Boletín Nro 197 – Diciembre 2013

En el mundo de los grandes negocios, un pequeño grupo de corporaciones transnacionales domina, cada vez más, a casi todos los sectores de la economía. Ya eran grandes, pero ahora son enormes, y sus actividades están causando cada vez más impactos negativos. Al mismo tiempo, y gracias a las grandes luchas de comunidades, movimientos, organizaciones y activistas, esas mismas corporaciones se vieron forzadas a asumir algunos compromisos escritos, con la ética, con la responsabilidad social y ambiental; y empezaron a elaborar sistemas de certificación de la “sustentabilidad” y a hablar de “mejores prácticas”; inclusive comenzaron a hablar de derechos humanos.

El 9 de diciembre de 2013 se convocó una reunión en el distrito de Pujehun sobre el arriendo de 6.500 hectáreas de tierras de cultivo en la región sudeste de Sierra Leona. Fuentes locales dijeron que los ancianos la convocaron para que la gente pudiera manifestar al Jefe del distrito sus quejas sobre ese arriendo de tierras a la compañía Socfin Agricultural

Malasia Malasia se ha convertido en lugar de destino para trabajadores migrantes de otros países del Sudeste asiático – principalmente de Indonesia, Tailandia y Bangladesh –, que suelen ocupar puestos no calificados y de bajo salario en diferentes sectores, como la industria del aceite de palma, que requiere un uso intensivo de la mano de obra.

El atropello y despojo que al principio llevó a cabo una banda de forajidos y matones, continuó en la década de 1990 con la llegada de la empresa forestal Veracruz Florestal, iniciadora del negocio de la hoy Veracel Celulose. En agosto de 1994, los hermanos Geraldo y Dedé vieron sus tierras “confiscadas” a la fuerza. Aprovechando que se habían ido a la ciudad de Eunápolis dejando a dos trabajadores al cuidado de sus cultivos y animales, hombres armados y encapuchados de la empresa Veracruz irrumpieron violentamente al lugar y expulsaron a los hombres. Al regresar, los hermanos encontraron una escena desoladora: su casa y plantíos semidestruidos, sus objetos desparramados por el lugar, sus animales muertos.

El 25 de noviembre de 2013, el presidente de Camerún promulgó tres decretos que otorgan a SG Sustainable Oils Cameroon / Herakles Farms 19.843 hectáreas de tierras de comunidades en el sudoeste del país, para el establecimiento de una plantación de palma aceitera a gran escala. La población y las organizaciones locales denuncian que los decretos presidenciales, plagados de irregularidades, recuerdan el colonialismo y la esclavitud. Agregan que violan la ley camerunesa sobre tenencia de tierras de 1976, así como las leyes internacionales relativas al cambio climático. Estas leyes exigen no aumentar las emisiones a través de la transformación de bosques tropicales en monocultivos tales como, en este caso, las plantaciones industriales de palma aceitera.

En el mundo empresarial, la “sustentabilidad” promete, entre otras cosas, que la actividad económica no viole derechos de las comunidades afectadas y que las futuras generaciones podrán seguir disfrutando del medio natural donde se practica la actividad. ONGs, empresas y gobiernos que promueven el “Manejo Forestal Sustentable” (MFS) afirman que ello es posible en el bosque tropical, usando la certificación del FSC (Consejo de Manejo Forestal) como garantía.

La criminalización de laprotesta social de las comunidades se extiende a nivel mundial. En América Latina, El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), una articulación de diversas organizaciones sociales, ha emitido la siguiente declaración que denuncia procesos violentos en la región:

En Mato Grosso del Sur, estado dominado por el agronegocio, los Guaranis- Kaiowás luchan desde hace años por la demarcación de sus tierras, enfrentando a hacendados que las invadieron y siendo criminalizados. También este año siguen los asesinatos de líderes. Indígenas de otras regiones de Brasil, como es el caso de los Tupinambás en Bahía, enfrentan la misma situación. En Mato Grosso del Sur, aún en las áreas recuperadas por los Guaranis- Kaiowás, consideradas prioritarias para la demarcación, según el acuerdo del gobierno federal con los indígenas- como es el caso de la tierra Yvy Katu- la Policía Federal pretende realizar la desocupación mediante decisiones judiciales que atienden a los intereses de los hacendados y niegan los derechos indígenas.

Ocho activistas de Robin Wood, una organización de base alemana, fueron demandados en octubre de 2013 por haber participado en una manifestación pacífica para proteger los bosques tropicales de Indonesia. En setiembre, los activistas colgaron en la refinería de aceite de palma de Wilmar en Alemania una pancarta que decía “La destrucción refinada de Wilmar – No al aceite de palma proveniente de la deforestación”. Fueron condenados por “asalto”.

El Acuerdo Transpacífico (TPP) es un acuerdo de libre comercio, sumamente reservado y expansivo, entre Estados Unidos y doce países de la región Asia-Pacífico, entre los cuales figuran Canadá, México, Nueva Zelanda y Australia. Documentos filtrados revelan que el TPP daría a las transnacionales el poder de demandar directamente a los gobiernos, en tribunales privados y no transparentes, a propósito de leyes y políticas que, según dichas empresas, reducirían sus ganancias. Gracias al TPP, las leyes destinadas a luchar contra el cambio climático, a frenar la expansión de los combustibles fósiles y a disminuir la contaminación del aire podrían ser atacadas por las transnacionales.

El 16 de mayo de 2013, la Corte Constitucional de Indonesia promulgó una decisión que confirma que los Bosques Consuetudinarios son aquellos situados en territorios indígenas y ya no deberán ser considerados como Bosques Estatales. Los pueblos indígenas de toda Indonesia celebraron la decisión de la Corte Constitucional y comenzaron a restaurar sus territorios dañados por las actividades de las compañías que el Estado había autorizado a operar. Ya han pasado algunos meses desde la decisión de la Corte Constitucional pero, hasta ahora, el gobierno no ha dado ningún paso para aplicarla.

Sombath Somphone, quizás el más prominente militante de Laos por el desarrollo comunitario, y fundador del Centro de Formación en Desarrollo Participativo (PADETC), fue visto por última vez durante la noche del 15 de diciembre de 2012, en una calle de Vientián. Según lo grabado por una cámara de vigilancia (CCTV), fue detenido por la policía cuando circulaba en su propio vehículo, bajó de éste, y minutos más tarde subió a otro que se perdió en la oscuridad.