El WRM se solidariza con la lucha de las mujeres del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil que, este 13 de marzo, realizan diversas acciones en todo el país por la reforma agraria y contra las múltiples formas de violencia contra las mujeres. Esta jornada tiene como consigna “El agronegocio es violencia y delito ambiental. Las mujeres luchamos contra el capital”. Una de esas acciones tiene lugar en el estado de Espírito Santo, donde 1.000 mujeres ocupan una zona de la empresa Suzano Papel e Celulose.
Esta es una declaración de representantes de comunidades del río Mekong en Tailandia, del río Mentarang en Indonesia y de América Latina, quienes se reunieron en Tailandia en febrero de 2025 para intercambiar experiencias y fortalecer sus luchas contra los destructivos proyectos de represas. Estas luchas no existen de manera aislada; representan y se mantienen junto a decenas de otras luchas que resisten los proyectos y planes de represas a gran escala a lo largo de los ríos de la región del Mekong, desde China hasta Vietnam; a través de Indonesia, desde Papúa hasta Sumatra; por toda América Latina; y en muchas otras partes del mundo.
Realizado por iniciativa de comunidades indígenas de la Amazonia, el documental reúne experiencias, reflexiones y testimonios de Pueblos Indígenas y comunidades tradicionales que decidieron decir NO a REDD y otros proyectos de carbono, a los que identifican como una amenaza para sus territorios y culturas.
Las grandes ONG conservacionistas han desempeñado un papel fundamental para convertir el programa REDD (Reducción de las emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques) en la política forestal dominante en todo el mundo. Este mecanismo se introdujo en 2007, y la primera ola de proyectos y programas REDD se implementó entre 2008 y 2013. Entre los promotores de los proyectos REDD se encuentran estas grandes ONG, que se benefician recibiendo millones de dólares para ‘proyectos piloto’ y ‘capacitaciones’, así como de la venta de créditos en el mercado de carbono.
La evidencia de las últimas dos décadas ha confirmado que las primeras advertencias sobre la compensación de carbono en general, y sobre REDD en particular, han resultado ser ciertas. Los proyectos REDD han fracasado completamente en su objetivo de reducir la deforestación y, por lo tanto, tampoco han logrado mitigar el cambio climático (2). Y, sin embargo, desde 2020, cuando entró en vigor el Acuerdo de París, está en marcha una segunda ola más grande de proyectos y programas de carbono forestal.
Los programas REDD subnacionales y nacionales han recibido menos atención que los proyectos REDD privados. Estos proyectos se denominan “REDD jurisdiccional” o “REDD gubernamental”, y abarcan toda una provincia o un país entero. El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por su sigla en inglés), del Banco Mundial, es uno de los principales promotores de REDD jurisdiccional. Su objetivo es ayudar a los países del Sur global a prepararse para recibir pagos REDD a través de un Fondo de Preparación, y luego recompensarlos por reducir la deforestación con los llamados “pagos basados en resultados” a través de un Fondo de Carbono.
Desde su lanzamiento en 2008, el FCPF ha tenido dificultades para desembolsar los fondos y mostrar resultados. Además, en los lugares donde el FCPF ha desembolsado dinero, han surgido muchos problemas. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, el FCPF apoyó el Programa REDD+ PIREDD/Plateaux, en la provincia de Mai-Ndombe. Este programa dirigido por el WWF restringió el uso de la tierra por parte de las comunidades y provocó conflictos (3). También surgieron problemas en otro programa REDD jurisdiccional en la provincia de Zambezia, en Mozambique, donde el FCPF fracasó por completo en la consecución de su principal objetivo: detener la deforestación (4).
Y, sin embargo, grandes ONG conservacionistas como TNC se refieren al FCPF como un “éxito” (5). Sin duda una razón de peso es el papel clave que desempeñan en dichos programas. Ése es el caso del programa REDD jurisdiccional de Kalimantan Oriental apoyado por el FCPF, que es el foco de este artículo. Dicho programa fue aprobado en 2019 por el Banco Mundial y se ha ejecutado desde 2019 hasta 2024. Abarca toda la provincia de Kalimantan Oriental, Indonesia. Cuando en este artículo se menciona “documentación del programa”, se hace referencia al programa REDD jurisdiccional de Kalimantan Oriental (6).
El papel protagónico de las ONG representa un conflicto de intereses
Según la documentación del programa, el gobierno indonesio inicialmente pretendía implementar el programa REDD jurisdiccional del FCPF en Indonesia en siete distritos, ubicados en cuatro provincias diferentes con deforestación generalizada: Jambi, Sulawesi Central, Kalimantan Central y Kalimantan Oriental. Dos de estos siete distritos, Berau y Kutai Occidental, están ubicados en Kalimantan Oriental.
