Como se ha informado en anteriores boletines del WRM, los bosques de Liberia han sido largamente explotados para alimentar los conflictos en este pequeño país de África Occidental. En Liberia se encuentran los dos últimos bloques continuos del bosque de Alta Guinea, que alberga más de 2.000 plantas con flores, de las que unas 240 son especies madereras, y de las cuales 60 se han cosechado con fines comerciales.
A partir de los años 1990 los bosques de Liberia han sido saqueados por rebeldes y empresas madereras de dudosa reputación e incluso utilizados por el antiguo presidente para financiar la guerra, no solamente en Liberia sino también en Costa de Marfil y Sierra Leona. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reconoció la función de la madera en la guerra civil de Liberia y en diciembre de 2003 y diciembre de 2004 impuso sanciones al comercio exterior de madera liberiana. Luego de haber estudiado los avances del Gobierno Nacional de Transición de Liberia en relación con las reformas del sector de bosques, el Consejo de Seguridad extendió por un año más las sanciones a la madera liberiana, y las confirmó durante la revisión preliminar, en junio de 2005.
Un informe reciente realizado por un grupo de expertos para el Consejo de Seguridad de la ONU indica que en el gobierno de transición la corrupción es generalizada. Los informes desde el lugar describen a los sospechosos de siempre haciendo un último intento de saquear los recursos antes de las elecciones, que se llevarán a cabo en octubre de 2005. El informe del grupo de expertos indica que el gobierno de transición ha hecho muy poco para cumplir con los criterios elaborados durante la conferencia de Naciones Unidas sobre reconstrucción internacional, que se realizó en febrero de 2004. Entre estos criterios se incluyen aquéllos necesarios para levantar las sanciones a la madera.
La Coalición de organizaciones no gubernamentales de Liberia declaró recientemente, en una carta dirigida al Consejo de Seguridad, que el gobierno de transición no había logrado “prácticamente nada en relación con el restablecimiento de su autoridad sobre zonas clave de producción de recursos naturales”. Actualmente hay aproximadamente 4.000 personas que residen dentro de los límites del parque nacional de Sapo, una de las dos zonas forestales protegidas del país. Al mismo tiempo que gran cantidad de desplazados internos han buscado refugio en los bosques, muchos ex rebeldes han establecido minas ilegales dentro de los límites del parque. Junto con estos campos mineros ilegales llegan pequeñas comunidades que montan “negocios” para ganar el poco dinero que puedan para sobrevivir. Prácticamente siempre estas comunidades temporarias aumentan la demanda de carne de animales silvestres, deteriorando aun más un ecosistema que ya es frágil. Recientemente los desplazados internos se han hecho oír respecto de la injusticia que han sufrido, pues los ex rebeldes, que asesinaron y violaron a sus vecinos, reciben $ 300 para dejar sus armas, además de educación gratuita, en tanto la gente que sufrió a manos de ellos no recibe nada.
La Coalición de ONG también ha declarado que algunos integrantes de la UNMIL (Misión de las Naciones Unidas en Liberia), cuyo mandato es “ayudar al Gobierno de Transición a restablecer el control y la gestión adecuados de los recursos naturales en Liberia”, no solamente no han estado a la altura de este mandato sino que aparentemente están cooperando con operadores ilegales de la madera. Por ejemplo, el aserrado manual fue prohibido en 2000 por la Autoridad Forestal, pero continúa ocurriendo gracias a permisos de origen dudoso; el director administrativo de la Autoridad Forestal declara que en los permisos emitidos en 2003 y 2004 se falsificó su firma. El grupo de expertos, trabajando en colaboración con las ONG locales, informó que camiones cargados con madera aserrada pasaban por los puestos de control tarde en la noche con el apoyo tácito de algunos funcionarios de la UNMIL. También se alega que el personal de la UNMIL ha estado involucrado en el comercio de oro y diamantes extraídos de minas ilegales.
La buena noticia es que una reciente revisión del sistema liberiano de concesiones madereras concluyó que es necesario volver a foja cero y que deberían revocarse todos los acuerdos existentes sobre concesiones forestales. Según la Coalición de ONG, el comité revisor trabajó en medio de formidables dificultades, aplicó las normas más altas en sus investigaciones y entregó los resultados en fecha. Estos resultados deben ahora aprobarse y enviarse al presidente del gobierno de transición, Gyude Bryant, para su aprobación. Muchas de las concesiones fueron otorgadas por el ex presidente Taylor en violación de la legislación forestal nacional.
