La empresa Biofílica Ambipar envió una "Nota aclaratoria" en respuesta a un artículo sobre REDD en Pará, Brasil, que se publicó en el boletín del WRM. Queremos aprovechar esta oportunidad para hacer varias aclaraciones en cuanto a la grave acusación de la empresa de que el WRM estaría publicando "información falsa".
Tras la publicación del artículo mencionado sobre REDD en Pará, Brasil, la empresa Biofílica Ambipar envió y solicitó al WRM la publicación de una “Nota aclaratoria”. Aprovechamos esta oportunidad para hacer las debidas aclaraciones frente a la grave acusación en dicha Nota de que el WRM estaría difundiendo “información falsa”.
Aclaramos que:
1. En cuanto a la afirmación de que el WRM estaría recurriendo a “fuentes anónimas” sin presentar “pruebas de las alegaciones”, Biofilica Ambipar parece desconocer por completo la realidad de la Amazonia y en particular del estado de Pará, donde la violencia contra quienes defienden los derechos humanos por medio de amenazas, acoso y asesinatos forma parte de la vida cotidiana de los miembros de las comunidades y organizaciones de apoyo, especialmente en torno a los conflictos de tierras con empresas y terratenientes. Por lo tanto, proteger a las y los testigos y a sus testimonios en regiones con conflictos de tierras como en las que actúan Jari Florestal y Agropalma es actuar con responsabilidad. Además, la práctica de proteger las fuentes no puede confundirse con la falta de pruebas.
2. En cuanto a la afirmación de Biofílica Ambipar de que estaría siguiendo los procedimientos de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en sus proyectos de carbono, declaramos que durante nuestra visita a la región del proyecto REDD en Pará, los residentes nos pidieron repetidamente que les diéramos información básica sobre qué es REDD y en qué consiste el proyecto de Biofílica. La ausencia o insuficiencia de información demuestra que la afirmación de Biofílica Ambipar no se sostiene. En nuestra percepción, como sucede con muchos otros proyectos REDD que hemos visitado en Brasil y otros países, la única consulta que parece haber tenido lugar fue sobre el tipo de beneficio asistencial que la comunidad desearía recibir, como talleres o cursos, acceso a servicios sanitarios, acceso a la electricidad, etc. Sin embargo, nada de esto está relacionado con el enfoque del proyecto REDD, que pretende combatir la deforestación para generar créditos de carbono que se venderán a empresas contaminantes. Por lo tanto, los miembros de la comunidad con los que hablamos no tenían la información suficiente para poder tomar una decisión libre e informada al respecto.
3. Siguiendo el tema de la relación con las comunidades, nos sorprendió el descaro de Biofílica Ambipar al afirmar en su Nota que el proyecto REDD de Jari se está desarrollando con el debido respeto a las comunidades locales y, en el mismo párrafo, atribuir el problema de la deforestación a la agricultura de subsistencia y a los pequeños agricultores. Se trata de una gran contradicción de los proyectos REDD en general. En lugar de reconocer la responsabilidad de empresas como Jari, que ya ha talado miles de hectáreas de bosque, en esos proyectos se suele echar la culpa de la deforestación a las comunidades locales, que dependen del bosque para su subsistencia y contribuyen poco o nada a su destrucción. En los últimos años, importantes investigaciones académicas han confirmado una vez más el fracaso de REDD, al demostrar que, por regla general, los proyectos presentan estimaciones de deforestación exageradas, que suelen atribuirse a los pequeños agricultores de subsistencia.
4. Otra afirmación de Biofílica Ambipar que no puede quedar sin respuesta es que “Jari Celulose no está siendo investigado, ni siquiera acusado de ningún tipo de delito o mala conducta, como se menciona en el texto del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales”. En un intento de fundamentar esta afirmación, Biofílica menciona únicamente una decisión judicial del juzgado de primera instancia del municipio de Monte Dourado, del 17 de diciembre de 2021, que habría confirmado que “Jari Celulose es la propietaria de las tierras donde se encuentra y desarrolla sus actividades”.
En primer lugar, conviene señalar que durante décadas Jari ha utilizado los tribunales locales para criminalizar a los miembros de la comunidad, pero nunca presentó estos casos ante la Jurisdicción Agraria, aunque se trate de un asunto de esta competencia. Esta realidad sólo cambió con la creación de la Fiscalía Agraria y la Defensoría del Pueblo para Asuntos Agrarios en Pará.
En segundo lugar, una vez más Biofílica parece situarse en un mundo ajeno a la Amazonia brasileña, además de adherirse al discurso de Jari Florestal de que la empresa fue víctima de “errores” en el registro de los títulos de propiedad de las tierras que ocupa. Sin embargo, reafirmamos que lo sucedido en el caso de Jari Florestal, Agropalma y tantos otros en Brasil forma parte de un proceso histórico de apropiación ilegal de tierras públicas – la gran mayoría de las tierras de la Amazonia son públicas –, también conocido en Brasil como “grilagem de terras”. Las víctimas de este proceso son las comunidades desalojadas o seriamente amenazadas de perder el derecho a sus tierras, como ha ocurrido en los casos de Agropalma y Jari Florestal. Las empresas tienen responsabilidad y cometen delitos en la medida en que pretenden o actúan para intentar transformar títulos fraudulentos en títulos legales.
