Responsable, sostenible, renovable y certificada: ¿una economía que destruye el planeta?

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Los esquemas de certificación buscan legitimar actividades dañinas con términos como ‘sostenibles.’ Son una táctica de supervivencia del capitalismo. Con la transición energética, hasta la minería busca legitimar su imparable crecimiento. La transición debe darse, sí, pero de manera justa y consensuada y no basada en más mentiras verdes.

El extractivismo de materias primas incluye metales y minerales pero también commodities de la agricultura industrial. Al referirse a las mismas, el discurso capitalista pone el acento en la supuesta esencialidad de esos recursos para la economía mundial. De esa manera, se justifica cada vez más extracción a cualquier costo y en cantidades muy por encima de la integridad del planeta y la seguridad, la vida y la salud de las personas.

Como forma de legitimarse, ante las ya inocultables evidencias de los impactos devastadores de estas actividades industriales, las empresas extractivas insisten con estrategias de lavado de imagen. De forma aumentada durante la pandemia. ‘Certificaciones’ de cadenas productivas o materias primas, el uso de conceptos como ‘sostenible’ o ‘responsable’ y mecanismos de ‘compensación’ son algunas de las tácticas que denuncian los movimientos ecologistas.

Esto se extiende a la manera en que se usa el término ‘renovable’ para calificar a las nuevas fuentes de energía en los procesos llamados de transición energética. Tácticas muy engañosas, sobre todo en el marco de una transición que está siendo de todo menos justa. Esta es precisamente la hipótesis de la que parto.

La idea imperante es que el crecimiento económico basado en la extracción de materias primas a gran escala tiene que ser sí o sí. Con las emisiones contaminantes de las industrias en su máxima expresión, los gobiernos declaran estar enfocando sus esfuerzos a salvar el planeta de la crisis climática en los términos del Acuerdo de París. En este contexto se habla de una transición energética para alcanzar la ‘neutralidad climática’. Dicho de otro modo, la extracción industrial de materias primas se vende como aceptable, siempre y cuando se pueda ‘neutralizar’ o ‘compensar’ la destrucción o contaminación causada con otro proyecto en algún otro lugar.

Renovable

Las energías renovables están llamadas a sustituir (al menos de momento en parte) a los combustibles fósiles. Por sus características naturales y gracias a un manejo adecuado no se agotan y existe la posibilidad de utilizarlas constantemente. Para uso doméstico y también industrial, incluyen la hidroeléctrica, la biomasa, la eólica, la solar. En el transporte, se impulsa el uso de biocombustibles o agrocombustibles a base de aceite de palma o soja y el vehículo eléctrico, que a diferencia del vehículo convencional a base de combustibles fósiles no produce emisiones contaminantes al circular, pero su fabricación y la de sus inmensas baterías requiere mucha mayor cantidad y variedad de metales y abre un espectro de problemas relacionados con la extracción minera de los mismos. Así la industria minera forma parte de esta discusión y se sitúa bajo la mira.

Las energías renovables se presentan como la solución ‘verde’ para descarbonizar la economía. La supuesta solución dependiente de metales y minerales se llama Pacto Verde. En contraposición, la sociedad civil ya está criticando a la Unión Europea por elaborar esta mentira en semejante escala, que re impulsa con un marco verde el asalto sobre materias primas a nivel global. (1)

Para los promotores este modo de energía renovable, no es tan importante el reducir la sobre-extracción, producción y consumo de energía. En cambio, se enfocan en calcular en cuánto se reducen las emisiones de gases contaminantes cuando se reemplazan las energías fósiles por las renovables. Pero lo cierto es que el conteo de dióxido de carbono es una actividad bastante problemática y funcional al interés capitalista de mantener la creciente producción y consumo global de energía. No hay un seguimiento real de la contaminación e impactos generados a lo largo de toda la cadena de generación de energía renovable.

