La Sexta Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre Diversidad Biológica ha concluido y resulta difícil afirmar si fue un éxito o un fracaso. "Sentimientos encontrados" sería quizá la mejor forma de describir el sentir de muchas personas que asistieron a la reunión, en particular en materia de bosques, que fue uno de los principales temas del orden del día.
Los principales productos de la COP fueron la declaración ministerial y la adopción de un programa de trabajo sobre biodiversidad forestal.
Tomada en su conjunto, la Declaración Ministerial contiene muchos más elementos positivos que negativos. Reconoce que la biodiversidad continúa siendo destruida y que "con algunas honrosas excepciones, nuestras respuestas han sido demasiado escasas, insuficientes y demasiado tardías". Los ministros se comprometieron a "pasar del diálogo a la acción" y a "la plena implementación" del Programa de Trabajo sobre Bosques. Incluso admiten que los acuerdos sobre comercio pueden ser contradictorios con la conservación de la biodiversidad forestal y en consecuencia plantean la necesidad de lograr "sinergias y apoyo mutuo entre el CDB y los acuerdos internacionales sobre comercio", en particular con la Organización Mundial sobre Comercio". Todo ello es extremadamente positivo.
Quizáel aspecto más negativo de la Declaración se encuentra en su inciso 15(b), que reafirma que los Estados tienen "el derecho soberano a explotar sus propios recursos de acuerdo con sus propias políticas ambientales", en la medida en que no afecten el ambiente de terceros países. Esto parece desconocer que este Convenio es un instrumento legalmente vinculante que, al ser ratificado, implica la obligación de su cumplimiento. Tal inciso por tanto implica que los paóses no tienen la obligación de cumplir con el Convenio bajo el argumento de la "soberanía".
El Programa de Trabajo --preparado en noviembre del año pasado por el Organo Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del CDB-- is tambiñen en teoría un documento básicamente útil. Sin embargo, lo que la COP hizo fue asegurar que nadie tenga la obligación de ponerlo efectivamente en práctica. Ello fue logrado en el inciso 11, que es precedido por un acpite que dice: "subrayando los derechos soberanos y las responsabilidades de los países sobre sus bosques y la biodiversidad que allá se encuentra".
Eso significa que, bajo el distraz de la defensa de sus "derechos soberanos", los gobiernos pueden hacer lo que les plazca. Más aún, el inciso 11 dice que "deberían" (en lugar de decir "deben") implementar el programa de trabajo "en el contexto de sus prioridades y necesidades" y que las actividades "serán priorizadas a partir de la base de las necesidades específicas a nivel de país y región, de la autoderminación, legislación, circunstancias y prioridades nacionales concernientes a los temas relacionados con los bosques y de acuerdo con sus estrategias nacionales en materia de bosques y biodiversidad". La pregunta obvia es: ¿Cuál es entonces la utilidad de un acuerdo internacional legalmente vinculante --ratificado por Estados soberanos-- si no conlleva la necesidad de cumplir con las obligaciones resultantes?
De hecho, dicho lenguaje destaca el principal problema de este Convenio: la falta de voluntad política --en la mayor parte de los países, tanto del Norte como del Sur-- de cumplir con el mismo. La economía globalizada predominante parece dejar poco espacio para la conservación de la biodiversidad. Los países del Sur destruyen sus bosques para incrementar exportaciones destinadas al pago de la deuda externa y para lograr un tipo de "desarrollo" cada vez más lejos de poder ser alcanzado. Los países del Norte se benefician de la misma destrucción a través de la obtención de materias primas baratas --madera, celulosa, minerales, petróleo, productos agrícolas-- y beneficios financieros derivados de sus inversiones en el Sur que generan la destrucción de bosques.
En el marco de dicha situación, la voluntad política se convierte en el aspecto clave para la conservación de los bosques. La presión a nivel de país, sumada al apoyo internacional, puede ser capaz de cambiar la inercia actual y dar lugar a cambios positivos tanto a nivel nacional como internacional. En ese contexto, la Declaración Ministerial y el Programa de Trabajo pueden resultar útiles para incrementar la presión para la implementación de los acuerdos en materia de bosques. Los gobiernos que no cumplan con sus compromisos --tanto dentro como fuera del país-- deberán ser puestos en evidencia, de manera de aumentar la presión pública sobre ellos, a fin de generar las condiciones necesarias para la implementación de acciones para realmente aborden el tema de la pérdida de biodiversidad forestal. Los dos documentos mencionados pueden constituirse en un buen punto de partida para ello.