Las ilegalidades de las empresas con las que trabaja Biofílica Ambipar en torno a la tenencia de tierras han sido señaladas por procuradores y promotores de justicia, especializados en esta materia:
- En 2005, el gobierno del estado de Pará presentó una demanda contra Jari Florestal pidiendo que se declarase que la empresa no era propietaria de las tierras que intentaba legitimar ante el Instituto de Tierras de Pará. (1) En la demanda, el procurador del estado de Pará puso en cuestión la supuesta propiedad del grupo Jari sobre el terreno de la antigua Hacienda Saracura, que en aquel momento tenía una extensión de 2,6 millones de hectáreas. Según un estudio histórico, “las circunstancias en las que [el presunto propietario alrededor del año 1882] obtuvo estas áreas están rodeadas de denuncias de fraude electoral y fraude en las oficinas de registro de la región, lo que dio lugar a una complicada situación de propiedad de tierra que no se ha resuelto hasta el día de hoy”. (2) Por esta razón, el Tribunal de Justicia del Estado de Pará ha ordenado la cancelación de las inscripciones, transcripciones, registros y anotaciones sobre la propiedad [Hacienda Saracura], “(...) para evitar que se legitimara lo que hizo Jari al transformar la hacienda ‘por arte de magia’ en su propiedad”, como afirma el procurador en la demanda de 2005.
- El segundo proceso contra Jari Florestal se remonta al año 2011 y se tramita en el Tribunal Federal de Pará en virtud de una denuncia presentada por el Ministerio Público Federal contra el director del Grupo Jari. Este supuestamente habría incurrido en el delito de falsedad ideológica en los documentos de titulación presentados como parte del plan de gestión forestal de la empresa ante el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) en 2001 para solicitar la autorización para explotar madera nativa. El Ministerio Público Federal intervino en 2005 a raíz de las sospechas del IBAMA de fraude en los documentos presentados por Jari. (3)
- Desde 2017, la certificación FSC de Jari Florestal está suspendida, pero no por la cuestión del conflicto por la tierra. (4) La decisión fue tomada por la consultora de certificación SCS, la cual se basó en una auditoría especial realizada en 2015 después de que una operación del IBAMA aplicara una multa de 6 millones de reales (US$ 1,6 millones, en ese momento) a Jari Florestal por irregularidades en su gestión forestal, que apuntaban al comercio ilegal de madera. Debido a la falta de cooperación de la empresa en la investigación llevada a cabo por la certificadora, la SCS decidió suspender el sello. (5)
- En 2022, la Fiscalía Agraria del estado de Pará interpuso una Acción Civil Pública contra el Grupo Jari Celulose, solicitando la anulación de parte de sus títulos de propiedad. La demanda se deriva de una investigación sobre las sucesivas prácticas fraudulentas e ilegales relacionadas con la emisión de títulos de propiedad así como el fraude en los registros públicos referentes a un área de cerca de 126.000 hectáreas en el municipio de Almeirim, desde 1937. (6)
- Recientemente, en septiembre de 2023, en una acción judicial que pide que Jari Celulose pague una indemnización al estado de Pará por el uso ilegal de tierras públicas, la Procuraduría General del Estado (PGE) denunció a la empresa por una práctica que se puede caracterizar como acaparamiento de tierras sobre otra, tratándose nuevamente de la Hacienda Saracura. En esta acción se afirma que “no existe la menor duda de que JARI CELULOSE no es la propietaria del terreno, y por lo tanto, si la tierra no es de propiedad privada, es necesariamente pública, por lo que es justo que se declare como tierra del Estado de Pará”. De hecho, el estado de Pará ya registró la hacienda como propiedad pública, por lo que pasó a llamarse Gleba Arraiolos. Ahora, la PGE denuncia que Jari sigue intentando apropiarse del área, manteniendo su práctica de acaparamiento de tierras públicas. El PGE también denuncia a la empresa por haber vendido y lucrado con créditos de carbono procedentes de esas tierras públicas, incurriendo en una práctica ilegal que implica a su socio comercial en el negocio del carbono, Biofílica Ambipar. Esta venta ilegal es calificada por la Procuraduría como “acaparamiento de carbono” (en portugués “grilagem de carbono”). (7)
En relación a Agropalma:
- Desde 2016, la Policía Federal del estado de Pará investiga a Agropalma por la presunta existencia de un esquema delictivo. La investigación se lleva a cabo debido a la existencia de documentos falsos que supuestamente los empleados de la empresa habrían producido y utilizado para regularizar los títulos de tierras ante organismos públicos, así como al posible acceso a recursos procedentes de fondos públicos en detrimento de los residentes de la zona.
