Declaración
internacional en contra
de la ‘Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible’
(RSPO)
En defensa de los
Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria, la Biodiversidad
y la Justicia Climática
Irónicamente, el próximo
16 de octubre de 2008, Día Mundial de la Alimentación
y de la Soberanía Alimentaria, dará comienzo en
Cartagena (Colombia) una reunión para promocionar los monocultivos
de palma aceitera, que justamente son la causa de múltiples
violaciones del Derecho a la Alimentación y van en sentido
contrario a la soberanía alimentaria en la medida que socavan
el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos de
acuerdo con las condiciones de sus territorios y su cultura alimentaria.
La Primera Reunión
Latinoamericana de la ‘Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible’
(RSPO, por sus siglas en inglés) es un encuentro de directivos
de la Mesa Redonda y representantes de las empresas relacionadas
con la agroindustria de la palma de aceite en América Latina
que busca “adquirir la certificación correspondiente
de la RSPO para poder llevar los aceites de palma, sus derivados
y productos a los mercados internacionales principalmente”.
Se trata de otro intento más de “lavado verde”
de la agroindustria, vista toda la publicidad negativa que ha
recibido en relación con la crisis alimentaria y en respuesta
a la masiva contestación social y política en el
mundo frente a los planes de expansión del actual modelo
de producción de agrocombustibles.
El aceite de palma es una
materia prima estratégica en el sector de los agronegocios
ya que es el aceite vegetal más comercializado y consumido
en el mundo, como producto alimenticio, industrial y energético.
Su producción para la exportación al mercado global
(fundamentalmente UE, China, India, EEUU) se lleva a cabo en zonas
tropicales, en un régimen de monocultivo a gran escala.
Las consecuencias negativas
de los monocultivos de palma aceitera son una realidad en Indonesia,
Malasia, Papua Nueva Guinea, Camerún, Uganda, Costa de
Marfil, Camboya y Tailandia, así como en Colombia, Ecuador,
Perú, Brasil, Guatemala, México, Nicaragua y Costa
Rica. Detallamos aquí algunos impactos:
· Deforestación
de bosques tropicales
Los monocultivos sustituyen
bosques tropicales u otros ecosistemas, provocando una grave deforestación,
que trae aparejada la pérdida de biodiversidad, inundaciones,
el agravamiento de las sequías, la erosión de suelos,
la consiguiente contaminación de los cursos de agua y la
aparición de plagas por la ruptura del equilibrio ecológico
y cambios en las cadenas alimentarias; además pone en peligro
la conservación del agua, de los suelos, de la flora y
de la fauna. La degradación de los bosques diminuye sus
funciones en materia climática y su desaparición
afecta a la humanidad en su conjunto.
El Panel Intergubernamental
sobre Bosques de las Naciones Unidas identificó como causas
de la deforestación y la degradación de los bosques,
las políticas gubernamentales de sustitución de
bosques por plantaciones industriales de árboles –como
la palma aceitera-, así como el avance de la frontera agrícola
empujada por las plantaciones de monocultivos.
La expansión de la
palma aceitera es la mayor causa de deforestación en Malasia
e Indonesia. En ambos países, el nivel de deforestación
ha aumentado dramáticamente en los últimos años,
en paralelo a la expansión de la palma. En el caso de Malasia
incrementó en un 86% entre 1990-2000 y entre 2000-2005,
mientras las plantaciones de palma se extendieron hasta 4,2 millones
de hectáreas. Indonesia, con la mayor superficie plantada
con palma aceitera, tiene la cuota de destrucción de bosque
tropical más alta del mundo.
· Más
Cambio Climático
Actualmente la deforestación
en el mundo es la segunda fuente de contribución a los
niveles crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera.
La expansión de los monocultivos de palma aceitera se ha
hecho en muchos países a costa de la degradación
y quema de las turberas así como de la deforestación.
Diferentes estudios científicos
alertan que la destrucción de las turberas supone al menos
el 8% las emisiones mundiales de CO2 responsables del Cambio Climático.
