São Tomé y Príncipe: voluntad popular pone freno a la expansión de las plantaciones industriales de palma

 

En uno de sus últimos trabajos - “Oil palm in Africa: Past, present and future scenarios”, diciembre de 2010 -, nuestro querido compañero Ricardo Carrere brindó un panorama histórico y actualizado de los monocultivos de palma aceitera en África (ver en http://wrm.org.uy/oldsite/countries/Africa/Oil_Palm_in_Africa.pdf, en inglés)
La palma aceitera ha sido un cultivo tradicional de numerosos países africanos, que, procesado artesanalmente, les ha servido para usos domésticos y locales, desde cestería hasta producción de vino (de palma), aparte del aceite extraído de la planta, que ha revestido gran importancia para la economía local.

No obstante, la demanda internacional del aceite de palma para la industria comestible, de cosmética y más recientemente para agrocombustibles, abrió una puerta grande a la expansión de plantaciones en gran escala de palma aceitera, impulsada por grandes empresas del agronegocio.

En el caso de São Tomé y Príncipe, la palma aceitera crecía naturalmente en las islas deshabitadas, pero su uso se remonta a la época de la invasión portuguesa, cuando los invasores introdujeron el cultivo de caña de azúcar a base de mano de obra esclava. Fue así que llegaron africanos de Benin, Congo y Angola, quienes trajeron consigo los usos tradicionales de la palma aceitera.

Posteriormente a la independencia de São Tomé y Príncipe, en 1975, con dineros del Banco de Inversión Europeo y de la Comunidad Europea se estableció en el sur de la isla São Tomé una plantación de palma aceitera en 650 hectáreas y una fábrica de aceite de palma (Empresa de Óleos Vegetais - EMOLVE).

EMOLVE finalmente dejó el negocio, pero en 2009 llegó a la isla la empresa belga-francesa Socfinco, registrada localmente como Agripalma, que es parte del poderoso grupo inversionista Bolloré, con sede en Francia.

Socfinco tenía como proyecto la producción de aceite de palma para la fabricación de agrocombustibles en Bélgica, para lo cual planeaba plantar unas 5.000 hectáreas entre Príncipe y São Tomé.

En 2009, el Estado realizó la concesión de esas tierras a la empresa Agripalma, pero la población de Príncipe, según registra la publicación local Téla Nón, rechazó el acuerdo e impidió que el establecimiento de plantaciones industriales de palma en su isla destruyera más de 1.000 hectáreas de bosques.

En São Tomé, en cambio, el acuerdo prosperó, e incluso el gobierno procuró conseguir más tierras en esta isla como forma de compensar las 1.000 hectáreas negadas en Príncipe y así dar cumplimiento al acuerdo con Agripalma.

Fue así que los habitantes de São Tomé comenzaron a ver a camiones retroexcavadores avanzando sobre los bosques prístinos de la región sur de la isla, donde la naturaleza exuberante, alimentada por varios ríos y riachuelos, se despliega en la mayor cuenca hidrográfica del país.

Las retroexcavadoras de Agripalma afectan también la base alimentaria de la población local, que gira en torno al coco, cultivo que comenzó a escasear. “Nuestros padres y abuelos cultivaban aquí. Lo cierto es que ahora nos arrebataron todas las tierras para que Agripalma plantara palmeras. El coco es una de las cosas que garantiza nuestra alimentación aquí, y van a destruir todos los cocoteros. ¿Qué vida tendremos?”,, reflexionaba un joven de la aldea de Monte Mário.

“El gobierno decidió que al país le convenía más cambiar toda su biodiversidad, única en el mundo, por unas cuantas toneladas de aceite…!”, fue una de las protestas que comenzaron a levantarse a medida que avanzaba la devastación.

Fue así que algunos habitantes de São Tomé comenzaron a movilizarse para luchar contra lo que consideran un crimen ambiental de Agripalma, presentando ante la justicia una medida cautelar contra el avance de los caterpillars y motosierras de la empresa en los bosques del sur de la isla, más concretamente en la zona del parque natural de Obo.

A fines de julio pasado, el tribunal se expidió dando lugar la demanda y estableciendo restricciones a las actividades de la empresa Agripalma, tales como que se abstenga de deforestar en las proximidades del parque natural Obo, los cerros, las zonas costeras y otras que puedan poner en peligro o destruir la flora y fauna protegidas. La jueza que expidió el fallo dispone también que Agripalma debe dejar 40 metros en cada margen de río, riachuelos o lagunas, lo cual deja a la empresa en infracción ya que, según registró Téla Nón, prácticamente sobre las márgenes del río Caué existe una vasta superficie deforestada donde ya plantaron varios centenares de palmeras. También devastada para la plantación de palmeras está la colina próxima a dicho río.

El tribunal advirtió que el proyecto de Agripalma debe ser redimensionado a una superficie que no afecte la reserva, lo cual deja prácticamente inoperante el proyecto ante la falta de tierras que cumplan ese requisito y a la vez sirvan a la empresa.

Si bien la decisión judicial no suspendió las actividades de Agripalma, estableció una serie de limitaciones que las frena y que para el grupo civil que se movilizó ante el avance de las plantaciones de palma, significa un logro. Ante todo, el fallo demuestra que es en la voluntad popular organizada donde radica la fuerza para hacer frente a la destrucción.

Basado en información de: “Tribunal mostra sinal de STOP à empresa Agripalma” , agosto de 2013, Abel Veiga, Diario Digital de São Tomé e Príncipe -TÉLA NÓN, http://www.telanon.info/sociedade/2013/08/12/14103/tribunal-mostra-sinal-de-stop-a-empresa-agripalma/; “Sociedade civil denuncia crime ambiental na zona sul de São Tomé”, Abel Veiga, Diario Digital de São Tomé e Príncipe -TÉLA NÓN, http://www.telanon.info/sociedade/2013/06/04/13409/sociedade-civil-denuncia-crime-ambiental-na-zona-sul-de-sao-tome/