En marzo de 2018 se dictaron órdenes de detención provisional contra cuatro personas implicadas directamente en dicho esquema, entre ellas un empleado de Agropalma, así como órdenes de registro e incautación de materiales de la empresa. Según el comisario encargado de la investigación: “Hay indicios de que se trata de casos de acaparamiento de tierras (...). Agropalma es la verdadera beneficiaria de todo el esquema delictivo”. También afirma que: “(...). Acudían a una oficina notarial en Belém [la capital de Pará], redactaban una escritura falsa, toda una cadena de propiedad falsa, que terminaba siempre en la empresa, como si la tierra después de tantas visitas hubiese sido finalmente vendida a la empresa. Luego volvían al municipio en cuestión y restauraban los libros de escrituras que supuestamente se habían perdido”. (8)
Según la investigación, hay un decreto del Tribunal de Justicia de Pará que autoriza la restauración de libros de escrituras perdidos en caso el interesado tenga pruebas documentadas. Utilizando esto, Agropalma habría hecho esa restauración en base a documentos falsos, poniendo las tierras a nombre de la empresa y aumentando sus áreas. Posteriormente, dio un seguimiento al proceso de regularización de tierras ante los organismos públicos.
En agosto de 2018, el Ministerio Público del Estado de Pará presentó una Acción Civil Pública en la que solicitaba, entre otras medidas, la nulidad y cancelación de los registros inmobiliarios referentes a dos haciendas, Roda de Fogo y Castanheira, las cuales sumarían más de 9.501 hectáreas, lo que equivale a la superficie de casi 9 mil canchas de fútbol. Ambas haciendas habrían sido obtenidas por Agropalma mediante registros falsos, realizados en una notaría ficticia de la ciudad, y tramitados por el Instituto de Tierras de Pará (Iterpa). (9)
5. Todavía en relación a Agropalma, innumerables miembros de comunidades quilombolas e indígenas que sufrieron directamente los impactos de la instalación de la empresa y que ahora son directamente afectados por el proyecto REDD en asociación con Biofílica Ambipar, declaran que la situación a la que se enfrentan es dramática, como consta en varios artículos disponibles y publicados en los últimos años. (10) Las tierras que les pertenecen por derecho han sido totalmente bloqueadas por Agropalma con cercas y puertas de acceso. Los antiguos residentes tienen que identificarse ante los guardias de seguridad de la empresa como extraños en su propia tierra, incluso para visitar sus cementerios. Éste es sólo un ejemplo de la opresión de las comunidades mencionada por el WRM.
Finalmente, ante la invitación de Biofílica Ambipar para visitar sus proyectos, lamentamos la idea equivocada - ingenua o deliberada - de que a través de sus proyectos es posible comprender la realidad local. Nos parece imposible entender las formas de vida y las opresiones que viven las comunidades a partir de proyectos que llegan desde el exterior con el objetivo de “generar valor para el mercado de activos ambientales” (11), a través de una mercancía que es completamente ajena y abstracta para las comunidades (los créditos de carbono) y que genera ganancias para los dueños de las empresas, que también son ajenos a esos territorios. Eso es lo que ha llevado a (miembros de) comunidades dependientes de los bosques que se enfrentan a proyectos REDD en sus territorios a buscar e invitar al WRM a visitar sus comunidades. Dado nuestro compromiso con las comunidades, estas son las invitaciones que el WRM suele aceptar y priorizar.
(1) Acción declarativa de inexistencia de titularidad e imposibilidad de reconocimiento de titularidad en vía administrativa, con solicitud de medida cautelar. Belém, 21/09/2005. Ibraim José das Mercês Rocha, Procurador del Estado de Pará, Coordinador de la Procuraduría Agraria, reparto por conexión al caso 2004100356-1.
(2) FOLHES, Ricardo; CAMARGO, Maria Luiza. LATIFUNDIO. Conflicto y desarrollo en el Valle del Jari: del “aviamento” al capitalismo verde. Agrária (São Paulo. Online), n. 18, p. 114-140, 2013 (en portugués).
(3) Investigación policial (Policía Federal de Santarém: Número: 192/2004-DPF/SNM/PA y Caso del Juzgado Federal de Santarém: Nº 423-06.2012.4.01.3902.
(4) FSC.
(5) SCS Global Services, 2015, Relatório de Avaliação Anual do Manejo Florestal e da Cadeia de Custódia desde a Floresta até a Saída do Produto.
(6) Ministerio Público del Estado de Pará, 2021, Ação requer cancelamento de registros imobiliários realizados pela Jari Celulose.
(7) Tribunal de Justicia del estado de Pará, 2023. Acción No. 0814181-47.2023.8.14.0051 (en portugués).
(8) PF investiga esquema de grilagem de terras no Pará; Agropalma é alvo de operação, 2018.
((9) Ministerio Público del estado de Pará, 2018, I REGIÃO AGRÁRIA: MPPA requer cancelamento de registros imobiliários realizados pela Agropalma.
(10) Mongabay, 2022, Exportadora de óleo de palma acusada de fraude, grilagem de terras em cemitérios quilombolas;
Global Witness, 2022, A sombra do dendê;
Metrópoles, 2022, Ouro líquido: produção de dendê explora populações negras e indígenas no Brasil; and
Avispa Midia, 2023, Palma e Conservação: aliadas na expulsão de comunidades na Amazônia brasileira.
(11) Biofílica Ambipar Environment.