántulas y semillas, el acceso al crédito"... entre otros.

Mediante "un análisis microeconómico que permitió determinar el comportamiento de los productores ante cambios en el precio del crédito, se pudo determinar que los ICR "pueden estimular tanto a los actuales productores como a nuevos inversionistas a incrementar las áreas sembradas en palma africana, reemplazando coberturas vegetales tan diferentes como son el bosque húmedo tropical y los pastos". El modelo construido dentro de este estudio permitió "simular el posible efecto que tendría sobre la biodiversidad el otorgamiento del ICR en dos zonas palmeras del país: la zona norte y la zona occidental" y "estimar las áreas óptimas que serían demandadas por los productores" y permitió también calcular "un Indicador de Biodiversidad (IBD) que permite comparar el nivel de biodiversidad actual con el nivel que habría si las áreas potencialmente demandadas se transformaran en cultivos de palma". Los resultados indicaron que las pérdidas en biodiversidad irían desde 21,8% hasta 39,15 % en las diferentes áreas estudiadas.

Pero más allá de los impactos ambientales y sociales de todo tipo que la expansión de los monocultivos de palma africana pueden acarrear, resulta increíble que la "solución" que el tan cuestionable Plan Colombia ofrece a los actuales cultivadores de cultivos ilícitos sea la plantación de palma africana. La única solución viable sería aquella que permitiera a esos agricultores sustituir su actual producción por otra que les brinde ingresos más o menos equivalentes a los que ahora obtienen. Y eso es algo que seguramente la palma no les dará. El actual nivel de precios ya no resulta rentable y el incremento de las áreas dedicadas al cultivo de la palma no hará más que reducirlo aún más. Este es por lo tanto un nuevo engaño, que sólo servirá para que el empresariado colombiano del aceite de palma obtenga mayores ganancias. Los impactos los sufrirán la gente y el ambiente.
 

Ecuador: palma africana en el devastado jardín del paraíso
por Ricardo Buitrón

En el Ecuador, frente a un nuevo relanzamiento de la actividad palmicultora, se han dado diversas reacciones. Por ejemplo, un extenso reportaje de un periódico de amplia difusión planteaba la interrogante de que si el nuevo auge de plantaciones de palma africana en la provincia de Esmeraldas acercaría la realidad de esta pobre región del Ecuador al paraíso (El Universo, 11/3/2000), mientras otros titulares planteaban que los palmicultores están acabando con los bosques nativos, señalando las miles de hectáreas destruidas en San Lorenzo (La Hora, 18/5/2001).

Otros medios de prensa recogían en cambio parte de la masiva campaña para limpiar su imagen realizada por la Asociación de Palmicultores del Ecuador ANCUPA, luego de los cuestionamientos a la destrucción de bosques por las empresas palmicultoras y señalaban que los monocultivos de palma africana constituyen una propuesta para el desarrollo sujeta a "censuras ambientales" y se interrogaban sobre si la palmicultura era la gallina de los huevos de oro o una "arpía" para el medio ambiente.

Por otra parte Salomón Gutt, gerente de Palmeras de los Andes, una de las empresas responsables de la mayor tala de bosque primario en San Lorenzo, afirmaba que "esta zona estaba olvidada de Dios y del mundo" hasta que ellos llegaron. Al mismo tiempo, destacaba que la palma es amigable con el ambiente que "en el fondo se tiene un nuevo bosque de palma, que emite mucho oxígeno. Tal vez no existe ningún otro proyecto empresarial que pueda igualar al cultivo de la palma donde el hombre y la naturaleza forman uno solo".

El sector gubernamental también intervino en la discusión. Hans Thiel anterior director forestal y actual subsecretario, afirmaba que el Ministerio del Ambiente ve con buenos ojos la creación de fuentes alternativas de empleo ofrecidas por las palmicultoras debido a que la principal presión que existe sobre el bosque natural es la de la pobreza, la de la colonización y el desplazamiento de la población (sic) (Diario Hoy. Blanco y Negro, 6/5/2000).

Han pasado ya varios meses desde que se inició la acelerada implantación de estos monocultivos en Esmeraldas y es importante hacer varias puntualizaciones sobre la situación actual:

- en el proceso de compra venta de tierras se provocó el desplazamiento de población afroecuatoriana. Parte de esa gente, impulsada por los palmicultores, se encuentra ahora presionando el territorio de comunidades indígenas Awa y Chachis, las que han denunciado esto ante el Ministerio de Agricultura de la zona.

- ya se han deforestado cerca de 8000 hectáreas, la mayoría ilegalmente y además se han realizado adjudicaciones ilegales del Patrimonio Forestal del Estado, exactamente dentro del bloque 13.

- las empresas no han presentado los estudios de impacto ambiental necesarios para estas operaciones y las sanciones y acciones oportunas para detener esta deforestación no se han realizado, como se puede deducir de las declaraciones de los funcionarios del gobierno.

