El alto costo del petróleo barato

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AMERICA            

Argentina: batalla en torno a gasoducto en la larga lucha del pueblo Kolla

El pueblo indígena Kolla, que vive en las provincias norteñas argentinas de Jujuy y Salta, ha venido defendiendo las yungas -uno de los últimos bosques montanos en pie en la Argentina- contra un proyecto de construcción de un gasoducto para el transporte de gas natural desde la región este de Salta a las empresas chilenas de minería de cobre ubicadas al norte de ese país. En abril de 1998 ENARGAS -el ente regulatorio de Argentina- aprobó el proyecto presentado por Consorcio Norandino S.A., según el cual la tubería cruzaría la Finca San Andrés, habitada por 350 familias Kolla, las que se oponen al mismo.

En junio pasado un Juez Federal ordenó la suspensión de la construcción del gasoducto, considerando que el proyecto carecía de una adecuada evaluación de impacto ambiental, así como de toda evaluación de impacto social y cultural, ignorando la existencia de los Kollas en el área.

Pero los que apoyan el gasoducto son poderosos e influyentes: el Gobierno Provincial de Salta se ganó la adhesión de los habitantes del vecino pueblo de Orán, aduciendo que Techint -la compañía a cargo de la construcción de la obra- crearía nuevos puestos de trabajo; Radio Güemes llegó a instigar a la violencia contra los Kollas; muchos jueces en la Argentina tienen fuertes vínculos con el Gobierno y se encuentran bajo sospecha de corrupción. En julio la Corte Federal de Apelaciones revocó la anterior decisión judicial y autorizó el proyecto. Una semana después, la maquinaria pesada de Techint estaba abriendo un camino de 12 metros de ancho en la Finca San Andrés, destruyendo la yunga y amenazando cementerios y sitios arqueológicos Kollas. Los indígenas afectados hicieron sentir su protesta frente al proyecto original, cuya ruta fue desviada algunos metros, para evitar una destrucción peor. No obstante, se teme también que la remoción de sectores de la montaña provoque derrumbes. Durante las inundaciones, los materiales rocosos transportados por el río San Andrés podrían dañar la tubería, provocando escapes de gas.

Durante la inauguración del XI Foro Global de Biodiversidad celebrado en Buenos Aires (noviembre 1998), la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Julia Alsogaray, afirmó que durante la actual administración el área protegida de las yungas se había incrementado a 300.000 hectáreas. Sus declaraciones se contradicen completamente con lo que realmente sucede en el terreno.

La batalla contra el gasoducto San Andrés parece estar perdida. Sin embargo, la lucha continúa. "El gobierno tiene todo de su parte: jueces, políticos, medios de comunicación. Pero ellos se olvidan que nosotros hemos luchado durante 500 años para recuperar nuestras tierras y nuestros recursos naturales. Por la no contaminación del agua, del aire, del suelo. Por nuestros valores culturales y nuestra cosmovisión. En suma, por nuestra existencia como seres humanos en armonía con la naturaleza que nos rodea", ha afirmado Festo Chausque, uno de los líderes Kollas. 
 

Argentina: las petroleras se visten de "verde"

Siguiendo una tendencia a nivel mundial, las empresas petroleras en Argentina se han sumado con entusiasmo a la idea de entrar en el mercado de los permisos de carbono como una forma efectiva de aumentar sus ingresos y de cambiar radicalmente su imagen frente a la opinión pública: ¡de los chicos malos responsables del calentamiento global a campeones de la conservación de los bosques! A partir de 1998 el gobierno les ha venido facilitando las cosas favoreciendo inversiones en proyectos forestales, sin atender sus efectos sobre los valiosos ecosistemas de pradera, que han constituido la base natural y física de la economía del país.

Según Patricio Montecino, gerente general de Pecom Forestal (una subsidiaria de la compañía petrolera Pérez Companc) "hoy en día es difícil concebir una empresa petrolera sin un componente forestal adicional", tanto porque, según su visión, la forestación es un buen negocio, como porque dichas empresas hoy en día son conscientes de la necesidad de trabajar en soluciones basadas en el secuestro del carbono. Pecom se encuentra negociando permisos de emisión de carbono con empresas alemanas que participan del polémico acuerdo Chubit-Prima Klima para secuestrar carbono en la sureña Provincia de Chubut.

Para Pérez Companc los sumideros de carbono son hoy en día un negocio central. La compañía comenzó su actividad en el sector forestal en la década de 1950 y actualmente es dueña de 163.000 hectáreas de tierras en las Provincias de Misiones y Corrientes, y en la región del Delta del Paraná, en su mayoría plantadas con árboles. Otras 15.000 hectáreas de plantaciones de pinos serán instaladas en los próximos quince años en Misiones. En los predios de Corrientes se viene plantando Pinus taeda y Pinus elliotti a un ritmo de 6.000 hectáreas anuales, con el propósito de obtener materia prima para una industria a ser instalada próximamente en la zona.

El gigante petrolero YPF (antes propiedad del estado y hoy en día privatizado y asociado con Repsol, de España) está supervisando la plantación de 2.000 hectáreas de Pinus ponderosa en la sureña Provincia de Neuquén a cargo de la Corporación Forestal Neuquina (CORFONE) y planea llegar a las 5.000 hectáreas dentro de dos años. Por supuesto que Shell no podía faltar en este tipo de iniciativas. Esta multinacional es dueña de 200.000 hectáreas en varios países del mundo (Congo, Nueva Zelandia, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay), 120.000 de las cuales están ocupadas con plantaciones de especies forestales de rápido crecimiento. Shell empezó a operar en Argentina en 1998 y sus plantaciones están en la Provincia de Buenos Aires -donde posee 24.200 hectáreas- y en la de Corrientes, donde es dueña de 8.000 hectáreas de eucaliptos y pinos, cuya superficie aumentará a 18.000 hectáreas.

Generar una "imagen verde" para si mismas es una meta muy importante en la política de estas empresas. Repsol-YPF subraya que su proyecto se está llevando adelante en áreas afectadas por erosión provocada por el sobrepastoreo y donde no existe monte nativo, pretendiendo de ese modo mostrar preocupación por la protección ambiental en general y por la restauración de los suelos degradados en particular. Shell enfatiza que 2.000 hectáreas de bosque ubicadas en su zona de plantaciones habrán de permanecer intactas, y que la empresa aspira a obtener la certificación de acuerdo con la norma ISO 14001, de manera que el producto pueda alcanzar los mercados del Norte. Sin embargo, esos argumentos resultan débiles en relación con una verdadera política conservacionista dado que, por un lado, la efectividad para la conservación de la biodiversidad de pequeños parches de monte nativo en medio de vastos monocultivos forestales es sumamente dudosa. Ni que hablar de la pobre actuación de estas empresas en lo que respecta a la protección del ambiente. Ni tampoco de que su verdadero negocio -la extracción de petróleo- está devastando el ambiente, tanto a nivel local como global. Ni, finalmente, de que en el proceso de teñir de "verde" su imagen se están apropiando de más y más tierras en todo el mundo.
 

Bolivia: pueblos indígenas amenazados por explotación petrolera

Bolivia posee 440.000 km2 de bosques húmedos, que representan el 57% de la superficie de tierras bajas del país. La tasa de deforestación alcanza las 168.000 hectáreas anuales, siendo las principales causas del problema la promoción de los cultivos de exportación y las concesiones de explotación maderera otorgadas sin ton ni son. Organizaciones ambientalistas han expresado su preocupación sobre la situación del sector forestal en Bolivia, caracterizada por la falta de respeto hacia los territorios tradicionales indígenas y la ineficiencia del gobierno para abordar adecuadamente el problema.

La prospección y explotación de petróleo constituye otra de las actividades depredatorias que afectan a los bosques de Bolivia y a sus habitantes. Se ha denunciado recientemente que la empresa Repsol (compuesta principalmente por capitales españoles) ha entrado en el Territorio Multiétnico Indígena de la Amazonía para realizar medidas topográficas previas a la perforación del pozo Eva Eva. Los habitantes del pueblo de San Ignacio de Moxos han señalado que Repsol ya se ha adentrado 90 kilómetros en la selva, utilizando una ruta previamente abierta por los madereros. Una vez más las carreteras se convierten en la vía de ulterior destrucción de la selva.

