Cada año, activistas de base, académicos, estudiantes y jóvenes de diferentes países del sudeste asiático se reúnen en un foro de intercambio durante la Semana Ambiental del Mekong y ASEAN (MAEW, por su sigla en inglés). El séptimo foro tuvo lugar en septiembre de 2025, con el tema “Verde Falso: de las mentiras verdes al poder de los pueblos”. (1) Entre quienes compartieron sus experiencias como afectadas y afectados por ‘mentiras verdes’ había representantes de la comunidad de Kham Pa Lai, en Tailandia, que también compartieron experiencias de su lucha contra este tipo de proyectos ‘verdes’.

Los habitantes de Kham Pa Lai se organizaron en los últimos diez años en el Grupo de Conservación Nam Sap Kham Pa Lai. Con organización y esfuerzo colectivos lograron frenar la primera de las ‘mentiras verdes’ que les afectó: un programa gubernamental de reforestación que amenazaba sus derechos territoriales. La oposición comunal al programa de reforestación fue fruto de su resistencia previa contra una mina de arenisca, que llevó a la cancelación de la licencia de la mina en parte de su comunidad. Más recientemente, Kham Pa Lai se ha enfrentado a una nueva amenaza ‘verde’: la instalación de un parque eólico por la empresa estatal de energía de Tailandia (EGAT). El parque eólico proyectado amenaza con destruir partes del bosque en su territorio.

Estas amenazas tienen una cronología clara: se hicieron sentir en la comunidad de Kham Pa Lai tras el golpe militar llevado a cabo en Tailandia en 2014. El régimen militar llegó con la propuesta de incrementar las ‘zonas verdes’ de Tailandia hasta llegar al 40% de la superficie del país. (2) Se fomentan energías supuestamente ‘renovables’ y ‘limpias’ a fin de permitir la expansión continua de industrias extractivas que reivindican la ‘neutralidad de carbono’ de sus operaciones o que son ‘respetuosas con el clima’. (3) En realidad generan impactos nocivos y de gran alcance en las comunidades.

Como dijo una persona portavoz del Grupo de Conservación Nam Sap Kham Pa Lai en la reunión de la MAEW: “Primero luchamos contra la minería, luego contra la reforestación y ahora contra el parque eólico, y estamos empezando a atar cabos. Quieren aumentar la cobertura forestal a nivel mundial, quieren multiplicar los bonos de carbono, así que esta política mundial de maquillaje verde también nos afecta. Está llegando al país y luego aquí a nuestra comunidad”.

La comunidad de Kham Pa Lai está ubicada en la provincia de Mukhadan, en el noreste de Tailandia, bañada por las aguas del río Mekong en la frontera con Laos. El territorio provee alimentos, agua y satisface las necesidades culturales y espirituales de la gente de Kham Pa Lai, cuyas familias han vivido en el territorio por muchas generaciones. La comunidad ha buscado que se le reconozcan legalmente sus derechos territoriales sobre esas tierras, pero esta es una demanda que las instituciones estatales han ignorado, lo que ha dado lugar a una situación de acaparamiento de tierras agenciada por el Estado, como en muchas otras zonas de Tailandia.  

“Nuestra historia no es solamente un relato de resistencia, es también de perseverancia y adaptación, y de serena determinación de proteger nuestro modo de vida, que está profundamente arraigado en el bosque”, explica la persona portavoz.

En la conversación que sigue a continuación, el Grupo de Conservación Nam Sap Kham Pa Lai habla de su lucha.

La creación del Grupo de Conservación

El Grupo de Conservación Nam Sap Kham Pa Lai se constituyó oficialmente en 2019, aunque nuestra lucha comenzó varios años antes.
Ya nos habíamos movilizado anteriormente contra un proyecto de minería propuesto, pero sin adoptar un nombre ni una estructura oficiales. Elegimos el nombre “Nam Sap”, que significa agua de manantial, porque en la zona amenazada hay un manantial natural que provee agua a la comunidad durante todo el año y es esencial para su supervivencia.

Cuando nos enteramos por primera vez del proyecto de exploración minera de arenisca en 2016, comenzamos a organizar la resistencia local ese mismo año. Surgida inicialmente como una alianza informal de pobladores comunes y corrientes, el grupo en su apogeo creció hasta incluir a casi 300 hogares.

Tras años de conflictos generados por el proyecto de minería y los planes extractivistas que le siguieron, el número de participantes en el grupo se redujo gradualmente a unas 60 familias –pero las y los que permanecimos nos mantuvimos unidos, movidos por un objetivo común.

Organizarnos como grupo nos dio fuerza y visibilidad. Cuando vamos a las oficinas del distrito o de la provincia, dejamos de sentirnos insignificantes o invisibles. El hecho de mantenernos unidos nos infundió coraje –y llevó a que los mandos se mostrarán más dispuestos a escucharnos.

