Las selvas del Pacífico colombiano, que constituyen el Territorio Región del Pacífico, una de las zonas de mayor diversidad biológica del mundo, han sido habitadas desde hace muchos años por las comunidades ribereñas negras. Sus integrantes fueron los últimos ciudadanos colombianos a los que se les reconoció el derecho a la propiedad de los territorios que poseyeron y utilizaron durante siglos. La Constitución de 1991 les reconoció derechos colectivos sobre los territorios ocupados tradicionalmente, pero estuvo acompañada desde sus inicios por un feroz y sistemático proceso de desplazamiento forzado interno que aún continúa en muchos lugares de la región y que, incluso, se ha agravado con el número creciente de comunidades a las que se les impide su movilización y se les controla el ingreso de alimentos, medicinas y combustibles.
Como expresa Carlos Rosero, Candidato a la Cámara de Representantes de las Comunidades Negras: “El desplazamiento forzado interno es funcional, no sólo a la guerra, sino también al avance de los megaproyectos y monocultivos, que como la palma aceitera, avanzan con el apoyo del gobierno nacional al norte y al sur del Territorio Región del Pacífico y de otros asentamientos de comunidades negras en el país. El reconocimiento inicial por parte del INCODER [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] hecho en el mes de marzo de este año, del avance ilegal del monocultivo de la palma aceitera en los territorios colectivos de comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó y la reciente reversa que despoja a estas comunidades de parte de las tierras que les habían sido tituladas colectivamente con carácter inembargable, imprescriptible e inalienable, es un clarísimo ejemplo del modelo de inclusión y de inserción de la región, sus territorios y pobladores a la lógica económica predominante, de la gravísima incoherencia del Estado en definir entre la protección y conservación de la diversidad biológica y el simple y vulgar desarrollismo y, lo es que todavía más grave, una nueva demostración de que el Estado colombiano, que ha sido incapaz de proteger los derechos de los afrocolombianos, termina doblegándose ante los culpables de las violaciones de los derechos, no los castiga y de ñapa los premia.”
En el año 2000, las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó (región del Chocó), tres años después de ser desplazadas, reciben la titulación de 101.000 hectáreas que ocupaban ancestralmente antes del desplazamiento. Pero al decidir retornar estas comunidades encuentran su territorio invadido por cultivos industriales de palma aceitera.
Ante los intentos de los verdaderos propietarios de recuperar las fincas, cundieron amenazas de muerte de tipo paramilitar y del personal vinculado con las empresas palmicultoras (URAPALMA, Palmas De Curvaradó, Palmas S.A., y Palmadó), en medio de operaciones militares que han intentado hacerlos desistir de trabajar en las tierras que el gobierno destinó a la siembra de palma aceitera.
A fines de abril de este año se intensificó la preparación de tierras para la siembra de palma aceitera, con deforestación de bosques nativos en los caseríos Caño Claro y La Cristalina dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y por el sector de Urada en el entorno del Jiguamiandó. Por su parte, INCODER terminó afirmando que se equivocó al otorgar el título colectivo y que hay 10.162 hectáreas de propiedad privada que en consecuencia deben ser descontadas del título colectivo.
Como expresa la Comisión Intereclesial De Justicia Y Paz: “Es alarmante que después de más de 13 desplazamientos sufridos por las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, de más de 110 asesinatos y desapariciones y habiéndose constatado la ilegalidad de la siembra de palma aceitera en los territorios colectivos de las comunidades negras, hoy el Gobierno Nacional contradiga sus propias conclusiones para favorecer los intereses económicos de los palmicultores”.
En una visión diametralmente opuesta, el movimiento social de las comunidades de toda el área de la selva húmeda del Pacífico conciben su territorio como una "región-territorio de grupos étnicos", es decir una unidad ecológica y cultural amalgamada por las prácticas cotidianas de las comunidades. La región-territorio se concibe asimismo en términos de "corredores de vida" que unen a las comunidades, sus actividades y el medio ambiente natural. Los corredores de vida pueden conectar ecosistemas de manglares o extenderse desde el medio de un río hasta el interior de la selva. Algunos se constituyen en torno a actividades particulares, como la minería de oro tradicional o la recolección de conchas por las mujeres en las zonas de manglares.
La región-territorio, por otra parte, es concebida como una construcción política para la defensa de los territorios y su sustentabilidad. No se puede concebir la sustentabilidad en términos de retazos o actividades singulares, o solamente en términos económicos: debe responder al carácter multidimensional de las prácticas de apropiación efectiva del ecosistema. Así, se puede decir que la región-territorio articula el proyecto de vida de las comunidades con el proyecto político del movimiento social. Del mismo modo, la definición de biodiversidad incluye principios locales de autonomía, conocimiento, identidad y economía. La naturaleza no es "algo que está ahí afuera" sino que está profundamente arraigada en la práctica colectiva de seres humanos que se sienten conectados con ella en forma integral.
Las comunidades negras tienen la convicción de que la tierra, como ente vivo, debe ser colectiva. Y así lo expresan: “Para nosotros, la tierra es la madre y contra ella se comete un crimen del que vienen todos los males y miserias. Nuestra madre, la de todos los seres vivos, está sometida, según la ley que se impone, tiene dueños, es propiedad privada. Al someterla como propiedad para explotarla, le quitaron la libertad de engendrar vida y de proteger y enseñar el lugar, las relaciones y el tiempo de todo lo que vive… Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad”.
Artículo basado en información obtenida de: “Decisión de INCODER, reversa y violación de los derechos de los afrocolombianos y la Constitución”, Carlos Rosero, enviado por Tatiana Roa Avendaño, Iniciativa Ambiental Colombia, e-mail: bosques@censat.org; “Comunidades negras de Colombia: en defensa de biodiversidad, territotio y cultura”, Arturo Escobar, GRAIN, http://www.grain.org/biodiversidad/?id=87; Comisión Intereclesial De Justicia Y Paz,
Bogotá, octubre de 2005, http://www.pasc.ca/dever/dever211.pdf