En Colombia, el Estado utiliza la criminalización de las organizaciones sociales y de base como uno de los mecanismos de represión destinado a imponer forzosamente los agronegocios del mercado global, obras de infraestructura o la extracción de recursos naturales con altos costos humanos, sociales y ambientales.
La criminalización ha sido una técnica eficaz que a través de estrategias discursivas y simbólicas, combinadas con el uso formal de la legalidad, deslegitima y penaliza a los actores sociales que se oponen a condiciones injustas laborales, a la destrucción ambiental, al desarrollo de políticas que lesionan la supervivencia del planeta que se subordina a la rentabilidad y las ganancias empresariales.
Los señalamientos, el rompimiento de los vínculos de relación entre la sociedad y el movimiento social, y la judicialización de las expresiones sociales son famosas en Colombia desde la década de los años 30. Las manifestaciones de los trabajadores del banano que fueron acusadas de ser “comunista”, derivaron en una masacre colectiva propiciada por una empresa bananera estadounidense. En los 50 y 60 el movimiento campesino que exigía tierra fue agredido con crímenes y bombardeos, y acusaciones injustas ante tribunales. En la década del 70, el fruto de la movilización urbana y rural en el Paro Cívico Nacional fue ahogado con los crímenes indiscriminados de los manifestantes, las torturas y el procesamiento de civiles en tribunales militares. O en los 80, a través del paramilitarismo, bases sociales de organizaciones campesinas mestizas, afrocolombianas y mestizas fueron masacradas, obligadas al destierro, al exilio, a su exterminio, y sus sobrevivientes sometidos luego a procesos judiciales bajo las acusaciones de terrorismo.
Hoy, en tanto los intereses para el mercado mundial se ubican en los territorios, las expresiones sociales de resistencia de los pobladores rurales, entre los cuales están los sobrevivientes a la violencia sistemática del Estado, son objeto de violencia y criminalización para lograr su control o su asentimiento a modelos de desarrollo.
Luego de una operación militar de arrasamiento, conocida como “Génesis”, en el Norte del Chocó, en el Darién colombiano, del desplazamiento de los afrocolombianos, de la comisión de 80 crímenes y de la instalación en una base paramilitar de la empresa Maderas del Darién, Filial de Pizano S.A, se inició la destrucción de bosques primarios y secundarios. Los líderes que valientemente iniciaron las denuncias por estas actuaciones contra los territorios colectivos en que ellos habitaron fueron sometidos a amenazas de muerte, a montajes en los medios de información y procesos judiciales de rebelión y tráfico de drogas. Los responsables de lo que se conoció como un ecocidio, a mediados de los 90, y de los crímenes cometidos nunca fueron investigados. Las empresas deforestaron, las tierras nunca fueron devueltas, los militares fueron ascendidos y los paramilitares junto con políticos nacionales desarrollaron nuevos agronegocios. Las comunidades quedaron criminalizadas y estigmatizadas.
En esa misma región del Chocó biogeográfico colombiano, las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, declaradas reserva natural desde 1959, son un ejemplo del uso de la violencia oficial – militar y paramilitar- para la implementación del agronegocio de la palma aceitera y la extensión ganadera. La Brigada 17 del ejército nacional y los paramilitares iniciaron desde 1996, cuando el actual presidente Álvaro Uribe Vélez era gobernador del departamento de Antioquia, una persecución contra los habitantes mestizos, afrodescendientes e indígenas. Más de 140 campesinos fueron asesinados o desaparecidos y 40 líderes de las comunidades judicializados con órdenes de captura por el delito de rebelión. Estos hechos, junto con las amenazas de muerte, el bloqueo económico, los abusos de autoridad, los bombardeos, y el saqueo de bienes de supervivencia, provocaron 15 desplazamientos forzados masivos de centenares de familias.
Esta violencia ha posibilitado la apropiación ilegal de más de 23 mil hectáreas de territorio colectivo por palmeros, ganaderos y madereros vinculados con la criminalidad del Estado, el paramilitarismo y el lavado de activos. El despojo de tierra se ha acompañado de la deforestación intensiva de selva primaria en más de 10 mil hectáreas, la desertización de cinco ríos, la contaminación de los caños con el uso de agrotóxicos, generando afectaciones especialmente graves sobre mujeres, niñas y niños.
La criminalización solamente puede comprenderse como parte de los mecanismos de la represión, de la violación de los derechos
humanos y de la pretensión de control social, hoy claramente asociadas a los negocios sobre los territorios.