La mina de arenisca

En 2016, la empresa Three Mothers Trading Company Limited presentó una solicitud de concesión para explotar 34 hectáreas de nuestro bosque comunal. Al año siguiente, el Consejo Municipal del subdistrito de Kham Pa Lai aprobó la propuesta presentada por la empresa tras una audiencia local y una evaluación de impacto ambiental (EIA).

Nos opusimos a esa decisión y presentamos petitorios a diversas agencias estatales –incluso viajamos hasta la capital, Bangkok, para pedir cuentas. Tras nuestra insistencia y campaña persistente, el consejo municipal revisó el asunto en 2020 y revocó su decisión, con 11 miembros votando en contra de la mina y tres que se abstuvieron.

Conseguir que se revocara esa decisión fue una conquista difícil de lograr. Citamos el artículo 7, párrafo 4, de la Ley de Minerales de 2017, que prohíbe la minería en cuencas hidrográficas o zonas de recarga de aguas subterráneas. Nuestros petitorios obligaron a las autoridades a reconocer que el proyecto minero era efectivamente violatorio de dicha ley –una pequeña victoria, pero significativa para nuestra lucha en defensa de la comunidad. (4)

No obstante, la amenaza persistía. Quienes respaldaban la mina buscaron formas de reactivar la concesión, mientras que nosotras y nosotros comenzamos a ejercer presión para que la zona se eliminara del mapa geológico nacional como zona rica en minerales. Temíamos que, en el futuro, otras empresas podrían solicitar licencias mineras mientras la zona siguiera catalogada como reserva mineral.

A largo plazo, nuestra pretensión era que esas tierras se categorizaran como bosque comunitario gestionado colectivamente, aunque nos preocupaba que catalogarlo así pudiese dar lugar más adelante a programas y proyectos de bonos de carbono, que una vez más volverían a excluir el control local del territorio.

Para nosotras y nosotros, el bosque tiene que seguir siendo un lugar donde la gente convive con la tierra y cuida de ella, no un lugar gestionado con fines de lucro.

El proyecto de reforestación

El siguiente desafío que enfrentamos vino de la mano de la Política de Restauración Forestal impuesta por el gobierno militar en 2014 mediante la Orden 64/2014. Los oficiales a cargo designaron y destinaron parte de las tierras de Kham Pa Lai para ‘reforestación’, alegando que el bosque estaba degradado. Pero era un bosque próspero en realidad, una despensa estacional para nuestras comunidades locales.

De abril a mayo, las primeras lluvias traen las flores de krachiew y setas u hongos comestibles hed phor. Entre mayo y agosto crecen las setas hed rongok, hed din y hed khai, brotes de bambú, escarabajos e innumerables plantas nutritivas. Es un sistema alimentario vivo, rico y autorrenovable, al que llamamos “el bosque alimenticio”.

Unas 16 hectáreas de esas tierras están cubiertas por bosque de montaña (pha khok), parte del cual es una zona de manantiales que provee agua durante todo el año y otra parte son tierras agropecuarias de uso mixto en los confines del bosque. Nuestras familias recogen allí leña, pastorean ganado y recolectan alimentos a diario; el bosque es sostén tanto de nuestros medios de vida como de nuestra cultura.

Cuando la campaña de ‘reforestación’ finalmente llegó a la comunidad, los mandos dispusieron que se despejaran los campos de las y los pobladores y, sin consultar a la comunidad, mandaron plantar árboles en las tierras destinadas a la campaña. Incluso presentaron cargos penales contra las y los pobladores que habían estado utilizando la tierra para hacer agricultura, sembrando cultivos en zonas de las que el gobierno se había apoderado reclamándolas como “bosque nacional”. Así es como las autoridades están tratando de apropiarse de las tierras de las comunidades. Para nosotres, fue como un hurto amparado por el Estado: usurparon nuestras tierras alegando falazmente que eran propiedad de empresas, mientras que a nosotras y nosotros los pobres nos desplazaron. En total, designaron cerca de 480 hectáreas para plantaciones de árboles, incluidas unas 112 hectáreas de tierras comunales de uso agropecuario y otras 11,2 hectáreas que se superponían con el área proyectada para la mina de arenisca.

En octubre de 2016 empezaron las acciones judiciales contra las y los pobladores acusados de uso ‘ilegal’ de tierras estatales; en 2018-2019 nos expulsaron de nuestras tierras, que fueron desmontadas y arrasadas para hacerles lugar a las plantaciones de árboles. Irónicamente, a sólo un mes de los primeros cargos contra miembros de la comunidad, se presentó una solicitud para hacer minería en el mismo sitio exactamente, confirmando así nuestra sospecha de que el bosque en realidad estaba siendo reclamado para hacer minería.

