Las concesiones madereras en el continente africano se perciben a menudo como unidades de manejo forestal. Sin embargo, es más apropiado verlas como una especie de moneda de cambio en un sistema más amplio de poder político y explotación.
La comunidad internacional ha cumplido un papel importante en el establecimiento y la perpetuación de las políticas del “patrimonio maderero”. La forma más importante en que los países del Norte promueven el madereo oligárquico es probablemente el apoyo político, militar, económico y diplomático a los regímenes oligárquicos que está destinado a servir. A menudo este apoyo es extraoficial, privado u oculto. Las instituciones financieras internacionales brindan ayuda adicional al otorgar préstamos sin exigir reformas forestales y préstamos para proyectos o reformas forestales ineficaces o mal dirigidos y al aportar al sector privado inversiones relacionadas con operaciones forestales.
A pesar de los problemas ya conocidos del sector de bosques de Camerún, la financiación internacional sigue lloviendo en el país: durante la década de los 90 se entregaron por lo menos US$ 75 millones de ayuda exterior a proyectos forestales y de conservación.
A mediados de los años 1990, la Administración británica para el comercio exterior (Britain’s Overseas Development Administration) intentó (más tarde lo hizo el DFID - Departamento para el Desarrollo Internacional) instrumentar un programa para “hacer operativas” las disposiciones de la Ley Forestal de 1994 de Camerún relativas al establecimiento de bosques comunitarios. Para esto se requería establecer, en primer lugar, un conjunto claro de normas para la adjudicación de los bosques comunitarios, cosa que el gobierno de Camerún nunca hizo, y en segundo lugar una unidad dentro del Departamento Forestal para administrar dichos bosques. Tal como los define la Ley Forestal de Camerún, los bosques comunitarios son muy limitados tanto en tamaño (5.000 hectáreas como máximo) como en duración (15 años, renovable por otros 15). Además, solamente pueden establecerse en las zonas limitadas de bosque “no permanente”, excluyéndoselos así de las zonas designadas como unidades de manejo forestal (UFA). Sin embargo, después de la aprobación de la Ley Forestal de 1994, estas zonas de bosque no permanente fueron volviéndose cada vez más importantes para la maquinaria política como medio para adjudicar derechos de madereo a corto plazo, del tipo “corte y váyase” o “venta de cortes”. De este modo la administración de bosques trabajó activamente en contra de la instrumentación de los bosques comunitarios.
Con esto se ilustra el hecho de que las instituciones que hoy administran el “sector forestal” en algunas partes de África no solamente se articulan principalmente en torno al madereo sino que también, dado que este madereo se vincula con los intereses creados de altos personajes políticos, se oponen directamente a todo uso de los recursos forestales (como los bosques comunitarios) que, aunque beneficiosos en términos de desarrollo, pusiera potencialmente en peligro el arbitrio absoluto que estas figuras políticas han ejercido en la utilización de los bosques como forma de patrocinio político.
Dada la importancia de las concesiones madereras para ‘aceitar el engranaje’ del patrocinio político, el soborno y la corrupción en todos los países de la cuenca del Congo (y en otros lugares: Costa de Marfil, Togo, Guinea, etc.), no sorprende que los proyectos con financiación internacional destinados a brindar “asistencia técnica” para mejorar el “desempeño” de las concesiones forestales de África hayan demostrado ser fracasos tan espectaculares.
Extraído de: “The political ecology of the African logging concession system and the complicity of international donors”, Simon Counsell y Arnaud Labrousse, enviado por Simon Counsell, Rainforest Foundation, correo-e: simonc@rainforestuk.com