El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no tiene una política ni una estrategia sectorial específica en materia de bosques, dado que afirma que ha abarcado el asunto de los bosques en otros documentos de política y estrategia, entre ellos los documentos sobre reducción de la pobreza rural, finanzas rurales, agricultura, recursos hídricos, recursos costeros y energía. El proyecto actual de la Política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias del BID también menciona el tema de la protección de los hábitats naturales.
En junio de 2005, el BID dio a conocer un Índice de Atracción a la Inversión Forestal (IAIF) que evalúa a los países en base a su situación para recibir inversiones en el sector forestal. El índice evalúa a los países latinoamericanos y del Caribe sobre la base de 80 indicadores, incluidas medidas económicas nacionales, riesgo político, reglamentaciones nacionales y el estado de derecho. Utilizando datos de 2002, el índice identificó que Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica ofrecen el mejor "clima de negocios para la inversión” forestal. También identificó a Haití, Ecuador, Guatemala, Belice, y Paraguay como los países que plantean más dificultades al referido sector.
Antes de crear el índice, el BID contrató la realización de tres estudios sobre las acciones del Banco en el sector forestal y de bosques entre 1999 y 2002. El informe más reciente, "Financiamiento Forestal en América Latina: el rol del Banco Interamericano de Desarrollo", brinda recomendaciones para el otorgamiento de préstamos relacionados con los bosques y ofrece el apoyo por parte del BID al desarrollo institucional y de las políticas.
El informe afirma que el potencial de financiamiento para el sector forestal en América Latina y el Caribe se estima en US$ 6,8 mil millones al año durante los próximos 10 años, más de dos tercios de los cuales corresponden a plantaciones industriales. Esto obviamente quiere decir que los países identificados como aquellos que ofrecen mejor "clima de negocios para la inversión" forestal se verán más afectados por las plantaciones industriales de monocultivos de árboles financiadas por el BID, que ya han demostrado tener efectos sociales y ambientales negativos en los cinco países mencionados.
La inversión del BID en el sector forestal se redujo durante la década de 1990 de US$ 100 millones a US$ 40-20 millones. Sin embargo, el informe anima al BID a incrementar el financiamiento en el sector para aprovechar las "oportunidades inversión" en lo que llama el "manejo sostenible de los bosques".
El informe analiza una gran variedad de fuentes e instrumentos de financiamiento que podrían hacer más viables las inversiones privadas en el manejo de bosques. Continúa diciendo que los préstamos del BID al sector público seguirán siendo importantes para promover el manejo ecológico y social de los bosques y que también pueden utilizarse para crear las condiciones que permitan su explotación industrial.
El BID promoverá además la utilización de "instrumentos comerciales para el desarrollo, como las compensaciones de carbono, el cobro de derechos por el uso de agua y los fondos de riesgo" para promover "actividades de manejo sostenible de los bosques". El manejo sostenible incluiría un cambio hacia el manejo "sostenible" de las plantaciones, lo que significa que "se deberá requerir el cumplimiento estricto de las precauciones ambientales y se deberá prestar la debida consideración a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y otros temas sociales". Brasil, Chile y Uruguay son presentados como casos exitosos importantes en el manejo de plantaciones en América Latina.
A pesar de lo que dice el informe, el hecho es que en ninguno de esos países se puede definir a las plantaciones como "casos exitosos" para las personas o el medio ambiente. A menos que, por supuesto, la pérdida de medios de sustento, las violaciones de los derechos humanos, la usurpación de tierras de los pueblos indígenas y las comunidades de los bosques, la concentración de la tierra en manos de empresas, el agotamiento del agua, la erosión del suelo y la pérdida de la biodiversidad se consideren logros "exitosos". El otorgamiento de préstamos del BID al sector de las plantaciones sólo contribuiría a exacerbar esos impactos.
Varios documentos del BID sobre estrategias y políticas abordan el tema de los bosques en una variedad de formas, pero no llegan a constituir una estrategia integral en materia de bosques. La Estrategia Ambiental reconoce que los bosques son "frágiles y en la mayoría de los casos están en un estado de deterioro", pero no propone medidas específicas para detener la deforestación. La Estrategia de Reducción de la Pobreza Rural establece que uno de los factores clave de las nuevas estrategias rurales es "romper el círculo vicioso de la deforestación, la degradación de los recursos hídricos y del suelo y el crecimiento de la pobreza rural". La instrumentación de esta estrategia debería llevar a que el Banco deje de financiar plantaciones industriales (ya que éstas tienen como resultado precisamente los impactos mencionados) pero obviamente no es lo que ocurre.
La Estrategia para el Desarrollo Agrícola incluye la producción forestal en el sector agrícola y afirma que los nuevos acuerdos comerciales presentan nuevas oportunidades de incrementar el comercio de productos forestales. La estrategia exhorta nuevamente a realizar un manejo sostenible de los productos forestales, utilizar de manera sostenible los recursos naturales y aplicar prácticas de reforestación en las cuencas altas. Esto plantea la pregunta: ¿qué se entiende por "prácticas de reforestación"? ¿El establecimiento de plantaciones industriales o la replantación de especies autóctonas diversas?
El BID ha tenido la misma Política Ambiental de una página y media desde 1979, y finalmente la revisará este año. El proceso de revisión surgió después de la decisión del Banco de financiar el muy polémico proyecto del gasoducto de gas natural de Camisea en Perú. El gas se extrae de depósitos ubicados en una de las áreas de mayor diversidad cultural y biológica del bosque tropical amazónico, se transporta hasta la costa al otro lado de la cordillera de los Andes, donde se procesa en una planta en la bahía de Paracas, en una zona adyacente a un sitio Ramsar de Naciones Unidas, y luego se exporta.
La zona de concesión de Camisea en la Amazonía y la planta de fraccionamiento de gas en la costa fueron algunos de los puntos más controvertidos del proyecto. El setenta y cuatro por ciento de la zona de concesión se encuentra en la Reserva territorial Nahua - Kugapakori de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, algunos de los cuales evitan celosamente el contacto con intrusos. La planta de fraccionamiento de la bahía de Paracas plantea una amenaza directa a la única área marina protegida de Perú. Los debates que se suscitaron por la construcción en estas zonas parecen haber servido como incentivo tanto para que el BID cambie su Política Ambiental como para que además elabore una Política de Pueblos Indígenas, pero no para que revise el otorgamiento de préstamos a Camisea. Si bien los procesos de consulta de ambas políticas han terminado, ninguna de las dos ha sido aprobada todavía.
El borrador de consulta de la nueva Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias contiene una directiva que protege las "áreas de conservación críticas", que es paralela en líneas generales a la política del Banco Mundial que protege los hábitats naturales críticos. Sin embargo, la versión borrador de la política de hábitats naturales del BID es significativamente más débil que la del Banco Mundial y protegería menos áreas. Durante las consultas sobre la política, las ONG instaron al BID a que reforzara la redacción de esta directiva, pero sigue sin quedar claro cómo incorporará el BID este aporte en la versión final.
En general, el BID parece considerar la promoción de los "negocios forestales" como un requisito previo esencial para el manejo sostenible de los recursos forestales y en consecuencia promueve las plantaciones y otras inversiones en el sector como una manera de promover la "sostenibilidad". Lamentablemente, lo que el BID entiende por sostenibilidad no necesariamente coincide con el significado que tiene para nosotros ese término.
Por Elizabeth Bast, Amigos de la Tierra-Estados Unidos, correo electrónico: ebast@foe.org, www.foe.org