Se estima que por la degradación de turberas se emiten
en el Sudeste asiático periódicamente entre 136
millones y 1,42 mil millones de toneladas de CO2, más las
emisiones de la deforestación, la pérdida de carbono
del suelo, el uso de fertilizantes nitrogenados, las emisiones
de la maquinaria agrícola y la pérdida de sumideros
de CO2. Las imágenes de satélite muestran los incendios
forestales en Indonesia en las zonas de mayor almacenamiento de
carbono en el suelo en ese país, producto de las prácticas
de deforestación vinculadas a la producción de aceite
de palma. El aceite de palma procedente de la deforestación
se vende a empresas multinacionales como Unilever, Nestlé
y Procter & Gamble, y a otras grandes marcas de la alimentación,
cosmética y agrocombustibles.
Por otra parte, el aceite
de palma está siendo utilizado para la producción
industrial de agrocombustibles, en medio de la crisis del cambio
climático provocada por la quema indiscriminada de combustibles
fósiles. Sin embargo el Gobierno sueco, entre otras muchas
instituciones, reconoció en un estudio de la Autoridad
Nacional de Carreteras que “incrementar la cantidad de biocarburantes
importando aceite de palma podría aumentar las emisiones
de CO2 en vez de reducirlas”.
· Amenaza para
millones de indígenas
Según el Forum Permanente
de Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, 60 millones
de indígenas en el mundo corren riesgo de perder sus tierras
y medios de subsistencia por la expansión de plantaciones
para producir agroenergía. De ellos, 5 millones se encuentran
en Borneo (Indonesia), donde las comunidades indígenas
están amenazados por los planes de expansión de
las plantaciones de palma aceitera. Por otra parte, el Gobierno
de Malasia ni siquiera reconoce los derechos territoriales ancestrales
o indígenas, las plantaciones se están estableciendo
en tierras reclamadas por comunidades indígenas y el Gobierno
tiene previsto establecer otro millón de hectáreas
de nuevas plantaciones de palma en tierras indígenas. Situaciones
similares se repiten también en otros países.
El Panel Intergubernamental
sobre Bosques de las Naciones Unidas identificó como causas
de la deforestación y degradación de los bosques,
la falta de reconocimiento por parte del Estado de los derechos
territoriales así como del derecho de uso de los bosques
y de otros recursos a los pueblos indígenas y otros pueblos
que dependen de los bosques, como las comunidades afrocolombianas.
Como muestra, señalamos
también el plan estratégico para la plantación
de especies agrocombustibles sólo para el estado de Chiapas,
México –punta de lanza y ejemplo nacional- que establece
como superficie potencial en el estado de Chiapas, 900.000 has
(7ª parte de la superficie estatal). Ya se han establecido
al sur de la Selva Lacandona dos viveros para palma africana,
los más grandes de América Latina. Este megaproyecto
es calificado de ecocida y etnocida por permitir e impulsar la
titulación individual y posterior privatización
de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades campesinas,
conocidas en México como ejidos y bienes comunales.
· Apropiación ilegal de territorios, conflictos
por la tenencia de tierra y violaciones de los derechos humanos
La ocupación de los
territorios por el monocultivo de palma se ha hecho a costa de
los derechos de las comunidades locales y ha significado la destrucción
de su tejido social, su cultura y los ecosistemas biodiversos,
perjudicando así los medios de subsistencia de los que
depende su vida. Comunidades indígenas, campesinas y de
afrodescendientes han sido expulsadas violentamente o han sido
forzadas a desplazarse. En ocasiones, mediante violencia del Estado
u otros actores armados, engaños y presiones, terminan
arrendando, vendiendo o perdiendo sus tierras.
En el caso de Colombia, la
expansión del aceite de palma está relacionada con
graves violaciones y abusos de los derechos humanos. ONGs internacionales
en Colombia han documentado 113 asesinatos en la cuenca fluvial
de Curvaradó y Jiguamiandó, en la región
del Chocó, a manos de paramilitares que trabajan con compañías
palmicultoras, para que éstas se adjudiquen tierras que
legalmente pertenecen a comunidades afrocolombianas. Los grupos
paramilitares operan con el apoyo de la Brigada 17 de la Armada
Colombiana y son responsables de 13 desplazamientos forzosos.
