Una alianza de campesinos hondureños demanda al gobierno la detención de la construcción de la presa hidroeléctrica por parte de la empresa Energisa en la zona de Gualaco, Olancho, a unos 240 kilómetros al noreste de Tegucigalpa. Los pobladores afectados por el proyecto consideran que se está causando daños al medio ambiente y que la construcción de la presa impedirá el abastecimiento de agua a miles de pobladores, además de que pueden ser obligados a dejar sus tierras.
Exigen también al gobierno que se investigue y juzgue a los empleados de la compañía constructora que, según alegan testigos del incidente, mataron a Carlos Roberto Flores, dirigente ambientalista y opositor a la construcción de la represa hidroeléctrica en las cascadas del río Babilonia. Junto a la Coordinadora Nacional Contra La Impunidad (CONACIM), hicieron además un llamamiento a las autoridades para dejar sin efecto el pedido de arresto de líderes de sus comunidades (por más información ver pedido de apoyo en la sección "pedidos de acción" de julio en nuestra página web).
Energisa ha realizado estudios de impacto ambiental, pero las comunidades locales alegan que los estudios presentados por la empresa para obtener la licencia son falsos. Según se informó en una conferencia de prensa, el proyecto está inserto en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Agalta, declarado como zona protegida en julio de 1987. Este proyecto de generación de energía eléctrica generará una producción de 4,400 kilovatios que serán vendidos a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), según lo aprobó el Congreso Nacional el año anterior. La planta será alimentada del agua proveniente del río Babilonia. Los patronatos de las aldeas y caseríos del sector así como las autoridades municipales se oponen al proyecto debido a que aseguran se alterará el patrimonio productivo de la zona, pues las tierras se verán afectadas por el embalse.
Aseguran también que la cascada que da belleza e identidad al lugar desaparecerá y el río verá empobrecida su vida acuática. Según expresó el sacerdote de Santa María del Real, Osmín Flores, el proyecto carece de un estudio de impacto ambiental realmente serio y científico, según los estudios que realizó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en donde advierten que "existen varias fallas geológicas que podrían poner en peligro a las comunidades una vez ejecutado el proyecto". Concluyen que "la represa pretende ser realizada por Energisa supuestamente al margen del Estado de Derecho, violentando la Ley de Municipalidades y omitiendo datos importantes en la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental".
A pesar de este informe, se asegura que la secretaria de Recursos Naturales, Xiomara Gómez, extendió la licencia ambiental y luego suscribió con el presidente de la empresa, Héctor Julián Borjas, el contrato de medidas de mitigación. Por su parte, Juan Ramón Zúniga, cafetalero de la zona, aseguró que ya han recibido varias amenazas de parte de la empresa. "En enero pasado los militares llegaron y nos detuvieron, incluso procesaron a tres de nosotros sin haber hecho nada, nosotros sabemos que esa es una persecución e intimidación de parte de Energisa, el juez de Catacamas ha dictado orden de prisión contra líderes comunitarios y familias caficultoras que han tratado de impedir que personal de Energisa entre a sus predios sin previo consentimiento".
Entre otros casos de abusos anteriores al asesinato de Carlos Roberto Flores está el del párroco de Gualaco, Fredy Cornelio Benítez, coordinador del foro local forestal de la zona, quien fue apuñalado por la espalda en el mes de marzo como consecuencia de la oposición que el párroco ha dado al avance del proyecto. También el Alcalde, Rafael de Jesús Ulloa, ha recibido varias amenazas y ha sido perseguido por un auto no identificado.
El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (COFADEH) informó de una nueva detención ilegal por parte de la policía antimotines, de 1500 indígenas de distintas comunidades que se trasladaban a la capital para apoyar la lucha de los pobladores de Gualaco. Hubo también un desalojo contra los pobladores de Gualaco, con bombas lacrimógenas, tanquetes de agua y golpes, que dejó una treintena de heridos graves. A eso se agregan las amenazas recibidas por el ciudadano norteamericano Daniel Graham por haber documentado gráficamente los graves sucesos acaecidos en la zona.
A la preocupación inicial por los impactos que la represa podía causar sobre el medio ambiente y su gente, se ha sumado ahora la represión y las amenazas de muerte a quienes siguen oponiéndose al proyecto. El gobierno de Honduras debe tomar acción de manera inmediata para proteger a todas aquellas personas que están en riesgo, realizando además cuanto antes un estudio independiente y exhaustivo sobre la muerte de Carlos Roberto Flores y las amenazas que las comunidades locales y sus líderes han recibido repetidamente.
Artículo basado en información obtenida de: Red de Desarrollo Sostenible Honduras, Boletín informativo No. 1464, marzo de 2001, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Equipo Nizkor.