Desde 2008, TNC y WWF han participado en actividades relacionadas con REDD en Berau y Kutai Occidental. La documentación del programa afirma que TNC y WWF tienen un “papel clave” como “socios de implementación”, y afirma que la experiencia de estas dos organizaciones ofrece “oportunidades” para un programa más grande en el futuro. El Programa de Carbono Forestal de Berau, establecido por TNC, se menciona como “el primer programa REDD+ en Indonesia que abarca una jurisdicción política completa”, lo que le permite “generar guías para los programas nacionales REDD+”.
La documentación del programa también señala que un criterio importante para recibir fondos del FCPF es la necesidad de fondos adicionales de otros donantes. Mientras que los otros distritos –que formaban parte de la propuesta original– no lograron recaudar estos fondos adicionales, TNC aseguró US$ 50 millones para Berau, mientras que WWF y sus socios aseguraron “hasta US$ 82,5 millones” en Kutai occidental (7).
No se explicó por qué se tomó la decisión de canalizar todos los fondos del FCPF –US$ 110 millones– a Kalimantan oriental y no a las otras provincias. Pero sigue existiendo la fuerte impresión de que tanto TNC como WWF tuvieron una influencia significativa, lo que revela los conflictos de intereses en juego. Por ejemplo, ambas ONG prepararon el terreno con sus actividades en Berau y Kutai occidental; TNC fue uno de los miembros fundadores y donantes del FCPF y desarrolló la idea del FCPF junto con el Banco Mundial (8); y WWF participó en la elaboración de la documentación del programa, que debería haber sido responsabilidad del gobierno indonesio (9). Existen otros ejemplos de cómo estas ONG ejercieron su influencia, que revelan los arraigados conflictos de intereses (10).
En noviembre de 2022, el gobierno de Indonesia recibió el primer pago anticipado del Banco Mundial de US$ 20,9 millones, equivalentes a IDR 320.000 millones (11). Según una carta del gobierno provincial sobre la distribución del dinero, las “instituciones intermediarias” (ONGs, o lembaga perantara en indonesio) recibirán hasta IDR 3.190.914.000 en los llamados Pagos por desempeño e IDR 19.502.000.000 en Pagos de recompensa. Estos pagos ascienden a IDR 22.692.914.000, o US$ 1,482 millones, aproximadamente el 7 por ciento del pago inicial total de US$ 20,9 millones. Un tercio de este dinero se destina a “honorarios de gestión” y dos tercios a costos de “programas/actividades” (12). Si se toma en cuenta el monto total aprobado de US$ 110 millones, con base en este porcentaje las ONG podrían recibir hasta US$ 7,6 millones de fondos del FCPF.
Un programa lleno de contradicciones
Un programa centrado en quienes no provocan la deforestación:
La documentación del programa afirma que el Programa REDD jurisdiccional en Kalimantan Oriental está “diseñado para abordar las causas de la deforestación”, e identifica a las plantaciones industriales de palma aceitera (51%), la tala (22%) y la minería (10%) como las tres causas principales. Sin embargo, al igual que en el proyecto piloto de TNC en Berau, la mayor parte del presupuesto del Programa (el 53,2%) se centra en “ofrecer oportunidades de subsistencia alternativas” a las comunidades rurales, incluidas las comunidades indígenas. Esto se hace con el fin de abordar la “deforestación vinculada a la intrusión y la agricultura” [excluyendo la palma aceitera], en lugar de abordar las principales causas de la deforestación: la palma aceitera, la tala y la minería.
A pesar del declarado enfoque del programa en las “oportunidades de subsistencia alternativas”, esto no parece reflejarse en la realidad sobre el terreno. Tres comunidades del distrito de West Kutai, visitadas por el WRM, JATAM Kaltim y el Instituto Nugal en septiembre de 2024, reclamaron a través de sus representantes del gobierno local que todavía no han recibido el dinero que se les prometió para un proyecto que presentaron a la coordinación del programa, y que fue aprobado. Esto es casi dos años después de que el gobierno indonesio recibiera su primer pago del Banco Mundial. Según los habitantes, cada aldea debía recibir 201,64 millones de IDR, o alrededor de US$ 12.938, mencionados también en la carta antes referida del gobierno provincial (13).
