Dos grandes empresas forestadoras nacionales (FYMNSA y COFUSA), una finlandesa (Botnia-UPM/Kymmene) y una española (Ence-Eufores), han recibido el certificado del FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Manejo Forestal). Ese certificado permite a las empresas asegurar que sus “bosques” (¡de eucaliptos y pinos!) son manejados de manera ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable. Al menos eso es lo que afirma el mandato del FSC. Sin embargo, un reciente estudio llevado a cabo en Uruguay demuestra exactamente lo contrario.
En lo referente a la biodiversidad, resulta insólito que ninguna de las empresas certificadoras haga referencia al principal ecosistema del país (la pradera), donde se desarrolla el mayor número de especies vegetales, de las que a su vez depende gran parte de la fauna nativa. La explicación es sencilla: las plantaciones están establecidas precisamente en áreas de pradera. Las opciones entonces eran solo dos: o ignorar el tema o negar la certificación. SGS y SmartWood (las dos certificadoras involucradas), optaron obviamente por la primera.
Para agravar el problema, estos grandes monocultivos certificados están impactando sobre el agua, lo que implica efectos en cadena sobre las numerosas especies vegetales y animales vinculadas a humedales, espejos y cursos de agua, que o bien desaparecen o disminuyen su caudal. Al mismo tiempo, impactan sobre la muy poco estudiada flora y fauna de los suelos, para gran parte de la cual estas plantaciones constituyen o un desierto alimenticio o un ambiente tóxico.
Los cambios en la biodiversidad generados por estos monocultivos certificados han resultado además en impactos sobre las poblaciones locales. En efecto, estos desiertos alimenticios para la fauna local están vacíos de gente. Ello los convierte en excelentes refugios para jabalíes y zorros, que se alimentan de las producciones agropecuarias de la zona, matando corderos y aves de corral, al igual que de los cultivos de los agricultores, volviendo así casi imposible la supervivencia de esa gente.
Al mismo tiempo, la ruptura del equilibrio ecológico resultante de estos extensos monocultivos de árboles ha dado lugar a un gran incremento en las poblaciones de víboras ponzoñosas, que atentan contra la vida de los trabajadores forestales y de las poblaciones vecinas (y sus animales), que ahora encuentran estas peligrosas víboras hasta adentro de sus casas.
Por esas y otras razones constatadas en el estudio mencionado, queda claro que no se trata de un manejo “ambientalmente apropiado” de los recursos naturales.
En lo social, se confirmó que estas plantaciones generan cambios negativos en el medio rural (latifundización y extranjerización de la tierra, despoblamiento del medio rural, desaparición de otras actividades productivas, impactos sobre otras producciones agropecuarias), escaso empleo en condiciones de trabajo precarias (sistema de contratistas, trabajo temporal, bajos ingresos, trabajo a destajo, escaso cumplimiento de la legislación laboral) y es poco lo que aportan como beneficios a las comunidades locales. Por consiguiente, no se puede afirmar que constituyan un manejo “socialmente beneficioso”.
En lo económico, el estudio muestra que las empresas plantadoras han recibido todo tipo de apoyos directos e indirectos del Estado (subsidios, exoneraciones impositivas, créditos blandos, construcción de carreteras, mantenimiento de la caminería rural afectada por los pesados camiones vinculados a actividades de estas empresas). Esos apoyos económicos directos, unidos a la externalización de los impactos ambientales (sobre agua, flora, fauna) y sociales (mano de obra barata y malas condiciones laborales mediante el uso del sistema de subcontratistas, perjuicios a otras actividades rurales) han sido fundamentales para viabilizar económicamente una actividad que sin ellos hubiera sido inviable. Es decir, que de ninguna manera constituyen una actividad “económicamente viable”.
La conclusión es clara: los grandes monocultivos de árboles implantados en Uruguay nunca debieron ser certificados por el FSC, precisamente porque son “ambientalmente inapropiados, socialmente perjudiciales y económicamente inviables”. Esta certificación otorga un maquillaje verde a una actividad cada vez más cuestionada en Uruguay y debilita a quienes buscan un modelo de desarrollo ambientalmente apropiado y socialmente beneficioso … que es precisamente lo que la mayoría de los miembros del FSC quieren que la certificación apoye.
* El estudio “El maquillaje verde de la forestación en Uruguay: análisis crítico de plantaciones certificadas por el FSC”, por Ricardo Carrere, será publicado en breve en castellano e inglés.
