Colombia

El 14 de marzo se celebró el Día de Acción Internacional Contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida y el Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas, Movimiento Ríos Vivos convocó a las comunidades a movilizarse de diversas formas y formar parte de las jornadas programadas para ese día, en solidaridad con la marcha pacífica de las personas desplazadas por el megaproyecto Hidroituango.

Hace más de 20 años que en Colombia avanzan los monocultivos forestales para beneficio de empresas transnacionales, quienes han contando y siguen contando con políticas oficiales que los favorecen. Para analizar esta expansión que acapara territorios, viola derechos y desplaza comunidades, la organización CENSAT Amigos de la Tierra Colombia realizó en Bogotá, en el marco de las acciones por el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, 21 de setiembre, el foro “Plantaciones forestales en Colombia. Una mirada crítica”.

Por Guadalupe Rodríguez,  Salva la Selva El precio del oro está en alza por décimo año consecutivo, dado que inversores, operadores y bancos centrales lo han buscado como refugio seguro. Se espera que se mantenga esta tendencia. La posesión de oro da seguridad frente a la situación inestable de la economía global, por lo que todos desean el codiciado metal. Y esto tiene consecuencias. Descargar el documento completo aquí

El oro está en alza por décimo año consecutivo. Últimamente inversores, operadores y bancos centrales lo han buscado como refugio seguro frente a la situación inestable de la economía global. Esto tiene graves consecuencias ya que la extracción de oro es una de las prácticas mineras más destructivas y contaminantes. Los ojos de las compañías mineras se han posado en América Latina, y en Colombia se ha encendido una auténtica fiebre del oro. Por otro lado, la resistencia popular en defensa de la vida, el agua, el medio ambiente y la cultura se intensifica día a día.

Cuando se habla de violación de los derechos humanos, no es posible dejar de hablar de Colombia. Cuando se habla de la brutal expansión de las plantaciones de palma aceitera en territorios comunitarios, no es posible dejar de hablar de Colombia. Allí, ambos temas van de la mano.

El Chocó biogeográfico es una región neotropical (es decir, que incluye los mayores bosques tropicales) cuya alta pluviosidad, condición tropical y aislamiento han contribuido a que sea la más diversa del planeta. En Colombia abarca la Región Costa Pacífica y, entre otros, el departamento del Chocó, ubicado entre las Selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan.

En Colombia, el Estado utiliza la criminalización de las organizaciones sociales y de base como uno de los mecanismos de represión destinado a imponer forzosamente los agronegocios del mercado global, obras de infraestructura o la extracción de recursos naturales con altos costos humanos, sociales y ambientales.

Parece una bofetada. La agroindustria de la palma aceitera ha escogido precisamente el 16 de octubre, Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, y al país de América Latina más golpeado por la palma aceitera –Colombia- para celebrar la Primera Reunión Latinoamericana de la “Mesa Redonda de Aceite de Palma Sustentable” (RSPO).

Desde el inicio de la presente década, todas las áreas de expansión de las plantaciones de palma en Colombia han coincidido geográficamente con áreas de expansión y presencia paramilitar. Hasta tal punto que algunas de las nuevas plantaciones en desarrollo se han financiado como proyectos productivos para los mismos desmovilizados del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que antes incursionaron en esas mismas zonas.

En el municipio de Puerto Wilches, dentro de la Zona Central definida por el “Plan Agrícola para la Implementación del Programa de Biodiesel”, se desarrolla una gran parte de la agricultura de Santander, donde, según el documento del referido Plan, la palma africana abarca unas 21 mil hectáreas sembradas, que corresponden a un 91,7% de la producción del departamento.

El 28 de marzo de 2006, en medio de una fuerte presión del gobierno y de la industria maderera, se aprobó en Colombia la ley 1021, conocida como “Ley Forestal” (ver boletín Nº 105 del WRM), que permitía que los grandes inversionistas madereros accedieran fácilmente y con privilegios a los bosques del país, comprometiendo así el futuro de los bosques tanto públicos como de propiedad de las comunidades indígenas y afrocolombianas.