Por si fuera poco, el objetivo último de muchos de los nuevos proyectos de generación de energía en todo el planeta no es ya cubrir como mínimo las necesidades energéticas básicas de las poblaciones, sino que más bien se dirige a abastecer de energía barata a grandes industrias como la minera, la metalúrgica, la automovilística, la aviación, la producción de armamento, la construcción, la tecnología digital, entre tantas otras. Esto evidencia, entre otros, como este impulso a las energías renovables deja sin cuestionar la violencia y el abandono intrínseco a este sistema energético.

Sostenible

Lo cierto es que en estos días, cualquier empresa o iniciativa puede calificarse como ‘sostenible’ con solo un mínimo de esfuerzo. Es un término tan amplio y vago que actividades netamente destructivas, como la extracción de petróleo, minería o la expansión de los monocultivos industriales para fines tanto energéticos como de la industria de la madera o pulpa para papel pueden asignarse o recibir una etiqueta de producción ‘sostenible’ o ‘responsable.’

Pero muy a menudo los impactos de estas industrias son brutales: incluyen el robo, acaparamiento y destrucción de tierras, producen desplazamiento, hambre y así un genocidio de pueblos originarios y dueños legítimos de territorios. Actividades industriales altamente contaminantes, que usan químicos  tóxicos y maquinaria pesada en ecosistemas sensibles como bosques tropicales, turberas y humedales, salares o desiertos,
tienen consecuencias no sólo sobre la expansión de la frontera agrícola, el cambio climático, el abastecimiento de aguas, la regulación de las lluvias, incendios, sino también  sobre los precios de los alimentos. (2)

A comunidades tradicionalmente sostenibles, en co-existencia con sus territorios, se les ha impuesto la idea de que el ‘desarrollo’ está en producir para exportar a los países ya ‘desarrollados’. Ahora, el desarrollo es ‘verde’ o ‘sostenible’, porque ‘certifica’ esos procesos de producción y extracción que se denunciaron como insostenibles. Un sello de certificación -existen miles- busca convencer a los financistas corporativos y vender al consumidor final, mayormente en el Norte global.

Certificable

En el marco de las crecientes discusiones sobre cambio climático y los acuerdos hacia economías ‘verdes’ o ‘bajas en emisiones de carbono’, todo es certificable. La mayoría de las operaciones industriales, que buscan seguir sus negocios de siempre, no tienen otra opción que recurrir a alguna certificación como método de lavado de imagen.

Con la certificación se pretende determinar si un producto es ‘sostenible’ y contener los riesgos que implica su producción desarrollando criterios ambientales (y a veces sociales) que el producto u operación debe cumplir.

Pero ¿quién elabora estos criterios? ¿son válidos? ¿qué elementos de control existen para su implementación y su cumplimiento? ¿cuál es la inversión para hacer efectivo este control? ¿quién va a llevar a cabo el control? ¿quién lo financia? ¿qué pasa con los aspectos sociales y de derechos humanos que no están siendo considerados? ¿y qué pasa cuando se habla de contestar todas estas preguntas pero los años pasan y nadie encuentra respuestas satisfactorias?

Para todas estas preguntas hay respuestas, aunque no son satisfactorias.

Los programas de compensación de carbono que buscan ‘neutralizar’ la contaminación, como los programas REDD+, recurren a la certificación de sus actividades para legitimarse frente a las desbordantes críticas. Las iniciativas de certificación de monocultivos (p. ej. para agrocombustibles) como la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) (3) y la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS) (4) han sido ampliamente cuestionadas desde sus inicios como maquillaje verde por organizaciones de derechos humanos y ecologistas, incluidas el Movimiento Mundial por los Bosques y Salva la Selva. Cuando las organizaciones ecologistas comenzamos a cuestionar frontalmente estos esquemas en la primera década de los 2000, encontramos entre otros desafíos el de tener que mostrar a la opinión pública que un esquema que se presentaba como solución a un problema ambiental era en realidad un engaño completo. La ‘solución’ al problema era en realidad un problema.