El Territorio Multiétnico Indígena no es un espacio vacío. Pueblos indígenas, como los Trinitarios, los Mojeño y los Chimás habitan allí. Teniendo en cuenta que Repsol no cuenta con el necesario permiso ambiental para operar en el área, esta acción no puede ser considerada sino una invasión del territorio indígena. Eva Eva, en la Provincia de Beni, es el primer pozo que la compañía tiene intenciones de abrir. El segundo es el de Samusabeti, que habrá de afectar una región habitada por los indígenas Quichua y los Aymara, quienes ya vienen sufriendo los efectos de la represión contra los cultivos ilegales. En relación con el pozo Isiboro, situado en el Parque Nacional Isiboro Securé, la evaluación de impacto ambiental presentada por Repsol ha sido severamente observada por la autoridad ambiental, dado que desconoce las especiales características de una zona que constituye un área protegida.

Una vez más Repsol viola las normas nacionales e internacionales relativas a los derechos de los indígenas y la protección del ambiente. Ya durante el período 1995-1998 ONGs bolivianas habían denunciado reiteradamente a la empresa por la apertura de 1.200 kilómetros de líneas sísmicas y la contaminación provocada en varios cursos de agua.
 

Problemas con la explotación de petróleo en Colombia

En febrero de 1997, el Ministro de Medio Ambiente de Colombia autorizó a la empresa estadounidense Occidental Petroleum a comenzar la prospección de petróleo en el territorio indígena ubicado en la frontera con Venezuela, considerado uno de los campos petroleros más grandes del hemisferio. Para frenar el inicio de estas actividades, alrededor de 4.000 miembros del pueblo indígena U'wa han amenzada recientemente con cometer suicio colectivo en caso de que se realice dicha prospección en sus tierras ancestrales.

"Todos los hombres y mujeres honorables saben que el seguir el camino de infligir heridas a la Madre Tierra conduce a la muerte" expresó José Cobaría, portavoz de los U'wa. El mismo solicitó la ayuda de la comunidad internacional "para que colabore a hacer entender al hombre blanco (Occidental) el significado que tiene la vida de la gente y los animales" que viven en la tierra U'wa.
 

Colombia: los indígenas U'wa se enfrentan a las petroleras

Como respuesta a la inmediata y creciente amenaza de la explotación petrolera en sus tierras, el pueblo U´wa ha formulado una declaración reclamando que el gobierno de Colombia y la Occidental Petroleum reconozcan su derecho a rehusarse a aceptar la actividad petrolera en sus tierras, como precondición para cualquier tipo de diálogo a establecerse acerca del desarrollo petrolero. En la declaración se exige asimismo la inmediata retirada de la presencia militar en el territorio U´wa, que ha aumentando drásticamente durante el último mes.

Los U´wa, una nación compuesta por unas 5.000 personas, en la región de bosques nubosos de los Andes, habían manifestado anteriormente que la extracción de petróleo de su tierra conllevaría el suicidio colectivo, una posiblidad todavía abierta.

Las demandas planteadas por los U´wa constituyen el último capítulo del proceso legal que se viene desarrollando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). El caso fue presentando en mayo de 1997 por la Autoridad Tradicional U´wa y la Organización Nacional Indígena de Colombia, en un intento de lograr reconocimiento legal a la soberanía de los U´wa sobre su morada ancesral y sus recursos. "Ahora dicen que el gobierno quiere saber qué pensamos sobre el proyecto petrolero, pero si no les gusta lo que pensamos, ellos no más van a actuar según su voluntad", dijo Roberto Cobaría, presidente de la Autoridad Tradicional U´wa.

Los derechos de explotación petrolera en el territorio U´wa -conocido entre las compañías petroleras como "Samore block"- fueron otorgados a un consorcio liderado por la Occidental Petroleum, con base en Los Angeles y que incluye a Shell como socio en partes iguales. Las instalaciones petroleras en Colombia se han transformado en un blanco frecuente de la guerrilla rural y los líderes U´wa temen que esto se transforme en un factor adicional para el ya alto nivel de violencia que afecta sus tierras.
 

Apoyo al pueblo U'wa en Colombia

Los U'wa, que habitan los bosques tropicales de Colombia, están librando una lucha de vida o muerte para proteger su cultura tradicional y su hogar sagrado frente a un proyecto petrolero que amenaza ponerse en marcha en su tierra de un momento a otro. Los U'wa se oponen terminantemente a las perforaciones y advierten que este proyecto puede conducir a un aumento en los niveles de violencia, como los registrados en otras regiones petroleras del país. A pesar de ello Occidental Petroleum, compañía con sede en Los Angeles, junto al gobierno colombiano siguen adelante con su plan de perforaciones. Los U'wa han realizado un llamado para lograr el apoyo de la comunidad internacional; ahora nos toca a nosotros responderles.

Tal es la oposición de los U'wa al proyecto petrolero, que han jurado cometer suicidio colectivo en caso de que Occidental Petroleum y el gobierno de Colombia continúen con el mismo en sus tierras ancestrales. Los U'wa, un pueblo tradicional de alrededor de 5.000 personas, prefieren darse muerte con su propia mano, a la muerte lenta de su ambiente y su cultura que la explotación petrolera traerá consigo. Un principio central de su cultura y su espiritualidad es la creencia de que la tierra que los ha mantenido durante siglos es sagrada. Creen fuertemente que permitir la explotación petrolera en esas tierras sagradas alteraría el equilibrio del mundo. En palabras de los propios U'wa: "El petróleo es la sangre de la Madre Tierra . . . sacarle el petróleo es, para nosotros, peor que matar a tu propia madre. Si se mata a la Tierra, nadie sobrevivirá".

La lucha del pueblo U'wa recientemente se presentó en toda su crudeza a la opinión pública con los trágicos asesinatos del 5 de marzo de 1999, día en que murieron tres activistas de los derechos indígenas: Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Lahe'ane'e Gay. Terence había dedicado los últimos dos años de su vida a apoyar a los U'wa en su campaña para frenar el proyecto de Occidental, reivindicar sus territorios ancestrales y proteger su cultura tradicional. Ingrid y Lahe'ane'e estaban coordinando con los U'wa para lanzar un proyecto educativo diseñado con el fin de mantener y promover su tradicional estilo de vida.

Los U'wa temen que las recientes muertes sean un presagio de mayor violencia física que el proyecto traerá consigo. A lo largo de toda Colombia, petróleo y violencia están intrínsecamente asociados. El gasoducto de Occidental de Caño Limón, situado justamente al norte del territorio U'wa, ha sido atacado por la guerrilla de izquierda más de 500 veces durante sus 12 años de existencia, provocando el derrame de unos 1,7 millones de barriles de crudo en los suelos y los ríos. El gobierno colombiano ha militarizado las zonas de producción petrolera y de gasoductos y con frecuencia ha perseguido a las poblaciones locales, suponiendo que están colaborando con la guerrilla. En Colombia los proyectos petroleros ya han afectado a muchos otros pueblos indígenas, como es el caso de los Yarique, los Cofán y los Secoya.

Las actuales planes de perforación amenazan la sobreviviencia de los U'wa y de su territorio. Los bosques lluviosos de los U'wa, en la Sierra Nevada de Cocuy, próximo al límite con Venezuela, son uno de los más delicados y en situación de riesgo del Planeta. Se trata de un área cuya riqueza en vida vegetal y animal es única en la región. Para seguir existiendo, los U'wa dependen del equilibrio y de la oferta ecosistémica de la selva. En otras zonas de la cuenca amazónica donde han operado compañías petroleras, estas actividades han sido sucedidas por la decadencia cultural, la contaminación con elementos tóxicos, la invasión de tierras y la deforestación masiva.

La primera licencia de exploración de petróleo que obtuvo Occidental data de 1992 y fue por 2.000 millones de barriles, que equivalen al consumo de tres meses en los EE.UU. Desde entonces, los U'wa han expresado su declarada oposición a los proyectos petroleros y emprendieron una serie de acciones con el fin de frenar el proyecto. Las mismas incluyen la presentación de demandas contra el gobierno de Colombia, peticiones ante la Organización de Estados Americanos solicitando su intervención, reclamos directos ante los directivos de Occidental y denuncias ante los propios accionistas de la compañía. En el momento actual, el Ministerio de Medio Ambiente está estudiando una solicitud de licencia para perforación presentada por Occidental, la cual constituye el último obstáculo que la compañía debe superar para ejecutar el proyecto. Frente a la violencia creciente que asola a la región y a las presiones ejercidas por la empresa sobre el gobierno con la finalidad de conseguir esa aprobación, las urgencias de la lucha de los U'wa han alcanzado un punto extremo.

