En los últimos años el WRM ha coordinado con organizaciones locales de varios países de África, Asia y América Latina varias investigaciones para documentar los impactos de los monocultivos a gran escala sobre la gente y la naturaleza (véase http://www.wrm.org.uy/publicaciones/inicio.html#libros). En algunos de los estudios de caso se incluían plantaciones certificadas, en tanto uno de ellos (Uruguay) se centró exclusivamente en plantaciones certificadas por el FSC. Esta sección del boletín incluye breves resúmenes de los estudios de caso y evidencia algunas certificaciones problemáticas.
- Brasil: la certificación de las plantaciones de V&M y Plantar
El “Movimiento Alerta contra el Desierto Verde” es una amplia red de oposición a la expansión de las plantaciones en gran escala de eucaliptos en la región que comprende los Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahía, rio Grande do Sul y Río de Janeiro. Su existencia y lucha se originan en los impactos sociales y ambientales comprobados de esas plantaciones, algunas de las cuales actualmente cuentan con la certificación del FSC.
Un equipo de dicha red participó en un estudio de caso realizado a fines de 2003 (“Certificando lo incertificable. Certificación del FSC de plantaciones de árboles en Tailandia y Brasil” (http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/texto.pdf) e investigó las plantaciones de las empresas V&M y Plantar S.A. Reflorestamentos, certificadas por el FSC a través de las certificadoras Société Générale de Surveillance (SGS) y Scientific Certification Systems (SCS).
La empresa V&M posee 235.886 hectáreas de tierra en el Estado de Minas Gerais, distribuidas en 25 propiedades, cuyo tamaño oscila entre 1.000 y 36.000 hectáreas. Plantar es propietaria de unos 15 predios rurales, que totalizan 280.000 hectáreas.
El estudio comprobó que algunas de las plantaciones certificadas ocupan tierras usurpadas a sus habitantes originarios, con lo cual la certificación ha socavado las luchas de los pueblos locales por la recuperación de sus tierras. Se identificó, además, que existen otras disputas entre los pequeños agricultores y las compañías en relación con el uso de agroquímicos, el bloqueo de carreteras o la alteración del acceso y el manejo de los recursos hídricos.
La certificación del FSC también ha debilitado gravemente los derechos de los trabajadores: “No hay disculpa posible para el silencio absoluto que mantienen la SGS y la SCS en sus Resúmenes públicos y en los informes de control anuales, sobre los graves problemas laborales de las unidades de manejo forestal certificadas pertenecientes a las empresas V&M y Plantar, en especial teniendo en cuenta la relevancia del tema en la discusión política local y en la prensa y la televisión del estado de Minas Gerais. Condiciones de trabajo infrahumanas, jornadas excesivamente largas, trabajo infantil, tercerización ilegal de la mano de obra, condiciones de sujeción de los trabajadores, transporte irregular, trabajo insalubre y degradante, listas negras de dirigentes sindicales, falta de libertad y ausencia de autonomía sindical, son todos problemas que han sido objeto de innumerables artículos en los medios de prensa regionales y han estado en el centro de debates públicos en distintas municipalidades y en los parlamentos estaduales y federal”.
La recuperación de la tierra plantada con monocultivos de árboles para reconvertirla a bosques no es una tarea fácil, ni políticamente, ni en la práctica. En el caso de las plantaciones certificadas, la dificultad es todavía mayor y la certificación se transforma en un argumento del que se sirven los dueños de las plantaciones para enfrentarse a las comunidades locales.
El estudio de caso de Brasil también documenta cómo las plantaciones de eucalipto –incluyendo las de las dos compañías certificadas (V&M y Plantar)– han sido una de las causas principales de la destrucción de la vegetación nativa de “cerrado”. Como resultado, las comunidades locales se han visto privadas de sus formas de vida sostenibles. A los efectos de la certificación del FSC puede importar poco que las compañías de plantaciones hayan quemado el cerrado para obtener carbón e instalar plantaciones de eucalipto, ya que la destrucción tuvo lugar antes de noviembre de 1994. Sin embargo, “...el impacto de la destrucción del bioma se siente hasta el día de hoy; principalmente lo sienten los habitantes locales que perdieron gran parte de su flora, fauna y recursos hídricos, y sufrieron las consecuencias de la aplicación de los agroquímicos. Lejos de proteger lo que queda de la vegetación nativa, las miles de hectáreas plantadas con eucalipto terminaron convirtiéndose en un peligro”.
El estudio sostiene que los beneficios económicos y sociales provenientes de productos como el carbón vegetal utilizado en la producción de acero o la madera utilizada en la producción de celulosa para la industria del papel, son “reducidos si se los compara con los graves impactos producidos por las plantaciones industriales asociadas que afectaron las vidas de los trabajadores o los impactos socioeconómicos negativos que sufrieron las comunidades locales”.
Cabe destacar también un tema que tiene relación con el proceso de certificación en su conjunto: las irregularidades en el proceso de certificación que llevaron a un incumplimiento de los principios del FSC y a la influencia de intereses creados de las firmas certificadoras. El estudio concluye que el manejo forestal de V&M y Plantar infringe legislación nacional e internacional, como es el caso de algunos tratados de la Organización Internacional de Trabajo. En cuanto a la legislación ambiental, V&M y Plantar han incumplido la resolución que exige a emprendimientos de su tamaño, la obtención de permisos a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.
El informe documenta además que las plantaciones de V&M y Plantar no cumplen con algunos principios del FSC en la medida que la mayoría de las plantaciones se establecieron en tierras con vegetación nativa de cerrado. Contribuyeron a destruir este bioma amenazado, causando al mismo tiempo daños sociales, ambientales, culturales y económicos.
El FSC se enorgullece de la atención que dedica a los temas sociales. Su credibilidad se basa en la consulta a las organizaciones, comunidades y poblaciones locales. Sin embargo, en el caso de Brasil, el proceso de consulta fue muy pobre. El Resumen público sobre V&M enumera distintas “partes interesadas” con los que según la SGS se realizaron “reuniones y discusiones”, pero no comenta los resultados de esas reuniones y discusiones. Los miembros de los sindicatos de la lista de “partes interesadas” supuestamente consultados por la SGS, niegan haber sido consultados durante el proceso de certificación en 1998.
Por otra parte, los servicios de las firmas certificadoras son pagados por las compañías que desean obtener la certificación, con lo cual aquéllas tienen un fuerte incentivo para certificar rápidamente sin imponer demasiadas condiciones ni vigilar el cumplimiento de los principios del FSC en forma muy estricta.
Por último, los informes de las certificadoras con respecto a las plantaciones de las empresas referidas carecen de un análisis cuidadoso del universo socioeconómico de los lugares donde se encuentran las plantaciones y de una contextualización. Los informes reflejan que los auditores hicieron una interpretación subjetiva, desde la elección del contenido y los puntos prioritarios de su estudio, pasando por una selección de los interlocutores menos críticos, realizaron visitas de campo orientadas por un horizonte interpretativo sumamente estrecho e ignorando las referencias temporales y espaciales del territorio.
La conclusión del estudio es que: “Después de evaluar la certificación de las compañías Plantar S. A. y V&M, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esa garantía que se pretende dar a los consumidores, hoy no existe”.