En comparecencia pública en el Congreso Nacional, ante denuncia de organizaciones ecologistas, el Ministro del Ambiente expuso que se iniciaron ocho procesos judiciales por tala de bosque nativo y que de esos juicios se han resuelto siete. Con respecto a los mismos, la situación sería la siguiente: con relación a Palmeras de los Andes, está el juicio anulado en apelación, debido a errores en la ubicación del predio. A Palesema se le ha impuesto una multa de 67.908 dólares por la tala de 250 hectáreas de bosque secundario. A Ecuafinca se la ha impuesto una sanción de 10 salarios mínimos vitales. Palmeras del Pacífico fue absuelta por el Distrito Forestal de Esmeraldas por falta de pruebas. Aiquisa recibió una sanción de 10 salarios mínimos vitales. El juicio a Agrícola San Lorenzo fue anulado en la apelación por errores administrativos. A Teobrama se la sancionó con 10 salarios mínimos vitales y a Ales Palma con 10 salarios mínimo vitales (¡el salario mínimo vital es de 4 dólares!).

La actividad de las empresas palmicultoras está además afectando al propio Patrimonio Forestal del Estado. La empresa Ales Palma tiene áreas que se "sobreponen" al Patrimonio Forestal del Estado, en el sector de Ricaurte; Alzamora en el sector denominado Corriente Larga; Palesema en el sector Campanita y parte dentro de la reserva de manglares Cayapas-Mataje, mientras que Palmeras de los Andes, en Corriente Larga. Dichas adjudicaciones ilegales fueron hechas por el INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario), al que el Ministro de Agricultura ha acusado ante el Congreso Nacional de ser "una cueva de ladrones".

Ante tantas irregularidades, el 14 de marzo del 2001 el Tribunal Constitucional concedió el recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas para prohibir en forma perentoria las actividades tendientes a desarrollar monocultivos de palma africana, que se declare en emergencia ecológica la provincia de Esmeraldas, que se inicien las acciones legales para sancionar a quienes hayan talado los bosques y exigiendo al Ministro del Ambiente que adecue sus actuaciones a los mandatos legales.

En vez de acatar como corresponde las disposiciones legales, los palmicultores de San Lorenzo amenazaron con paralizar sus actividades y salir de la zona ante lo que consideran la "falta de garantías" por parte del Ministerio del Ambiente. El ex ministro del Ambiente Rendón insinuó que su renuncia, ocurrida días después de estas declaraciones, se había debido a la presión de empresarios palmicultores.

A pesar de las evidencias de ilegalidades en las actividades palmícolas en el país y del recurso de amparo obtenido por la sociedad civil, la situación continúa siendo grave. Prueba de ello son las multas irrisorias impuestas, el hecho de que no se hayan establecido responsabilidades penales, como establece la Constitución para los culpables de la destrucción de bosques, que no se haya sancionado a los funcionarios cómplices de estos ilícitos y corresponsables de la deforestación por su negligente actitud. Por otro lado, las empresas continúan sus actividades en zonas en las que el Estado no puede ni siquiera ingresar, haciendo uso de su poder e influencia en el Gobierno y evadiendo así todo tipo de sanción y control.

La devastación actual en la provincia de Esmeraldas es causada por una lógica desarrollista que ha privilegiado la destrucción de los bosques para favorecer los monocultivos; la exportación de camarones a cambio de la destrucción del manglar; la extracción de madera a costa de la biodiversidad. Para colmo, la provincia verde de Esmeraldas es afectada en estos meses por las fumigaciones realizadas en Colombia para la erradicación de cultivos de coca. Este jardín del paraíso debe ser urgentemente declarado en emergencia.
 

Chiapas significa mucho para mucha gente de todo el mundo. Es sinónimo de Zapatistas y de sub comandante Marcos y estos a su vez de lucha contra la injusticia y por la liberación. Sin embargo, para el empresariado nacional y transnacional Chiapas continúa siendo simplemente sinónimo de tierra barata, mano de obra barata, recursos abundantes y oportunidades de ganancias.

No resulta extraño entonces que tanto el gobierno como los empresarios estén impulsando una serie de proyectos que atentan contra la enorme diversidad biológica y cultural de Chiapas. Entre los mismos se encuentra la promoción de monocultivos de palma africana por parte del gobierno, que abre las puertas al ingreso de inversionistas extranjeros, entre los que se destacan los provenientes de Malasia, que dominan el mercado internacional de aceite de palma.

La palma africana aún ocupa superficies relativamente reducidas (unas 3000 hectáreas), ubicadas en los municipios de Acapetahua, Acacoyagua, Mazatán, Mapastepec y Villa Comaltitlán, que alimentan a las plantas extractoras de aceite instaladas en Villa Comaltitlán y Acapetahua. Sin embargo, sus impactos ya se están comenzando a percibir.

Ya en el año 2000, los productores de palma africana de Acapetahua planteaban que se encontraban "a merced de la voracidad de los compradores, que son los dueños de las plantas extractoras, que pagan lo que quieren por tonelada". Los productores afirmaban que, siendo el gobierno quien inició el programa del cultivo de este "fruto", debería ser rector del precio de garantía del producto. Sin embargo, el estado no asumió ese rol y los productores, enfrentados a precios fijados por el monopolio industrial, se encontraban al borde de la quiebra. Desde entonces, los precios han bajado aún más.

