Una delegación de emergencia patrocinada por Global Exchange ha regresado de la Reserva de la Biosfera Integral de Montes Azules en Chiapas, México, y ha preparado la siguiente declaración:
Denunciamos la inminente reubicación forzada de las comunidades indígenas asentadas en Montes Azules. Además, concordamos con las mayoría de las organizaciones no gubernamentales en que estas reubicaciones se llevan a cabo como pretexto para explotar comercialmente la región, por ejemplo con actividades de exploración petrolera, bioprospección y construcción de represas hidroeléctricas.
Algunas de las comunidades amenazadas de Montes Azules están aliadas con la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC - Independiente) y las comunidades de base de apoyo al EZLN. El EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) ha participado en la resistencia desde el 1º de enero de 1994, el primer día en que el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) entró en vigor.
El 12 y el 13 de marzo nos reunimos con representantes de las comunidades de Nuevo San Gregorio, Nueva Israel y Ranchería Corozal, parte de una región de seis aldeas aliada con la ARIC-Independiente y escuchamos su testimonio. También visitamos a representantes de varias organizaciones no gubernamentales de Chiapas durante nuestra visita de una semana.
Denunciamos los planes del gobierno mexicano de desplazar a los pueblos indígenas de esta zona y las acusaciones de que los pueblos indígenas son los destructores de la tierra. Muchos de ellos han sido acosados por varias autoridades de gobierno, incluso la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA) y la Policía Federal Preventiva. Estas autoridades alegan que los colonos indígenas amenazan la integridad de esta Reserva de biosfera reconocida por la ONU.
En vuelos sobre la región pudimos verificar que el daño ecológico que estas comunidades puedan haber causado es mínimo, especialmente en comparación con el daño masivo provocado por las carreteras, las fincas ganaderas, el madereo, las bases militares y otros usos comerciales de la tierra.
Los pueblos indígenas tienen derecho a permanecer en sus tierras y cultivarlas de la forma que consideren adecuada. Tienen el derecho ético de vivir en sus tierras y trabajarlas en forma sustentable. Además, su presencia en esos territorios es legítima según la Convención de los Derechos Indígenas (Convención 169) de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas. Rechazamos el punto de vista de algunas ONG ambientalistas internacionales (por ejemplo, Conservation International) que han apoyado la acusación del gobierno mexicano de que las comunidades indígenas están destruyendo los bosques tropicales.
La actual crisis en Chiapas es el resultado de una larga historia de conflictos no resueltos sobre la tierra en el sur de México y Chiapas. Muchos de los abuelos y padres de los actuales ocupantes se trasladaron a Montes Azules por orden de gobiernos anteriores, para huir de las condiciones de trabajo opresivas y degradantes de los grandes estados del sur de México. Tienen ancestros Tzotzil, Tseltal, Tojolobal y Chol, que representan la diversidad cultural de los pueblos mayas tradicionales de Chiapas.
Las comunidades que visitamos están cooperando en un importante experimento para demostrar que existe una manera más sustentable de vivir en sus tierras. Desde hace ocho años o más han dejado de usar la agricultura de roza y quema y han eliminado el uso de sustancias químicas peligrosas. Buscan el apoyo internacional para seguir desarrollando nuevos métodos orgánicos de cultivo basados en los métodos más tradicionales de cuidado de la tierra.
Visitamos a los refugiados de la comunidad Arroyo San Pablo, a quienes forzaron a dejar la selva en diciembre pasado y reubicaron en un refugio estatal en la ciudad de Comitan. Hace tres meses que languidecen en condiciones deplorables, desilusionados ante la aparente incapacidad (o falta de voluntad) del gobierno para resolver su situación.
Rechazamos la idea de que la reubicación forzada de los pueblos indígenas tenga algo que ver con la protección del ecosistema en cuestión, y creemos que con esa actitud se favorece el Plan Puebla Panamá y el Área de Libre Comercio de las Américas. Creemos en la autodeterminación de los pueblos indígenas (como lo estipulan los Acuerdos de San Andrés de 1996) y en que la mejor solución es que la protección de la biodiversidad de Montes Azules sea instrumentada por los propios pueblos indígenas.
La delegación de emergencia de Global Exchange estuvo integrada por 12 representantes de Estados Unidos, Canadá, Italia y México. Las organizaciones representadas fueron ACERCA (Action for Community and Ecology in the Regions of Central America), el Comité de Justicia Social, el Comité de Acción Social, el Instituto para la Ecología Social y Chiapas Independent Media Project. La delegación estuvo acompañada por periodistas independientes de Estados Unidos.
Comunicado de prensa de Global Exchange, 14 de marzo de 2003, enviado por Orin Langelle (ASEJ/ACERCA), correo electrónico: orin@asej.org