"Estamos buscando una explicación para este "progreso", que va contra la vida. Exigimos que se ponga fin a este tipo de progreso, que se pare con la explotación de petróleo en el corazón de la Tierra, y que se termine con la sangría deliberada de la Tierra..." reza un fragmento de la Declaración del pueblo U'wa, de agosto de 1999.
 

Colombia: victoria de los U'wa en asamblea de accionistas de Occidental

Los recientes asesinatos de tres activistas -Ingrid Washinawatok, miembro de la tribu Menominee de Nueva York, Terence Freitas, de Oakland y Lahe'ena'e Gay, de Hawaii- que estaban colaborando con el pueblo indígena U'wa en la protección de sus tierras frente a las perforaciones petroleras, ilustran el alto grado de violencia que existe en los conflictos originados por el uso de los recursos y las cuestiones territoriales en los bosques tropicales de América del Sur, a la vez que cuestiona la política exterior de los EE.UU.

El U'wa Defense Working Group (Grupo de Trabajo en Defensa de los U'wa), organización ambientalista con sede en California, ha solicitado se realice una investigación acerca del "papel de las compañías petroleras multinacionales en el actual ciclo de violencia en la región". El 25 de febrero de 1999, miembros del grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) secuestraron al líder U'wa Roberto Cobaría y a los tres ciudadanos estadounidenses. Cobaría fue liberado inmediatamente pero los otros fueron retenidos. En 1997, al volver a Colombia luego de un encuentro con Occidental Petroleum en Los Angeles, Cobaría había sido secuestrado y golpeado por hombres armados, quienes intentaron forzarlo a firmar un acuerdo respecto de la prospección petrolera. En relación con este atropello Cobaría testificó frente a Amnistía Internacional y elevó una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las FARC fueron responsables de la muerte de los tres activistas mencionados, según ellas debido a un "error" cometido por un comandante que actuó por propia iniciativa.

Los EE.UU. han destinado grandes sumas de dinero para "ayudar" a Colombia en la guerra contra los carteles de la droga y la guerrilla izquierdista. Por ejemplo, en el pasado mes de abril los EE.UU. se comprometieron a otorgar U$S 240 millones como ayuda militar para el "proceso de paz" en Colombia. Pero tal ayuda incluye fondos para adquirir más aviones militares y armas. La organización Human Rights Watch informó que la mayor parte de los 40.000 civiles asesinados en Colombia desde 1989 fueron víctimas de grupos militares apoyados por los EE.UU. La violencia también es usada en el propio territorio de los EE.UU. El 28 de abril de 1999 líderes U'wa y cientos de activistas que se encontraban a la entrada de la sede de Occidental Petroleum en Los Angeles, manifestando en memoria de los tres ciudadanos asesinados, fueron expulsados por la policía y 20 de ellos fueron detenidos.

Aún enfrentando este tipo de dificultades, el movimiento ambientalista y por los derechos humanos obtuvo una significativa victoria el día 30 de abril durante la asamblea de accionistas de Occidental Petroleum en Santa Mónica, en la cual el 13% de los accionistas -que representan más de 40 millones de acciones- votó a favor de que se efectuara un análisis de los riesgos asociados con el proyecto de explotación petrolera planeado en tierras de los U'wa en la selva colombiana. "En el mundo del activismo a nivel de accionistas, obtener el voto de un 13% significa una enorme victoria. "No creo que la empresa siga adelante con este proyecto, sin que sus mayores accionistas se sientan molestos" dijo Atossa Soltani, directora de Amazon Watch. Líderes de la nación U'wa, que llegaron a Los Angeles tras un viaje de tres días desde sus hogares allá en lo alto de la selva, también se dirigieron a la asamblea de Occidental y solicitaron a los accionistas que alentaran a la compañía a cancelar el proyecto en sus territorios ancestrales. El lider U'wa Berito Kuwaru'wa cantó una canción tradicional en idioma U'wa, en la que se describía al petróleo como "la sangre de la Tierra". La petición de los U'wa resulta particularmente urgente, puesto que Occidental ha solicitado un permiso ambiental al gobierno colombiano para realizar la primera perforación en territorio U'wa.

A continuación sigue un comunicado internacional de la Asociación de Autoridades Tradicionales U'wa difundido en Kerachikara, territorio sagrado U'wa, en abril de 1999:

"Durante miles de años el pueblo U'wa ha vivido en los territorios hoy conocidos como Departamentos de Casanare, Arauca, Boyacá, Santander y Norte de Santander en Colombia. Ello nos otorga el derecho a solicitar al gobierno colombiano y a las multinacionales petroleras que reconozcan plenamente y respeten nuestro territorio, así como todos los recursos que nos pertenecen, la totalidad de los cuales nos han sido reconocidos por la Constitución Nacional y las leyes nacionales e internacionales.

El pueblo U'wa ha reiterado con firmeza que no renunciaremos a nuestros derechos ancestrales en beneficio del estado ni de las compañías multinacionales. En Colombia hemos agotado todas las vías legales existentes para resolver el conflicto con Occidental Petroleum. En Colombia nuestros esfuerzos no se han visto traducidos en las medidas necesarias para el respeto de los derechos del pueblo U'wa.

Dado que el gobierno colombiano no ha reconocido nuestros derechos como pueblo diferente, nos hemos visto obligados a dirigirnos a la comunidad nacional e internacional (gobiernos, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, pueblos indígenas y todos los que trabajan por la vida y la paz). Esta se ha unido sin vacilaciones a nuestra causa.

Debido a la falta de reconocimiento y a la violación por parte del gobierno de Colombia y de las empresas multinacionales (por ejemplo, Occidental) de los derechos históricos y del patrimonio del pueblo U'wa realizamos los siguientes reclamos:

1. Reafirmamos los reclamos del pueblo U'wa por la cancelación de las actividades petroleras en nuestros territorios ancestrales. 2. Expresamos la urgente necesidad de recuperación de nuestras tierras, a las que tenemos derecho, con la finalidad de garantizar la vida. El gobierno de Colombia debe comprometerse a extender la reserva actualmente existente y a respetar nuestros territorios ancestrales. 3. Reafirmamos que para los U'wa nuestro territorio, nuestros recursos naturales y nuestro pueblo no son negociables. Ellos deben ser respetados de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Objetivos:

1. Consolidar la solidaridad internacional con nuestra justa causa por territorio, cultura e historia oral. 2. Demostrar con ejemplos concretos el efecto destructivo que los procesos que las actividades petroleras -como la desarrollada por Occidental- suponen para nuestro pueblo y nuestro ambiente. 3. Demostrar que el modelo de desarrollo promovido por el pueblo U'wa constituye una alternativa para toda la humanidad que desee garantizar la vida en el Planeta bajo los principios del desarrollo sustentable.

Firmado por: Roberto Pérez Gutiérrez, Presidente del Consejo Tradicional U'wa; Roberto Cobaría Berito Kubaruwa, Delegado Oficial de las Autoridades Tradicionales U'wa; Javier Vesga Florez, Asesor del Consejo Tradicional U'wa."
 

Los U'wa alcanzan significativa victoria

Como resultado de una prolongada y difícil lucha contra el gigante Occidental Petroleum y el gobierno de Colombia, el pueblo indígena U'wa ha obtenido una significativa victoria con el reconocimiento legal de un área que comprende una importante porción de su territorio tradicional en la región noreste de Colombia. Una reciente resolución del gobierno colombiano, en acuerdo con los líderes U'wa, ha aumentado su territorio legalmente reconocido en 120.000 hectáreas. De manera que ahora el mismo abarca 220.275 hectáreas en las provincias de Boyacá, Norte Santander, Santander y Arauca. Este territorio será denominado Reserva Unificada U'wa. La resolución oficial representa sin lugar a dudas una significativa victoria para los U'wa y un importante paso adelante para el reconocimiento de la totalidad de su territorio tradicional.