La zona proyectada para la mina se superpone con bosques y zonas de recarga de cuencas hidrográficas que sirven de sostén a las y los pobladores de más de tres aldeas y son utilizadas a nivel subdistrital cuando hay períodos de sequía.

La “causa no resuelta”

Al día de hoy, los cargos judiciales contra pobladores siguen clasificados como ‘causa no resuelta’ (kha-di haeng), es decir, casos en los que ‘no se ha identificado al culpable’. Unas 40 parcelas de 45 personas de nuestras aldeas siguen en disputa.

Como los mandos habían resuelto que esas tierras eran baldías y estaban deshabitadas, trazaron amplios círculos en los mapas y declararon que el uso comunitario de gran parte de esas zonas era ilegal. Algunas de nuestras familias perdieron parcelas enteras; otras perdieron la mitad.

Después de haber presentado petitorios durante años, una investigación provincial determinó que el operativo era ilegal. El Departamento Real de Bosques confirmó posteriormente que había habido errores: la mayor parte de las tierras se cultivaban desde mucho antes de 2014.

A la postre recuperamos nuestros campos y reanudamos nuestras labores agropecuarias, aunque perdimos casi cinco años de ingresos. En colaboración con P-Move, una red nacional de defensa del derecho a la tierra, seguimos haciendo presión para que la causa se archive y se indemnice debidamente a las y los damnificados. La investigación quedó suspendida, pero no se ha cerrado; ahora la causa está pendiente de examinación por el Consejo de Ministros.

Muchas generaciones de nuestras familias han vivido aquí. No somos forasteros. Nuestros padres y nuestras madres vivieron y murieron en estas tierras. No estamos equivocados, este es nuestro hogar.

El proyecto de parque eólico

En noviembre de 2022, mientras sembrábamos yuca, en nuestros campos aparecieron marcadores rojos de señalización topográfica. En un primer momento pensamos que eso significaba que por fin iban a hacer la titulación prometida desde hace tanto tiempo, que reconocería el derecho de la comunidad a usar estas tierras, que es lo que ha estado pidiendo la comunidad desde hace muchos años. Meses después, sin embargo, nos enteramos de que esos marcadores eran para un proyecto de parque eólico.

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Cuando la empresa convocó a una reunión en la Aldea 5, todos los miembros de la comunidad de Kham Pa Lai, jóvenes y adultos mayores por igual, nos unimos para exigirle a las autoridades municipales que rechazaran el proyecto. A pesar de nuestras protestas, las autoridades lo aprobaron, alegando que el Departamento Real de Bosques ya había dado su consentimiento. Nosotres respondimos bloqueando las vías de acceso y confrontando al personal de la empresa. Llamaron a la policía.

Los mandos municipales defendieron el proyecto, diciendo que traería “turismo y desarrollo”, y citaron como ejemplo otro parque eólico en Nikhom Bang Soi. Pero algunes de quienes visitamos esa zona vimos ruido, rayos y acceso restringido –no progreso ni ‘desarrollo’.

Contradicciones verdes e invasión de territorios 

Aunque la empresa solicitó autorización para la Aldea 5 solamente, su operativa realmente se extiende a las aldeas 6 y 13.

El Departamento Real de Bosques reconoció que se tendrían que talar y remover una gran cantidad de árboles, lo que constituiría una violación de la normativa gubernamental sobre la ubicación de aerogeneradores en bosques tupidos. Una investigación reveló irregularidades e informaciones posiblemente falsas sobre el estado y condición de los bosques. El proyecto se suspendió transitoriamente, pero aún no se lo ha cancelado.

La empresa, llamada 555 Green Energy Co., Ltd., justificó el proyecto presentándolo como parte del Modelo Económico Bio-Circular-Verde (BCG) de Tailandia, argumentando que es de energía ‘limpia’. Para nosotres, destruir 48 hectáreas de bosque fértil para construir 14 aerogeneradores y caminería que acabarían con nuestros campos de recolección, no es otra cosa que maquillaje verde. 

La empresa obtuvo permiso para utilizar por 30 años –desde 2023 hasta 2053— esas tierras que están dentro de una reserva forestal nacional. El proyecto invade las tierras de uso agropecuario de las y los pobladores y ha provocado conflictos en la comunidad. 

La energía eólica es buena, pero no cuando destruye comunidades. Un proyecto etiquetado como ‘verde’ pero que termina destruyendo un lugar que sirve de sostén de la vida de una comunidad, se convierte en una injusticia.

