En el artículo de opinión de Abetnego Tarigan, de la ONG indonesia Walhi, y de Iwan Nurdin, del Consorcio por la Reforma Agraria, publicado en el periódico Jakarta Post, se advierte que la atención internacional sobre los impactos de las empresas de plantaciones se ha enfocado en el abuso ambiental y no en el abuso a los derechos humanos. Los autores explican cómo la reciente tortura y asesinato de Indra Pelani responde a un arraigado sistema de plantaciones industriales por el cual se les han usurpado a los locales parcelas enteras de suelos agrícolas sin su consentimiento. Las empresas han militarizado la protección de sus plantaciones y sus guardias armados actúan sistemáticamente con violencia e impunidad. Según los autores: “Las organizaciones ambientalistas y sus partidarios han estado claramente más preocupados por la protección de la biodiversidad y las existencias de carbono que por las vidas de las personas, el derecho a la tierra, los medios de subsistencia o la supervivencia cultural”.
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