Al sur del Parque Nacional Yasuní (ver Boletín Nº 96 del WRM) se libra una guerra desigual. Lanzas contra escopetas.
El Parque Nacional Yasuní tiene 982.000 hectáreas. Está localizado en territorio Huaorani, en las provincias de Napo y Pastaza, y forma parte de la llamada Zona Intangible, donde viven pueblos de las etnias Tagaeri y Taromenane en situación de aislamiento voluntario.
Si bien en la Zona Intangible están prohibidas las actividades extractivas como la explotación petrolera y la tala de los bosques, lo cierto es que existe allí desde hace años una intensa y violenta explotación forestal a vista y paciencia de la policía, funcionarios de medio ambiente y militares. Los camiones cargados de madera recorren impunemente vías fluviales y terrestres y atraviesan el campamento militar.
Cinco bloques petroleros se impusieron en territorio Huaorani y la compañía Petrobrás recibió licencia de explotación forestal. Las actividades petroleras requieren de vías de acceso por las que ingresan los madereros a los territorios de los Pueblos Indígenas Aislados. Las prolongadas presiones que éstos sufren, producto de la intervención maderera, petrolera y turística, han provocado el genocidio y la desaparición de varios de estos grupos en reiterados eventos violentos, tales como la masacre de mayo de 2003, cuando alrededor de 20 mujeres y niños del pueblo Tagaeri fueron asesinados en Tigüino. Nunca se ubicó a los culpables.
Las empresas madereras organizadas en la Asociación de Industriales de la Madera (AIMA), Corporación de Manejo Forestal Sustentable (COMAFORS) y la Corporación de Desarrollo Forestal y Maderero (CORMADERA) hicieron público a principios de este mes un comunicado en el que pretendieron deslindar los nexos entre la explotación maderera y las violaciones a los derechos humanos de los grupos Tagaeri y Taromenane. A la vez, exigen al Estado mayores prebendas para sus actividades, tales como dos millones de hectáreas para plantaciones, r ecursos económicos y canje de deuda externa para sus actividades de explotación de bosques y monocultivos de árboles, la desregulación de sus actividades y la desvinculación del Ministerio del Ambiente del control de las mismas, la entrega del control forestal a entidades privadas vinculadas a sus intereses, y la promoción de sistemas de venta anticipada de madera –todo ello supuestamente para una “explotación forestal sustentable”.
Por su parte, los Huaorani habían decidido tomar el control de su territorio ancestral. En una asamblea realizada en la comunidad de Nemopari a fines del año pasado, resolvieron impedir la explotación de los recursos naturales. El cónclave Huaorani se realizó con la presencia de 60 ancianos sabios. Según Vicente Enomenga, presidente de la organización Huaorani, ellos recomendaron al Consejo de Gobierno, la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana (Onhae), el cuidado de su entorno y de su vida.
Los Huaorani definieron que quedaba prohibido el ingreso de extraños a sus territorios, lo que incluye a los madereros procedentes tanto de Ecuador como de Colombia. El vicepresidente del Consejo de Gobierno advirtió que los habitantes indígenas no se responsabilizan por la seguridad de los foráneos.
En ese contexto es que el pasado 12 de abril fueron lanceados dos madereros en el sector de Cononaco, en la provincia de Orellana, y el 27 de abril, al sur de la referida provincia, en los límites con Pastaza, fuentes del Vicariato de Orellana y un dirigente Huaorani informaron del asesinato de varios miembros de la comunidad Taromenane --denuncian una cifra de 30 víctimas.
Pero ahora, según denuncias de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, un silencio cómplice se ha instalado en torno a la zona intangible. Las lanzas encontradas revelan que algo de extrema gravedad pasó, a pesar de lo cual se pretende ignorar la presencia de gente armada en la región. Los que dieron la voz de alarma y aquéllos que poseen información ahora estarían amordazados por el miedo. Nadie se atreve a hablar en contra de los madereros; su violencia, el poder económico que manejan parecen más fuertes que la justicia y el derecho.
Acción Ecológica reclama que se realice una investigación seria e imparcial de los hechos y que se tomen medidas de protección. Dichas medidas deben empezar por establecer una clara política de respeto a las áreas protegidas y a los pueblos indígenas que las habitan y que se detenga todo tipo de actividad extractiva a gran escala en estos lugares.
Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario representan verdaderos tesoros culturales al constituir la voluntad de persistencia étnica de las sociedades de la cuenca amazónica y al defender a través de su cultura amplias regiones de bosque húmedo tropical. Respetarlos es también proteger los bosques.
Artículo elaborado en base a información obtenida de: “ Ecuador: Denuncian genocidio de indígenas Taromenane, en aislamiento, por madereros ”, 12 de mayo de 2006, Ivonne Ramos, Acción Ecológica , cbosques@accionecologica.org, foresta@accionecologica.org ; “Conflicto en selva deja dos muertos de los Taromenane”, El Universo, y “ La violencia crece en el Yasuní”
El Comercio , ambas noticias del 29 de abril de 2006, en http://www.llacta.org/notic/2006/not0429a.htm ; “ Los sabios huao, a favor de la selva”, El Comercio, 1/11/2006, http://www.saveamericasforests.org/Yasuni/News/Articles/2006/1-11-06%20El%20Comercio%20The%20Wise%20Huaorani,%20In%20Favor%20Of%20The%20Forest.htm