La estrategia paramilitar desarrollada en complicidad con la armada
colombiana incluye bloqueo económico, asesinato selectivo,
masacres y tortura. A pesar de las evidencias de la ilegalidad
del establecimiento de las plantaciones de palma (como ha sido
reconocido por la oficina del Fiscal General y del Defensor del
Pueblo de Colombia; la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, etc.) y de la destrucción de vidas humanas, el
gobierno colombiano no ha tomado medidas efectivas para prevenir
esta situación o para restituir la tierra a las comunidades
afro colombianas.
La expansión de monocultivos
amenaza las vidas, tierras y costumbres de las comunidades afrodescendientes,
indígenas y campesinas no solo en el Chocó sino
también en Tumaco, Magdalena Medio, Vichada, Meta y las
regiones amazónicas. De acuerdo con el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, 200.000 personas son
desplazadas cada año en Colombia, completando los 4 millones
a lo largo de los 20 últimos años – la segunda
tasa de desplazamiento más alta del mundo – con expropiación
de más de 6 millones de hectáreas de tierras. La
mayoría de los desplazamientos forzosos están directamente
relacionados con cuestiones de tierras, lo que incluye la expansión
de los monocultivos de palma.
En Indonesia los conflictos
por la expansión de las plantaciones de palma han aumentado:
las grandes empresas están expropiando ilegalmente a los
agricultores y contratan vigilancia privada para imponer el estado
de hecho. Sólo en 2006 se documentaron 350 conflictos agrarios
y 1.753 casos de violaciones de Derechos Humanos.
También en Ecuador
las plantaciones de palma aceitera provocaron la pérdida
de bosques primarios únicos que constituían el territorio
comunitario y ancestral de comunidades, acabando con sus fuentes
de agua, alimentación, medicina, espiritualidad y cultura.
En la actualidad, el Plan Agrario y Forestal del gobierno tiene
previsto más de 450.000 h de palma, entre otros monocultivos
para la producción de agrocombustibles, ocupando bosques
tropicales y cultivos alimenticios en territorios indígenas,
afroecuatorianos y de comunidades campesinas. Su derecho humano
al agua será severamente violentado.
· Aumento del
uso de agrotóxicos
Los “Principios y Criterios
para la Producción Sustentable del Aceite de Palma”
del RSPO permiten el uso de plaguicidas muy tóxicos, que
son extremadamente perjudiciales para la salud humana y ambiental.
En su forma actual, los criterios sirven a los intereses de la
industria de los plaguicidas y no a la salud de los trabajadores
de las plantaciones de palma aceitera.
A pesar que se están
denunciando desde hace años los efectos nocivos del uso
de Paraquat (su mayor productor mundial es Syngenta) o Gramoxone
sobre la salud de mujeres y hombres que trabajan en estas plantaciones
de monocultivos de palma aceitera, cada año decenas de
miles de trabajadores se contaminan con estos agrotóxicos,
y muchos mueren al estar en contacto con estos plaguicidas extremadamente
peligrosos.
· Violación
del Derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria
La soberanía alimentaria
es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente
adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica,
y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.
La producción de aceite
de palma en el actual modelo económico globalizado, de
agricultura industrial –con monocultivos a gran escala-
y al ritmo de los intereses económicos, supone una competencia
con la producción de alimentos. No menos preocupante resulta
la contra-reforma agraria que acompaña este modelo, en
el cual grandes grupos industriales se hacen con el control de
amplias extensiones de tierra, profundizando así la explotación
laboral, la migración campo-ciudad, la pobreza, los conflictos
sociales y las violaciones de los Derechos Humanos.
Actualmente hay más
de 1.000 millones de personas en el mundo que sufren hambre y
desnutrición. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas estima que hay unas 100 millones de personas más
que no pueden comer debido al fuerte alza de los precios de alimentos
en los últimos tres años. Las razones son complejas.