Sin embargo, la amenaza de la industria petrolera todavía se cierne sobre ellos: el Ministerio de Medio Ambiente está considerando una solicitud de permiso presentada por Occidental Petroleum, para una perforación exploratoria a ubicarse a escasa distancia del límite de la recientemente creada Reserva, en la zona de Gibraltar. Los impactos ambientales y sociales negativos del proyecto constituyen una seria amenaza para la sobrevivencia física y cultural de los U'wa, dado que las actividades de prospección y extracción de petróleo están en Colombia asociadas con violaciones de los derechos humanos, corrupción y violencia. "Al recuperar parte de nuestro territorio, que ustedes nos están otorgando formalmente en el día de hoy, reclamamos el absoluto respeto a nuestra posición de no permitir en absoluto la prospección o producción petrolera en nuestros territorios tradicionales, sea dentro o fuera del territorio que nos ha sido legalmente reconocido", manifestó Roberto Pérez, Presidente de la organización de gobierno de los U'wa, en una ceremonia que tuvo por objeto celebrar la creación de la Reserva.
 

Colombia: una cuestión de vida o muerte para los U'wa

La reciente resolución del gobierno colombiano, en acuerdo con los líderes U'wa, por la cual su territorio legalmente reconocido ha sido incrementado en 120.000 hectáreas -totalizando ahora una superficie de 220.275 hectáreas- ha sido celebrada como una gran victoria. Sin embargo, el hecho de que a la vez el Ministerio del Ambiente estuviera considerando una solicitud presentada por Occidental Petroleum para realizar una perforación de prospección justo en el límite de la recientemente creada Reserva Unificada U'wa constituía una amenaza pendiente sobre este pueblo indígena.

Desgraciadamente ha sucedido lo peor: el 21 de setiembre de 1999 el Ministro del Ambiente Juan Mayr Maldonado anunció que se concedería el permiso a la mencionada empresa para comenzar las tareas de prospección petrolera en la región. Los U'wa han denunciado tal decisión como un genocidio cultural y ambiental y han dejado claro una vez más su decisión de cometer suicidio colectivo en caso de que sus tierras continúen siendo mancilladas. Ellos consideran que el petróleo es la sangre de la Madre Tierra, por lo que perforarla sería la peor profanación de sus antiguas tradiciones de vida en un pacífico equilibrio con la Tierra.
 

Colombia: los U'wa no se rinden

En un nuevo capítulo de su aparentemente interminable lucha por defender sus derechos territoriales, un grupo de 200 indígenas U'wa -incluyendo mujeres, niños y ancianos- estableció el 14 de noviembre de 1999 un campamento permanente en el lugar donde se encuentra el pozo petrolero Gibraltar 1 de Occidental Petroleum. El propósito de esta acción es bloquear el anunciado inicio de la perforación prevista, evitando así que la Madre Tierra sea profanada. Se espera que en los próximos días se sumen al grupo cientos de U'wa y de otras personas que los apoyan. Los líderes indígenas consideran que el establecimiento de este campamento permanente ha sido una acción necesaria para evitar la perforación, dado que las batallas legales, así como las apelaciones directas a la empresa y al gobierno hasta ahora no han dado los resultados deseados.

El día 16 de noviembre se realizó en Bogotá la Segunda Audiencia U'wa por la Vida, a la que asistieron gran número de U'was y más de 100 delegados de organizaciones de pueblos indígenas nacionales e internacionales, ambientalistas, comunidades negras y grupos sociales que los apoyan. Al día siguiente se realizó una concurrida manifestación con una marcha que comenzó en la Universidad Nacional de Colombia y llegó hasta la sede del Ministerio de Medio Ambiente, donde los representantes U'wa exigieron una vez más al Presidente Andrés Pastrana y al Ministro de Medio Ambiente Juan Mayr que se ponga fin de inmediato a las actividades de prospección de petróleo en la zona de Samoré. Hasta ahora las autoridades han prestado oídos sordos a las demandas de los U'wa. Luego de incontables encuentros con las autoridades ambientales para discutir el tema, ahora los U'wa se niegan a participar en la denominada Alianza Ambiental por Colombia, convocada por el gobierno. "No es más que una farsa del gobierno para obtener recursos utilizando emergencias ambientales del país, mientras que sus acciones muestran una actitud de desprecio o de favorecer soluciones violentas a los conflictos ambientales" señala una declaración de los líderes U'wa.
 

Acción por el pueblo U'wa en Colombia

Durante el prolongado conflicto en el que se ha visto involucrado el pueblo indígena U'wa -apoyado por ONGs y organizaciones sociales nacionales e internacionales- con Occidental Petroleum (Oxy), ha habido permanentes idas y venidas. Durante casi una década los U'wa han tenido éxito en impedir que Oxy explote petróleo -que ellos consideran la sangre de la Tierra- en sus territorios tradicionales. Sin embargo en setiembre de 1999 el Ministerio de Medio Ambiente, que siempre ha actuado en connivencia con los intereses de la compañía, otorgó un permiso a Oxy que le permite comenzar con una perforación exploratoria en una zona situada al lado de la Reserva unificada U'wa, y que forma parte del territorio tradicional U'wa. Esta arbitraria medida fue -y es todavía- fuertemente resistida tanto en Colombia como en el extranjero.

Las autoridades U'wa han divulgado el siguiente comunicado, solicitando la solidaridad internacional:

"Aproximadamente 200 miembros de la tribu indígena U'wa en el noreste de Colombia nos hemos reunido ayer, 16 de noviembre de 1999, en un asentamiento permanente localizado en nuestras tierras ancestrales. Este es el lugar donde Occidental Petroleum quiere realizar la perforación para el pozo Gibraltar 1, en una acción que pone en peligro nuestra vida y nuestra cultura.

A través de esta presencia permanente y del apoyo de los campesinos de Sarare, estamos reclamando nuestros derechos ancestrales y constitucionales a la vida y a nuestro territorio tradicional. Exigimos que el gobierno colombiano y Oxy nos dejen en paz y que de una vez por todas el proyecto de explotación petrolera sea cancelado. Nosotros, el pueblo U'wa, estamos dispuestos a entregar nuestras vidas para defender a la Madre Tierra frente a este proyecto, que habrá de alienar nuestra cultura, destruir la naturaleza y alterar el equilibrio del planeta. Cuidar la Tierra y velar por el bienestar de nuestros niños y niñas y por las generaciones futuras es responsabilidad no sólo del pueblo U'wa, sino del conjunto de la sociedad a nivel nacional e internacional.

Solicitamos a las personas en todo el mundo que valoran la Tierra y a los pueblos indígenas, que hagan oír su voz frente a la multinacional petrolera Oxy mediante protestas, cartas y otras acciones de solidaridad".

En los últimos días se vienen dando una serie de hechos todavía más graves. El 19 de enero más de 500 soldados del Ejército colombiano fuertemente armados ingresaron en el territorio tradicional U'wa, en la localidad de Cedeno, donde se encuentra el pozo Gibraltar 1. Es ésta una medida extrema del gobierno para asegurarse de que la explotación petrolera por parte de Oxy habrá de continuar. Se ha lanzado una campaña urgente para frenar esta invasión.
 

Colombia: los U'wa y los Embera unen sus fuerzas

Como parte de su lucha para evitar la ocupación de sus tierras por Occidental Petroleum (Oxy), un grupo de alrededor de 200 integrantes del pueblo indígena U'wa establecieron en noviembre de 1999 un campamento en el área donde la compañía está planificando perforar el pozo petrolero "Gibraltar 1" con la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, el cual durante todo este conflicto ha ignorado los derechos de los U'wa y ha defendido los intereses de Oxy.

La tensión creció en la región el 11 de febrero del 2000, cuando las fuerzas combinadas de la policía y el ejército asaltaron la zona de Las Canoas, cerca de Gibraltar, donde casi 450 hombres, mujeres y niños U'was estaban instalados. Una violenta represión tuvo lugar y los indígenas fueron forzados a abandonar el área. Buscando escapar, muchos de ellos se tiraron al río Cubujón, y a consecuencia de ello tres niños indígenas se ahogaron, mientras varios hombres y mujeres resultaron heridos y otros desaparecieron. Tanto el gobierno colombiano como Oxy deben ser responsabilizados por estas muertes de inocentes y por la violencia ejercida contra gente indefensa, lo cual constituye una seria violación a sus derechos humanos más elementales.

