Filipinas

  Solo disponible en inglés.  Joint IPs/Farmers Coalition Hits Oil Palm Expansion in Palawan A press release by the Coalition against Land Grabbing (CALG), 13 October, 2014

Pocos lugares del Sudeste Asiático pueden igualar el renombre de Palawan, en Filipinas. Contiene siete áreas protegidas, un “Refugio de Fauna y Santuario de Aves” declarado en 1967, y una “Reserva de Manglares” desde 1981. En 19990, la UNESCO declaró toda la provincia “Reserva de la Humanidad y de la Biosfera”.

Solo disponible en inglés - Agribusiness large-scale land acquisitions and human rights in Southeast Asia - Updates from Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia, Cambodia, Timor-Leste and Burma Forest Peoples Programme, August 2013 By Marcus Colchester, Sophie Chao, Jonas Dalliner, Su Mei Toh, Chan Kiev, Indriaswati Saptaningrum, Mark Anthony Ramirez and Juan Pulhin Ed: Sophie Chao, Forest Peoples Programme

La red indígena ALDAW (Ancestral Land/Domain Watch) de Filipinas está sumamente preocupada por los descubrimientos de un estudio que realizó recientemente en Palawan Sur. La investigación muestra que el desarrollo de la palma aceitera está empobreciendo a las comunidades indígenas locales y destruyendo un medio ambiente biológicamente diverso. El estudio de caso de ALDAW,“The Palawan Oil Palm Geotagged Report 2013.

La organización ALDAW acaba de lanzar una campaña masiva contra la expansión de la palma aceitera. A través de care.org, se publicó una petición dirigida al Gobierno Nacional. Otra petición, publicada a través de Change.org, se enfoca en Palawan y está dirigida principalmente al Gobierno Provincial, al Consejo de Palawan para el Desarrollo Sostenible (PCSD) y a la Comisión Nacional sobre Pueblos Indígenas (NCIP).

Una concentración de organizaciones indígenas marcó el 18º aniversario de la Ley de Minería de Filipinas, para reclamar que sea revocada. Las organizaciones declararon que, después de 18 años, el país ya había obtenido bases suficientes para exigir la anulación de esa ley desastrosa y mortífera. “Corrupción, violencia, violación de derechos humanos, pavorosos desastres uno tras otro... eso es lo que los Filipinos han sufrido con la aplicación de la Ley de Minería de 1995”, dijo Neri Colmenares, representante del Bayan Munan Partylist.

Filipinas posee una gran variedad de minerales: oro, cobre, níquel, cromita, manganeso, plata y hierro. La extracción minera se incrementó rápidamente luego de ser liberalizada por la Ley Minera de 1995, que otorga a las transnacionales mineras extranjeras plenos derechos sobre los territorios indígenas, como derechos de propiedad, la repatriación de las ganancias y exoneraciones fiscales, violando así los derechos ancestrales sobre la tierra de los pueblos indígenas.

Solo disponible en inglés.

La organización comunitaria Pangalasag es miembro de la alianza regional Kalumbay y de una organización de indígenas Higaonon de la municipalidad de Opol, Misamis Oriental. “Pangalasag” significa escudo indígena, y la organización fue creada para impulsar el resurgimiento de las leyes tradicionales de los Higanonon, principalmente en lo referente al consentimiento y a la toma de decisiones, además de responder al sentido literal del término de defensa contra el agresor.

Los pueblos indígenas (Higaonons) y campesinos de Opol, Misamisi Oriental, Sur de Filipinas, están luchando contra el acaparamiento de tierras que resulta de una plantación de palma aceitera en monocultivo, promovida por la A. Brown Company Inc. (ABCI). Desde el inicio de las operaciones de la plantación, los Higaonons y otros aldeanos están experimentando graves violaciones de los derechos humanos, como expulsiones forzosas, arrestos ilegales, disparos desde vuelos rasantes y hostigamiento.

ATM (Alianza contra la minería), la mayor red contra la minería de Filipinas, publicó un comunicado de prensa para informar que el presidente Aquino había firmado recientemente un Decreto Ejecutivo sobre la minería. Ese decreto se centra en el establecimiento de salvaguardas ambientales y en la necesidad de un nuevo plan para la distribución de los ingresos, con el fin de maximizar las ganancias que la minería aporta al país.