Pero según un informe confidencial del Banco Mundial, los
agrocombustibles han provocado una subida de hasta un 75% en el
precio de los alimentos - mucho más de lo que se estimaba
anteriormente. Y hay un claro consenso entre los organismos internacionales
de que la creciente demanda de materias primas para agroenergía
es un factor importante. También la OCDE concluyó
que entre 2005 y 2007 “hasta un 60% del aumento de los precios
de los alimentos respondía al uso de cereales y aceites
vegetales para la industria de biocombustibles”.
El modelo agroindustrial acelera
además el Cambio Climático y éste a su vez
incrementa la pérdida de suelo fértil y, en consecuencia,
las hambrunas. Podemos afirmar que no frenar esta dinámica
supone aumentar deliberadamente el número de hambrientos
en el mundo y los conflictos por la tenencia de la tierra, lo
que constituiría un crimen de lesa humanidad.
En el caso de Guatemala, por
ejemplo, se han puesto en marcha mega-proyectos de palma aceitera
para la producción de agrodiesel, provocando un acelerado
cambio en el uso del suelo, que podría afectar la soberanía
alimentaria de las zonas rurales, así como el desplazamiento
de grandes contingentes de población campesina.
¿Quiénes ganan
con La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO)?
La Mesa Redonda de Aceite
de Palma Sostenible (RSPO), un proceso de certificación
voluntaria promovido por grandes ONGs y la industria, es una iniciativa
que va en contra de los intereses populares. Declaraciones de
actores involucrados en la RSPO, como la Asociación de
Productores de Palma de Indonesia (GAPKI), permiten ver claramente
que es un instrumento de expansión del negocio de la palma
y no una estrategia auténtica para contener sus impactos
ambientales y sociales. Muchas de las empresas miembros de la
RSPO siguen destruyendo grandes zonas de selva húmeda y
violando derechos humanos, como es el caso de Wilmar International
en la Isla de Bugala (Uganda) y en Indonesia, PT SMART, Agro Group
e IOI Group en Indonesia, FEDEPALMA en Colombia, o Unilever en
Indonesia, Malasia y Costa de Marfil.
Tal y como se presenta esta
iniciativa de RSPO en Colombia, en cuanto a sus planteamientos
y actores involucrados, es evidente que el interés principal
de este proceso de la “sostenibilidad de la palma aceitera”
es puramente comercial. No existe una auténtica intención
de contener sus impactos sociales y sobre los derechos humanos,
sino que silencia los graves crímenes, las irregularidades
y el control paramilitar relacionados con el agronegocio de la
palma aceitera.
Rechazamos la Mesa
Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) porque:
- Los principios y criterios que propone la RSPO para la definición
de sostenibilidad incluyen a las plantaciones a gran escala.
- La RSPO está diseñada para legitimar la expansión
continua de la industria de la palma aceitera.
- Cualquier modelo que incluya la conversión de hábitats
naturales a monocultivos a gran escala no puede, por definición,
ser sostenible.
- La RSPO está interesada en el crecimiento económico
y la ampliación de mercados del sector de aceite de palma,
pero no en la sostenibilidad social y ambiental.
- La RSPO está dominada por la industria y no se consulta
genuinamente a las comunidades afectadas.
- La participación de las ONG en la RSPO solamente legitima
un proceso inaceptable. Grandes organizaciones, entre ellas el
WWF, impulsan y avalan este proceso que no solamente no da respuesta
a los problemas reales de las poblaciones afectadas del Sur sino
que los agrava.
- El esquema de la RSPO posibilita que las empresas certifiquen
plantaciones individuales eludiendo la evaluación integral
de toda su producción. La plantación “estrella”
les permitiría mostrarse como “ambientalmente responsables”
aunque actúen de manera social y ambientalmente irresponsable.
Esto ya ha sucedido en el pasado con otros sistemas de certificación
de plantaciones industriales de árboles, como es el sistema
de certificación forestal del FSC.
- La RSPO es tan solo un intento más de disfrazar y negar
la realidad, así como de dar un “maquillaje verde”
que haga aparecer como “responsable” a un modo de
producción que es intrínsecamente destructivo y
ambiental y socialmente insustentable.