El valor del bosque

Calculamos lo que perderíamos, pensando solamente en términos monetarios y económicos. Cada temporada de setas, unas 300 personas recolectan hongos hed phor comestibles, por lo menos 3 toneladas al día, que valen 500 baht ($15 dólares estadounidenses) por kilo. Eso equivale a más de 1,5 millones de baht ($46 mil dólares estadounidenses) diarios en riquezas naturales. El bosque también provee setas hed rongok ($12 dólares estadounidenses/kg), hed din (entre $1,5 y 3 dólares estadounidenses/kg), raíces comestibles, brotes de bambú y pequeños animales, todo lo cual constituye la base de la soberanía alimentaria local.

La gente viene aquí a recolectar alimentos desde las provincias de Roi Et, Kalasin y Sakon Nakhon. El bosque es nuestro mercado compartido.

Los aerogeneradores o molinos de viento del parque eólico se instalarían a menos de un kilómetro de las casas, cerca del templo y el cementerio de la aldea. Hasta los monjes se han expresado en contra del proyecto, temiendo que el ruido constante de los aerogeneradores perturbe la santidad del lugar.

Reflexiones y fortaleza

Estas luchas superpuestas nos han fortalecido. De ser personas que antes no sabíamos nada sobre leyes ni políticas, hemos llegado a construir redes y alianzas, con P-Move, la EnLaw Foundation y jóvenes ambientalistas que ahora nos visitan para aprender de nosotras y nosotros.

Hemos descubierto que la unidad es nuestra mayor fortaleza: compartir la comida, noticias, y motivarnos mutuamente mantiene vivo nuestro espíritu.

Las mujeres se han convertido en nuestras principales portavoces: hablan en reuniones públicas mientras los hombres se quedan en casa para cuidar las parcelas y a las familias. Sus palabras serenas pero firmes suelen ser más poderosas que la rabia y el enojo. “Hablamos por nuestras madres, padres e hijes y nuestra comunidad”, dicen. “Porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo hará?”.

Aferrarse a lo que importa

Los inversionistas y los promotores de los proyectos no viven aquí; no dependen de estas tierras. Su dinero divide a la comunidad –algunes lo aceptan, pero la mayoría lo rechaza. No pedimos indemnización, reclamamos el derecho a vivir con el bosque como lo hacían nuestras antepasadas y antepasados.

El manantial natural, que es el corazón de nuestro sustento, provee agua a dos aldeas todo el año e incluso para uso municipal. Si se procede a explotar la mina proyectada, esa agua y la vida que sostiene se perderán para siempre.

Nos han querido intimidar: visitas de agentes a los líderes y lideresas, sustracción de pancartas de protesta, vigilancia. Pero no hemos dejado que el miedo nos detenga. Seguimos resistiendo porque, como decimos: “Este es nuestro hogar”.

Mensaje a quienes viven en la ciudad: 

Ustedes comen en restaurantes y hoteles, nosotras y nosotros encontramos nuestra comida en el bosque.
Cuando florecen hongos, recolectamos los hongos comestibles.
Cuando germinan los brotes de bambú, recolectamos brotes de bambú.
Por favor piensen en nosotras y nosotros cuando hablen de crecimiento verde o energías limpias.
El bosque que ustedes llaman “tierra baldía” es nuestra cocina, nuestra fuente de agua, nuestra escuela.
Si lo cercan para instalar minas o parques eólicos o como fuentes de bonos de carbono, ¿de qué viviremos nosotras y nosotros?
Le pedimos al Estado que cancele estos proyectos y retire todos los cargos contra las y los pobladores.
Los inversionistas ya tienen miles de hectáreas; nosotras y nosotros sólo tenemos una o dos.
¿Por qué tenemos que ser siempre las y los más vulnerables quienes sufrimos las consecuencias?
La promesa electoral es que “primero está el pueblo”,
pero después de cada elección, los primeros siempre son los inversionistas.
Sabemos que estos proyectos no son verdaderamente verdes.
Cuando llegan los aerogeneradores, las aves desaparecen.
Cuando llegan las minas, las escuelas y los hogares se cubren de polvo.
Cuando se apoderan de los bosques en nombre de la restauración, las y los pobres perdemos todo.
Cada gobierno viene con un nuevo plan:
una mina, un parque eólico, y ahora la extracción de tierras raras,
y nosotras y nosotros permanecemos aquí, seguimos luchando, todavía con esperanza,
porque estas tierras son nuestra vida, y no renunciaremos a ellas.

Referencias:
    (1) MAEW 2025: The Fake Green
    (2) WRM, 2024. La ‘política climática’ de Tailandia basada en la compensación de emisiones: mayor caos e injusticia.
    (3) WRM, 2022.15 años de REDD: un mecanismo intrínsecamente corrupto.
    (4) The video reports that the Kham Pa Lai community submitted a petition about the mine to Mukdahan Province, and the governor’s decision to investigate ultimately led to their victory. 
El vídeo informa que la comunidad de Kham Pa Lai le presentó a la provincia de Mukdahan un petitorio sobre la mina, y que la decisión de investigar tomada por el gobernador finalmente les condujo a la victoria.

