Indonesia es un buen (mal) ejemplo de cómo un país puede aumentar las exportaciones y el PBI a través del agotamiento de sus recursos naturales -los bosques en particular- y a través de la violación de derechos humanos y territoriales de vastos sectores de su población. No sólo las organizaciones sociales y ambientales involucradas han denunciado esta situación. El informe sobre Indonesia publicado el pasado enero por el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial (ver Boletín 31 del WRM) dice que "los logros en crecimiento económico se han logrado, sin embargo, a expensas de un significativo costo ambiental: la rápida y sostenida destrucción de los bosques naturales".
La expansión de los monocultivos de palma aceitera -conjuntamente y asociado con la tala ilegal y los incendios intencionales- ha sido una de las principales causas de la degradación y la destrucción de los bosques del país. Sin tomar en consideración los impactos sociales y ambientales negativos, tanto el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, han estado impulsando la plantación e industrialización de la palma aceitera de manera de convertir a Indonesia en el primer exportador mundial de aceite de palma. El objetivo es tomar el lugar de Malasia como el mayor productor mundial de aceite de palma para el año 2012. El derecho consuetudinario a la tierra y los recursos de los pueblos indígenas están siendo totalmente ignorados por el estado y por las empresas privadas que se apresuran a invertir en el cultivo. Es práctica común que las compañías desmonten tierras forestales supuestamente degradadas, y que a cambio ofrezcan a la gente local (si es que lo hacen) una compensación mínima y trabajo mal remunerado en las plantaciones. El programa de transmigración patrocinado por el gobierno también ha sido usado para proveer mano de obra barata para el cultivo de la palma, generando a la vez graves conflictos étnicos con los habitantes del bosque.
El modelo de plantación de palma aceitera ha probado estar lejos de ser la "panacea" para la recuperación de la economía nacional, como ha sido pregonado por sus promotores nacionales y extranjeros. Casos de abusos a los derechos humanos y territoriales han sido denunciados en el Sur de Sumatra, Kalimantán Occidental y Central. Son temas de todos los días la violencia contra los pobladores locales, la explotación de los trabajadores y las acciones de resistencia por parte de la gente que valientemente se opone a la pérdida de sus tierras y de sus medios de vida.
Un reciente revés sufrido por esta actividad ha venido a agravar el problema. En octubre de 1999 el primer cargamento de 85,000 toneladas de aceite de palma fue rechazado por los compradores de los Países Bajos, ya que estaba contaminado con aceite diesel, lo cual llevó a una brusca caída en los pedidos de exportación del producto. Los importadores también han prohibido futuros cargamentos y han exigido que la fuente de contaminación sea identificada, que los responsables sean castigados y que se instalen mejores mecanismos para el análisis del producto.
La conjunción de los problemas generados a nivel interno y externo llevan a la misma conclusión: la expansión de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia -que se estima llegarán a 330,000 hectáreas al año- solo causarán más destrucción ambiental y desolación para los pueblos que habitan los bosques o que de ellos dependen y no constituirá una fuente confiable de ingresos para Indonesia.
Fuente: Down to Earth Newsletter 44, February 2000;