Una situación similar es la de los Embera Katío en la alta cuenca del río Sinú, cuyos territorios ancestrales, sustento y cultura están siendo amenazados por el megaproyecto de la represa hidroeléctrica de Urrá, el cual también ha recibido el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente. Se han llevado a cabo protestas pacíficas y reclamos ante organismos internacionales para detener este proyecto destructivo. Sin embargo, como en el caso de los U'wa, el modelo de "desarrollo" tradicional y destructivo aún parece prevalecer, aunque el apoyo a la lucha de los Embera va en aumento. En un comunicado de prensa emitido el 8 de marzo, las 99 comunidades de pueblos indígenas, pescadores y campesinos de la baja cuenca del río Sinú han expresado que dada la situación actual, ellos comenzarán a actuar de manera abierta en defensa de sus hermanos y hermanas Embera en el caso de que sean expulsados de sus tierras. Ellos categóricamente culpan al gobierno por la situación de violencia reinante en el área y por haberse negado a dialogar con la gente afectada.

Los U'wa y los Embera han ahora unido sus fuerzas y están organizando la visita de una misión internacional a Colombia en marzo, la cual estará compuesta por representantes de organizaciones de derechos humanos, sociales y ambientales de diversas partes del mundo. El principal objetivo de la misión, qué comenzará a visitar las áreas afectadas el 18 de marzo es "ser testigo de la situación de peligro inminente que los pueblos Embera Katío y U'wa están sufriendo y hacer que el gobierno implemente los acuerdos que garantizan su supervivencia". El objetivo de la misión consistirá en brindarles asistencia en su lucha por "el derecho de vivir como culturas indígenas y de tener opciones de vida y desarrollo alternativas".
 

Colombia: Misión Internacional y buenas noticias de los U'wa

Entre el 15 y el 21 de marzo del 2000 una Misión Internacional, convocada por las principales autoridades de los pueblos indígenas Embera-Katío y U'wa, visitaron Colombia con la finalidad de observar a campo su situación respecto del prolongado conflicto que sostienen en defensa de sus derechos territoriales y culturales. La misión estuvo conformada por representantes de pueblos indígenas de Ecuador y Panamá, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), Oilwatch, Amigos de la Tierra, International Rivers Network, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en Colombia, Ríos Vivos (Argentina), Sobrevivencia (Paraguay) y Movimiento de Afectados por las Represas (Brasil).

Los miembros de la misión que visitaron el territorio U'wa en el Departamento de Arauca, al este de Colombia, pudieron comprobar con sus propios ojos la forma en que los U'wa se encuentran organizados en un campamento compuesto por más de 2.500 personas en Gibraltar, con apoyo de organizaciones campesinas y de trabajadores. En el campamento reinaban la paz y la solidaridad, a pesar de las provocaciones por parte de personal militar instalado en las cercanías. También se constataron los efectos adversos sobre los bosques, el suelo, el agua y la gente de los trabajos que estaban realizando los concesionarios de Oxy para la apertura del pozo petrolero Gibraltar 1. La misión incluso tuvo entrevistas con autoridades del estado colombiano, con ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) y con las personas afectadas en el propio lugar, y revisó la totalidad de los documentos relacionados con el caso. No fue posible entrevistar a representantes de Occidental dada la renuencia de los mismos a reunirse con la misión.

Como resultado preliminar de su trabajo la misión enfatizó que, a consecuencia de las obras en curso, la actual situación es crítica tanto del punto de vista ambiental como social; que hay contradicciones entre las declaraciones de las autoridades y lo observado a campo; y que se está dando una tendencia a resolver los conflictos con una óptica militar, desconociendo los aspectos sociales y ambientales que los originan.

Entre otras medidas, se recomendó que la licencia ambiental otorgada a Oxy el 21 de setiembre de 1999 por parte del Ministerio de Medio Ambiente sea revocada; que se den las garantías y se respete la integridad del territorio ancestral U'wa; que se realice inmediatamente una investigación sobre las acciones violentas de expulsión de los U'wa ocurridas en enero y febrero pasados; y que las autoridades civiles garanticen el derecho legal a la protesta pacífica por parte de los afectados.

El 31 de marzo una corte colombiana ordenó a Oxy detener todas las obras en el sitio del pozo Gibraltar 1 en el territorio ancestral sagrado del pueblo U'wa. El juez determinó que la perforación en dicho sitio viola "los derechos fundamentales" de los U'wa, incluído su derecho a la vida. No obstante, todavía no está dicha la última palabra. Si bien esta decisión judicial constituye un importante paso, la orden habla de suspensión del proyecto y no de su cancelación. Además, Oxy es un actor poderoso y el propio gobierno de Colombia -más allá de usar bonitas palabras en relación con la diversidad cultural e incluso con los derechos indígenas reconocidos por la Constitución- parece estar más interesado en promover la explotación de petróleo que en respetar los derechos de los U'wa. No obstante, los U'wa cuentan con la solidaridad nacional e internacional y especialmente con su propia fuerza para defender sus derechos.
 

Ecuador: mujeres indígenas defienden los bosques de Pastaza

Mujeres indígenas, algunas de ellas acompañadas por sus esposos e hijos, iniciaron una marcha el 28 de setiembre de 1997 en la norteña provincia ecuatoriana de Pastaza, con el propósito de unirse a la Asamblea Nacional Constituyente, que tendrá lugar en Quito el 12 de octubre.

La Coordinadora de Mujeres Indígenas "Pacha Mama" ("Madre Tierra" en lenguaje quichua) rechaza la presencia de empresas petroleras en el territorio de Pastaza, ya que la misma constituye una amenaza para la vida de las comunidades indígenas y campesinas. La organización pedirá al gobierno ecuatoriano que se establezca una moratoria de 15 años para las actividades de las petroleras en Pastaza. "Nosotras, mujeres indígenas en defensa de la Pacha Mama, exigimos al gobierno del Ecuador que los territorios indígenas de Pastaza sean reconocidos como Patrimonio y Legado para la Preservación de la Biodiversidad y las Naciones Culturales Indígenas" manifestó Cristina Gualinga, dirigente del movimiento.

Según la Coordinadora, el nuevo gobierno del Ecuador -cercano al mundo de los negocios- está malbaratando los últimos remanentes de bosque tropical primario a las corporaciones nacionales y transnacionales. Los pozos petroleros, el madereo y los oleoductos constituyen las amenazas más inminentes que se ciernen sobre la selva. Las mujeres denunciaron asimismo que las petroleras están dispuestas a sobornar a todos los que deseen declarar ante la Asamblea Nacional su apoyo a las actividades de las mismas.
 

Ecuador: mujeres indígenas se oponen a explotación petrolera

El Comité Ejecutivo de Oilwatch se encontraba reunido en Quito el 21 de octubre de 1997, cuando fue informado de que un grupo de mujeres indígenas de la Provincia de Pastaza, que habían marchado caminando hacia la capital del país para manifestarse contra la explotación de petróleo en su territorio por la empresa petrolera Tripetrol, estaba siendo reprimido por la policía. El Comité Ejecutivo suspendió inmediatamente su sesión y se dirigió a expresar su apoyo a las mujeres que protestaban.

Una vez llegados a la entrada de la sede de Tripetrol se encontraron con que la entrada al edificio estaba bloqueada por una doble cadena humana: una formada por policías y otra por un pequeño pero poderoso grupo de mujeres indígenas con sus niños y niñas en brazos. Lo que las mujeres pedían era muy sencillo: tener una reunión con el director de la empresa. Sin embargo su solicitud fue denegado y la policía fue llamada para reprimirlas.

Un mes antes alrededor de cien indígenas -en su mayoría mujeres y niños- habían empezado a marchar de Pastaza hacia Quito para denunciar los actos de represión que se están cometiendo contra las comunidades locales y los pueblos indígenas que ofrecen resistencia al avance de la industria petrolera. En este caso Tripetrol comenzó arbitrariamente las actividades de prospección de petróleo, emprendió acciones legales y amenazó a los líderes comunales locales. Las mujeres expresaron su exigencia de que "se respete su derecho a decidir sobre su futuro" y que "no se realicen prospecciones petroleras en su territorio". La respuesta fue la de siempre: la represión. La policía llegó incluso a llamar a oficiales de Inmigración a efectos de chequear los documentos de los extranjeros presentes en el lugar y detuvo a dos miembros del Comité Ejecutivo de Oilwatch, que no llevaban consigo el pasaporte. Los mismos fueron liberados poco después.
 