Costa Rica fue el primer país de América Latina y el Caribe en recibir pagos del Banco Mundial como parte del programa nacional de Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques, más conocido como REDD+ Jurisdiccional. De hecho, el país se presenta como líder en ese tema. (1) Como parte de la propaganda oficial, el gobierno afirma que un porcentaje de los fondos son distribuidos entre las comunidades indígenas que protegen los bosques. (2) Sin embargo, la realidad es distinta. En la última década, el estado nacional ha reducido la inversión en salud, vivienda, educación y otros derechos básicos para la población. Y, en los territorios indígenas, ha condicionado los recursos a la aceptación de REDD+ por parte de las comunidades. Es decir, si no aceptan REDD+, no hay fondos para garantizar los derechos más elementales, incluido el derecho al territorio.
    
En el país hay presencia de ocho Pueblos Indígenas (Gnobes, Huetar, Chorotegas, Borucas, Broran, Maleku, Cabécar y Bribris) distribuidos en 24 territorios, los cuales tienen la mayor parte de su área de bosque primario o en regeneración. Los territorios más extensos en bosques y proporción del país corresponden a los Cabécares y a los Bribris. El Territorio Indígena Bribri se ubica en el sureste del país, entre la costa Atlántica y el Parque Internacional La Amistad, con una extensión en superficie de 43.690 hectáreas. 

En este artículo, Emmanuel Buitrago Páez, Bribri de Talamanca y miembro coordinador del colectivo Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) - que representa a ocho Pueblos Indígenas de al menos 15 territorios - cuenta sobre la lucha que llevan adelante para resistir la presión del estado, que busca someter a los bosques y sus comunidades a los intereses de las empresas contaminantes que están detrás de REDD+ y los mercados de carbono. 

Comunidades en resistencia

Soy Emmanuel Buitrago Páez, del clan Indígena Kólkuák, en el Territorio Indígena Bribri de Talamanca. Ahí vivimos 32 comunidades, distribuidas en clanes que son núcleos de familias, en donde más del 80 por ciento son productores de la tierra. Producimos de forma orgánica banano, plátano y cacao, para el comercio, además de muchos otros productos para el intercambio y consumo. Estando en la frontera con Panamá, tenemos los cinco ríos más importantes de la frontera Coén, Lary, Tlírí, Urén y Yorki, que unidos forman el río fronterizo Sixaola. Por una estrecha relación con la espiritualidad Sibö/Dios, Iiria/Tierra, más del 70 por ciento de nuestro territorio tiene bosques o está en producción orgánica. 

En este territorio nos hemos posicionado de forma dura en contra del REDD+. Denunciamos que el gobierno de Costa Rica impone modelos de conservación y financiamiento que representan una amenaza para los Pueblos Indígenas, y avanza con sus planes de mercantilización y privatización de los bienes comunes. Eso lo hace por medio de coerción y violencia estructural contra quienes luchamos por defender la tierra, los ríos, las costas y bosques, y reafirmar los derechos a la salud, la educación y la vivienda. 

A los Pueblos Indígenas no nos hace falta REDD+ para proteger los bosques. Tenemos una experiencia extraordinaria de cuidado de los bosques porque éstos están vinculados a nuestra propia vida y espiritualidad. Sin embargo, algunos dirigentes indígenas, presionados por los recortes económicos del estado, terminaron por aceptar los fondos ofrecidos vía REDD+. Mientras, las comunidades siguen sin conocer la verdad sobre el programa: no se informa de dónde viene, quién financia, cómo llegan esos financiamientos y bajo qué condiciones.

De ese modo, esta iniciativa generó divisiones en diversas comunidades indígenas del país debido a los desacuerdos en cuanto a criterios y posiciones sobre las negociaciones, desestabilizando la gobernanza comunitaria y haciéndola perder credibilidad. 

REDD+ Jurisdiccional: el chantaje del estado 

En 2008, Costa Rica fue seleccionada por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), del Banco Mundial, con el propósito de iniciar la preparación para implementar el programa REDD+ Jurisdiccional. (3) Desde ese momento, muchas comunidades indígenas han cuestionado el proceder del estado, ya que no se garantizó participación, ni representación, ni se nos informó. Tampoco se implementó una estrategia para la transparencia del uso de los fondos. 