¿Por qué tanto interés por la producción de palma africana en Chiapas? La respuesta es sencilla: porque produce altas ganancias, emplea poca mano de obra, no requiere de muchos insumos, es capital de poco riesgo para el empresario. En general es el campesino quien pone su tierra y su mano de obra, pero no es dueño del proceso de producción, sino sólo de la extracción del fruto. Además, este cultivo aprovecha la mano de obra barata que ofrece la migración a la región fronteriza. En el caso de los jornaleros de la frontera con Guatemala, a los que tienen suerte se les paga 32 pesos por diarios (3.5 dólares) sin alimentos, e incluso contratan a niños. Además, se han dado casos en que autoridades guatemaltecas han tenido que intervenir para solicitar que sean pagados jornales no pagados a sus connacionales. Es decir, que los trabajadores son literalmente explotados.

Desde el punto de vista ambiental, sus impactos también comienzan a ser percibidos. En efecto, al tratarse de monocultivos a gran escala, implican la destrucción de grandes extensiones de los bosques de la región y de su rica biodiversidad. En caso de que los planes del gobierno de destinar miles de hectáreas a este cultivo se cumplieran, implicarían además la ocupación de enormes extensiones de tierras pertenecientes a las comunidades indígenas y campesinas del estado. Se calcula que en Chiapas hay un potencial de producción de la palma africana estimado en 940 mil hectáreas entre las Zonas Norte, Selva y Costa. Pero estas tierras no están vacías, por lo que la promoción de éste y otros cultivos (como el del eucalipto), resultará en la apropiación de amplias áreas hoy utilizadas por poblaciones locales.

Resulta claro entonces que el objetivo de la promoción de este cultivo no es el de mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales, ya que de todas las alternativas posibles, constituye una de las peores en materia de generación de empleos e ingresos. Por otro lado, atenta contra la sobrevivencia de los bosques y de los recursos de las poblaciones locales mediante la ocupación de grandes extensiones de tierras por monocultivos de palma. Las poblaciones locales ya lo están percibiendo, lo que explica la creciente oposición chiapaneca, que no está dispuesta a cambiar sus riquezas naturales por estos modernos espejitos y cuentas de colores.
 

La historia de la palma aceitera en América Central está íntimamente ligada a la historia misma del grupo económico de la empresa United Fruit. Preston y Keith, dos empresarios norteamericanos que a partir de 1870 y durante 20 años se dedicaron a la plantación y exportación de bananas hacia los Estados Unidos, en 1899 se fusionaran en la United Fruit Company (UFCO) en busca de diversificar sus plantaciones y aumentar sus ganancias.

En 1901, el entonces dictador Guatemalteco, Manuel Estrada Cabrera otorgó a UFCO la exclusividad en el derecho a transportar correo entre Guatemala y EEUU. Se creó la Compañía Guatemalteca de Ferrocarril, como una filial de UFCO. A la compañía se le permitió comprar tierras a bajo precio, recibió subsidios y con algunas variaciones obtuvo en muchos países de América Central el control del transporte y las comunicaciones, lo que le permitió además cobrar por cada artículo que se movía. Esta fue la puerta de entrada para la gran inversión de la UFCO en América Latina. El poderoso manto de la UFCO, llamada "yunai" o "La Frutera" se extendía sobre varios países.

Durante las primeras dos décadas del presente siglo, la consolidación del negocio bananero en Honduras se dificultó por problemas políticos serios, y en Costa Rica ocurrió una fuerte oposición al negocio bananero por parte de la oligarquía cafetalera. En 1923, la United Fruit formó un departamento de investigación y una estación experimental (ambos en Honduras), con el objetivo de introducir y evaluar nuevos cultivos tropicales en Centro América.

La aparición y diseminación de la marchitez por Fusarium en las plantaciones de banano obligó a la UFCO a abandonar extensas áreas de cultivo. Parte de ella fue utilizada para sembrar palma aceitera.

En los años 40 se sembraron en Nicaragua las primeras plantaciones de palma aceitera en un área de alrededor 1.800 hectáreas, en el municipio del Rama, en la zona Atlántica. La ubicación de la plantación dio como resultados buena adaptabilidad y rentabilidad. No obstante, debido a los conflictos bélicos en la zona, se discontinuó la explotación, y así se perdió el interés para desarrollarlo y convertirlo en un cultivo comercial.

Otro proyecto piloto considerado experimental, fue instalado en la zona Sur, fronteriza con Costa Rica, en Río San Juan. Todo este departamento es considerado de gran potencial para ese cultivo.

A partir de 1942, la UFCO acumuló experiencia e información considerable sobre la extracción y el procesamiento del aceite de la palma aceitera y se hicieron estudios estimativos de la producción de aceite por área, para lo cual se enviaron numerosas muestras a EEUU. Los resultados fueron tan halagadores que la UFCO inició sus plantaciones comerciales.