El Parque Nacional Yasuní nuevamente amenazado por la explotación petrolera

A pesar de la creciente preocupación mundial sobre la quema de combustibles fósiles y el consecuente cambio climático, el gobierno ecuatoriano está llevando adelante sus planes para el desarrollo de un campo de crudo pesado dentro de un área designada como Reserva de la Biósfera por la UNESCO. El Ecuador no es el único país que quiere producir más petróleo; la mayoría de países latinoamericanos tiene planes de incrementar su producción bajo cualquier condición. Pero el incrementar la producción en el Ecuador involucra más que la producción de C02.

El gran proyecto del gobierno ecuatoriano es el campo Ishpingo Tambococha Tiputini ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, designado Reserva de la Biósfera por la UNESCO. El Parque, que abarca aproximadamente 900.000 hectáreas, se localiza en el noreste del país cerca de las fronteras con Colombia y Perú. Esta área protegida es reconocida mundialmente por sus altos niveles de biodiversidad. Más de 200 especies de árboles se han identificado en el Parque y una expedición científica reciente identificó más de 825 especies de plantas dentro de un área de sólo dos hectáreas. El Parque Nacional Yasuní también contiene más de 500 especies de peces, más de 500 especies de aves y más de 100 especies de mamíferos.

Mientras el Parque se encuentra bajo la protección de la ley, que no permite ningún tipo de explotación dentro de sus límites, dos compañías petroleras, Pérez Companc de Argentina y Elf de Francia ya están operando y produciendo petróleo, y causando serios impactos. Otra compañía argentina -YPF- también está produciendo petróleo dentro de un área que originalmente estaba dentro de los límites del parque antes de que se los cambiara para facilitar la producción petrolera. Mientras tanto, está previsto que el nuevo proyecto atraiga otra compañía petrolera muy grande (como la Shell) en conjunto con Petroecuador.

La presión es alta para el desarrollo del campo. La abrumadora deuda externa del Ecuador (aproximadamente 45% del presupuesto nacional se destina para pagar los intereses), más la presión que viene de las organizaciones internacionales como los Bancos Multilaterales de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, explica por qué los políticos están poco abiertos al llamado de proteger el medio ambiente. De hecho, el proyecto ITTI, que será vinculado con otro campo dentro de la reserva faunística Cuyabeno, está visto como la manera única de salvar a Petroecuador, empresa nacional que se encuentra virtualmente en bancarrota a causa de ver sus recursos internos utilizados para otras prioridades gubernamentales.

El perforar dentro del Parque indudablemente causará daños extensivos durante todas las fases de explotación. Además de los derrames casi inevitables, aún los métodos de producción más "ecológicamente sustentables" producen un barril de desechos tóxicos por cada barril de petróleo producido. Otros impactos incluyen la deforestación asociada con la exploración sísmica, la construcción de oleoductos, helipuertos y las plataformas de perforación, sin mencionar las carreteras y la inevitable colonización que conllevan.

Pero los daños a la flora y fauna no son los únicos problemas de Yasuní. El Parque es hogar de los Huaorani, una minoría étnica que ya ha sentido los fuertes impactos de invasiones a su territorio; su población ha bajado de más de 25.000 personas, cuando tuvieron el primer contacto con el mundo industrializado, a aproximadamente 3.000 hoy en día. Si el campo, en donde ya han construido 1.750 km. de líneas sísmicas, es explotado, los Huaorani sufrirán más impactos en su cultura ya amenazada.
 

Actividades de Shell en Ecuador

Shell planea realizar actividades de prospección petrolera en la localidad de Pañacocha Tiputini, ubicada en la Reserva Faunística de Cuyabeno y el Parque Nacional Yasuní. Este último fue declarado Reserva Mundial de la Biósfera por parte de la UNESCO y alberga a comunidades indígenas ancestrales, así como una variada gama de vida silvestre. Constituye un lugar único por la presencia de delfines rosados, algunas variedades de loros tropicales o guamayacos, diferentes especies de monos y otros mamíferos. Acción Ecológica advierte acerca de la amenaza que las actividades de Shell significan para esta región y ha expresado su determinación de enfrentarla.
 

Ecuador: exitosa acción de los Cofanes contra pozo petrolero

Mientras los delegados gubernamentales intercambiaban amables discursos en la IV Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático en Buenos Aires -todos ellos referidos a la necesidad de conservar los bosques del mundo como forma de mitigar los impactos del cambio climático- un grupo de indígenas del Ecuador, en una situación por cierto menos confortable, estaba haciendo algo mucho más concreto con ese propósito.

En Octubre de 1998, un grupo de indígenas Cofán ocupó y clausuró el pozo petrolero Dureno 1, ubicado en las proximidades de la ciudad de Lago Agrio, en el noreste de Ecuador. Era esa una forma de protesta contra las actividades de la industria petrolera en sus territorios ancestrales. El pozo -localizado a tan sólo 20 metros de las fuentes de agua de la comunidad Cofán- había estado contaminando este preciado recurso, así como destruyendo la flora y fauna de la zona. "Hemos vivido en este territorio ancestral, como guardianes del bosque, durante siglos, como sus hijos y únicos dueños. Hemos ofrecido tierras, alimento, materiales, trabajo, para lo que ellos llaman "desarrollo" y durante ese proceso no nos hemos más que empobrecido e incluso arriesgado nuestras posiblidades de sobrevivir como pueblo", afirmó en la oportunidad un portavoz de los Cofanes. La ocupación, iniciada el 12 de Octubre (aniversario de la fecha en que comenzó la invasión española del continente) culminó el día 22, luego de que la movilización hubiera logrado sus fines.

En un principio el gobierno ecuatoriano había reaccionando enviando soldados al área del conflicto, tratando de atemorizar a los Cofanes y manifestando que no negociaría "bajo presión". Sin embargo, el gobierno finalmente accedió a llevar adelante una serie de importantes medidas, tales como:

1) La remoción de los tanques de depósito y los mecheros, así como la clausura de la piscina de decantación. 2) El establecimiento de una comisión con igual número de miembros del gobierno y de los Cofanes, con el fin de tomar una decisión sobre la clausura del pozo petrolero, la cual habrá de tener en cuenta los aspectos económicos, ambientales y de ingeniería implicados. 3) La legalización del territorio Cofán, la mayor parte del cual se encuentra incluido dentro del sistema de áreas protegidas. 4) La creación de un equipo -del que formarán parte también representantes de ONGs- para la verificación del alcance de la contaminación y para determinar la necesidad de una operación de limpieza en los ríos que atraviesan el área. 5) La aceptación de establecer una compensación financiera para los Cofanes por los daños sufridos durante la explotación petrolera. Los Cofanes decidieron que ese dinero sería dedicado a la adquisión de tierras, donde se permitiría el rebrote de la selva.

En suma, la acción llevada adelante por los Cofanes ha tenido resultados muy positivos. Ahora se da una oportunidad única para revertir el daño infrigido a ese pueblo y al ambiente por parte de la industria petrolera.
 

Ecuador: se prohibe explotación petrolera en áreas protegidas

La prospección y explotación de petróleo se encuentran entre las actividades más destructivas para las selvas tropicales del mundo y más perjudiciales para las comunidades que allí habitan. Es con satisfacción que anunciamos que, por fin, algo bueno ha sucedido en Ecuador. El Gobierno ha publicado sendos decretos donde se declara como área protegida a perpetuidad los territorios de Tegarei (773.200 hectáreas) y de la zona de Imuya en Cuyabeno (435.000 hectáreas).

Dichos decretos son especialmente importantes para el futuro de un grupo no contactado de indígenas Huaorani que habitan en los bosques de una de estas áreas, así como para las comunidades Cofán, Quichua y Siona, que viven en la otra mencionada. La norma implica que la extracción de petrólero y minera queda completamente prohibida. Felicitamos al gobierno de Ecuador por esta decisión política, a la vez que exhortamos a las autoridades de ese país y a todos los gobiernos a prohibir definitivamente la explotación de petróleo y cualquier otro mineral en las áreas protegidas del mundo.
 