Aunque ciertamente se trata de buenas noticias para quienes trabajan en la reforma del sector de bosques de Liberia, queda mucho por hacer antes de comenzar cualquier tipo de sistema para el otorgamiento de concesiones. Una investigación ecológica realizada en 1978 recomendó la protección de los parques nacionales de Lofa-Mano, Sapo y Cestos-Senkwehn y las reservas naturales de Nimba, Wonegizi Mountain, Cape Mount & Coastal Forest y Cavally. En aquella época se brindó protección a una sola de estas zonas, y a partir del alto el fuego se acordó otra más debido a las presiones ejercidas sobre el gobierno de transición. Una auditoría de los bosques de Liberia es fundamental para comprender mejor el estado de los ecosistemas y de las personas que de éstos dependen antes de elaborar cualquier tipo de plan de gestión sustentable de los bosques.
El Banco Mundial y el FMI han participado activamente del proceso de reconstrucción de Liberia; sin embargo, Liberia se ha atrasado en sus pagos por más de 3.000 millones de dólares, lo cual le imposibilita de recibir nuevos préstamos del Banco. En mayo de 2005 el FMI publicó un informe que subraya que Liberia necesita asistencia externa e inversiones privadas con urgencia y que cualquier tipo de nueva asistencia dependerá de las medidas que se tomen para fortalecer las instituciones, reducir la corrupción y mejorar la forma de gobierno. El FMI señaló que la economía liberiana creció el 122% en los dos años a partir del tratado de paz de 1996 y que durante este mismo período el madereo aumentó un impresionante 1.300%. En la Nota de Nuevo Compromiso (Country Re-engagement Note, CRN), el Banco señala que a partir de 1977 la actividad forestal ha atraído gran parte de la inversión directa extranjera y que el madereo ha sido la mayor fuente de divisas. Además, la estrategia de “nuevo compromiso” propuesta identifica las cuestiones clave en la recuperación de Liberia: administración económica, rehabilitación de la infraestructura para la gestión de los bosques y desarrollo de las comunidades. El Banco declara también que ha adquirido una experiencia significativa en lo que atañe a estas cuestiones al haber intervenido en otros contextos post-conflicto. Esta información da la pauta del gran interés que tiene el Banco Mundial en los bosques de Liberia y hace sonar la alarma para quienes trabajan en la reforma del sector de bosques: hay que vigilar al Banco. Es fundamental que el Banco no “recorte y pegue” las políticas utilizadas en otros países africanos con el objetivo de colaborar con los intereses de las empresas y que han empeorado la vida de las comunidades que dependen de los bosques.
Como señalan la Coalición de ONG y el grupo de expertos, el gobierno de transición ha avanzado poco en cuanto al control de los recursos naturales de Liberia, y los negocios siguen funcionando como siempre. El grupo de expertos propuso contratar a una organización privada de administración para instrumentar, antes de que se levante cualquier sanción, las reformas del sector de bosques esbozadas por el gobierno de transición y el Consejo de Seguridad. No queda claro cuáles serán los próximos pasos ni si esta recomendación será instrumentada. Obviamente esta propuesta genera serios cuestionamientos de parte de la sociedad civil; se está discutiendo la mejor forma de tratar estas últimas recomendaciones. Lo menos que se puede decir de la situación es que es difícil. Si se instrumenta esta recomendación, será fundamental que el proceso de selección para contratar a una organización privada tal sea completamente transparente e incluya a la sociedad civil y las comunidades locales en cada etapa del proceso.
Aunque Liberia no ha sido el único en utilizar los recursos naturales para alimentar una guerra, sí está en una posición única para garantizar la adecuada protección de la enorme biodiversidad que alberga y la creación de un plan de gestión de los bosques verdaderamente sustentable que incluya la participación de las comunidades en todo el proceso de la reconstrucción de este golpeado país. Esperemos que el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional generan las condiciones adecuadas para que sea posible aprovechar esta oportunidad única.
Por Michelle Medeiros, Amigos de la Tierra EEUU, correo-e: MMedeiros@foe.org