Lo que buscan estas iniciativas es la aceptación de los productos, reducir los cuestionamientos, y la apertura de nuevos mercados de acuerdo a una demanda exigente. Pero los problemas de fondo quedan sin resolver. Las iniciativas o mesas redondas que pretenden agrupar a las partes interesadas están muy dominadas por la industria. Comunidades afectadas que han participado de dichos espacios expresaron luego que la experiencia resultó frustrante. Ha habido acusaciones de utilizar a los afectados sólo para legitimar las mesas. A través de las certificaciones, las empresas buscan además ventajas como introducirse en los mercados de carbono, beneficiarse de políticas fiscales a través de subvenciones e incentivos, entrar en el mercado como producto ‘eco’, con imagen ecológica. Los sistemas implican mucha burocracia y es difícil escrutarlos a fondo.

Por lo general, sucede que los esquemas de certificación son sistemas privados y voluntarios. Significa que una empresa que se quiera certificar tiene que buscar a otra empresa, una certificadora, a la que tendrá que pagar. Ese pago es para certificar el producto, el negocio o la parte del negocio determinado por la empresa contratante. Entonces, obviamente, si la certificadora quiere cobrar por el trabajo y seguir obteniendo clientes y contratos, tenderá a escribir en su informe más o menos lo que su cliente le sugiere o acomodarse a sus necesidades. Bajo este esquema, las certificadoras no pueden actuar de manera independiente.

Los certificados de sostenibilidad se usan mucho en las campañas publicitarias de las empresas. No hay una vigilancia exhaustiva de cumplimiento, por parte de ninguna instancia. Y es muy habitual que empresas certifiquen tan sólo una pequeña parte de sus negocios, precisamente aquél con el que luego harán más publicidad que con el resto de sus operaciones insostenibles.

El ejemplo por excelencia de lo que puede llegar a pasar y las consecuencias a la hora de certificar, es el de la represa de relaves mineros en Brumadinho, (5) en Brasil, que se rompió en 2019 causando cerca de 300 muertes y muchos otros serios impactos pocos días después de obtener un certificado de la estabilidad de la estructura.

No existe todavía un sistema de certificación de recursos minerales. En los últimos 10 a 15 años se han puesto en marcha varias iniciativas para recursos minerales (aluminio, oro, estaño) o regiones específicas. Como la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable IRMA, o el fondo del Banco Mundial que promueve actividades mineras ‘climáticamente inteligentes’. Sin embargo, estas no abarcan las actividades mineras globales ni a todos los recursos minerales. La Unión Europea está trabajando en un estándar de sostenibilidad de las materias primas que las experiencias previas nos llevarán a mirar con ojos bien críticos.

Las estrategias que promueven una producción ‘sustentable’ a gran escala industrial, conducen, en medio de palabras bonitas y ecológicas, a pérdidas de economías locales, de ecosistemas, de biodiversidad y de modos de vida de Pueblos Indígenas y otros pueblos tradicionales. Algunas grandes ONGs conservacionistas forman parte de las mesas de discusión de estándares. WWF es co-fundadora de varios sellos como MSC sobre pesca ‘responsable’, al cual la propia organización ha llegado a objetar. (6) Greenpeace terminó abandonando el esquema FSC (7) de certificación de madera alegando que sus términos no garantizaban los derechos de las personas dependientes de los bosques. (8) Y recientemente sacó un informe muy completo sobre esta temática de la certificación. (9)

Hay que destacar además que los estándares, principios y criterios de las certificadoras son voluntarios, y no están sometidos a obligatoriedad como sí lo son leyes como las de diligencia debida. Sin embargo, con la existencia de leyes no está asegurado su cumplimiento si no hay controles, como sucede en el caso de FLEGT y EUTR, legislación europea de prevención de la tala ilegal, que no logra evitar la entrada de madera ilegal a raudales en Europa. ¿Quién es responsable de garantizar que las materias primas y la energía serán realmente recursos renovables, sostenibles y responsables? Por los motivos expuestos, la certificación seguro no.

Salir del lavado verde y hacer justa la transición

El hecho es que el sistema económico dominante se basa en industrias extractivas tan evidentemente destructivas que un ejército de certificadores intentan prometerle a los y las consumidoras, así como a sus financistas y fuentes de subsidios públicos, que ‘no pasa nada’. Sin embargo, no hay que olvidarse que para una industria, auto calificarse como ‘responsable’ es muy fácil. Serlo ya es otra cosa.