Ecuador: los ecologistas no son terroristas

La ONG ambientalista Acción Ecológica, con sede en Quito, y que realiza actividades en diferentes lugares de Ecuador, ha sido acusada de estar vinculada a los recientes secuestros de ocho técnicos de empresas petroleras localizadas en las proximidades de Lago Agrio, en la región amazónica de ese país. Dicha organización ha emitido el siguiente comunicado:

"Acción Ecologica, organización ambientalista que trabaja en la zona noreste de Ecuador, donde el día 11 de setiembre fueron tomados rehenes, desea hacer pública su indignación y su rechazo a los rumores vinculados con la existencia de eco-terroristas en el país.

El uso de la violencia nunca ha sido ni será un método adoptado en el trabajo de los ambientalistas o una forma de hacer conocer los problemas. Los ambientalistas amamos la vida y defendemos la naturaleza, y todas nuestras acciones son coherentes con los principios de la no-violencia y el respeto a los derechos humanos.

Las acciones de los ambientalistas -y en particular las nuestras- están dirigidas a la denuncia en la forma más directa y transparente de las violaciones de los derechos colectivos y ambientales del pueblo ecuatoriano.

Entendemos que la falsa vinculación entre los ambientalistas y los tomadores de rehenes puede ser usado para generar argumentos y reacciones que implican un riesgo para nosotros. Hay incluso quienes verían con agrado un vínculo de este tipo, ya que saben que nuestra vigilancia ha alejado la posibilidad de impunidad ambiental, en especial en la zona 'donde por muchos años la población ha sido tomada como rehén, padeciendo abandono' como señala Gonzalo López, obispo de la provincia de Sucumbíos.

Como ecuatorian@s y como amantes de la paz rechazamos la presencia de fuerzas militares del tipo que sea en nuestro territorio, tales como la guerrilla o los paramilitares colombianos, así como el ejército de los EE.UU.

Realizamos una convocatoria a tod@s l@s ecuatorian@s a reflexionar acerca de los problemas que afectan a la región amazónica y a su gente, acerca del estado de agonía que sufren estos frágiles ecosistemas y su gente a ojos vistas de todo el mundo, y acerca del impacto que pueden tener los rumores que han estado circulando.

Acción Ecológica continuará trabajando en el monitoreo y la denuncia de los problemas de la zona y del resto del país, puesto que nos inspira el compromiso de lograr un país con un futuro durable".
 

Guatemala: Reserva de la Biósfera Maya en peligro

Carmelita y Uaxactún son dos comunidades que durante más de 80 años han vivido dentro de los actuales límites de la Reserva de la Biósfera Maya, en Guatemala (creada en 1989), la cual está actualmente amenazada por concesiones petroleras. La reserva abarca un área de 16.000 km2 y constituye el más extenso bosque tropical del país. Ambas comunidades han vivido tradicionalmente de la extracción de "xate" (Chamaedorea spp.), la explotación del chicle (Manilkara achras) y de la utilización a nivel comercial de la pimienta (Pimenta dioica), mediante un padrón de uso sustentable de los recursos. El año pasado el Presidente de Gautemala Alvaro Arzú envió una felicitación a dichas comunidades por el uso sustentable que hacían del territorio y los recursos de la reserva, contando con el apoyo de la ACOFOP (Asociación de Comunidades Forestales de Petén). Sin embargo, es el propio gobierno quien en 1997 licita para la explotación petrolera un área de 300.000 hectáreas perteneciente a la reserva y que coincide con la porción de selva utilizada tradicionalmente por las mencionadas comunidades. Dos años antes, Carmelita había obtenido un permiso de utilización de dicho territorio por parte del Concejo Nacional de Areas Protegidas, en tanto Uaxactúm está tramitando un proceso similar.

Las comunidades nunca fueron consultadas ni informadas sobre dicho plan. Tan pronto como se enteraron del mismo, comenzaron -con apoyo de Oilwatch- una campaña internacional para frenar el proyecto de explotación petrolera que habrá de afectar negativamente su cultura y medios de vida. Más de 300 organizaciones e individuos en todo el mundo -entre ellas la Secretaría Internacional del WRM- se adhirieron a la inciativa enviando mensajes al Presidente de Guatemala.

Para empeorar aún más las cosas, el gobierno ubicó a personal militar en "puestos fronterizos" ubicados en el corazón de la reserva. Tal decisión ha sido fuertemente resistida por la población local, que la considera una amenaza a su integridad y una muestra de que el gobierno protege los intereses de las compañías petroleras, tal como había sucedido con antelación en otros lugares, como Laguna del Tigre y la Libertad.

En febrero de 1999, 32 líderes representantes de comunidades tradicionales del Petén -incluídas Uaxactún, Carmelita y ACOFOP- formularon una declaración al gobierno y la opinión pública guatemalteca e internacional, en la que explican la situación a la que están enfrentados e invitan a reflexionar sobre ella. Asimismo expresan su justificado desacuerdo con las concesiones petroleras: ". . . respecto a la decisión que ha tomado (el Presidente de la República) de otorgar concesiones para la exploración petrolera en las áreas protegidas de la Reserva de la Biósfera Maya, por lo cual manifestamos nuestra inconformidad ya que no es una decisión acertada ni compatible con la voluntad popular del Departamento, ni con los ecosistemas agredidos, puesto que no se han considerado las consecuencias que esto puede ocasionar. Ponemos en duda el aspecto legal que esto tiene y a la vez advertimos sobre el peligro de romper el equilibrio social, ambiental, ecológico, cultural y político".

El documento denuncia asimismo la contaminación y la destrucción de flora y fauna provocadas por la explotación de petróleo en las selvas tropicales: "El artículo 94 de la Constitución de la República dice: 'El Estado tiene la obligación de velar por la salud de todos sus habitantes...). Además el Estado, las Municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico (Artículo 97 de la Constitución)". Los firmantes enfatizan que la explotación petrolera en la Reserva de la Biósfera Maya, considerada uno de los más importantes pulmones del mundo, implica el claro riesgo de violar dichas obligaciones constitucionales de parte de todos los guatemaltecos y en especial del propio gobierno.

En la declaración se expresa también que incluso desde un punto de vista meramente económico la explotación de petróleo no es una actividad que arroje ganancias, en comparación con el uso tradicional de la tierra y el turismo, sin hablar de los impactos sobre la gente. En resumen: "El uso racional y sostenible de la naturaleza nos da un total preliminar y muy superficial de beneficios de más de 10 millones de dólares por año, y unas 10 mil familias o 60 mil personas beneficiadas. Para el año 1994, el Ministerio de Energía y Minas informó que el monto total de regalías para el Estado generadas por el petróleo sólo reportó 1 millón de dólares (con un altísimo costo ambiental y social) y no llegó al millar de personas beneficiadas".

Los signatarios concluyen que ". . . NO es conveniente la incursión de empresas petroleras en la Reserva de la Biósfera Maya. Si estas explotaciones petroleras se convierten en una realidad, usaremos todos los recursos legales para impedirlo, dado que los peteneros amamos nuestro departamento . . . Y exigimos se respeten nuestros derechos Constitucionales de Petición y Defensa (Artículos 12 y 28 de la Constitución Política)".
 

Guatemala: Campaña contra actividades petroleras en la Reserva de la Biósfera Maya

La Reserva de la Biósfera Maya, que se encuentra en la región septentrional de Guatemala, constituye el bosque tropical protegido más grande del país. La Reserva está en el corazón del bosque Maya, que es compartido con Guatemala, Belize y México y constituye, junto con el resto de la Selva Maya, el segundo bosque tropical más importante de América, después del Amazonas. Esta valiosa área ha sufrido depredación debido a las concesiones petroleras concedidas por el gobierno sin tomar en consideración los previsibles impactos negativos, estando probado que la prospección y la extracción de petróleo constituye una causa importante de deforestación y degradación de bosques en los trópicos. En marzo de 1999, representantes de comunidades locales preocupadas por el tema, conjuntamente con organizaciones ambientales nacionales y extranjeras, se dirigieron al ex presidente Arzú, instándolo a adoptar las medidas necesarias para terminar definitivamente con las concesiones petroleras y para proteger la Reserva Maya. Sin embargo, las autoridades se han negado a atender estos reclamos y la situación ha empeorado aún más.

