La Plataforma de Solidaridad con los Actores Agrarios – SIF– y el Colectivo por la Defensa de las Tierras Malgaches –TANY– les envían un cordial saludo y les invitan a sumarse con su firma a la siguiente petición:
SALVEMOS A LOS CAMPESINOS MALGACHES DE LAS NUEVAS AMENAZAS SOBRE SUS TIERRAS
La formulación de políticas y de proyectos de ley del gobierno malgache actual muestra una tendencia peligrosa para el reconocimiento de los derechos sobre la tierra de los campesinos malgaches.
La Plataforma de Solidaridad con los Actores Agrarios – SIF– y el Colectivo por la Defensa de las Tierras Malgaches –TANY– convocan a una movilización masiva de los ciudadanos del mundo y les piden firmar la petición para que las autoridades malgaches adopten unas leyes que aseguren los derechos de los campesinos y de las comunidades locales sobre la tierra.
Firme por favor una vez la petición disponible en cuatro idiomas pinchando sobre uno de los siguientes hipervínculos:
http://terresmalgaches.info/spip.php?article106 (ESP)
http://terresmalgaches.info/spip.php?article104 (MG)
http://terresmalgaches.info/spip.php?article101 (FR)
http://terresmalgaches.info/spip.php?article102 (EN)
Luego recibirá un mensaje de correo electrónico con un hipervínculo que inicia con http://terresmalgaches..., sobre el que habrá de pinchar de nuevo para confirmar su firma.
Los proyectos de políticas y leyes agrarios aludidos así como algunas referencias adicionales para ampliar su conocimiento sobre este tema se encuentran en: http://terresmalgaches.info/spip.php?article103 (annexe)
4 octobre 2015
RANDRIANOMENJANAHARY Haingoarison Presidente de la Plataforma SIF Antananarivo - Madagascar RAKOTONDRAINIBE Mamy Presidente del Colectivo TANY París - Francia
SALVEMOS A LOS CAMPESINOS MALGACHES DE LAS NUEVAS AMENAZAS SOBRE SUS TIERRAS
La formulación de políticas públicas y varias leyes agrarias promovida por las autoridades malgaches sobre la utilización de la tierra con fines de inversión privada supone el riesgo de provocar la negación de los derechos agrarios de los campesinos y de las comunidades locales.
Contraviniendo su compromiso de fortalecer la reforma agraria, el gobierno malgache esta enterrándola. En detrimento del interés general, pone en entredicho los avances ya realizados por la misma. Sin embargo, esta reforma iniciada por la Política Agraria de 2005 ha permitido un avance frente al amargo legado de la colonización.
En virtud del principio de presunción de la propiedad privada, esta reforma reconoce los derechos de los ocupantes de propiedades privadas sin títulos, quienes desde hace un siglo no tenían los medios para acceder fácilmente a la formalización de sus derechos mediante la adquisición de títulos prediales. Gracias a esta reforma, los pequeños campesinos y las communidades rurales que constituyen el 80% de los malgaches están considerados como propietarios de estos predios sin títulos cuya gestión es responsabilidad de los municipios.
Los agentes de los servicios fiscales territoriales del Estado se han opuesto a los importantes avances obtenidos con la Política Agraria de mayo de 2015 en respuesta a la propuesta de la sociedad civil, de alcaldes y de otros actores sociales. Estos actores provocaron una huelga ilimitada que, entre otras cosas, fustigó la descentralización de la gestión territorial y la propuesta de confiar a los municipios la gestión de las reservas territoriales destinadas al desarrollo local y a la agricultura familiar.
A expensas de la mayoría de los malgaches, las autoridades cedieron a las exigencias corporativas de los sindicatos de los técnicos de los servicios de catastro, publicando la nueva Política Agraria de agosto de 2015.
De hecho, el gobierno malgache incumplió no sólo su compromiso con la reforma agraria sino también el principio de consulta amplia a los alcaldes y a las organizaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo, más bien abrió la puerta a medidas de expropiación y de expulsión de la población de las tierras que ocupan o en las que viven, beneficiando así a los inversores nacionales o extranjeros en el marco de una alianza público-privada.