Los representantes del gobierno local presentaron otros reclamos. Uno se relaciona con cómo las personas del equipo del programa REDD llegaron a la comunidad para hacer preguntas y volar un dron, sin explicar su objetivo ni compartir el resultado de su encuesta. Los representantes locales también han cuestionado por qué cada comunidad de Kutai Occidental recibe la misma cantidad de dinero, a pesar de que la aldea más pequeña de Kutai Occidental tiene una superficie de 815 hectáreas, mientras que la más grande cubre 56.957 hectáreas. Esto debería traducirse en costos diferenciales cuando se trata de monitoreo de los bosques. Sin embargo, el tamaño de las aldeas parece ser irrelevante para la coordinación del programa, que decidió que las 82 aldeas incluidas en el programa REDD en Kutai Occidental recibirán exactamente la misma cantidad. La comunidad también reclamó que no se les ha informado ni consultado sobre el programa REDD ni sobre lo que realmente es REDD. Sólo el líder de la comunidad fue invitado a una reunión de intercambio de información, que tuvo lugar fuera del territorio de la aldea.
Hay uno de los reclamos de los representantes locales que se destaca en particular. Aunque el Banco Mundial declara en la documentación que “las comunidades podrán seleccionar los beneficios a los que prefieren acceder, que reflejarán sus prioridades”, dos aldeas vieron rechazadas sus propuestas comunitarias. Su propuesta solicitaba la compra de un automóvil para patrullar su zona de bosque, que consideraban era una prioridad. El argumento fue que no se pueden permitir los automóviles porque contribuyen al calentamiento global. Esta es una respuesta bastante hipócrita, por decirlo suavemente, para un programa que se basa en la lógica de generar créditos de carbono para que las industrias contaminantes responsables del caos climático puedan seguir destruyendo el clima. Mientras tanto, el programa REDD penaliza a las comunidades, las cuales no son responsables de la crisis climática.
Un programa que ignora una de las principales causas de la deforestación, la minería
1.434 permisos de minería a partir de 2020, que abarcan más de 5 millones de hectáreas, o el 41% del territorio de la provincia (14). Las empresas mineras, la mayoría de las cuales son empresas de carbón, son algunas de las principales causas de la deforestación, y de otras violaciones sociales y ambientales en Kalimantan Oriental. En la documentación del programa, el Banco Mundial expresa su preocupación por el hecho de que el gobernador de Kalimantan Oriental, que asumió el cargo en 2009, “hizo campaña sobre una plataforma de apoyo a las industrias mineras”.
Sin embargo, “las empresas mineras no están incluidas” en el programa REDD. "No implementarán ninguna actividad de reducción de emisiones” con una nota a pie de página en la documentación del programa, justificando la exclusión de la minería por una decisión del gobernador de 2018 que “suspende los nuevos permisos de minería de carbón y agrega requisitos adicionales para las empresas que deseen extender sus permisos”.
En primer lugar, el argumento de que no se concederán nuevos permisos de explotación minera simplemente no es cierto. Por ejemplo, PT Adaro Energy, la segunda mayor empresa de carbón de Indonesia, se benefició de una nueva concesión en 2024 (15). Además, la decisión del gobernador de 2018 no contribuye a prevenir la deforestación en las concesiones que se otorgaron antes de 2018, pero que aún están en desarrollo. Lo que es peor, ignorar al sector minero también subestima el fenómeno generalizado de la minería ilegal en Kalimantan Oriental, que está causando incluso más destrucción y riesgos que la destrucción legalizada.
El megaproyecto de la nueva capital de Indonesia: una deforestación “manejable” para el Banco Mundial
Otra gran contradicción se ejemplifica con la construcción de la nueva capital de Indonesia (IKN), un megaproyecto lanzado en 2020 en Kalimantan Oriental. Si bien por un lado el Banco Mundial admite que “es probable que afecte a las emisiones en la provincia”, debido a la deforestación, también afirma que los impactos de la IKN “parecen ser manejables”, argumentando que tiene el “potencial” de “reverdecer” y “reforestar” la zona. El proyecto IKN, de US$ 30.000 millones, ha sido especialmente promovido por el expresidente Jokowi, quien quiere convertirlo en su principal legado.
Lo que el Banco Mundial considera “manejable” muestra el total desconocimiento de esta institución multilateral tanto sobre la escala de este megaproyecto (que aumentó su superficie de 180.000 a 256.000 hectáreas tras su lanzamiento en 2020), así como sobre las violaciones sociales y ambientales contra el pueblo indígena Balik –cuyo territorio se superpone con el sitio de construcción de la capital–. Además, habrá otros impactos indirectos más devastadores relacionados con la construcción de la nueva capital, que el Banco Mundial ignora (16).
Un programa que pretende tener “resultados” incluso con la deforestación en aumento
Para que los programas REDD jurisdiccional establezcan una meta de reducción de la deforestación, primero fijan una base de referencia; esto implica definir un período de años sobre el cual se calcula la tasa anual promedio de deforestación y degradación de los bosques. En el caso del programa REDD apoyado por el Banco Mundial en Kalimantan Oriental, este período es 2007-2016. Durante este período se perdieron 700.800 hectáreas de cubierta forestal, es decir, aproximadamente el 5,5% de toda la provincia. El siguiente paso es establecer un objetivo de reducción de emisiones para el período del programa (2019-2024), basado en la tasa promedio de deforestación del período de referencia. En el caso del programa REDD de Kalimantan Oriental, el objetivo de reducción de emisiones establecido es del 27%. Este modus operandi plantea al menos dos preguntas: ¿Cuál es el razonamiento detrás de la elección de un período de referencia en lugar de otro? ¿Y quién toma estas decisiones?
