Ghana ha creado numerosas áreas protegidas --administradas por la Comisión Forestal y por el Departamento de Flora y Fauna-- como forma de asegurar la conservación de la biodiversidad. No obstante, el proceso de creación de algunas de esas áreas ha generado una serie de problemas que explican el fracaso de varias áreas protegidas que no han cumplido el objetivo para el cual fueron establecidas. Entre otros problemas que explican tal situación, cabe mencionar los temas relacionados con la tenencia de la tierra, los derechos territoriales de las comunidades y el cumplimiento de la ley.
El Instituto de Asuntos Culturales (ICA), realizó una investigación en un área protegida de Ghana --la Reserva Kalakpa--, ubicada en la región de Volta, a unos pocos kilómetros de Ho, la capital de la región. Antes de que se creara el parque, el territorio estaba ocupado por agricultores inmigrantes, mediando un acuerdo entre ellos y los propietarios de las tierras. Los agricultores han habitado legítimamente la zona a lo largo de varias generaciones.
El estudio ha demostrado que uno de los principales problemas presentes en la reserva --creada por un acuerdo entre el gobierno y los propietarios de las tierras-- es que las comunidades que la habitan no fueron consultadas a la hora de su creación. En la medida en que desde el inicio no se tomaron en cuenta los intereses de las familias inmigrantes, ha sido muy difícil lograr avances. Por eso, si bien hay tres grupos de interés en juego en la zona --los propietarios de las tierras, los colonos agricultores y el gobierno-- las negociaciones para la adquisición ignoraron totalmente a los colonos agricultores. Ellos tienen predios agrícolas en esta zona designada como área protegida, establecimientos que continúan creciendo e incluso predios destinados a la cría de ganado.
El gobierno define actualmente a los colonos agricultores como intrusos, y considera que es su responsabilidad expulsarlos de la zona, si bien con escaso éxito. Pero ellos no son intrusos; son habitantes de larga data a los que debe dárseles participación en las actividades y cambios vinculados al uso de la tierra.
Los agricultores cuestionan a las autoridades: desean seguir realizando sus actividades económicas y aspiran a que se respeten sus derechos a permanecer en la zona. La respuesta del gobierno ha sido intentar compensarlos económicamente. Pero todo el proceso de poner precio a un área supuestamente protegida y pagar una compensación, sigue siendo un ejercicio imposible. En tanto el gobierno fije arbitrariamente valores bajos y sin relación con las formas de sustento de la gente, muchos agricultores seguirán rechazando las compensaciones. Aquéllos que las aceptan no son conscientes de las condiciones del lugar en el que son reubicados o se los pretende reubicar. El resultado es que o bien no van, o si lo hacen, regresan casi inmediatamente a su lugar de origen.
Como en muchos otros casos similares, esta experiencia demuestra claramente que el proceso de crear y mantener áreas protegidas debe hacerse tomando en cuenta el interés de todas las partes interesadas, y la aplicación de la ley debe atender las necesidades y derechos de los titulares. El establecimiento de áreas protegidas no debe ser antagónico a las formas de sustento de los pueblos locales, y el proceso no debe suponer la violación de derechos humanos fundamentales. A menos que la creación de una reserva se haga debidamente, se podrá tener un área protegida, pero la conservación de la diversidad biológica no estar� en absoluto garantizada.
Artículo basado en la entrevista personal de una integrante del equipo del WRM a Lambert Okrah, durante la COP6 del CDB en La Haya, y en el boletín ECO, Volumen 6, número 6, http://www.itdg.org .