Como parte de ese proceso, representantes del estado - mediante instituciones y asociaciones del aparato estatal - empezaron a visitar a las comunidades indígenas de todo el país para supuestamente informarlas y consultarlas sobre el programa de REDD+. Sin embargo, estas reuniones -que no han durado más de tres horas en promedio- no han sido para que las comunidades puedan decidir, sino sólo para informar superficialmente sobre  el proyecto REDD+. En nuestro Territorio Bribri de Talamanca somos alrededor de 10 mil personas. Sin embargo, no había más de 100 en dicha reunión. Además de la baja representatividad, en lugar de informar y consultar, lo que hicieron fue pedir que presentaran un listado de necesidades del territorio. Ante las demandas que listaron -puente, acueducto, escuela, etc.- dijeron que serían atendidas por medio del fondo REDD+. Así se aprovechan de la necesidad de las comunidades. 

Ante esto, comunidades indígenas de todo el país, comenzamos a realizar manifestaciones y, en 2014, logramos paralizar la implementación de REDD+. (4) El principal motivo fue la poca voluntad del estado para consultar a las comunidades mediante un proceso libre, previo, informado y de buena fe (como prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo -OIT-, del cual Costa Rica es signataria). (5)  

En ese proceso, nosotros, del territorio indígena Bribri de Talamanca enviamos la “Declaratoria del Territorio Bribri Libre de REDD+” a diversas autoridades, entre ellas el gobierno de la república de Costa Rica y la Junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri (ADITIBRI). En el documento, elaborado en 2016 y firmado por más de 300 personas, fuimos enfáticos: “Haciendo uso a nuestro derecho de la propia consulta decidimos rechazar el proyecto REDD+, su protocolo de consulta, como cualquier modificación del nombre del proyecto y declaramos el Territorio Bribri de Talamanca libre de REDD+, de la presente fecha en adelante”. (6) 

Sin embargo, tiempo después, el proceso de implementación de REDD+ comenzó a avanzar nuevamente en todo el país. Para ello, fue fundamental la estrategia del estado de utilizar las necesidades de los Pueblos para justificar este programa y presionar por su aceptación en los territorios.

Como parte de esa estrategia, en 2019 el gobierno aprobó e implementó leyes como la de ‘Fortalecimiento de las finanzas públicas’, que le permitió congelar cada año presupuestos y contratos, incluidos los dirigidos a los territorios indígenas. Esto fue usado como forma de presionar a las comunidades para que aceptaran otras alternativas de ingresos, como REDD+. 

En este contexto, el estado comenzó a suspender contratos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), uno de los pocos fondos que reciben las comunidades como colectivo. Se trata de recursos que el país recauda mediante impuestos y con los cuales retribuye a las comunidades por la conservación de los bosques. De siete contratos vigentes en 2019, el Territorio Indígena Bribri de Talamanca pasó a tener tres en 2023, restringiendo así el apoyo a las comunidades más desposeídas y vulnerables del territorio.

En la misma escalada, el gobierno ha recortado significativamente la inversión en planes y programas educativos, infraestructura, servicios de alimentación escolar, servicios administrativos, becas de transporte y de estudio regular. Esto resulta en mayor desigualdad y representa una falta de garantía del derecho a la educación. Ante esa realidad, algunos de los indígenas consideran que los pocos fondos de REDD+ podrían resolver esa carencia de recursos, cuando en realidad ha sido una acción programática del estado. Dicho escenario se ha convertido en una justificación para el avance de REDD+ en los territorios indígenas, pues lo presentan como medida paliativa de recursos para atender a las necesidades en materia educativa de las comunidades. Y con ello, el estado avanza con REDD+ y a la vez reduce la inversión en educación a la adquisición de mobiliarios para las escuelas, como sillas, mesas, escritorios y otros. 

Lo mismo ocurrió con la salud. El sistema de salud pública es implementado por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la que han ocurrido casos de corrupción, de poca inversión y de falta de respuesta a las necesidades de sanidad.  Ahora, en Talamanca, por ejemplo - incluido el territorio indígena Bribri- parte de los fondos que llegan de REDD+ son para apoyar las Juntas de Salud, (7) algo que era de responsabilidad del estado financiar.

De la misma manera, la poca inversión en el servicio público de agua, como el de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha sido otro argumento para justificar REDD+: según lo presentan, aportaría supuestas soluciones a la falta de infraestructura de agua.

El estado y sus instituciones consideran que los fondos de REDD+ y otros negocios de venta de carbono resolverán problemáticas que en verdad es el estado quien debe atender. En realidad, nada de lo que REDD+ supuestamente aporte resolverá los problemas de fondo, sino que son sólo medidas paliativas, temporales o superficiales. Es al estado a quien le compete dotar de presupuesto a las políticas públicas que desarrollan las instituciones para responder a las necesidades y garantizar los derechos de las comunidades indígenas.