En la documentación del programa, el primer período de referencia elegido fue 2006-2015. Sin embargo, en el documento final del proyecto de 2019, este período se cambió a 2007-2016. Esta modificación aparentemente pequeña significó un cambio significativo porque el nuevo período de referencia incluía el año 2016. Éste fue un año pico en la pérdida de bosques en Indonesia y Kalimantan Oriental; los incendios forestales masivos afectaron a Indonesia en 2015, pero solo se contabilizaron en su totalidad en las cifras de 2016, debido a la falta de datos de imágenes de la destrucción de 2015 (ver gráfico 1 a continuación).
Imagen
Gráfico 1: Pérdida de cobertura forestal en Kalimantan Oriental 2001-2023. En naranja se muestra el nivel de referencia, el período en el que el programa REDD jurisdiccional de Kalimantan Oriental definió su base de referencia, en comparación con las reducciones de emisiones estimadas o el nivel de deforestación reducida durante el período del programa (2019-2024). (Cifras de Global Forest Watch)
Si bien los desarrolladores del programa no ofrecieron ninguna justificación para cambiar el período de referencia, es obvio que la nueva base de referencia facilita que el programa REDD logre “resultados”. En gran medida debido a que el índice de deforestación en Kalimantan Oriental se redujo en los años posteriores a 2016, debido a las políticas estatales como reacción a los incendios forestales de 2015 que causaron graves impactos. Según la documentación del programa REDD, esto se debió a una moratoria nacional a la tala de bosques primarios para dar lugar a plantaciones y actividades de extracción maderera.
Otra consecuencia de la base de referencia ‘generosa’ es que, aunque la deforestación aumentó en la provincia, casi duplicándose de 79.200 hectáreas en 2022 a 161.000 hectáreas en 2023, el gobierno provincial todavía puede afirmar que ha logrado "resultados", como muestra el gráfico anterior. Este aumento de la deforestación se debió a la expansión de las plantaciones de palma aceitera, entre otras actividades. (17)
Quienes definen la base de referencia y los objetivos del programa son los mismos actores que están más interesados en garantizar “resultados” y, por lo tanto, sus propios pagos del programa. Entre estos actores figuran el Banco Mundial, el gobierno de Kalimantan Oriental, TNC y WWF.
REDD jurisdiccional también promueve el comercio de carbono
Las organizaciones ambientales y sociales tienden a criticar los proyectos REDD privados mucho más que los programas REDD jurisdiccionales, también en Indonesia (18). Una razón probablemente sea la percepción errónea de que el comercio de carbono, la principal crítica a los proyectos REDD privados, no está involucrado en los programas REDD jurisdiccionales. Sin embargo, los programas REDD jurisdiccionales siguen la misma lógica de centrarse en el carbono, la contabilidad del carbono y el comercio de carbono, al igual que cualquier otro proyecto REDD. Y al igual que otros proyectos REDD, estos programas también utilizan la misma manipulación en la que los propios proponentes del proyecto definen escenarios de referencia y ‘resultados’.
En el caso del FCPF, la mayor parte del dinero ha venido de gobiernos, como Noruega, Alemania y el Reino Unido. Pero desde el inicio de este proyecto también ha habido dinero procedente de entidades privadas, como TNC y la compañía petrolera BP, que a cambio esperan recibir créditos de carbono (19).
En los últimos años, el comercio de carbono parece desempeñar un papel cada vez más importante en el funcionamiento del FCPF. Desde 2018, el FCPF ha participado en el programa de compensación CORSIA, del sector de la aviación. Según el Banco Mundial, se espera que este programa “compense más de 2 mil millones de toneladas de CO2”. En 2023, el FCPF pasó a ser elegible para suministrar créditos de carbono a CORSIA. A fines de 2023, el FCPF comenzó a ofrecer créditos de carbono para la venta en el mercado de carbono (20). En la última actualización del programa del FCPF de Kalimantan Oriental en el sitio web del Banco Mundial, el programa está clasificado como “elegible para CORSIA”, lo que significa que el programa REDD de Kalimantan Oriental permitirá el crecimiento de la industria de la aviación, al tiempo que afirma que no es dañino para el clima.
