Boletín Nro 129 – Abril 2008

Érase una vez ... un mundo que enfrentaba graves problemas ambientales y todos los gobiernos se reunieron para hacer algo al respecto. El histórico evento fue llamado Cumbre de la Tierra y tuvo lugar en 1992, en el escenario tropical de Río de Janeiro. Todo el mundo estaba muy entusiasmado porque los gobiernos se habían comprometido con la idea de un nuevo tipo de desarrollo – que definieron como “sostenible” –, el cual evitaría los impactos negativos sobre el ambiente generados por el modelo de desarrollo que en ese entonces prevalecía. La gente quedó más esperanzada aún respecto al futuro cuando se les dijo que los gobiernos asegurarían que toda la producción fuera socialmente equitativa y ambientalmente inocua.

Hoy el mundo --el mundo de la gente-- asiste desvalido a una crisis mundial por la súbita alza de los precios de los alimentos, que, como todos los desastres, afecta más gravemente a los sectores más vulnerables, a las economías más dependientes, a los países más empobrecidos.

La Asamblea Constituyente instalada actualmente, encargada de discutir y elaborar la nueva Constitución, concedió el 14 de marzo 2008 el recurso de amnistía a 357 ciudadanos defensores de los derechos humanos, “criminalizados por sus acciones de protesta y resistencia en defensa de sus comunidades y de la naturaleza", según un comunicado de prensa oficial. Beneficia a 357 ciudadanos, en su mayoría líderes comunitarios y campesinos, algunos de ellos indígenas, de varias comunidades a lo largo y ancho del país, vinculados a procesos comunitarios en contra de la minería, petróleo, hidroeléctricas, explotación maderera, por defender el agua y la calidad ambiental, por defender tierras comunales y derechos colectivos. Su crimen: defender la vida, los derechos humanos, la naturaleza.

En Brasil hay dos modelos en pugna: el de los grandes monocultivos (desde eucaliptos hasta caña de azúcar, pasando por soja y arroz) en tierras concentradas en unas pocas grandes empresas, y el de las comunidades de campesinos, indígenas y sin tierra, que construyen espacios productivos colectivos y diversos y reclaman la históricamente prometida reforma agraria.

La empresa Palmeras del Ecuador se estableció en la Amazonía ecuatoriana, en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Shushufindi, a finales de la década de los 70. El entonces Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) concesionó a la empresa una extensión territorial de 10.000 hectáreas consideradas “tierras baldías”, ignorando deliberadamente que eran tierras ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas Siona y Secoya, provocando su casi exterminio por la ocupación de sus territorios.

Los plaguicidas perjudican la salud y las vidas de millones de usuarios de plaguicidas de uso agrícola, de sus comunidades y de los consumidores del mundo entero; también causan un gran daño a la diversidad biológica y el ambiente. Los plaguicidas utilizados en las plantaciones de palma aceitera tienen efectos adversos sobre la salud humana y el ambiente. Los trabajadores y trabajadoras agrícolas de las plantaciones de palma aceitera están muy expuestos a los plaguicidas y sufren una serie de trastornos de salud peligrosos, tanto agudos como crónicos, a pesar de que en su gran mayoría ignoran trágicamente sus causas.

La agricultura en Ghana Septentrional genera más del 90% del ingreso de los hogares y emplea a más del 70% de la población de la región. La mayor parte de la producción agrícola es generada por pequeños productores para su subsistencia y depende de las lluvias estacionales, impredecibles y esporádicas. Durante la estación seca, gran parte de la población no tiene trabajo y se ve forzada a emigrar hacia las regiones más prósperas del sur del país, donde consigue trabajos menores.

Un estudio reciente publicado por el WWF (1) analiza la deforestación y la degradación forestal de la provincia de Riau entre 1982 y 2007 e identifica sus principales causas: las plantaciones industriales de palma aceitera y árboles para celulosa. El estudio muestra que la tasa de deforestación de mayor crecimiento en Indonesia se está dando en la provincia de Riau, en Sumatra, que solía tener el 78% de sus tierras cubiertas por bosques. En el correr de los últimos 25 años se han destruido 4,2 millones de hectáreas (65%) de bosques tropicales y turberas para el establecimiento de plantaciones industriales.

El gobierno de Alan García está impulsando el proyecto de ley 840, conocido también como “Ley de la Selva”. Se trata de una ley referida a la promoción de la inversión privada en reforestación y agroforesteria, por la cual las tierras sin cubierta boscosa de la Amazonía peruana --denominadas erróneamente deforestadas y eriazas, es decir, sin derechos adquiridos sobre ellas-- podrían adjudicarse en régimen ya no de concesión sino de propiedad privada. Esto abriría la puerta a los grandes capitales para establecer plantaciones de árboles en gran escala, que es a lo que suele dar lugar el término "acciones de reforestación".

El mundo está atravesando una aguda crisis alimentaria, donde los precios de los alimentos básicos se disparan haciendo estallar, en muchos países del Tercer Mundo, motines desesperados que amenazan su estabilidad política. Hacia fines de marzo, los precios del arroz y el trigo se habían duplicado respecto al año anterior, y el maíz había aumentado más de un 33% en el mismo período. Según la FAO, el monto de las importaciones de cereales de los países más pobres aumentará en un 56% en 2007/2008, tras un incremento del 37% en 2006/2007.

En el municipio de Puerto Wilches, dentro de la Zona Central definida por el “Plan Agrícola para la Implementación del Programa de Biodiesel”, se desarrolla una gran parte de la agricultura de Santander, donde, según el documento del referido Plan, la palma africana abarca unas 21 mil hectáreas sembradas, que corresponden a un 91,7% de la producción del departamento.

El comercio y las compensaciones de carbono distraen la atención de los grandes cambios sistémicos y de las acciones políticas colectivas que es necesario realizar para transitar hacia una economía baja en carbono. Promover enfoques más efectivos y eficaces en materia de cambio climático implica dejar de lado la estrechez reductora del dogma del mercado libre, la falsa economía de las supuestas soluciones rápidas y el propio interés a corto plazo de las grandes empresas.