En la lógica de privatizaciones en el Ecuador, el Ministerio del Ambiente, pretende delegar sus funciones y competencias a un organismo de derecho privado denominado CORFORE (Corporación de Promoción y Desarrollo Forestal del Ecuador).
El directorio de CORFORE estaría formado por representantes de las siguientes instituciones: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, CORPEI (Corporación de promoción de exportaciones e inversiones), AIMA (Asociación de Industriales de la Madera), CONIFOR (Colegio Nacional de Ingenieros Forestales), Federación de las Cámaras de Agricultura, y CODEMPE (Consejo de Desarrollo de Pueblos del Ecuador).
El CORFORE se encargaría de dictar las políticas y estrategias de desarrollo y fomento de programas y proyectos de manejo forestal productivo; determinaría las zonas de uso forestal permanente y tierras forestales; promovería el sistema de titularización de los bosques; desarrollaría programas de captación de carbono y servicios ambientales de los bosques y hasta definiría los criterios y valores para el otorgamiento de incentivos para el manejo de bosques nativos; promocionaría la certificación voluntaria, entre otras atribuciones.
En la justificación de la creación del CORFORE se dice que el Ecuador posee una "disponibilidad de bosques nativos". ¿Se referirá seguramente al 4% que queda de los bosques de la Costa Ecuatoriana o acaso a los catalogados como Patrimonio Forestal del Estado, o a los de los territorios indígenas y afroecuatorianos o a los de las Areas Protegidas? Este nuevo paso hacia la privatización --donde ahora los intereses madereros tendrán un poder legal de decisión que hasta ahora no tenían-- significará la pérdida de la enorme biodiversidad existente en los diversos ecosistemas boscosos del país e incentivará la sustitución de bosques por plantaciones forestales.
El acelerado proceso de deforestación que vive el país --calculado en alrededor 300.000 hectáreas al año-- que es uno de los más altos en Latinoamérica, será agravado debido a que la principal responsable de esta dramática situación, la industria maderera, dictará desde el CORFORE las políticas acordes a sus intereses económicos.
La Corporación obtendrá sus ingresos de la propia explotación maderera (pago por pie de monte), a través de fideicomisos (US$ 600.000 por la venta de plantaciones forestales de Cotopaxi), fondos de donaciones públicas y privadas, asignaciones del presupuesto general del Estado, canje de deuda externa, servicios ambientales, etc.
Por otra parte, este sector industrial tendrá acceso a recursos económicos que vendrán por concepto de captación de carbono a través del denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Dicho mecanismo es muy cuestionado porque en lugar de contribuir a la reducción de emisiones de carbono por parte de los países industrializados, se delega esta responsabilidad a países del sur a través de la plantación de monocultivos forestales que supuestamente actuarían como "sumideros" del carbono emitido por los países del norte.
A través del CORFORE se pretende además determinar el uso de los suelos, de acuerdo a los intereses de la industria, con la consecuente pérdida del derecho al uso de la tierra por parte de las poblaciones locales y en detrimento del Patrimonio Forestal del Ecuador y de los bosques en general.
Este proyecto está siendo tratado de manera secreta, sin ninguna transparencia y se lo pretende imponer al país de la misma forma en que se le impuso la privatización de recursos estratégicos del estado.
Como si lo anterior no fuera suficiente, en este momento en el Congreso Nacional se encuentra la propuesta de creación de otro organismo de derecho privado: la Corporación para la Promoción de la Biodiversidad (CORPROBIO). Su objetivo central sería el de colocar la biodiversidad en el mercado internacional. En palabras del propio Ministerio del Ambiente, el organismo buscará "generar sinergias entre el Estado, la sociedad y el sector privado, que potencien y promuevan el biocomercio mediante la generación de inversiones de impacto, sostenibles y sustentables, que permitan posicionar al Ecuador y sus recursos de biodiversidad con ventajas competitivas, a nivel global".
Sea lo que sea el significado de la cita anterior (¿qué significa inversiones de impacto sostenibles y sustentables?), lo cierto es que la propuesta fue elaborada por el Ministerio del Ambiente a espaldas de la sociedad civil y de los gobiernos locales. Es muy probable que la iniciativa sea presentada con bombos y platillos en la próxima Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad como un paso adelante. Para l@s ecologistas del Ecuador, poner la rica biodiversidad del país en las manos de quienes la están destruyendo constituye sin duda un enorme paso atrás.