Un proyecto de ley que no fue oportunamente informado a los ciudadanos, pero que fue aprobado el 23 de septiembre por el Consejo de Ministros, autoriza al Estado a iniciar “un procedimiento de expropiación y de declaración de utilidad pública, en caso de trabajos que hay que efectuar sobre un terreno que depende de la propiedad privada y en caso de la negativa del propietario de conceder un derecho en el mismo sitio necesario para la ejecución del contrato de colaboración pública privada”( Artículo 37).
El Estado malgache, utilizando de manera abusiva la noción de “utilidad pública”, hace retirar los derechos fundamentales de la mayoría de la población malgache y se propone expropiar y expulsar a los propietarios y ocupantes que se niegan a ceder sus tierras.
Los acaparamientos de tierras malgaches se hacen cada vez más recurrentes. La revisión del Código minero, vigente desde hace meses, así lo demuestra. Para la defensa de los intereses de las poblaciones locales afectadas por proyectos mineros, algunas organizaciones de la sociedad civil participaron en este debate y luchan por el mantenimiento de la moratoria vigente sobre los permisos mineros.
El gobierno actual hace la elección inversa. Pone en marcha desde ahora el proceso de transformación de los permisos de búsqueda en permisos de explotación, de renovación de los permisos expirados, y hasta de expedición de nuevos permisos. Sin esperar la finalización de la revisión del Código minero, entre 250 y 500 permisos estarían en trámite.
Es muchísimo lo que está en juego. El Código minero actual autoriza el otorgamiento de un cuadrado minero de una superficie máxima de 10 000 kilómetros cuadrados a una sociedad minera. En estas condiciones, 60 permisos para tal superficie bastarían para cubrir todo el territorio sin dejar espacio para ninguna otra actividad como la agricultura.
Por otro lado, gracias al Código de inversiones, las sociedades extranjeras tienen siempre la posibilidad de comprar tierras a través de un socio o de un testaferro malgache. Varias organizaciones de la sociedad civil reclaman la anulación de esta disposición que viola un tabú ancestral sobre las tierras consideradas como sagradas en la tradición malgache.
Para resistir a las amenazas graves de expropiación y expulsión de sus tierras de la mayoría de los ciudadanos y especialmente de los campesinos, particularmente en la perspectiva de la sesión próxima de la Asamblea Nacional malgache y de una reunión de donantes de Madagascar prevista para el 7 de octubre 2015 en Lima, Perú, unicamente una concienciación y una movilización de la opinión pública pueden influir en la política territorial a favor de los campesinos y de las comunidades locales.
La Plataforma de Solidaridad con los Actores Agrarios –SIF– y el Colectivo por la Defensa de las Tierras Malgaches –TANY– llamamos a los ciudadanos de todo el mundo a apoyar a las comunidades malgaches en necesidad y principalmente a los campesinos, firmando esta petición:
« Señor Presidente de la República de Madagascar
Señor Primer Ministro
Señoras y señores miembros del Gobierno malgache, particularmente Señor Ministro de Estado encargado de los proyectos presidenciales, de la organización de territorio y del equipo, encargado de la cuestión agraria
Señor Ministro encargado de la minería y de la explotación petrolera
Señoras y señores diputados,
Les pedimos a las autoridades malgaches promulgar leyes que aseguren las tierras de los campesinos y de las comunidades locales, excluyendo toda expropiación y expulsión, y revisar los proyectos de ley y las leyes vigentes que no cumplan con la inclusión de todos los actores de la sociedad civil y de todos los ciudadanos en los debates y en la toma de decisiones. »
http://terresmalgaches.info/spip.php?article106 (ESP)
http://terresmalgaches.info/spip.php?article104 (MG)
http://terresmalgaches.info/spip.php?article101 (FR)
http://terresmalgaches.info/spip.php?article102 (EN)
Muchas gracias.