Consideraciones finales
Este artículo señala una serie de contradicciones del programa REDD jurisdiccional en Kalimantan Oriental, basado en el supuesto erróneo de que REDD en realidad trata de reducir la deforestación. El objetivo de REDD no es detener la deforestación sino crear más oportunidades comerciales para las industrias extractivas y las ONG conservacionistas orientadas a los negocios, como TNC y WWF, al tiempo que aumenta las amenazas a los bosques y a las comunidades que dependen de ellos.
Partiendo de esa premisa, lo que está escrito en la mayor parte de la documentación del programa tiene mucho más sentido. Por ejemplo, el Banco Mundial describe a Kalimantan Oriental como una provincia “rica en recursos naturales, como madera, petróleo, gas y suelos productivos”. Desde esa perspectiva, tiene todo el sentido excluir al sector minero del ámbito de este programa y restar importancia a las principales causas de la deforestación –la tala y la palma aceitera–, promoviendo sistemas de certificación que sólo han contribuido a expandir estos monocultivos destructivos. (21)
Entender REDD como una política que amenaza a los bosques también ayuda a entender mejor por qué se presta atención a las actividades de personas que no son una amenaza: las comunidades que dependen de los bosques. El Banco Mundial las describe como “pobres” en Kalimantan Oriental, en contraste con los recursos naturales “ricos”. Según el Banco Mundial, la población rural, como las comunidades Dayak, es particularmente pobre. Y el FCPF está creando nuevas amenazas para sus medios de vida. Con ONGs como TNC y WWF involucradas como “socios implementadores”, el enfoque está puesto en crear más áreas protegidas, sin gente. No importa que el Banco Mundial y su programa REDD favorable a las empresas no impidan la amenaza de una mayor expansión de la minería, la tala y la palma aceitera.
Para ofrecer una imagen de lo que realmente se puede esperar del programa REDD en Kalimantan Oriental, citemos una vez más, de la documentación del programa, esta vez de un pasaje con una claridad poco común en medio de la visión borrosa del Banco Mundial: “La expansión de la agricultura, la tala, la extracción de minerales, la urbanización y el avance de viviendas han provocado no sólo un aumento de la conversión de tierras sino también la degradación de los bosques, reduciendo los beneficios ambientales, lo que exacerba aún más la pobreza”.
Instituto Nugal, JATAM Kaltim y el Secretariado Internacional del WRM
Por razones de seguridad, se preservan los nombres de las personas que dieron sus testimonios para este artículo así como los nombres de sus comunidades.
Durante casi 10 años, la Alianza Informal contra la Expansión de los Monocultivos Industriales en África occidental y central ha desempeñado un papel importante en la conexión de organizaciones de base y activistas así como en el fortalecimiento de la resistencia al acaparamiento de tierras y a otros ataques por parte de las empresas de palma aceitera y otras plantaciones de la región.
El pasado mes de noviembre, activistas y organizaciones populares integrantes de la Alianza y procedentes de diversas comunidades de 10 países, se reunieron en la Asamblea General para renovar su compromiso con la defensa de las tierras ancestrales y para seguir resistiendo los intereses neocoloniales y la apropiación de las tierras de las comunidades por parte de las empresas.
A continuación, la declaración completa:
Gabon, Noviembre 2024
LA DECLARACIÓN DE MOUILA
de la
Alianza Informal contra la Expansión de los Monocultivos Industriales
Nosotros, los 60 miembros reunidos en la 6ª Asamblea General de la Alianza Informal contra la Expansión de las Plantaciones de Monocultivos Industriales, en Mouila, Gabón, del 19 al 22 de noviembre de 2024, en representación de comunidades y organizaciones de Gabón, Nigeria, Camerún, Sierra Leona, Congo Brazaville, Liberia, Ghana, Congo Kinshasa, Costa de Marfil y Uganda, estamos profundamente comprometidos con la lucha contra el acaparamiento de tierras, en particular por parte de las empresas de plantaciones de árboles. ADOPTEMOS esta Declaración que señala nuestra convicción de la importancia vital del reconocimiento y la devolución de la propiedad comunitaria ancestral de las tierras en África, para el bienestar de los primeros ocupantes.
