El denominado modelo de desarrollo chileno es presentado por los neoliberales como un ejemplo paradigmático a ser imitado por los países del Sur en procura del "progreso". Sin embargo, las hermosas cifras y los indicadores de la economía convencional que Chile ha mostrado en las últimas dos décadas no han podido ocultar los elevados costos sociales y ambientales del modelo. El sector forestal es uno de los más dinámicos y al mismo tiempo más conflictivos en este sentido. El pueblo mapuche del sur de Chile ha venido sufriendo la invasión de sus territorios ancestrales por parte de enormes compañías plantadoras, que han contado con el apoyo del estado desde los tiempos de Pinochet. Vastas extensiones de bosque han sido cortadas para dar lugar a monocultivos de pino y eucalipto. Los mapuche han ido ganado en organización y fuerza para enfrentar a un adversario -las empresas productoras de pulpa y madereras, los sucesivos gobiernos chilenos y los militares- que han utilizado la violencia física, las amenazas, el soborno, las denuncias judiciales y las detenciones arbitrarias como formas de "persuadirlos" (ver Boletines 26 y 27 del WRM).
Durante los meses de febrero, marzo y abril de este año los mapuche han llevado adelante una serie de acciones: el 29 de febrero, mapuches de la comunidad de Ercilla ocuparon las oficinas centrales de Bosques Arauco, denunciando que esa compañía había usurpado sus tierras ancestrales en la región; el 1ro. de marzo un grupo de mapuches de la comunidad Pascual Coña en la región del BioBio ocupó la hacienda Lleu Lleu, que ellos reclaman como parte de sus territorios tradicionales; el 7 de marzo indígenas de la comunidad de Cotulmo -junto a campesinos no indígenas- bloquearon la ruta para impedir el acceso de los camiones de Forestal Minico; el 14 de abril -y coincidiendo con la celebración de la Pascua- un grupo de mapuches, en su mayoría constituido por mujeres y niños, ocupó la catedral de Temuco para protestar contra la detención arbitraria de los líderes indígenas de la Coordinación Arauco Malleco.
CORMA, el poderoso lobby de los empresarios forestales, quienes perciben que el control que hasta ahora han ejercido sobre el territorio y los recursos se está viendo amenazado, han reaccionado solicitando a los autoridades la aplicación de una política de "tolerancia cero" para castigar toda acción de los mapuches que pueda ser considerada delictiva. Por más que las empresas forestales han tratado de aparecer como defensoras de la ley, de hecho han continuado con su campaña de intimidación en perjuicio de los indígenas. El 21 de abril un grupo de diputados denunció que personal de la guardia privada de Bosques Arauco había atacado a miembros de la comunidad mapuche de Pablo Quintriqueo Huenumán en la VIII Región y había esparcido herbicidas en sus cultivos. Asimismo, los indígenas repetidamente han sido víctimas de la violencia desplegada por la policía, que siempre actúa en defensa de los intereses de las empresas y considera a los mapuche como terroristas. Esta imagen ha sido también difundida por los medios de información, como forma de influir sobre la opinión pública.
Una solución duradera para los mapuche puede lograrse sólo si se establece un diálogo verdadero, si se reconocen los derechos territoriales ancestrales de los pueblos indígenas y si se perciben y abordan las causas subyacentes de este prolongado conflicto. ¿El nuevo gobierno democráticamente electo en Chile está dispuesto a cambiar el curso establecido hace años por el viejo dictador, hoy asediado? ¿Podrá la democracia demostrar -a los mapuches- que es distinta de la dictadura?