Robo legal de tierras
En la mayoría de los países con bosques tropicales, los gobiernos mantienen el legado colonial que declaraba al Estado como propietario de las tierras. Esto ha permitido a los gobiernos conceder legalmente tierras a inversores privados, a menudo violando la propiedad consuetudinaria de la tierra de las comunidades. El resultado es la continua expansión de las actividades empresariales que destruyen los bosques.
La falsa idea de que las plantaciones industriales son una solución a la crisis climática es una oportunidad excelente para fondos de inversión como Arbaro, que acceden al escaso financiamiento climático para expandir destructivos monocultivos.
Un Colectivo de comunidades de la provincia de Nyanga, Gabón, emitió la Declaración de Bana/Mayumba en la que reclaman la suspensión del proyecto GRANDE MAYUMBA, que se promociona como una Solución Basada en la Naturaleza.
El WRM habló con aliadas y aliados de Brasil, Gabón, India, México y Mozambique, para escuchar y aprender en conjunto sobre sus entendimientos del desarrollo.
¿Cuáles son las experiencias de las comunidades que viven dentro y en torno a las plantaciones de las empresas comprometidas con la “deforestación cero”? ¿Cómo pueden estas empresas seguir expandiéndose sin deforestar en países con gran cobertura de bosques?
La compañía OLAM se ha asegurado el acceso a 500.000 hectáreas de tierra en Gabón, un país con 85% de cobertura forestal, para el establecimiento de plantaciones de palma aceitera a gran escala. ¿Cómo puede entonces OLAM afirmar que sigue un compromiso de “cero deforestación”?
Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias
El libro "Prometer, dividir, intimidar y coaccionar: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apropiarse de tierras comunitarias" tiene como objetivo apoyar las luchas comunitarias en defensa de los territorios. Está disponible sólo en inglés y francés.
(Sólo disponible en inglés) This report was made by human rights defenders in Sierra Leone, concerned for the detention of activists and the death of two people who sustained gunshots from allegedly the state security personnel acting to protect the SOCFIN on January 21th 2019.