En Colombia, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos en los últimos 15 años se han desplazado forzosamente de sus
tierras por operaciones armadas que comprometen la responsabilidad del Estado cerca de 4 millones de personas; se han cometido 14 mil crímenes de lesa humanidad entre 1988 y 2003 (1). Organizaciones de familiares de desaparecidos indican que se han cometido más de 15 mil desapariciones forzadas (2). Y cerca de 7 millones de hectáreas de tierras han sido apropiadas ilegalmente por paramilitares o traficantes de drogas en los últimos 15 años, la mayoría de las veces, luego de haber forzado el desplazamiento de los pobladores (3).
La política de seguridad democrática y la construcción de un Estado comunitario, iniciado desde el año 2002 por el gobierno Uribe, se ufana de distanciarse de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de cero tolerancia a las violaciones de los derechos humanos. Tales afirmaciones no han sido más que una reingeniería publicitaria de las prácticas militares y policiales represivas de antaño. Entre el 2002 y el 2006, se produjeron cerca de 6000 detenciones ilegales y arbitrarias (4), así como cerca de 1000 asesinatos por las fuerzas militares. Muchas de estas víctimas suelen ser expuestas ante los medios de información como muertos en combate (5).
El Estado colombiano justifica el uso de la violencia contra los campesinos, los afrocolombianos, los indígenas, los sindicalistas y los líderes sociales con el pretexto de la persecución a las guerrillas o al tráfico de drogas. Pero estos ataques suelen favorecer los intereses económicos de empresas nacionales e internacionales relacionadas con agronegocios, obras de infraestructura y extracción de recursos naturales. Estas empresas también se protegen o usan de la criminalidad para sostener sus intereses (6).
Las acciones fácticas de violencia son acompañadas de prácticas discursivas, de señalamientos y de falsas acusaciones mediáticas, las que se derivan en procesos judiciales. Se penaliza los procesos organizativos que afirman sus derechos al ambiente sano, al respeto a la biodiversidad y a los territorios colectivos para asegurar las inversiones.
Desde octubre de 2008, las manifestaciones de los indígenas del pueblo Nasa de los departamentos del Cauca y del Putumayo, contra la suscripción de Tratados de Libre Comercio y por el respeto a la biodiversidad y de los territorios, han dejado dos asesinados y más de 200 heridos. Altos funcionarios del gobierno han deslegitimado el movimiento indígena, acusándolo de ser dirigido por la guerrilla de las FARC. Estas acusaciones no son nuevas, de tiempo atrás los líderes indígenas han sido objeto de montajes judiciales.
Recientemente, los trabajadores de la caña de azúcar se declararon en paro para cuestionar la política energética nacional y la ausencia de garantías laborales, siendo blanco de falsas acusaciones. Tres de ellos fueron posteriormente detenidos (7).
La criminalización mediática y judicial son parte de los mecanismos de la represión y una formalidad para legitimar las violaciones de derechos humanos. Detrás de ella, en Colombia, se ha pretendido asegurar la privatización territorial para los negocios del mercado global, destruir la oposición, imponer el silenciamiento, y el asentimiento social a un modelo de “desarrollo” injusto.
Por Danilo Rueda, Justicia y Paz, correo electrónico: daniloruedar@gmail.com , http://justiciaypazencolombia.org
Notas:
1. http://colombia.indymedia.org/news/2005/07/28883.php
2. http://justiciaypazencolombia.org/spip.php?article161&decoupe_recherche=tribunal%20sobre%20
desapariciones%20forzadas%20en%20BOGOTA
3. http://justiciaypazencolombia.org/spip.php?page=recherche&recherche=
4. http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EVIU-6FJD73?
5. http://www.ddhhcolombia.org.co/node/166 . La bancada demócrata de los Estados Unidos incluso se atrevió a condicionar las
posibilidades de un Acuerdo Comercial de persistir la impunidad en los crímenes de más de 2000 asesinatos de sindicalistas,
situaciónque persiste no solo por la ausencia de investigaciones eficaces, sino que gracias a ella se repiten nuevos crímenes, cerca de 51 de estos líderes en el primer semestre de 2008, la totalidad por estructuras de tipo paramilitar.
6. http://justiciaypazencolombia.org/spip.php?article141&decoupe_recherche=dictamen%20final%20tribunal
%20permanente%20de%20los%20pueblos%20colombia
7. http://justiciaypazencolombia.org/spip.php?article189&decoupe_recherche=juan%20pablo%20ochoa