Luego de que los tractores de la empresa forestal y celulósica Aracruz Celulose, con el respaldo de la Policía Federal, desalojaron violentamente las aldeas Tupinikim y Guaraní el pasado mes de enero (véase el boletín Nº 102 del WRM), las autoridades brasileñas recibieron cientos y cientos de mensajes de solidaridad con la lucha de los indígenas para recuperar sus tierras legítimas.
La atención prestada en el extranjero a la violencia policial y las muchas irregularidades en torno a la sentencia judicial (que el Servicio Federal de Fiscalía Pública está investigando) que motivó la acción policial, llevaron a que la Casa Real de Suecia decidiera retirar sus inversiones financieras de la empresa Aracruz (socia de la empresa sueco-finesa Stora Enso en la fábrica de celulosa de Veracel, estado de Bahía). La firma privada de inversiones de la familia real sueca, Gluonen, cuyos dueños son la princesa heredera Victoria y sus hijos el príncipe Carl Phillip y la princesa Madeleine, tenía valiosas acciones en Aracruz. Tras el aumento de las críticas de la prensa, la familia real decidió vender sus acciones, medida que fue bien recibida por las ONG ambientalistas de Suecia.
El 28 de enero los Tupinikim y Guaraní, con la ayuda de grupos y movimientos de apoyo como estudiantes y el MST (movimiento de campesinos sin tierra), en un día entero reconstruyeron la destruida aldea indígena de Olho d’Água.
En el terreno legal, el Servicio Federal de Fiscalía Pública del estado de Espírito Santo prepara una nueva apelación en la que solicita al juez federal se otorgue a los Tupinikim y Guaraní el derecho a ocupar la zona hasta que el gobierno federal tome una decisión definitiva respecto de la demarcación.
El 30 de enero una delegación de ocho indígenas, con el respaldo de diversas autoridades, se entrevistó durante 30 minutos con el presidente de la República, Luíz Inácio Lula da Silva, en el aeropuerto de Vitória, al final de una corta visita del presidente al estado de Espírito Santo. El presidente prometió que enviaría al ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, a conversar directamente con los Pueblos Indígenas para resolver el tema de la demarcación.
Lula cumplió su promesa. El 9 de febrero una comisión indígena de 20 jefes y dirigentes se reunió durante una hora y media con el ministro de Justicia y con el presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI, organismo federal para asuntos indígenas), Mércio Pereira Gomes, quien prometió publicar el nuevo estudio sobre la zona indígena (realizado entre noviembre y diciembre de 2005), que aspira a actualizar y complementar en algunos aspectos los estudios de la FUNAI realizados entre 1994 y 1998.
El estudio del Grupo de Trabajo (GT) de la FUNAI realizado en Espírito Santo fue publicado a fines de febrero y comprueba la legitimidad de las tierras indígenas, relata su ocupación desde tiempos inmemoriales y destaca las “sucesivas sustracciones de tierras en su territorio tradicional, en función de políticas equivocadas que vienen a lo largo de los años restringiendo y en alguna medida inviabilizando los derechos y perspectivas de los pueblos indígenas”. El estudio es la actualización de un primer trabajo realizado por el GT en 1997, que también reconoció las tierras del norte del Estado como indígenas. La confirmación de dicho estudio representa un paso importante para que las 18.070 hectáreas de tierras indígenas en el norte del Estado sean finalmente homologadas.
El estudio relata asimismo la transformación del modo de vida tradicional que fue impuesto después de la presencia de Aracruz Celulose en la región. La presencia del monocultivo del eucalipto introducido y mantenido por Aracruz Celulose fue calificada como responsable de causar al medio ambiente “profundas transformaciones que la empresa insiste en negar”. Para el GT, las comunidades indígenas enfrentan hoy una coyuntura de degradación de las condiciones ambientales, como la destrucción de selva y fauna, arroyos contaminados o secos y tierras empobrecidas.
Antes de eso, la caza era abundante y variada (tatú, pecarí, paca, cotia, venado, jacu, tamanduá, jacutinga, jacupemba, macuco, coatí), pero la deforestación provocó la extinción casi total de la fauna nativa. Actualmente, la cría de pequeños animales como gallina, cerdo, cabra y ganado, todavía muy incipiente, complementan la alimentación y son una alternativa de ingresos.
El estudio también hace referencia a la merma de agua en los ríos y arroyos próximos a las aldeas. Según el GT, los ríos y arroyos de la región se encuentran contaminados y además revela que hay un trasvase de las aguas del Rio Doce para el Rio Riacho, para abastecer a Aracruz Celulose, lo cual provocó la desaparición o sensible disminución de las especies tradicionales utilizadas por los indios, dando lugar a especies depredadoras y altamente competitivas como la piraña y el bagre africano. De esta forma, los técnicos del GT no solamente reconocen la legitimidad de las tierras indígenas sino también el perjuicio cultural, ambiental y social, resultado de la llegada de Aracruz Celulose a la región.
Las etapas del acuerdo entre los indígenas y la multinacional también se relatan en el estudio, con datos sobre la demarcación autorizada por la entonces Ministra de Justicia, Íris Resende (que solamente demarcó una parte de las tierras indígenas), destacando irregularidades reconocidas inclusive por el Ministerio Público de Espírito Santo. Dicha demarcación, considerada ilegal por los indígenas, es responsable del uso de las tierras indígenas por terceros y de la erosión del suelo, cuya fertilidad ha quedado muy reducida.
Con la publicación del estudio comienzan a contarse los 90 días de plazo para que la multinacional conteste y envíe su informe a la FUNAI, quien por su parte tiene 60 días para analizar y firmar un informe que será enviado al Ministerio de Justicia.
El 14 de febrero de 2006, el Ministerio Público Federal del Estado de Espíritu Santo envió al Tribunal Federal Regional de la 2ª Región de Rio de Janeiro una apelación en la cual el abogado André Pimentel Hijo reclama que los indígenas obtengan permiso para reocupar la zona de la cual la policía intentó desalojarlos con violencia el 20 de enero, hasta la decisión final del gobierno federal (se espera que el Ministro de Justicia toma una decisión en julio/agosto de este año). Si el Tribunal acepta esta demanda, significará que los indígenas pueden regresar a sus aldeas y mantener la ocupación sin temor a un nuevo desalojo.
La lucha de los Tupinikim y Guaraní continúa. ¡Ellos te piden que sigas apoyándola!
Artículo basado en información obtenida de: “Follow-up on the violent Federal Police action against the Tupinikim and Guarani indigenous peoples in Brazil”, Rede Alerta contra o Deserto Verde, 10 de febrero de 2006, enviado por Winfridus Overbeek, FASE – ES, correo-e: winnie.fase@terra.com.br; “Funai publica estudo que confirma ocupação de terras indígenas pela Aracruz Celulosa”, Flávia Bernardes; “Royal News Swedens Royals Sell Forestry Shares”, Femalefirst, http://www.femalefirst.co.uk/lost/132772004.htm