El acaparamiento de tierras se caracteriza por la adquisición, por parte de compañías, fondos de inversión y mercados financieros en general, de grandes extensiones de tierra en países de África, América Latina y Asia, para diversos usos, como el monocultivo a gran escala, la minería, el turismo, las represas hidroeléctricas y la producción de alimentos para exportación (ver Boletín nº 177 del WRM). Esto tiene numerosas consecuencias para las comunidades y sus bosques, medios de vida y conocimientos tradicionales, para su presente y su futuro.
Uno de los impactos directos de la arremetida corporativa contra la vida y la naturaleza es el número de víctimas mortales entre quienes ofrecen resistencia.
Un nuevo informe de Global Witness revela que en todo el mundo se ha intensificado la violencia contra los activistas que luchan por la tierra, los bosques y la minería.
El valioso informe recientemente publicado – “A Hidden Crisis? Increase in killings as tensions rise over land and forests” – muestra la violencia creciente y las violaciones de los derechos humanos que conlleva la competencia por tierras y bosques.
Lo que sigue es un extracto editado de ese informe. El texto completo figura enhttp://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/A_hidden_crisis-FINAL%20190612%20v2.pdf
Global Witness contabilizó el número de personas a las que mataron en la última década (de 2002 a 2011 inclusive) mientras defendían sus derechos o los de otras personas, en lo referente al medio ambiente y, en particular, a la tierra y los bosques. Entre esos derechos figuran el de gozar de un ambiente sano; los derechos de los pueblos indígenas a su tierra y a los recursos de ésta, bosques incluidos; el derecho a la vida, a la subsistencia y a la libertad de expresión.
La investigación de Global Witness encontró que durante la década pasada 711 personas fueron muertas en diferentes lugares del mundo, o sea un promedio de más de un asesinato por semana. De ese total, 106 personas murieron en 2011, es decir casi el doble del número de víctimas de 2009. Eso comprende a quienes fueron blanco de ataques específicos o de enfrentamientos violentos durante manifestaciones, y a quienes investigaban o denunciaban operaciones mineras o forestales, actividades agrícolas o ganaderas intensivas, plantaciones de árboles, represas hidroeléctricas, desarrollo urbano y caza furtiva.
Los asesinatos fueron de diversos tipos: hubo muertes en enfrentamientos entre las comunidades y las fuerzas de seguridad estatales, desapariciones seguidas de muerte confirmada, muerte durante el arresto, asesinato de una o varias personas determinadas.
El documento revela una falta alarmante de información sistemática sobre el tema en muchos países, y ninguna vigilancia especializada a nivel internacional. Así, las cifras mencionadas están probablemente lejos de reflejar el número de muertos y el alcance real del problema. La investigación también revela que los países con mayor número de muertes denunciadas son Brasil, Perú, Colombia y Filipinas. En éstos y otros países (como Camboya, la República Democrática del Congo e Indonesia) existe una preocupación constante sobre la implicación del sector privado nacional y extranjero en estas muertes.
La investigación no encontró un alto índice de muertes en África. Se interpreta que podría deberse al escaso conocimiento de los derechos y a la falta de información en las zonas rurales del continente. También es probable que se deba a otros factores, como el hecho de que los Estados suelen ser propietarios de las tierras y los bosques. Por ejemplo, en África los bosques administrados por gobiernos representan el 98% del total, mientras que en Asia y América Latina el porcentaje es de 66% y 33% respectivamente. El informe de Global Witness encontró que la predominancia de la propiedad estatal de tierras y bosques puede haber contribuido a debilitar a las poblaciones rurales pobres, incapacitándolas para embarcarse en pleitos.
Otra tendencia que se señala es que la cultura de la impunidad, particularmente fuerte en muchos países, contribuye a debilitar las convicciones.
Estas tendencias son síntomas de la competencia cada vez más encarnizada por los recursos, y de la brutalidad y la injusticia que conlleva.
La presión sobre tierras y bosques ya ha cobrado un alto precio: sólo el 20% de los bosques originales del mundo se conserva intacto, y en los últimos 20 años se ha degradado el 25% de los suelos. Sin embargo, se prevé que la demanda mundial de tierras y bosques (para alimentos, fibras y otros recursos) seguirá en aumento, empujando las fronteras de la inversión hacia zonas donde la gestión, los derechos de posesión y el respeto de las leyes son inadecuados. Al intensificarse la competencia, la población rural y los activistas locales quedan en la línea de fuego.
A nivel mundial, es bien sabido que el principal factor del aumento de la demanda de tierras es la agroindustria, y ese aumento es exponencial. El Banco Mundial informó que las inversiones en tierras agrícolas se cuadruplicaron entre 2001 y 2009. África recibió la mayor parte de dichas inversiones (el 62% de los proyectos, que cubren un total de 56,2 millones de hectáreas), seguida por Asia (17,1 millones de hectáreas) y luego Latinoamérica (7 millones de hectáreas).
De Camboya a Perú, las comunidades rurales se enfrentan a más intimidaciones extremas, violencia, expulsiones forzosas y asesinatos. Entre las autoridades gubernamentales, las élites y el sector privado se hacen acuerdos secretos, sin que las comunidades locales que viven de la tierra o del bosque, y que en realidad suelen pertenecerles, puedan hacer valer sus derechos o su opinión al respecto. Es frecuente que dichas comunidades ganen poco o nada de la inversión.
Brasil, Camboya, Colombia, Indonesia, Perú y Filipinas son los países en los que son más frecuentes los crímenes cometidos por hombres uniformados que actúan por cuenta de intereses privados o gobiernos. En Filipinas, donde la “desaparición involuntaria” es considerada delito desde hace muy poco tiempo, ocurrieron 50 asesinatos en la última década, pero ninguno dio lugar a acciones judiciales.
El profesor Bill Kovarik, de la Universidad de Radford, Estados Unidos, realizó investigaciones sobre asesinatos en Asia y América Latina. Según él, “Es indiscutible que el número de muertes asociadas a la defensa del ambiente que han sido denunciadas por los medios asiáticos y latinoamericanos ha aumentado considerablemente desde el punto de vista estadístico. Es difícil saber si el número de muertes aumentó, o si se ha vuelto más difícil que pasen desapercibidas. Sólo se sabrá investigando más pero, de todos modos, estamos obligados a considerar esas violaciones de los derechos humanos como parte de una nueva tendencia que ya resulta visible”.
El documento presenta informes más detallados sobre los asesinatos de Chut Wutty (Camboya), Frédéric Moloma Tuka (República Democrática del Congo), Nisio Gomes (Brasil) y Eliezer “Boy” Billanes (Filipinas). Un artículo de The Guardian(http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jun/19/environment-activist-deaths) cuenta la historia de José Cláudio Ribeiro da Silva y Maria do Espirito Santo, asesinados por luchar contra las actividades madereras y agroindustriales en Brasil.
Todos ellos han dejado de ser meras cifras, para convertirse en los rostros de los numerosos líderes y lideresas comunitarias, indígenas y activistas que serán recordados y recordadas no sólo por su muerte sino, sobre todo, por su vida.
