Llamamos a organizaciones de derechos humanos, Pueblos Indígenas, movimientos sociales, sindicatos, instituciones académicas, redes de solidaridad y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a sumarse a este llamado urgente.
Cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) fueron detenidos durante un violento desalojo en la comunidad garífuna de San Juan, municipio de Tela, en la costa caribeña de Honduras. El hecho ocurrió a principios de julio y si bien las personas fueron liberadas, enfrentan procesos penales por “usurpación agravada” de su propio territorio.
Esta criminalización se da en un contexto de intensificación de la violencia contra las comunidades garífunas y está vinculada con la entrada en vigor de la “Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas", cuyo contenido amenaza la sobrevivencia de comunidades y pueblos, especialmente de aquellas que defienden la tierra y el territorio.
Convocamos a expresar solidaridad de dos maneras:
1 - Enviar una carta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras solicitando el cierre del proceso penal contra integrantes de la comunidad garífuna de San Juan y recordando la obligación del Estado hondureño de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protegen los derechos territoriales del pueblo garífuna.
La solidaridad internacional ha sido fundamental para la defensa de los derechos humanos en Honduras. Su voz puede contribuir a que el Estado garantice el respeto a sus obligaciones internacionales y proteja a quienes defienden pacíficamente sus territorios ancestrales.
Envíe su carta a: wvallecillo@poderjudicial.gob.hn y presidencia@poderjudicial.gob.hn
2 - Adherir a través del formulario en este link a la carta a Wagner Vallecillo Paredes, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Honduras (la fecha límite para adhesiones es el jueves 7 de agosto de 2026):
A Wagner Vallecillo Paredes
Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del
Poder Judicial de Honduras
PRESENTE
Distinguido Magistrado,
Por este medio, las organizaciones que suscribimos nos dirigimos a Usted luego de haber recibido información especialmente preocupante entorno a la criminalización y persecución judicial ilegal que enfrentan cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta.
Las cinco personas fueron detenidas cuando efectivos policiales acudieron a la comunidad de San Juan para ejecutar un desalojo violento e ilegal. Fueron posteriormente puestos en libertad, sin embargo continúan procesadas acusadas de “usurpación agravada” de su propio territorio. Esta criminalización se da en un contexto de intensificación de la violencia contra las comunidades garífunas y está vinculada con la entrada en vigor de la “Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas", cuyo contenido amenaza la sobrevivencia de comunidades y pueblos, especialmente de aquellas que defienden la tierra y el territorio.
Señalamos que el juicio contra las cinco personas defensoras integrantes de la OFRANEH es a todas luces ilegal y arbitrario.
Por un lado, atenta contra los derechos territoriales ancestrales del pueblo garífuna reconocidos a nivel internacional:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido cuatro sentencias en las que condena al Estado Hondureño, reconoce y protege los derechos territoriales ancestrales de las comunidades garífunas: Sentencia Comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz vs Honduras (2015); Sentencia Comunidad garífuna de Punta Piedra vs Honduras (2015); y Sentencia Comunidad garífuna de San Juan vs Honduras (2023), y la Sentencia Comunidad garifuna de Cayos Cochinos vs Honduras (2026).
En sus sentencias la Corte IDH ordena entre otras medidas la restitución de tierras y reconoce la propiedad colectiva; también reconoce los graves impactos que significan las violaciones contra los derechos del pueblo garífuna especialmente al tomar en cuenta la estrecha vinculación que guardan con sus tierras, sus recursos naturales y los elementos incorporales que se desprenden de ellos.
Por otro lado, esta persecución judicial ilegal genera afectaciones especialmente graves no solo para las cinco personas directamente afectadas, sino que se extienden a su organización, comunidad y atentan contra su legítima y reconocida labor de defensa de derechos humanos.
A respecto manifestamos nuestra suma preocupación por la campaña de odio racial que ha ido creciendo contra el pueblo Garífuna a partir del inicio de la persecución judicial ilegal contra cinco de sus integrantes. Nos preocupan de sobremanera las múltiples declaraciones y publicaciones con tinte racista que han señalado falsamente que exista controversia sobre la propiedad de la tierra en San Juan cuando la sentencia de la Corte IDH estableció de manera inequívoca que es colectiva y de las comunidades garífunas.
Señalamos que conocemos el trabajo que realiza la OFRANEH y las comunidades garífunas organizadas. Su labor es legítima, inspiradora y reconocida nacional e internacionalmente. Han desarrollado de manera incansable acciones sostenidas dirigidas al cuidado del medio ambiente y a la construcción de condiciones de vida digna para sus habitantes en un contexto de abandono de las instituciones, desigualdad, pobreza y racismo.
Con base en lo anterior, Distinguido Magistrado, le solicitamos respetuosamente que tome todas las acciones necesarias para:
• Garantizar el cese inmediato y definitivo de la persecución judicial ilegal contra las cinco personas defensoras integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta.
• Garantizar el debido y total cumplimiento de las cuatro sentencias emitidas por la Corte IDH a favor del pueblo garífuna.
• Prevenir cualquier otra situación de criminalización y judicialización en contra del pueblo garífuna.
• Garantizar el cese de la campaña de odio racial que ha ido creciendo en contra del pueblo garífuna y pone en peligro su integridad y legítima labor.
Desde nuestras organizaciones nos mantendremos especialmente vigilantes de esta situación.
Quedamos atentas a la respuesta que brinde a la presente.