RECONOCEMOS QUE:
Las tierras ancestrales albergan comunidades de personas que poseen una cultura tradicional así como conocimiento de la naturaleza;
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la defensa de sus tierras y bosques ancestrales;
Las tierras ancestrales comunitarias en África tienen un valor intrínseco y merecen respeto independientemente de su utilidad para los habitantes y la humanidad en su conjunto;
La riqueza natural así como los derechos y la libertad de acceder a sus tierras se están erosionando hoy en día de una manera frenética y sin precedentes debido a políticas de desarrollo deliberadamente perjudiciales, arraigadas en el legado colonial;
La ocupación ilegal de los territorios comunitarios ancestrales durante los regímenes gubernamentales coloniales y poscoloniales en forma de concesiones a empresas con fines de desarrollo comercial, constituye una violación a los derechos de las personas y, por lo tanto, constituye un grave delito contra la humanidad. Una ilegalidad es una ilegalidad independientemente del momento en que se cometió;
RECONOCEMOS ADEMÁS QUE:
Los gobiernos poscoloniales han fracasado en su responsabilidad de otorgar una verdadera independencia a las comunidades al priorizar los intereses coloniales de agentes extranjeros, promulgando leyes neocomunitarias que habilitan el desalojo y el robo de las tierras ancestrales de las comunidades a través de la aplicación de diversas nociones poco transparentes de propiedad nacional y/o gubernamental de la tierra;
Las amenazas causadas por los desatinados actos de acaparamiento de tierras ancestrales y su entrega en concesión a empresas comerciales han traído consigo penurias incalculables, violencia y daños irreparables, como la pérdida de vidas y de biodiversidad, la pobreza estructural debido a la pérdida tanto de los medios de vida y supervivencia como de la propiedad comunitaria, los embarazos infantiles precoces y la violencia de género, entre otros males.
Los países africanos que obtuvieron la independencia en las décadas de 1960 y 1970, hoy consideran que las comunidades pertenecen al Estado y a los gobiernos, y sentados cómodamente en sillones en tierras lejanas otorgan concesiones a empresas comerciales, sin el consentimiento libre, previo e informado de los verdaderos propietarios de las tierras ancestrales.
NOS COMPROMETEMOS A:
Promover y defender las prácticas agroecológicas y la soberanía alimentaria como una forma de resistencia;
Facilitar el establecimiento de una red eficaz y eficiente de comunidades, activistas y ONGs que cooperen a escala local e internacional para comprender las estrategias y tácticas utilizadas por las empresas para robar las tierras ancestrales de las comunidades, y desarrollar nuevas estrategias y tácticas para guiar a las comunidades de manera de frenar el acaparamiento de tierras y recuperar las tierras previamente ocupadas de manera ilegal, de acuerdo con los objetivos de la Alianza;
Elaborar mecanismos que permitan a todos los sectores de la sociedad, especialmente a las poblaciones locales de larga data, iniciar de manera no violenta el camino para afirmar sus derechos ancestrales a las tierras que algunos gobiernos califican de tierras nacionales y/o tierras estatales, asociarse a la planificación y el establecimiento de iniciativas que agreguen valor a las tierras ancestrales;
Fortalecer la educación para la resistencia no violenta y brindar capacitación que mejore su capacidad de enfrentar a los gobiernos y empresas que quieren apoderarse de sus territorios.
Reclamar a las autoridades que proporcionen a los jóvenes el acceso a la tierra en las zonas rurales, que faciliten su formación y les brinden apoyo.
RECONOCIENDO que la acción para proteger las riquezas vivas y la belleza de las tierras ancestrales depende del pleno compromiso de la población local afectada, NOS COMPROMETEMOS a trabajar incondicionalmente para aplicar las disposiciones de esta Declaración.
ENFATIZANDO que el reconocimiento de las tierras ancestrales es esencial para sostener la sociedad humana y conservar nuestro planeta, INVITAMOS A LOS MIEMBROS Y AMIGOS DE LA ALIANZA a difundir ampliamente esta Declaración con el fin de garantizar que las conclusiones se incorporen en las actividades diarias.
Firmantes:
Miembros de comunidades de Gabón
Musiru Divag de Fougamou Gabon
Institute of sustainable Agriculture, Grand Bassa county, Jogba clan, Liberia
Women’s Network Against Rural Plantations Injustice (WoNARPI), Sierra Leone
Alliance Uganda Chapter
Witness Radio, Uganda
Nature Cameroon
Synaparcam, Cameroon
COPACO, DRC
RADD, Cameroon
Struggle to Economize Future Environment (SEFE), Mundemba, Cameroon
CPPH, Cote d’Ivoire
Collectif des Ressortissants et Écologistes des Plateaux Bateke, Gabon
REFEB, Cote d’Ivoire
YVE Ghana
JVE Côte d’Ivoire
Association Gulusenu du village Doubou, Gabon
Muyissi Environnement, Gabon
Komolo Agro Farmers Association Kiryandongo, Uganda
Ndagize julius, East African, Uganda
LOOK GREEN, CARE FOUNDATION, Nigeria
Association les Rassembleurs du Village Mboukou, Gabon
Joegba United Women Empowerment and Development Organization (JUWEDO), Liberia
COLLECTIF ADIAKE. Cote d’Ivoire
CNOP, Congo
Maloa, Sierra Leone
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)
Sainte Luce es un pueblo de pescadores de 2.500 habitantes situado en el distrito de Fort Dauphin, comuna de Mahatalaky, en el sureste de Madagascar. La pesca es fundamental para el sustento de las familias de Sainte Luce; los bosques y humedales cercanos les proporcionan además medicinas, bienes materiales y soberanía alimentaria. El acceso a los servicios públicos, como la educación y la salud, es muy limitado y las escuelas y los puestos de salud más cercanos se encuentran a unos 15 kilómetros de la comuna.