En cuanto al derecho a la tierra, el estado tampoco tiene un plan que sea construido con y desde las comunidades para sanear los territorios, es decir, para devolver a los Pueblos Indígenas la totalidad de las tierras que jurídicamente les pertenecen. Por el contrario, impone negocios de carbono desfinanciando políticas públicas que atienden las necesidades y garantizan los derechos de los Pueblos. 

Los principales beneficiados: quienes deforestan

Según el documento ´Estrategia Nacional REDD+ Costa Rica´ la inversión total del estado nacional para reducir emisiones entre 2018 y 2024 es de unos 1.177 millones de dólares. De ese total, el 92 por ciento (US$ 1.082 millones) corresponde a lo que el país ya invierte en políticas relacionadas con REDD, como el Plan Nacional de Desarrollo Forestal o la Política de Áreas Silvestres Protegidas, y que están incluidas en los presupuestos ordinarios institucionales. (8)

En cuanto al ocho por ciento restante (US$ 95 millones), el Gobierno prevé cubrirlo, en parte, con los ingresos que espera obtener por la venta de reducciones de emisiones al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), administrado por el Banco Mundial. (9) Estos ingresos se calculan en US$ 63 millones, de los cuales el país ya ha recibido US$ 34 millones. (10) El gobierno afirma que invertirá ese monto en acciones para alcanzar la meta de reducción de emisiones y para preservar de 640 mil hectáreas de bosques. Sin embargo, el programa destinará la mayor parte de ese dinero, el 69 por ciento, al sector privado, como propietarios de tierras y productores rurales. O sea, uno de los sectores con mayor responsabilidad por la deforestación y los conflictos de tierras con comunidades indígenas. Para nosotros, los Pueblos Indígenas, en cambio, está previsto que se destine el 16 por ciento de los ingresos. 

Priorizar el sector que más deforesta en una política de preservación y conservación es un indicativo bastante explícito de a quienes el gobierno y el REDD+ benefician: a los que más amenazan nuestro derecho de los Pueblos Indígenas al territorio y, por lo tanto, a los que más amenazan a los bosques. 

Preservar los bosques: el camino es la garantía del derecho al territorio 

En Costa Rica la ley garantiza el derecho a las tierras de las reservas indígenas exclusivamente a las comunidades que las habitan. Sin embargo, hay terratenientes que usurpan esas tierras con la complicidad del estado. 

Terratenientes vinculados con políticos, jueces, fiscales y con gobiernos municipales han realizado incendios en territorios, usurpado, amenazado, amedrentado y desplazado comunidades indígenas de sus tierras, pese a la ley. (11) Los territorios indígenas están siendo afectados por grandes productores de monocultivos de piñas y banano, que generan contaminación por uso de agroquímicos en monocultivos, específicamente, en el Pacifico Sur y en el norte del país. 

Muchos indígenas arriesgan sus propias vidas luchando contra esta realidad y en defensa de sus territorios. Desde 2019 hasta la actualidad, por ejemplo, hubo dos asesinatos impunes, se trata de los compañeros indígenas Sergio Rojas, del territorio de Salitre, y Jerhy Rivera, del territorio Térraba. Ambos han sido asesinados por terratenientes invasores. (12) 

La impunidad de las estructuras de los poderes del estado permite consolidar las agresiones, la discriminación, el racismo y la imposición de las nuevas formas de colonizar las mentes, los bienes, las espiritualidades, las estructuras propias y la diversidad cultural. 

Desde nuestro colectivo Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) responsabilizamos al estado por las agresiones y violaciones de los derechos indígenas, pues no ha garantizado ni materializado los derechos consagrados en la Constitución y en el derecho internacional de los Pueblos Indígenas. 

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Por lo tanto, el estado costarricense ha sido irresponsable al no asumir su función para garantizar la vida, la conservación y la reafirmación del derecho a la tierra de los Pueblos.

Y ese vacío se utiliza como argumento para la avanzada de REDD+, planteándolo como alternativa de financiamiento para el saneamiento territorial que garantice la recuperación completa de las tierras indígenas en posesión de terratenientes o empresarios y las regrese a sus verdaderos dueños: los indígenas. Más allá de la aprobación de REDD+, es una responsabilidad del estado saldar la deuda milenaria de devolver las tierras a las comunidades indígenas.

Conclusión

Hay dos propuestas y agendas en curso. Una es la del estado, que impulsa: REDD+; la propiedad intelectual de la biodiversidad; la expansión del monocultivo; la explotación minera; la privatización de servicios y activos públicos; la exploración de petróleo; la explotación de hidroeléctricas; el narcotráfico; la corrupción; los cortes de fondos e inversiones públicas; la privatización de los bosques, de las costas y de las zonas públicas.

