La palma aceitera no es nativa de Uganda. Fue en la década de 1990 que el gobierno, con el apoyo del Banco Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de las Naciones Unidas, comenzó a aplicar un Programa Nacional de Desarrollo de Aceites Vegetales, donde el cultivo principal era la palma aceitera.
El gobierno de Uganda estableció un proceso de licitación para seleccionar una empresa que pudiera plantar las palmas aceiteras, construir una fábrica extractora de aceite de palma crudo y llevar a cabo un programa de subcontratación. El gobierno asumió la responsabilidad de garantizar la tierra para la empresa, además de otros beneficios entre los que se cuentan varios incentivos fiscales. (1) En 2003 se firmó un acuerdo de asociación público-privada entre el gobierno de Uganda y BIDCO, una empresa de propiedad parcial de la empresa multinacional Wilmar. Wilmar es el segundo mayor operador internacional de plantaciones de palma aceitera en África, después de Socfin, con un abundante historial de violaciones de derechos humanos. (2)
Las empresas de plantaciones utilizan los programas de agricultores subcontratados o de pequeños productores, lo que también se conoce como agricultura por contrato, para obtener más acceso y control sobre las tierras de las comunidades. Los campesinos cultivan palma aceitera en sus tierras y la empresa, por su parte, les comprará todas las frutas de palma aceitera que produzcan. Los gobiernos suelen apoyar estos programas, que se presentan como un acuerdo que beneficia a todas las partes. Pero, de hecho, son una trampa. Los campesinos acumulan deudas desde el inicio, pierden la libertad de decidir a quién vender su producción, enfrentan severas restricciones para sembrar otros cultivos, renuncian a la autonomía e incluso a sus tierras, entre otras importantes consecuencias. (3)
El convenio firmado menciona la promoción de 40.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en el país. Alrededor del año 2005, BIDCO inició sus plantaciones industriales en la isla de Kalangala, con cerca de 10.000 hectáreas de las cuales casi dos tercios son plantaciones de la empresa, mientras que el resto está en el marco del programa de agricultores subcontratados.
Como ocurre en la mayoría de los países, las empresas de plantaciones de palma aceitera se presentan ante las comunidades con numerosas promesas. Como una forma de convencer a los miembros de la comunidad, la empresa los invitó a reuniones y seminarios donde se formularon diversas promesas y, como resultado, muchos fueron engañados para firmar documentos y aceptar acuerdos con la empresa, que luego fueron utilizados para apoderarse de sus tierras.
La experiencia de los pobladores de la isla de Kalangala es devastadora. Les arrebataron sus tierras, destruyeron sus bosques, contaminaron su agua. Arrestaron y torturaron a quienes se opusieron a la empresa, y desplazaron mujeres y niños que no tienen dónde vivir.
BIDCO planeaba comenzar a expandir sus plantaciones en la isla de Buvuma en 2012. Pero al gobierno le resultó muy difícil garantizar la tierra porque se enfrentó a una fuerte oposición organizada contra la empresa y contra los planes del gobierno de desplazar a las comunidades. Incluso hasta el día de hoy la empresa no ha podido avanzar como había previsto inicialmente. ¡La resistencia de las comunidades ha sido fértil!
Este breve video de 6 minutos (en inglés y francés) revela cómo las comunidades de la isla de Buvuma, y en especial las mujeres, resisten la expansión de las plantaciones de palma aceitera de BIDCO en sus tierras. También es un llamado a resistir y un alerta para que otras comunidades que pueden estar enfrentando las mismas amenazas, no entren en el negocio de la palma aceitera:
(1) World Law Group, Uganda: Tax Incentives for Foreign Direct Investment, 2022.
(2) Chain Reaction Reserch, African Oil Palm Expansion Slows, Reputation Risks Remain for FMCGs, 2022.
(3) WRM, Nueve razones para decir NO a la agricultura por contrato con empresas palmicultoras, 2002