A partir de 1962, se entró en un período de fuerte incentivación al cultivo por parte de UFCO y la década de los sesenta se caracterizó por la adopción de una serie de medidas para expandir las plantaciones. De la misma forma que en Costa Rica adquirió al grupo NUMAR en 1965 para procesar y comercializar aceites vegetales (y así integrar verticalmente su negocio) y estableció unidades de procesamiento en Honduras en 1967, la United Fruit compró en Nicaragua la Compañía Aceitera Corona en 1969.

En 1970 la United Fruit cambió su nombre por United Brands como resultado de una fusión con otra empresa, dejando atrás un nombre atado a un largo historial de manipulación política y social. Sin embargo, para los trabajadores temporales en los campos la vida sigue siendo muy dura. Las condiciones son físicamente peligrosas, el trabajo es zafral y los tóxicos químicos usados son un peligro constante.

La industria de la palma africana de aceite ha estado en continua expansión en las principales regiones tropicales de Centroamérica y hoy en día es uno de los principales cultivos en las zonas donde está establecido. Sin embargo, esta expansión no ha sido realizada exclusivamente por las empresas. En Nicaragua, en la década de los 80 a través del Fondo Simón Bolívar (un fondo multilateral de carácter voluntario) se establecieron dos estaciones experimentales en la zona tropical húmeda en la misma zona de Río San Juan.

En la actualidad una de esas estaciones está abandonada y sin ninguna relación con las comunidades locales y la otra ha sido reactivada para explotación comercial y en ella se ha instalado una planta aceitera que procesa la materia prima. En 1999, organizaciones locales y comunidades asentadas en el Sur de Nicaragua, denunciaron en un Seminario Nacional sobre Plaguicidas, Ecología e Investigación Científica en los Lagos Xolotlán, Cocibolca y Río San Juan, la contaminación directa a los cuerpos de agua, producto de las actividades de la planta procesadora de aceite de palma, resultando en la muerte de especies de la fauna local.Para que la palma africana alcance altos niveles de productividad se necesitan también altos niveles de radiación solar, lo cual generalmente ha resultado en la deforestación de amplias zonas de bosques primarios. Hasta ahora no ha sido posible lograr que la empresa se responsabilice por los daños que las comunidades han denunciado.

Frente a las denuncias, las amenazas no se hicieron esperar. "Genoveva Gaitán Matamoros, de 25 años de edad, originaria de San Miguelito, dice que el señor Juan Reyes le hizo la cariñosa oferta de pegarle 4 balazos para que no ande de 'chischil’ con esos ambientalistas que no lo dejan ganarse los reales. El se los gana terminando con nuestros bosques y con nuestras vidas, porque el bosque es la vida de todos: gente y animales".
 

Siguiendo una recomendación de su Oficina de Privatizaciones, el gobierno de Guyana está considerando una propuesta según la cual Primegroup Limited y Matthews Associates se harían cargo del predio Wauna Oil Palm en la región noroeste del país, con la condición de que establezcan una empresa en el país. Primegroup Ltd. es un importante inversor en plantaciones de palma en Malasia, que es el principal productor mundial de esa oleaginosa.

Matthews Associates y su socio local están aportando U$S 1 millón para el financiamiento inicial del proyecto, en tanto Primegroup Limited se ha comprometido a inyectarle un capital de US$ 2,5 millones. En una primera etapa los inversores se beneficiarán con una concesión de aproximadamente 4.000 hectáreas de tierras en el Distrito Noroeste. El gobierno ha manifestado que la misma se ampliará en otras 10.000 hectáreas una vez que los estudios de factibilidad, ambientales y otros requeridos por el cronograma de trabajo indiquen que la plantación de palma en la región es viable.

Esta inversión malasia en Guyana constituye un ejemplo más de la expansión de los monocultivos de palma en los trópicos, la cual está causando impactos sociales y ambientales generalizados en Asia, Africa, América Central y América del Sur y a la vez muy pocos beneficios para las poblaciones locales. Como siempre sucede, en este caso los inversores han prometido un aumento anual en el nivel de empleo, pasando de 339 empleados a fines del año 1 del proyecto a 1.545 en el año 7. Sin embargo, la experiencia muestra que los niveles de empleo generados por esta actividad son mínimos y las condiciones de trabajo pobres.
 

Costa Rica: las prácticas depredatorias de una compañía plantadora de palma
por Juan Figuerola

La compañía Palma Tica es una empresa dedicada al cultivo, procesamiento y producción de derivados de la palma aceitera, propietaria de miles de hectáreas de plantaciones de palma aceitera en la región del Pacífico Central (División Quepos) y en la Zona Sur del país (División Coto). Ante el rápido avance de su cercana competidora, la Cooperativa Agroindustrial de Productores de Palma Aceitera (Coopeagropal R.L.), la compañía Palma Tica inició por el año 1995 una agresiva campaña de compra de fincas en las comunidades de Colorado y La Palma de Corredores, en el extremo sur de la División Coto. Pronto adquirieron más de mil hectáreas, incluidas varias fincas de productores particulares que ya tenían palma en edades productivas.

