En 1998, el Banco Mundial y el WWF anunciaron una nueva “Alianza Forestal” con el objetivo de asegurar que para 2005 hubiera 200 millones de hectáreas de bosques certificados en los países clientes del Banco Mundial. La Alianza tuvo serias dificultades para lograr este objetivo. Como la mayoría de las actividades de madereo en realidad son llevadas a cabo por compañías madereras privadas, el componente principal del Grupo Banco Mundial (el BIRF), carece de influencia como para persuadir a las compañías a que mejoren sus normas de certificación, en tanto que la Corporación Financiera Internacional (CFI), que es el componente del Banco que invierte en el sector privado, todavía debe cambiar su política de conformidad con el resto del Banco Mundial y de todas maneras no forma parte de la Alianza. La Alianza admite que, hasta la fecha, solamente se han certificado alrededor de 22 millones de hectáreas de bosques conforme a normas creíbles en países clientes del Banco, pero la contribución de los proyectos del Banco Mundial y el WWF para asegurar ese total no está nada clara.
Para que un proyecto de explotación forestal sea financiado por el Banco, la nueva política exige que el proyecto haya sido certificado (artículo 9a) o tenga un plan para obtener la certificación (9b). La certificación debería exigir: cumplimiento con la ley, reconocimiento y respeto de los derechos de uso y tenencia de la tierra, documentados o consuetudinarios, así como de los derechos de los pueblos indígenas y trabajadores; medidas para conservar o mejorar relaciones armónicas y positivas de la comunidad y beneficios múltiples; conservación de la biodiversidad y funciones ecológicas; monitoreo y evaluación. Además, la certificación debe ser justa, transparente, independiente, basada en la evaluación de terceros, eficiente desde el punto de vista de sus costos, basada en normas de desempeño definidas a escala nacional que sean objetivas y mensurables, compatibles con principios y criterios de manejo forestal sustentable aceptados internacionalmente, elaborados con la participación genuina de la población y las comunidades locales y otros miembros de la sociedad civil, y concebidas para evitar los conflictos de intereses. El único sistema que se acerca apenas a cumplir esos criterios es el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés), pero la Alianza entre el Banco Mundial y el WWF ignoró muchos de los problemas del proceso de certificación del FSC. Un análisis de los 11 “criterios” del Banco para un programa de certificación “creíble” demostró que el FSC probablemente fracasaría en por lo menos 7 de ellos.
No obstante, en los casos en que el Banco Mundial ha realizado importantes intervenciones en el sector forestal, como en la República Democrática del Congo (ver el artículo “República Democrática del Congo: después de la guerra, la lucha por el bosque” en este número), no hay pruebas de que se hayan aplicado esos criterios. La vigilancia que hace la Alianza entre el Banco Mundial y el WWF del proceso de esos emprendimientos es también motivo de cuestionamiento.
Según el Artículo 9b, el Banco podría financiar un proyecto en un bosque que todavía no haya cumplido los requisitos de certificación sujeto a “un plan de acción en etapas aceptable para el Banco para obtener la certificación”.
Además, en su nueva Estrategia sobre Bosques, el Banco adujo que había:
“acordado con importantes organismos conservacionistas internacionales que promovería el uso generalizado de criterios e indicadores internacionalmente aceptados para el manejo sustentable del bosque. Esos criterios incluyen los definidos por el ITTC, discutidos en el IPF [e] IFF, y encarnados en los principios y criterios de organismos tales como el Consejo de Manejo Forestal”.
Hay otros problemas fundamentales con este elemento de la Política sobre Bosques del Banco:
- Ni la Estrategia ni la Política son claras en absoluto sobre qué ocurre en el caso de que las compañías con certificación al momento de recibir los préstamos o garantías del Banco, dejen de cumplir con su “plan de acción” para lograr la certificación. ¿El Banco exigiría el reembolso de los préstamos o donaciones?
- La Estrategia y la Política no resuelven la paradoja obvia de que, según sistemas de certificación “creíbles” como el FSC, un criterio importante para la certificación es que la actividad forestal sea “económicamente sustentable”. Si las actividades certificadas ya son económicamente sustentables, no queda claro cuál sería el propósito o valor de brindarles financiamiento del Banco Mundial.
En los hechos, al igual que muchos otros elementos de la “Estrategia” sobre Bosques y de los compromisos contraídos por el Banco en 2002, tampoco se han aplicado los requisitos de certificación. Los autores de este informe no conocen ningún caso en que el BIRF/AIF haya exigido realmente certificación asociada a un préstamo o donación al sector forestal, si bien se brindaron algunos fondos para desarrollar normativas nacionales de certificación, en especial en Europa del Este.
En la Estrategia sobre Bosques, el Banco sugirió que se incluyera un experto en certificación en algún Grupo Especial Asesor que sería llamado para todos los proyectos de explotación forestal de “Categoría Ambiental A”. Sin embargo, como se ha señalado en otra parte de este informe, el Banco ha debilitado significativamente el grupo especial y ha evitado el requisito de la certificación, ya sea rebajando la categoría de proyectos forestales controvertidos a “Categoría Ambiental B”, o dándole intervención al sector forestal dentro de los Créditos para Ajuste Estructural que no están sujetos a la Política sobre Bosques.
Por Forest Peoples Programme, correo-e: info@fppwrm.gn.apc.org , http://www.forestpeoples.org, y The Rainforest Foundation-UK, correo-e: simonc@rainforestuk.com , http://www.rainforestfoundationuk.org
