En julio pasado el gobierno de Gabón, empresas madereras que operan en el país y algunos grupos ambientalistas --entre ellos el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)-- alcanzaron un acuerdo para mantener la Reserva de Lope fuera del alcance del madereo comercial. Sin embargo, el acuerdo incluye una redefinición de los límites de la reserva, sustrayéndole 10.352 hectáreas en la zona sureste --donde se encuentra la mayor cantidad de ejemplares del valioso okumé-- y agregándole alrededor de 5.200 hectáreas de una zona previamente no protegida que comprende bosques primarios en una remota zona de las tierras altas.
El acuerdo ha generado reacciones opuestas. Para quienes están a favor, el resultado del acuerdo es positivo, dado que la nueva área incorporada a la reserva constituye un invalorable reservorio de biodiversidad. Se argumenta también que gracias al acuerdo los madereros se han comprometido por primera vez a no violar los límites de un área protegida. Sostiene uno de los defensores del acuerdo que “hemos pasado de una situación en la cual alrededor de las dos terceras partes de la reserva se encontraba de hecho en concesiones madereras, a otra en la que hemos perdido algo de tierra pero donde la reserva en su conjunto estará protegida de la corta para siempre. Para las empresas madereras, la nueva zona protegida en tierras altas presentaba dificultades para su explotación desde el punto de vista logístico, ya que se hubiera requerido la construcción de caminos y costosos métodos de cosecha. A cambio, éstas tendrán ahora el acceso facilitado a los valiosos rodales de okumé.
No obstante, grupos ambientalistas como Rainforest Foundation, que han estado luchando contra la corta de madera en la zona, consideran que las empresas madereras --principalmente francesas y malasias-- tienen mucho poder económico e influencia sobre el gobierno como para realmente cumplir con el compromiso establecido. Aducen que la pérdida de un área previamente protegida suena más bien como una renuncia, en tanto lo que el gobierno debería haber hecho es aplicar la legislación vigente. No hay garantía de que --en nombre del “realismo”-- en el futuro no se modifiquen una y otra vez los límites del área protegida.
La actitud que las empresas implicadas asumirán en el futuro resulta crucial. Cabe señalar que en 1995 la compañía maderera francesa Rougier Group violó un acuerdo para el desarrollo sustentable de los recursos naturales en la región de Ipassa Mingouli, suscrito por la propia empresa, el gobierno de Gabón y la UICN, y que contaba con el apoyo financiero de la Unión Europea (ver Boletín 15 del WRM). Asimismo, debe subrayarse que el acuerdo no menciona en absoluto cuál es el punto de vista de los pueblos de los bosques que habitan la zona.
Artículo basado en información obtenida de: The New York Times, "Pact Is Reached to Save a Rich Tropical Forest" por Andrew Revkin, 1/8/2000, en Worldwide Forest / Biodiversity Campaign News 13/8/2000, enviado por Glen R. Barry,