En enero de 1997, Palma Tica dio inicio a la expansión de sus plantaciones en la finca denominada Hacienda La Palma mediante labores de deforestación en un área de bosque secundario. Este hecho fue denunciado ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y después de realizar una inspección en el área deforestada, funcionarios del MINAE giraron instrucciones a la compañía Palma Tica, exigiéndole la interrupción de la tala. El diario La Nación publicó "MINAE gira recomendaciones a Palma Tica".

En febrero, tres miembros del Comité de Vigilancia de Recursos Naturales (COVIRENA) de La Palma de Corredores recorrimos el área amenazada, alertados por un vecino de La Palma que estaba trabajando para Palma Tica. La compañía, omitiendo las "recomendaciones" del MINAE, había continuado su avance hasta llegar a su principal objetivo: un área de aproximadamente cien hectáreas de humedal y bosque primario en la parte baja de la quebrada La Palma. Encontramos decenas de hectáreas de humedal deforestadas, y un tramo de aproximadamente un kilómetro y medio al final de la quebrada La Palma, donde vierte sus aguas al río Colorado, había sido dragado con el fin de drenar el humedal. Al realizar el dragado, la retroexcavadora había eliminado toda vegetación, incluyendo los árboles de la orilla derecha de la quebrada, dejándola convertida en un lodazal. El agua de la quebrada era una espesa nata chocolatada. Murieron decenas de lagartos y tortugas de río, así como innumerables peces y crustáceos que habitaban esa parte de la quebrada y servían de alimento y recreación a los pobladores de La Palma. El coordinador del COVIRENA de La Palma denunció los hechos ante los Tribunales. Por temor al deterioro de su imagen, la compañía Palma Tica abandonó sus intenciones de plantar palma en esa área y hoy la vegetación y la fauna se están recuperando lentamente.

Si bien la quebrada La Palma pareciera estar relativamente bien resguardada, no es posible afirmar que esta experiencia haya servido para mejorar la actitud de Palma Tica hacia el ambiente y los campesinos. Dada su visible impunidad ante la ley, Palma Tica ha seguido imponiendo en La Palma una política laboral abusiva y displicente, desde el primer día, remedando el sistema de sub-contrataciones, común en las empresas bananeras. Palma Tica contrata los servicios de "contratistas" que se prestan al juego sucio y, a cambio de dinero y privilegios, asumen el rol de patrones y sub-contratan a peones agrícolas dispuestos a trabajar por salarios ínfimos, sin seguro social, feriados ni cesantías, sometidos a despidos sistemáticos cada tres meses, o indocumentados (principalmente panameños y nicaragüenses) que vienen desde sus países con la ilusión de mejores oportunidades de empleo.

La presencia de la compañía Palma Tica ha provocado en La Palma una situación de letargo económico y desintegración comunitaria. Jóvenes y adultos han emigrado en procura de empleo. La delincuencia se ha intensificado debido a la presencia temporal de trabajadores extraños. La pobreza y la inseguridad están a la orden del día.

Después de su experiencia en la quebrada La Palma, Palma Tica no abandonó del todo sus intenciones de expandir sus plantaciones arrasando áreas naturales. Recientemente se trasladó a la vecina Península de Osa, donde grupos conservacionistas locales ya han denunciado la realización de talas ilegales a orillas de quebradas en la localidad de Cañaza.

La compañía Palma Tica representa el caso de una empresa con mucho poder económico que se escuda tras diferentes nombres de empresas o razones sociales, por lo que es prácticamente imposible señalar a los responsables de sus acciones. Tal es la incertidumbre y la desconfianza de la gente que, desde hace tiempo, circula el rumor de que el propio presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez Echeverría, es quizás uno de los inversionistas de esta gran empresa que lucra con los recursos naturales y con el esfuerzo de trabajadores y pueblos empobrecidos. Ante el mundo, Costa Rica goza de reconocido prestigio como país comprometido en la conservación de los recursos naturales y el impulso de garantías sociales. Sin embargo, quienes vivimos aquí sabemos que gran parte de lo que se afirma no es más que pura demagogia al servicio de los intereses de quienes ostentan el poder económico.

Las condiciones de trabajo

La siguiente descripción del trabajo en las plantaciones fue escrita en 1987. Desgraciadamente, en términos generales la situación no ha mejorado demasiado y por lo tanto es aplicable a la mayoría de las plantaciones actuales.

"Trabajar en una plantación de palma aceitera es extremadamente agotador y peligroso. Los frutos de palma aceitera (usados para fabricar margarina y aceite de cocina) crecen junto a frondas espinosas, a una altura de entre 4 y 5 metros del suelo. Se cortan con una vara larga y pesada, y es probable que la piel, cabeza y ojos del cosechador sean cortados por las frondas que caen. En las plantaciones malayas, el fruto es cortado principalmente por hombres, mientras que las mujeres recolectan y cargan ramas de frutos de 40 kilogramos, y las espinas pueden alojarse en las manos en forma permanente, causando infección e irritación constante.

