En el Ecuador, frente a un nuevo relanzamiento de la actividad palmicultora, se han dado diversas reacciones. Por ejemplo, un extenso reportaje de un periódico de amplia difusión planteaba la interrogante de que si el nuevo auge de plantaciones de palma africana en la provincia de Esmeraldas acercaría la realidad de esta pobre región del Ecuador al paraíso (El Universo, 11/3/2000), mientras otros titulares planteaban que los palmicultores están acabando con los bosques nativos, señalando las miles de hectáreas destruidas en San Lorenzo (La Hora, 18/5/2001).
Otros medios de prensa recogían en cambio parte de la masiva campaña para limpiar su imagen realizada por la Asociación de Palmicultores del Ecuador ANCUPA, luego de los cuestionamientos a la destrucción de bosques por las empresas palmicultoras y señalaban que los monocultivos de palma africana constituyen una propuesta para el desarrollo sujeta a "censuras ambientales" y se interrogaban sobre si la palmicultura era la gallina de los huevos de oro o una “arpía” para el medio ambiente.
Por otra parte Salomón Gutt, gerente de Palmeras de los Andes, una de las empresas responsables de la mayor tala de bosque primario en San Lorenzo, afirmaba que “esta zona estaba olvidada de Dios y del mundo” hasta que ellos llegaron. Al mismo tiempo, destacaba que la palma es amigable con el ambiente que “en el fondo se tiene un nuevo bosque de palma, que emite mucho oxígeno. Tal vez no existe ningún otro proyecto empresarial que pueda igualar al cultivo de la palma donde el hombre y la naturaleza forman uno solo”.
El sector gubernamental también intervino en la discusión. Hans Thiel anterior director forestal y actual subsecretario, afirmaba que el Ministerio del Ambiente ve con buenos ojos la creación de fuentes alternativas de empleo ofrecidas por las palmicultoras debido a que la principal presión que existe sobre el bosque natural es la de la pobreza, la de la colonización y el desplazamiento de la población (sic) (Diario Hoy. Blanco y Negro, 6/5/2000).
Han pasado ya varios meses desde que se inició la acelerada implantación de estos monocultivos en Esmeraldas y es importante hacer varias puntualizaciones sobre la situación actual:
- en el proceso de compra venta de tierras se provocó el desplazamiento de población afroecuatoriana. Parte de esa gente, impulsada por los palmicultores, se encuentra ahora presionando el territorio de comunidades indígenas Awa y Chachis, las que han denunciado esto ante el Ministerio de Agricultura de la zona.
- ya se han deforestado cerca de 8000 hectáreas, la mayoría ilegalmente y además se han realizado adjudicaciones ilegales del Patrimonio Forestal del Estado, exactamente dentro del bloque 13.
- las empresas no han presentado los estudios de impacto ambiental necesarios para estas operaciones y las sanciones y acciones oportunas para detener esta deforestación no se han realizado, como se puede deducir de las declaraciones de los funcionarios del gobierno.
En comparecencia pública en el Congreso Nacional, ante denuncia de organizaciones ecologistas, el Ministro del Ambiente expuso que se iniciaron ocho procesos judiciales por tala de bosque nativo y que de esos juicios se han resuelto siete. Con respecto a los mismos, la situación sería la siguiente: con relación a Palmeras de los Andes, está el juicio anulado en apelación, debido a errores en la ubicación del predio. A Palesema se le ha impuesto una multa de 67.908 dólares por la tala de 250 hectáreas de bosque secundario. A Ecuafinca se la ha impuesto una sanción de 10 salarios mínimos vitales. Palmeras del Pacífico fue absuelta por el Distrito Forestal de Esmeraldas por falta de pruebas. Aiquisa recibió una sanción de 10 salarios mínimos vitales. El juicio a Agrícola San Lorenzo fue anulado en la apelación por errores administrativos. A Teobrama se la sancionó con 10 salarios mínimos vitales y a Ales Palma con 10 salarios mínimo vitales (¡el salario mínimo vital es de 4 dólares!).
La actividad de las empresas palmicultoras está además afectando al propio Patrimonio Forestal del Estado. La empresa Ales Palma tiene áreas que se "sobreponen" al Patrimonio Forestal del Estado, en el sector de Ricaurte; Alzamora en el sector denominado Corriente Larga; Palesema en el sector Campanita y parte dentro de la reserva de manglares Cayapas-Mataje, mientras que Palmeras de los Andes, en Corriente Larga. Dichas adjudicaciones ilegales fueron hechas por el INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) y el Ministro de Agricultura ha acusado ante el Congreso Nacional al INDA de ser "una cueva de ladrones".
Ante tantas irregularidades, el 14 de marzo del 2001 el Tribunal Constitucional concedió el recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas para prohibir en forma perentoria las actividades tendientes a desarrollar monocultivos de palma africana, que se declare en emergencia ecológica la provincia de Esmeraldas, que se inicien las acciones legales para sancionar a quienes hayan talado los bosques y exigiendo al Ministro del Ambiente que adecúe sus actuaciones a los mandatos legales.
En vez de acatar como corresponde las disposiciones legales, los palmicultores de San Lorenzo amenazaron con paralizar sus actividades y salir de la zona ante lo que consideran la "falta de garantías" por parte del Ministerio del Ambiente. El ex ministro del Ambiente Rendón insinuó que su renuncia, ocurrida días después de estas declaraciones, se había debido a la presión de empresarios palmicultores.
A pesar de las evidencias de ilegalidades en las actividades palmícolas en el país y del recurso de amparo obtenido por la sociedad civil, la situación continúa siendo grave. Prueba de ello son las multas irrisorias impuestas, el hecho de que no se hayan establecido responsabilidades penales, como establece la Constitución para los culpables de la destrucción de bosques, que no se haya sancionado a los funcionarios cómplices de estos ilícitos y corresponsables de la deforestación por su negligente actitud. Por otro lado, las empresas continúan sus actividades en zonas en las que el Estado no puede ni siquiera ingresar, haciendo uso de su poder e influencia en el Gobierno y evadiendo así todo tipo de sanción y control.
La devastación actual en la provincia de Esmeraldas es causada por una lógica desarrollista que ha privilegiado la destrucción de los bosques para favorecer los monocultivos; la exportación de camarones a cambio de la destrucción del manglar; la extracción de madera a costa de la biodiversidad. Para colmo, la provincia verde de Esmeraldas es afectada en estos meses por las fumigaciones realizadas en Colombia para la erradicación de cultivos de coca. Este jardín del paraíso debe ser urgentemente declarado en emergencia.
Por: Ricardo Buitrón, Acción Ecológica, 25 junio del 2001.