La comunidad de Sainte Luce teme que la explotación de ilmenita por parte de la filial de Rio Tinto, QIT-Madagascar Minerals (QMM), destruya sus zonas de pesca, sus tierras y sus medios de vida. Aunque no se ha comunicado ninguna fecha para la expansión de la explotación, la comunidad teme que dicha expansión sea inminente. Para proteger su supervivencia como comunidad, la comunidad de Sainte Luce dice NO a este proyecto minero que, de llevarse a cabo, destruiría la tierra de sus antepasados.
“Declaramos nuestra oposición al proyecto minero”
En diciembre de 2023, la comunidad de Sainte Luce entregó una carta y testimonios en vídeo a QMM y a las autoridades malgaches, en los que manifestaban su oposición a la destrucción de sus tierras y zonas de pesca para la explotación de ilmenita. Este mineral se utiliza en la fabricación de pinturas blancas y plásticos, entre otros productos. (1)
La comunidad de Sainte Luce tiene motivos para creer que la ampliación de la mina de QMM supondría su destrucción, teniendo en cuenta el historial de la empresa hasta el momento.
En medio de una gran controversia, la empresa minera angloaustraliana Rio Tinto recibió en 2005 un contrato de arrendamiento minero a largo plazo del gobierno malgache. El contrato de arrendamiento entregó casi 6.000 hectáreas de tierra a QMM –una empresa conjunta entre Rio Tinto y el Estado malgache– para extraer ilmenita en tres lugares cerca de la ciudad de Fort Dauphin, en el sudeste de Madagascar. Estos tres lugares eran Mandena, Petriky y Sainte Luce. Hasta ahora, la empresa sólo tiene operaciones en uno de estos lugares: Mandena. La ilmenita extraída por QMM se envía a una planta de procesamiento de Rio Tinto en Canadá y se vende como óxido de titanio, que se utiliza en pintura blanca y plásticos, entre otras aplicaciones. El precio de una tonelada de óxido de titanio rondaba los 290 dólares en agosto de 2024.
La explotación minera en el terreno de 2.000 hectáreas concesionado en Mandena, en las afueras de Fort Dauphin, comenzó en 2008. Poco después de que QMM obtuviera el contrato de arrendamiento, las familias que vivían cerca de varias instalaciones relacionadas con el proyecto se vieron obligadas a ceder sus tierras, incluidas las cercanas al nuevo puerto minero, las áreas de conservación privadas y Mandena. Quince años después, todavía existen disputas sobre la compensación que QMM prometió a las familias por la pérdida de sus medios de vida, ya que las familias afectadas por la minería en Mandena afirman que el proceso de compensación las perjudicó. En mayo de 2024, QMM acordó reevaluar los pagos de compensación.
A pesar de la destrucción masiva causada por el proyecto, Rio Tinto afirma que ayudó a proteger los bosques alrededor del puerto de ser destruidos, al declararlos áreas protegidas. Con esto la empresa afirma haber “compensado” la destrucción de los bosques y la diversidad biológica en los sitios mineros. (2)
En junio de 2023, antes de las elecciones nacionales que se celebrarían más tarde ese año, Rio Tinto y el gobierno malgache anunciaron que se estaba creando un comité interministerial para facilitar “la obtención de las distintas autorizaciones” necesarias para avanzar en los preparativos para la explotación minera en los yacimientos restantes, Petriky y Sainte Luce. (3)
Rio Tinto obtiene beneficios, las comunidades malgaches pagan
La multinacional minera Rio Tinto posee el 85 por ciento de QMM, mientras que el gobierno de Madagascar posee el 15 por ciento restante, según un comunicado de prensa de la empresa del 22 de agosto de 2023. En este comunicado de prensa, la empresa anunció que había concluido el proceso de renegociación de los acuerdos financieros; esta renegociación estaba prevista e incluida en el contrato de arrendamiento inicial. (4) Tanto en el acuerdo original como en el renegociado, la mayor parte de los beneficios van a parar a Rio Tinto, mientras que las comunidades y el Estado de Madagascar se quedan con los conflictos y los múltiples daños que dejan tras de sí las actividades mineras. Rio Tinto paga una mera regalía del 2,5 por ciento sobre los minerales en bruto extraídos, minerales que la empresa exporta a su propia planta de procesamiento en Canadá. El acuerdo financiero renegociado también reduce la participación del Estado en QMM al 15 por ciento (frente al 20 por ciento), a cambio de la cancelación de 77 millones de dólares que la empresa adelantó al gobierno de Madagascar “para financiar su financiación de QMM”. Además, el primer dividendo que Rio Tinto ha acordado pagar al gobierno viene con condiciones: el Estado debe gastar US$ 12 millones en la rehabilitación de 110 km de la carretera nacional 13, una importante carretera de la región.