En raras ocasiones se proporciona vestimenta de protección a las mujeres que rocían una mezcla de paraquat letal sobre el terreno para eliminar malezas. Esas vestimentas son muy calurosas para el clima, y tampoco brindan mucha protección: cuando las rociadoras apuntan a las malezas, el rocío fino se propaga y se desliza dentro de la ropa. Algunas personas creen que las sustancias químicas producen la desintegración del material.

Los sueldos en las plantaciones son bajos. Los trabajadores de las plantaciones de palma aceitera en Malasia ganan sueldos apenas inferiores a los de la industria, si tienen suerte.

Ganar el sueldo semanal completo generalmente implica largas horas de trabajo bajo el sol agobiante, luchando para cumplir la cuota de frutos de palma de aceitera de la compañía. En general toda la familia trabaja junta, madres, abuelos, padres e hijos. Sus ingresos también dependen del precio del mercado mundial del aceite de palma, y fluctúan con este precio".
 

En 1996, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) presentaron una declaración conjunta al Panel Intergubernamental sobre Bosques (IPF), centrada en los aspectos sociales del desarrollo de plantaciones, en la que afirman que "los trabajadores de las plantaciones están entre los más pobres y más explotados de todos los trabajadores agrícolas".

La declaración conjunta, suscrita por muchas otras organizaciones, expresaba que "los bajos salarios no son el único problema que enfrentan los trabajadores de las plantaciones. La OIT destaca, en general, que las condiciones de vivienda en las plantaciones se siguen caracterizando por el hacinamiento y una infraestructura mala y escasa. La asistencia médica es escasa, destacándose especialmente la falta de atención de salud preventiva, saneamiento y suministro de agua potable. La infraestructura de la educación primaria en general es insuficiente para posibilitar la concurrencia regular de los niños a la escuela y que éstos terminen la educación primaria. Es común encontrar normas de seguridad malas en relación al mal uso de los agroquímicos. Todos estos problemas están vinculados al hecho de que generalmente se niega a los trabajadores de las plantaciones el derecho de organizarse y negociar en forma colectiva. Esta situación se ve exacerbada por el hecho de que a nivel mundial, los precios de la mayoría de los productos de las plantaciones han disminuido progresivamente en términos reales en las últimas décadas".

Además, el WRM y la UITA destacan que "los derechos de organización y negociación colectiva todavía están prohibidos en muchos países, y las compañías privadas han explotado esta falta de protección del trabajador, manteniendo bajos salarios y beneficios sociales o incluso reduciéndolos aún más. La mecanización ha reducido la demanda de fuerza de trabajo, y por lo tanto también su capacidad de negociación. Incluso cuando los precios de los productos han aumentado en términos reales, como en el sector de la celulosa y el papel, los beneficios rara vez llegan a los trabajadores de las plantaciones. La tendencia al despojo de tierras y la aplicación de modalidades de cultivo por contrato y plantaciones núcleo de pequeños propietarios ha tenido efectos muy variados. En algunos países, los pequeños campesinos se beneficiaron, pues pudieron organizarse en cooperativas y lograron una negociación colectiva efectiva con las industrias procesadoras y exportadoras. Pero en otros, donde las organizaciones de pequeños campesinos son débiles o sus derechos de organización y negociación colectiva han sido suprimidos, las compañías han logrado aumentar sus beneficios trasladando a los pequeños campesinos los costos de los aportes a la salud, educación, seguro y beneficios sociales, así como los riesgos asociados a accidentes".

La declaración exigía al IPF que pusiera el tema sobre la mesa, destacando la "urgente necesidad de renovar los esfuerzos para asegurar mayores medidas de protección para los trabajadores de las plantaciones y nuevos mecanismos que permitan una consideración más adecuada de sus derechos e intereses en la planificación".

Lo que sigue es el texto completo de la declaración:

El Panel Intergubernamental sobre Bosques (lPF) ha proporcionado una importante oportunidad a la comunidad internacional para ponerse al tanto de la evolución de la política forestal. Estimulando la participación de organizaciones no gubernamentales, de trabajadores y de pueblos indígenas (de acuerdo con los compromisos asumidos en Río para involucrar a "Grupos Preeminentes" en la implementación de la Agenda 21), el IPF promueve un enfoque intersectorial en la elaboración de las políticas forestales.

Esto ha aumentado la conciencia de que los debates acerca de los bosques no son sólo acerca de los árboles sino también acerca del bienestar de las personas que viven en ellos y dependen de los mismos y de las industrias forestales.