El 7 de febrero del 2000, el Procurador General de Derechos Humanos de Guatemala dictaminó que la actividad petrolera en la Reserva de la Biósfera Maya viola los derechos humanos, "toda vez que veda el disfrute al derecho a un medio ambiente sano, a la dignidad, a la preservación del patrimonio cultural y natural, y al desarrollo económico social". En el dictamen también se afirma que la violación a la ley de áreas protegidas y su reglamento, constituye "un comportamiento administrativo lesivo en detrimento de los habitantes de la República de Guatemala, y especialmente de las comunidades aledañas a las áreas protegidas aludidas". El Procurador General culpa por la situación crítica de la Reserva a la falta de interés y a la irresponsabilidad de las autoridades encargadas de la Política Nacional Ambiental. Este dictamen categórico no tiene sin embargo carácter obligatorio.

La respuesta oficial al dictamen del Procurador General fue desalentadora, ya que sólo una de las concesiones ya aprobadas o pendientes (la de Laguna del Tigre) fue mencionada. Además, se observaron flagrantes contradicciones entre las reacciones de la Secretaría del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. En conclusión, la política de protección forestal en Guatemala parece estar subordinada a la explotación petrolera, lo que posibilita que las compañías petroleras continúen haciendo un gran negocio en detrimento de los bosques y el pueblo de Guatemala.
 

Guatemala: acciones para proteger reserva natural de explotación petrolera

La Reserva de la Biósfera Maya en la región del Petén ha estado en el centro de una fuerte controversia en la que han estado involucradas comunidades campesinas, ONGs guatemaltecas e internacionales, el gobierno nacional y empresas petroleras. El problema comenzó en 1997, cuando el gobierno hizo un llamado a licitación para la explotación petrolera en un área de 300.000 hectáreas pertenecientes a esa Reserva, parte de la cual comprende un territorio que ha sido tradicionalmente utilizado por las comunidades locales. En febrero de 1999 un conjunto de organizaciones guatemaltecas emitieron una fuerte declaración denunciando la situación y exigiendo una solución definitiva al problema.

La empresa Basic Resources International, que tiene un contrato petrolero, está siendo duramente cuestionada por la ilegalidad del contrato y por los impactos ambientales de sus operaciones. Hasta el momento ha perforado 32 pozos en la "Laguna del Tigre", que es parte de la Reserva de la Biósfera Maya y ha construido 120 kms de oleoductos. La refinería "La Libertad" está situada cerca a la zona protegida.

El Congreso Nacional está revisando el contrato 2-85, debido a probables perjuicios económicos para el país. El secretario de Medio Ambiente de la Presidencia, Haroldo Quej Chen, el comisionado presidencial para el medio ambiente, Jorge Cabrera, el procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango, los diputados de la comisión ambiental del Congreso de la República y la población civil del Petén, agrupados en las organizaciones ACOFOP, SUCHILMA, COCHICLE, CLOROFILA (asociaciones de madereros, xateros y extractores de pimienta y chicle las tres primeras, y ecologista y ambientalista la última), se han pronunciado exigiendo el cese de operaciones de Basic del Petén

Basic Resources ha resuelto pasar a la ofensiva frente al creciente cuestionamiento contra sus operaciones en Guatemala. Rodolfo Sosa, presidente de la empresa, acusó a Oilwatch y a Hivos de dirigir una campaña en contra de las actividades de su empresa, con el fin de detener sus actividades, y de ser "los enemigos de Basic" y ha respondido con una campaña publicitaria donde mostrar que las actividades de la empresas son respetuosas del ambiente.

Pero sectores de la sociedad guatemalteca han reaccionado. En enero del 2000, la organización Colectivo Madre Selva señaló que la zona "está sufriendo los efectos que la actividad petrolera provoca: apertura de carreteras, explosiones de dinamita, lodos químicos, gases venenosos, contaminación de aguas, suelos y aire, colonización de las áreas y degradación ambiental, social y de la salud". En marzo un grupo de ciudadanos y organizaciones solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que niegue el "amparo definitivo" que pide Basic Resources, argumentando que dicha compañía está causando daños irreparables al ecosistema del Petén y que la Reserva de la Biosfera Maya es un patrimonio no sólo de los actuales guatemaltecos sino también de generaciones venideras. En caso de que la Corte aprobase el "amparo" pedido por la empresa, significaría el otorgamiento de 192.233 hectáreas adicionales para la exploración y explotación de petróleo dentro del Parque Nacional. Los denunciantes sostienen que el proceso es ilegal, dado que cuando se suscribió este contrato ya existía la Ley de Areas Protegidas y la Ley de la Reserva de la Biosfera Maya.
 

Shell amenaza a los indígenas amazónicos en el Perú

Shell planea comenzar a realizar perforaciones para la explotación de gas natural durante este mes de julio de 1997 en una zona de selva tropical, que el gobierno peruano reservó como hogar de los así llamados indígenas "no contactados", habitada por los Nahua y los Kugakopori en el valle del Río Urubamba, un área rica en biodiversidad.

Si bien -a efectos de evitar acusaciones de daño ambiental- Shell ha jurado que no se provocará ningún impacto ambiental negativo, ya empezaron a aparecer evidencias de daño ambiental, tales como la alteración del agua y problemas con la caza y la pesca. Como la propia Shell admite, es de esperar que surjan problemas aún mayores cuando comience la extracción de gas, tales como la contaminación por metales pesados provenientes de material de desecho de los pozos, incendios masivos en la selva y riesgo de explosión a causa de escapes de gas.
 

Shell en la Amazonía peruana

Rainforest Action Network (RAN), Amazon Watch y Project Underground se encuentran profundamente preocapados por las actividades de Shell en la Amazonía peruana y decidieron no participar en los talleres organizados por la compañía para discutir acerca del Proyecto Camisea, que tuvieron lugar el 12 de diciembre de 1997 en Washington D.C. y el 15 de diembre en Londres. A través de una carta dirigida a Shell, las organizaciones expresaron que el mencionado foro no fue estructurado como para posibilitar un diálogo constructivo, dado que el proceso está centrado actualmente en discutir sobre cómo seguir adelante con la explotación de gas en Camisea, sin considerar previamente si el mismo constituye o no una opción adecuada desde el punto de vista del desarrollo, la política energética, el ambiente y la cultura. Así como sucede con las comunidades locales de la región de Camisea, las organizaciones internacionales ambientalistas y de derechos humanos son invitadas a "discutir" sobre temas previamente establecidos por Shell. "Desde el inicio, el proceso de consulta de Shell en realidad ha negado los derechos críticos y pertinentes de las comunidades. Específicamente durante las primeras etapas del proceso, Shell no suministró a las comunidades afectadas información acerca de la complejidad y gravedad de los impactos provocados por los proyectos industriales de explotación de combustibles fósiles en zonas de selva tropical", señala la carta. Shell ignoró los derechos a la información completa y la consulta plena establecidos por el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo y por la Constitución del Perú de 1993. El "diálogo" que quiere llevar adelante ahora Shell-Perú está destinado exclusivamente a ganar apoyos para el proyecto y neutralizar las críticas de las ONGs y no a recoger realmente las opiniones de las organizaciones de base.

El proyecto ha merecido por otra parte críticas de carácter específico: a pesar de las medidas de mitigación que Shell pueda tomar durante la fase de desarrollo del proyecto, el impacto ambiental sobre un bosque primario de un proyecto industrial previsto para funcionar durante 40 años no puede preverse a ciencia cierta. Camisea constituye un "proyecto modelo" para ulteriores iniciativas que pueden traer consigo más y más destrucción, especialmente en las áreas prístinas de la Amazonía occidental, que están siendo amenazadas por el propuesto gasoducto Brasil-Bolivia. Shell nunca se ha abierto a realizar una revisión seria de las amenazas que el proyecto significa para los pueblos indígenas más vulnerables de la región, en especial los nómades.

Las destructivas actividades de Shell en la región de los Ogoni en Nigeria no es por cierto un buen antecedente como para confiar en la capacidad de diálogo de la empresa.

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