Denunciamos asimismo que,
sin prestar debida atención a todos los impactos de dimensiones
incalculables, la Unión Europea y otros organismos e instituciones
pretenden elaborar criterios formales de sostenibilidad para la
producción de materias primas para agrocombustibles. Sin
embargo, el cultivo de palma aceitera, como todos los monocultivos
agroindustriales, NO ES ni puede ser NUNCA sostenible.
Muchos daños provocados
por la agroindustria de la palma aceitera en los países
tropicales son ya irreparables. A pesar de eso, mediante esta
declaración reclamamos:
* La paralización total de nuevas deforestaciones y conversiones
de uso del suelo para el cultivo palma aceitera; no destruir ni
una sola hectárea más de ecosistemas naturales.
* La cancelación de
las relaciones comerciales de las empresas compradores de aceite
de palma con proveedores que destruyen los bosques y turberas,
y que son responsables o beneficiarios de violaciones de los Derechos
Humanos.
* La protección de
los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes
y comunidades campesinas afectados por plantaciones de monocultivos
a gran escala.
* Garantizar la reparación
integral de los daños humanos y ambientales generados por
la imposición de los monocultivos a gran escala y por las
violaciones de los derechos humanos por parte de fuerzas del Estado
y empresas privadas. Verdad, Justicia y Reparación para
las víctimas.
* Que se resuelvan todos los
conflictos de tierras existentes vinculados al monocultivo de
la palma, lo que implica restituir inmediatamente las tierras
ancestrales a las comunidades afrocolombianas e indígenas
afectadas por las plantaciones de monocultivos, e implementar
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
OIT.
* Que se respeten los derechos
de las comunidades locales sobre sus tierras y territorios.
* Que se escuchen, atiendan,
contesten y resuelvan los procesos judiciales, denuncias y otros
reclamos iniciados por parte de las comunidades afectadas
* No permitir más que
las organizaciones de lobby de los agronegocios, como es el caso
de esta RSPO, sirvan para justificar la expansión indiscriminada
del cultivo de la palma ni para garantizar un alto nivel de agronegocio,
beneficiando a las grandes empresas a costa del futuro de los
pueblos y el planeta.
* Una moratoria inmediata
para los incentivos, de la UE y de otros, a los agrocombustibles
y la agroenergía producto de monocultivos extensivos, incluidas
las plantaciones de árboles, y una moratoria a las importaciones.
Esto incluye la suspensión inmediata de todos los porcentajes
obligatorios y de incentivos tales como las exenciones de impuestos
y las subvenciones que benefician a los agrocombustibles procedentes
de monocultivos, incluidas las financiaciones a través
de mecanismos de negociación de carbono, de ayuda internacional
al desarrollo o de créditos otorgados por Instituciones
Financieras Internacionales como el Banco Mundial.
Estamos a tiempo de cambiar
de forma radical nuestra forma de producir, transformar, comercializar
y consumir productos agrarios y ganaderos. Para ello debemos,
por ejemplo:
* Detener la producción
industrial de alimentos que está contribuyendo al cambio
climático y a la destrucción de las pequeñas
comunidades rurales.
* Acabar con la privatización
de los recursos naturales.
* Desmantelar las empresas
de agronegocios, la especulación financiera con las materias
primas y las políticas económicas y comerciales
responsables de la crisis (y emergencia) alimentaria.
* Reemplazar la agricultura
industrializada por la agricultura campesina y familiar sustentable
apoyada por verdaderos programas de reforma agraria.
* Impulsar políticas
energéticas sostenibles. Consumir menos energía
y producir localmente energía solar y eólica y biogás
en lugar de promocionar los agrocombustibles a gran escala, como
es el caso actualmente.
* Implementar políticas
de agricultura y comercio a nivel local, nacional e internacional,
que apoyen a la agricultura campesina sostenible y al consumo
de alimentos locales y ecológicos. Esto incluye la abolición
total de las subvenciones que llevan a la competencia desleal
mediante los alimentos subsidiados.
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Si su organización desea adherirse a esta declaración,
por favor, envíe un mensaje de correo electrónico
con el nombre de su organización y el país a: unsustainablepalmoil@gmail.com