Interesa a nuestras organizaciones que las normas y principios emergentes relativos al medio ambiente armonicen con las normas internacionales existentes y en elaboración y que las sustenten en lo referente al bienestar de los trabajadores, derechos humanos y justicia social. Se nos ha hecho notar que las dos primeras sesiones del IPF, por lo menos, han abierto el debate sobre dos importantes sectores sociales cuyos derechos se encuentran a menudo marginados en la elaboración de políticas forestales: a saber, los pueblos indígenas y los campesinos sin tierra. Esperamos que se realicen progresos en estos temas en esta y en la próxima sesión del IPF.

El rápido desarrollo de las plantaciones se ha convertido en el tema principal de los recientes debates sobre política forestal. Con una lógica a menudo cuestionable, los planificadores enfatizan las ventajas de expandir las plantaciones paro reducir la presión sobre los bosques naturales, proteger las cuencas hídricas, compensar las emisiones de carbono, proporcionar leña y pulpa de papel, incrementar los ingresos nacionales y utilizar beneficiosamente las tierras empobrecidas. Sin embargo, las implicaciones sociales de estas propuestas han recibido poca consideración.

En tanto, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el total de mano de obra asalariada en plantaciones es del orden de los 20 millones de trabajadores, o sea el 2% de la población agrícola económicamente activa en los países en vías de desarrollo. Un 20 a 50% de los mismos son mujeres. Las cifras presentan grandes variaciones de un país a otro. Los niños también participan en gran medida, representando entre el 7 y el 12% del total de la mano de obra de las plantaciones. Además, varias decenas de millones de pequeños propietarios se encuentran involucrados en plantaciones para la producción de diferentes materias primas, sin que sea posible establecer cifras precisas. Los datos de la OIT sugieren que los trabajadores de plantaciones poseen uno de los más altos índices de pobreza del sector agrícola.

Las normas legales internacionales desarrolladas a través de la estructura tripartita de la OIT definieron claramente los derechos de los trabajadores de plantaciones y las obligaciones correspondientes de empleadores y gobiernos. Entre los derechos más importantes están:

• los relativos a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho a Sindicación (como lo establece el Convenio 87 de la OIT de 1948).

• los relativos a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva (como lo establece el Convenio 98 de la OIT de 1949).

• los concernientes a las Condiciones de Empleo de los Trabajadores de las Plantaciones (como lo establece el Convenio 110 de la OIT de 1958).

• los derechos específicos de las Organizaciones de Trabajadores Rurales (como lo establece el Convenio 141 de la OIT de 1975).

Hasta la fecha sólo 11 países en todo el mundo ratificaron el Convenio 110 de la OIT sobre trabajadores de plantaciones, una de las tasas más bajas de ratificación de los Convenios de la OIT. Acorde con esta falta de protección de sus derechos, los trabajadores de plantaciones están considerados entre los trabajadores agrícolas más explotados y con mayor índice de pobreza.

Los salarios bajos no son el único problema que enfrentan los trabajadores de las plantaciones. La OIT observa que en gran medida, las condiciones de vivienda en las plantaciones continúan caracterizándose por poseer una infraestructura deficiente, estar superpobladas y ser insuficientes. La asistencia médica es inadecuada, especialmente por la falta de medicina preventiva, provisión de agua potable y saneamiento. Los centros de educación primaria son generalmente insuficientes para posibilitar que los niños asistan a la escuela con regularidad y completen su educación primaria. Las normas de seguridad son por lo común deficientes, particularmente en lo que respecta a la utilización de agroquímicos. Todos estos problemas se encuentran vinculados a causa de que los derechos a organizarse y negociar colectivamente son comúnmente ignorados. Estos problemas se exacerban debido a que, a nivel global, los precios de la mayoría de los productos provenientes de plantaciones han descendido progresivamente en términos reales en las últimas décadas.

A pesar de los problemas crónicos que enfrentan los trabajadores de plantaciones, a pesar del lento crecimiento de la demanda internacional y a pesar de la caída de precios en términos reales para los productos de plantaciones (con la notable excepción de la pulpa de papel) y la consecuente reducción de las retribuciones para los trabajadores de plantaciones, los países productores han continuado aumentando la producción de todos los principales productos de plantaciones, contribuyendo a la vez a la caída de los precios internacionales.

En años recientes, estos aumentos de la producción han sido acompañados por importantes cambios en las técnicas de producción. Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales promovieron enérgicamente la privatización de este sector, que experimentara en otros tiempos un fuerte control gubernamental. La inversión directa extranjera ha aumentado masivamente, en especial en los cultivos no tradicionales, tales como frutas, verduras, flores, madera y pulpa de papel. La comercialización de los productos de plantaciones se liberalizó y los controles gubernamentales se hicieron menos exigentes. Aumentó la mecanización. Al mismo tiempo, el sector industrial plantador ha comenzado a desprenderse crecientemente de sus propiedades agrícolas y ha pasado a basar su abastecimiento cada vez más en la contratación de terceros.

Desafortunadamente, estos cambios no fueron acompañados con los beneficios correspondientes para los trabajadores de plantaciones. Los salarios continúan estancados o han descendido en términos reales. En el contexto de una mano de obra excedente a nivel global y abundante mano de obra migratoria, los incrementos en salario real sólo se han logrado mediante la determinación de salarios por el gobierno o mediante negociación colectiva.