Hay muchos casos bien estudiados de operaciones empresariales certificadas que al analizar las circunstancias revelan una realidad muy diferente a la que sugieren las certificaciones. Es el caso de amplios monocultivos de eucalipto de Veracel y Aracruz en Brasil o de una gran concesión maderera de IFO en la República Democrática del Congo certificadas con el sello FSC sobre gestión forestal ‘responsable.’ También es el caso de plantaciones industriales de palma aceitera de, entre otras, IOI o Sinar Mas en Indonesia, con certificación RSPO sobre palma ‘sostenible’. La vigilancia demanda tanto esfuerzo y recursos que a muchos otros casos sospechosos no se puede dar un seguimiento exhaustivo y siguen adelante, quedan impunes. (10)

La sociedad, muy especialmente la occidental, necesita hacerse más consiente y exigente: hablar de las nuevas fuentes de energía como ‘renovables’ y ‘sostenibles’ mientras la generación de la energía y sus beneficios se concentran en manos de unas pocas multinacionales lleva a engaños que perjudican a otros territorios y a sus habitantes. Una enorme proporción de las afirmaciones que se hacen a través de la publicidad y los grandes medios de comunicación, y de las engañosas ‘certificaciones’, se basan en supuestos muy cuestionables, definiciones y terminología confusa y hasta falsa. Es necesario entonces cuestionarse y solidarizarse con las luchas en los territorios afectados así como romper la lógica de sobre-consumo para que disminuya la presión sobre los territorios.

El objetivo de las industrias y sus financistas aliados está en hacer negocios supeditados a las tecnología, al crecimiento y al cada vez más impuesto por la fuerza, olvidando fácilmente cuestiones fundamentales como el respeto a la madre naturaleza y el cuidado de la vida.

En este sentido, son urgentes las normativas y leyes que incluyan cuestiones obligatorias  relativas al comportamiento de las empresas con respecto a los derechos humanos, la destrucción de la naturaleza y la vigilancia de las cadenas de abastecimiento y las penalizaciones correspondientes. Con leyes de este tipo y con una amplia solidaridad consiente con las luchas de base y priorización de los derechos humanos y de la naturaleza, se avanzaría sobre el problema en el que se han convertido los esquemas voluntarios de las certificaciones. Este está condenado a repetirse de forma inminente en el ámbito de la minería y otras materias primas si no miramos el rastro que deja tras de sí el agronegocio. La única solución gira en torno a una reducción radical en el uso y especialmente en el abuso de los recursos.

Guadalupe Rodríguez, campaigner y referente para América Latina en Salva la Selva / Rainforest Rescue y punto de contacto regional de la Red Sí a la vida No a la Minería Yes to Life No to Mining (YLNM)
https://www.salvalaselva.org/  http://www.yestolifenotomining.org/

(1) Impulsando la minería destructiva: la sociedad civil europea denuncia planes de materias primas de la UE en el Pacto Verde Europeo
(2) Índice de precios de los alimentos de la FAO
(3) Agroindustria pretende “maquillar” de verde el negocio de la palma aceitera
(4) Sobre la RTRS y sobre el modo de producción actual de la soja
(5) TÜV Süd será alvo de ação coletiva na Alemanha por Brumadinho
(6) Nos oponemos a la primera certificación MSC para el atún rojo del Atlántico
(7) Greenpeace leaving FSC: what next for commodity roundtables?
(8) Greenpeace denuncia que la certificación forma parte del greenwashing empresarial y no están frenando la destrucción de los bosques, 2021
(9) Destruction: Certified
(10) Existen numerosos estudios e informes críticos que presentan estos u otros casos, como el mencionado de Greenpeace, la investigación de EIA, Who’s watching the watchmen, o el libro y documental The Silence of the Pandas. La páginas web FSC-Watch y REDD Monitor constituyen buenos recursos sobre el tema del lavado verde con muchos ejemplos concretos.