Y otra, muy distinta, es la agenda de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, que se basa en: la espiritualidad; los bosques; la naturaleza; los alimentos; la medicina; la educación propia; el idioma; la identidad; la cultura; las estructuras propias; pero, sobre todo, en la reafirmación territorial, lo que implica un saneamiento total de los territorios indígenas. 

REDD+ empeña bosques para supuestamente garantizar los otros derechos como educación, salud y tierra, utilizando métodos engañosos, coartando así la libertad y la buena fe de los Pueblos Indígenas. 

El estado debe garantizar los derechos sin condiciones. Es una función inherente de las instituciones del estado dar respuestas a las necesidades, planes y políticas públicas. En el caso de los Pueblos Indígenas en Costa Rica, el estado debe dotar de recursos económicos a las comunidades para responder a la agenda propia de los Pueblos, sin condicionamiento ni chantaje para que aprueben el REDD+.

Desde los Pueblos hemos vivido el despojo de los ‘bienes comunes’ mediante el clientelismo y la imposición de agendas del estado y su estructura, evidenciando así la continuidad del modelo colonial asesino, de conquista, de usurpación y de extractivismo de nuestros ‘bienes comunes’ y de la propia VIDA. 

Condenamos las malas práctica de los gobiernos, impositivas, clasistas y violentas, que despojan a los Pueblos de la identidad, de las tierras, espiritualidad, bosques, costas, ríos y ‘bienes comunes’, por su condición particular por costumbres, idioma, económica y otras barreras sociales.

Exigimos reconocer y respetar el rol fundamental que desempeñan las comunidades indígenas desde sus territorios en aras de mantener y defender las costumbres, espiritualidad y las tierras de sus Pueblos. Reafirmando el derecho de las comunidades indígenas a tener voz, incidencia y respeto a la riqueza cultural que representan, que deben permitirse en todos los espacios políticos, sociales, económicos y culturales. 

Inspirados en el Proyecto de VIDA de los Pueblos planteamos y convocamos a las causas comunes y colectivas. Por el bien común, por la VIDA, seguiremos reafirmando y posicionando nuestros sueños, los cuales tenemos derecho a tejer con la sabiduría ancestral. 

Convocamos a todos los Pueblos a defender y reafirmar el derecho sobre los ‘bienes comunes’, costas, bosques, ríos, alimentos, la educación y la salud propia, a conservar los ecosistemas naturales y culturales, el agua, las estructuras tradicionales, la gobernanza y la autonomía de los Pueblos Indígenas. 

Emmanuel Buitrago Páez, del clan Indígena Kólkuák, Bribri de Talamanca. Miembro coordinador del colectivo Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). manolpetitan@gmail.com 
 

Referencias: 
(1) Banco Mundial en America Latina y el Caribe, 2025. Sustaining Forests and Strengthening Communities in Costa Rica
(2) Banco Mundial en America Latina y el Caribe, 2025. Forest conservation payments in Costa Rica are supporting indigenous communities (video)
(3) REDD+ Costa Rica 2025. Fondo Cooperativo para el Carbono de Bosques.  
Documentos y contractos legales entre el gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial sobre el FCPF
(4) Telar Comunicación Popular, 2014. Talamanca dice No REDD+ Estas selvas no tienen precio (video).
(5) WRM, 2016. Bribris: un pueblo nunca conquistado que le planta cara a REDD y  Manifestación del territorio indígena Bribri, 2015  
(6) Vozes Nuestras, 2016. Comunidades bribris de Talamanca piden ser territorio libre de REDD+  y Declaración Territorio Bribri Libre de REDD+, 2016
(7) Juntas de Salud son entes auxiliares de los hospitales, clínicas y áreas de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, para mejorar la atención de la salud, el desempeño administrativo y financiero, así como la promoción de la participación ciudadana.
(8) Estrategia Nacional REDD+ Costa Rica.
(9) La parte más significativa de esos US 95,3 millones de dólares, será recaudada por la venta de reducción de emisiones de carbono al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) - en total se preve que ese Fondo aporte con US 63 millones de dólares, de los cuales el gobierno de Costa Rica ya ha recibido más de la mitad hasta la fecha de publicación de este artículo. Para más informaciones aquí
(10) Banco Mundial en America Latina y el Caribe, 2025. Sustaining Forests and Strengthening Communities in Costa Rica   
(11) TV Sur Pérez Zeledón , 2020. Buscan solución a conflicto por tierras en territorio indígena de China Kichá y Asamblea Legislativa Costa Rica, 2020. Plenario lamenta muerte de lider indigena y pide investigación.
(12) Cultural Survival, 2024. Dolor e indignación por el sobreseimiento del caso del asesinato de Sergio Rojas, defensor del territorio y de los derechos Indígenas en Costa Rica y Cultural Survival, 2020. Segundo asesinato de defensor Indígena en Costa Rica evidencia la inacción del Estado