Sin embargo, los derechos a organizarse y negociar colectivamente continúan siendo denegados en muchos países y las compañías privadas explotan esta falta de protección manteniendo o disminuyendo salarios y beneficios. La mecanización ha reducido la demanda de mano de obra y por ende, la capacidad negociadora de la fuerza laboral. Aún allí donde los precios de los productos han aumentado en términos reales, como en el sector de la pulpa y el papel, rara vez los beneficios han sido trasladados a los trabajadores de plantaciones.

La tendencia hacia la desinversión en tierras y la utilización de la agricultura por contratación y de pequeños propietarios vinculados contractualmente a las empresas ha tenido efectos variados. En algunos países, los pequeños propietarios han podido obtener beneficios como resultado de su organización en cooperativas y de una efectiva negociación colectiva con las industrias procesadoras y exportadoras. En otros países, sin embargo, donde los pequeños agricultores se encuentran débilmente organizados o cuando se violan sus derechos a organizarse y negociar colectivamente, las compañías han logrado aumentar sus ganancias trasladando a los pequeños agricultores los costos de las previsiones de atención médica, educación, jubilación y seguros, así como los riesgos asociados con pérdidas de cosechas y lesiones.

Los trabajadores de plantaciones constituyen un sector social escasamente protegido y vulnerable, cuyos derechos e intereses son muy fácilmente ignorados en la elaboración de políticas forestales, tanto a nivel nacional como internacional.

En consecuencia, existe una urgente necesidad de renovar esfuerzos con el fin de garantizar una mejor protección para los trabajadores de plantaciones y nuevos mecanismos para permitir una consideración más adecuada de sus derechos e intereses en la planificación. Todo esto tiene importantes implicaciones para diversos temas a consideración del IPF.

1.1 Planificación nacional en materia de uso de bosques y suelos

En los casos en que aún no lo hayan hecho, se requiere que los estados miembro tomen medidas inmediatas para ratificar e implementar los instrumentos internacionales correspondientes relativos a los trabajadores de plantaciones, incluyendo los Convenios 87, 98, 110 y 141 de la OIT.

Se deben adoptar medidas especiales para garantizar la participación efectiva de las asociaciones de trabajadores de plantaciones en la planificación nacional en materia de política forestal y uso del suelo.

1.4 Forestación / 1.5 Países con escasa cubierta forestal

Estas consideraciones son igualmente aplicables a los programas de forestación y a los países con escasa cubierta forestal

2. Coordinación de asistencia bilateral y multilateral

Los donantes bilaterales y las agencias multilaterales deben revisar sus programas de asistencia forestal para garantizar el cumplimiento de las normas acordadas a nivel internacional.

Es necesario movilizar recursos para asegurar una efectiva participación de las asociaciones de trabajadores de plantaciones en la elaboración de políticas forestales a nivel nacional e internacional.

3.2 Criterios e indicadores

Los esfuerzos nacionales o internacionales realizados para desarrollar adecuados criterios e indicadores sobre el manejo sostenible de las plantaciones debe abarcar los derechos e intereses de los trabajadores de las plantaciones.

El reconocimiento de las normas internacionales relativas a los trabajadores de plantaciones debe ser un criterio de manejo aceptable y el efectivo respeto de esos derechos un indicador.

Los gobiernos que conducen esfuerzos nacionales e internacionales para establecer tales criterios e indicadores deberán revisar sus mecanismos de participación para garantizar que las asociaciones de trabajadores de plantaciones participen en la elaboración de los estándares apropiados. Los gobiernos donantes deberán movilizar recursos para efectivizar dicha participación.

4. Comercio y ambiente en relación con productos y servicios forestales.

Los vínculos entre flujos comerciales, mercados protegidos, precios de productos de plantaciones y el bienestar de los trabajadores de plantaciones son muy complicados y no han sido bien comprendidos. Se deberán realizar detallados estudios de esos vínculos antes de desarrollar políticas sobre plantaciones, con el fin de garantizar que los intereses de los trabajadores sean adecuadamente tomados en cuenta. Se debe prestar especial atención a la promoción de plantaciones en pequeña escala bajo control local.

5.1. Elaboración de políticas forestales internacionales

Al estudiar las organizaciones internacionales, instituciones e instrumentos multilaterales, debe prestarse atención específica a las actividades de organizaciones promotoras de plantaciones y de programas de "Fincas de Núcleo y Pequeños Propietarios". Se deben llevar a cabo estudios para evaluar hasta donde dichas iniciativas han adherido a los arriba mencionadas normas internacionales referidas a los trabajadores de plantaciones.

5.2. Elaboración de políticas forestales internacionales

Los futuros esfuerzos internacionales realizados bajo IPF y CDS y organismos subsiguientes, con el fin de desarrollar principios y normas internacionales sobre bosques deben adoptar mejores previsiones para asegurar la consideración de los derechos e intereses de los trabajadores de plantaciones.