Los bosques de la India, cimientos de la seguridad ecológica de la nación, están desapareciendo a un ritmo alarmante a manos de una serie de empresas comerciales. Las últimas estadísticas publicadas por la Encuesta Forestal de la India demuestran que el país ha perdido más de 26.000 km² de sus densos bosques durante el período 2001-2003. Más de 3.000 especies de plantas con flores y cerca de 200 especies de animales del país ya fueron clasificadas como amenazadas; es seguro que esta pérdida masiva de bosques colaboró con el proceso que está diezmando la biodiversidad.
Esto ocurre en momentos en que el mundo entero, salvo EEUU, cuenta los días que faltan para el año 2010, para cuando deberían lograrse reducciones sustanciales de la pérdida de la biodiversidad mundial a través de la instrumentación del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), del que la India es parte. El rotundo fracaso de la India en el manejo sustentable de sus bosques se funda en gran medida en la naturaleza excluyente y jerárquica del régimen de administración forestal, modelado por el legado colonial e instruido por la visión del sistema de castas, que mira con desprecio a los que están en la base de la pirámide social.
En la raíz de la crisis de los bosques que se profundiza está el desplazamiento de los Adivasi, los indígenas del país, de su función tradicional de cuidadores de los bosques de la India. Los Adivasi, los guardianes originales de nuestros bosques, que los han defendido de los salvajes asaltos de los colonialistas británicos y que han luchado contra una multitud de explotaciones comerciales a lo largo del orden político poscolonial, han sido sistemáticamente inhabilitados y apartados del manejo de los bosques por el régimen conservacionista, incluidas las leyes sobre vida silvestre y bosques. El proyecto de ley sobre Tribus Registradas (Reconocimiento de los derechos sobre los bosques) que se propone, por lo tanto, no solamente es un medio de deshacer la injusticia histórica contra los Adivasi, como la introducción del anteproyecto de ley declara con razón, sino que también brinda la muy necesaria oportunidad de recuperar la mayor población indígena del mundo como custodios de nuestros bosques.
No sorprende que haya quienes atacaron este proyecto de ley, que en cierto modo señala un cambio de paradigma. La doctrina que se opone a la construcción de una asociación con los Adivasi en lo que refiere al manejo de los bosques sitúa a la población autóctona y al resto de los sectores marginados como “el Otro” y no puede aceptar ni siquiera un ascenso infinitesimal de la categoría de los subalternos. La conservación no es más que una coartada de esta doctrina. Porque el mundo ya ha dejado de lado el dogma excluyente de la conservación característico del enfoque que importamos de Occidente.
El CDB, que es jurídicamente vinculante, se basa en el triple objetivo de la conservación, el uso sustentable y la distribución equitativa de los beneficios y estipula la participación de los indígenas en la gestión de la biodiversidad. Uno de los tres grupos de trabajo continuos establecidos por el proceso del Convenio debe tratar los asuntos relacionados con el uso y protección del conocimiento tradicional de los indígenas. Sin embargo, la India se ha burlado del CDB con la creación de una ley nacional, la Ley sobre Diversidad Biológica, que se limita a tratar los asuntos relativos a la reglamentación del acceso a la biodiversidad, fingiendo una dichosa ignorancia de la existencia de los indígenas (de una forma que recuerda la derrota del espíritu del innovativo Programa Hombre y Biosfera a través de la simple reclasificación de algunas zonas protegidas existentes sin reformar el sistema de administración).
De todos los programas que componen el Programa 21 adoptado en 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), los cuatro que tratan de la administración de recursos para la vida terrestre subrayan el papel de los indígenas y además incluyen un programa temático específico para fortalecer el papel de los indígenas en el manejo sustentable de tales recursos. Además, el plan de instrumentación de la Cumbre de Johannesburgo, realizada diez años después de la CNUMAD, exhorta a dar a los indígenas la posibilidad de contribuir a la aplicación de los objetivos del CDB y reconoce en forma explícita su papel en la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.
El Congreso Mundial de Parques, en particular en su sesión de 1962, fue quien en gran medida instrumentó en el mundo en desarrollo que se impulsara la doctrina de zonas protegidas de modo violento y excluyente, siguiendo el ejemplo del Parque Nacional de Yellowstone en EEUU, cuyo establecimiento implicó la muerte de más de 300 indígenas norteamericanos y el desplazamiento de otros varios miles. Dando vuelta la pisada, la sesión de 2003 del Congreso subrayó la importancia de las formas participativas y colaborativas de manejo de las zonas protegidas y exhortó específicamente a la restitución de las tierras tradicionales usurpadas a las comunidades indígenas, que es lo que este proyecto de ley intenta lograr. En los últimos años la cantidad de zonas protegidas en todo el mundo ha aumentado marcadamente y sobrepasa los 100.000 sitios y cubre más del 10% de la superficie terrestre del planeta. Cabe señalar que gran cantidad de las zonas protegidas de creación reciente son realmente reservas de recursos usados en forma sustentable.
Al dirigirse a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, donde por primera vez se incluyó al medio ambiente en la agenda política mundial, la difunta primera ministra Indira Gandhi dijo a Occidente que la pobreza era la peor forma de contaminación, declaración que luego se hizo famosa gracias a nuestros burócratas conservacionistas a lo largo de sucesivos foros multilaterales. Sin embargo ella misma contribuyó, pocos meses después de su regreso de la Conferencia de Estocolmo, a profundizar la pobreza y la miseria de una enorme cantidad de indios, irónicamente en nombre de la conservación, a través de la Ley de Protección de la Vida Silvestre. Esta ley puso en peligro la existencia misma de los Adivasi, cuya vida está vinculada orgánicamente con la vida silvestre, como si no hubiera bastado con la ilegítima Ley de Bosques de la India de 1927, que formalizó la apropiación colonial de los bosques indios. La trágica desaparición de los tigres de Sariska, a pesar de que en los últimos 25 años se gastaron diez millones de rupias (US$ 232.500) por cada uno de los tigres, como reveló el órgano encargado de su conservación (Tiger Task Force), es muy educativa en cuanto al fracaso del proyecto de conservación regimentado.
No hay motivos para que la India siga prolongando las crisis gemelas que son la aceleración de la degradación de la biodiversidad y el peligro al que se expone a la población Adivasi incluso después de más de medio siglo de independencia formal. La entrada en vigor del proyecto de ley sobre los derechos de los Adivasi al bosque debe verse como el primer paso esencial en la reforma del régimen de manejo de bosques del país para procurar la colaboración de los conservacionistas más originales para la protección y el uso sustentable del patrimonio ecológico más crítico del país.
Por S. Faizi, correo-e: ecology@zajil.net