Las comunidades sufren destrucción y contaminación del agua por la minería en Mandena
Durante la última década, la minería de QMM en Mandena ha afectado especialmente a tres aldeas, y en particular a los pescadores. Aproximadamente 15.000 personas viven en las tres aldeas que bordean la mina. Numerosas familias perdieron sus medios de vida cuando las actividades mineras de QMM comenzaron a destruir los bosques y las zonas de pesca circundantes. Las familias vieron caer sus capturas pesqueras en casi un 50 por ciento. Se vieron obligadas a abandonar sus tierras y muchas nunca recibieron la compensación prometida. (5)
Entre otros impactos importantes de la minería de QMM figuran la contaminación del agua y las altas concentraciones de plomo. (6) A principios de 2022, los residentes protestaron porque aparecían peces muertos en los cuerpos de agua de las afueras de Fort Dauphin. Poco antes de que comenzaran a aparecer los peces muertos, la empresa había llevado a cabo una “liberación controlada de agua” para evitar (otra) ruptura de los diques de arena que la empresa utiliza para mantener el agua contaminada en el sitio minero. Ésta no era la primera vez que la empresa realizaba una liberación de emergencia de agua tóxica. En 2010 y 2018, la empresa también derramó grandes cantidades de desechos mineros contaminados en cuerpos de agua alrededor de la mina, para evitar que el sistema de contención de la mina colapsara. En 2018, después de que se liberaron las aguas residuales, comenzaron a aparecer peces muertos en los lagos. (7)
Poco después de que aparecieran los peces muertos a principios de 2022, el gobierno impuso una prohibición de pesca, lo que significó que los pescadores dejaron de percibir los ingresos de la pesca durante meses. Mientras tanto, QMM hizo lo que las empresas mineras suelen hacer en estos casos: negó cualquier conexión entre la liberación del agua contaminada que había hecho y los peces muertos. (8) En una declaración a la revista The Intercept, la empresa afirma que de un análisis de muestras de agua que había encargado no se reveló “ningún vínculo concluyente entre nuestras actividades mineras y los peces muertos observados por los miembros de la comunidad”. (9)
Ha habido protestas periódicas contra las actividades mineras de QMM por una multitud de razones: existen reclamaciones de indemnización sin resolver; los lagos y lagunas han sido contaminados durante más de una década por el sistema de aguas residuales de la mina, que QMM no se molesta en arreglar; las comunidades han perdido los ingresos que solían obtener de la pesca y la recolección de productos del bosque, como el Mahampy para producir las esteras tradicionales comunes en la región; las comunidades han perdido la tierra donde cultivan alimentos; las promesas de empleo no se han cumplido; y las comunidades enfrentan importantes riesgos de salud debido a los elevados niveles de uranio y plomo alrededor de la mina. Aquí también, la filial de Rio Tinto ha hecho lo que las empresas mineras suelen hacer en respuesta a las protestas por sus actividades destructivas: ha ignorado la causa de la protesta y ha pedido a las autoridades estatales que envíen a la policía.
Un informe publicado en marzo de 2022 por la red Publish What You Pay afirma que “ha habido protestas contra QMM desde que comenzó sus actividades en 2009. Cientos de malgaches han levantado barreras/bloqueos de carreteras y han salido a las calles para hacer huelga contra el desplazamiento y la reubicación involuntaria, la pérdida de tierras y del acceso a sus bosques locales, la destrucción de zonas de bosque sagradas, la compensación inadecuada por la pérdida de tierras y medios de vida, la eliminación de tumbas ancestrales y la percepción de inequidad en las prácticas de empleo de QMM que han favorecido a los trabajadores de otros países o regiones en lugar de capacitar y contratar a la población local”. (10) Muchas de esas protestas se han enfrentado a una dura represión policial y a la represión de los dirigentes sindicales y los habitantes de las aldeas, que exigen que la empresa deje de infringir la ley, contaminar el agua y destruir sus medios de vida. (11)
Frente a la represión policial existente, el encarcelamiento de manifestantes y la negativa de la empresa minera a atender sus demandas, en abril de 2024 los habitantes de las inmediaciones de las minas de QMM en Mandena presentaron demandas judiciales en el Reino Unido. Acusan a Rio Tinto de contaminar los lagos de los que dependen para sus necesidades domésticas con niveles de uranio y plomo que suponen un grave riesgo para su salud. (12)
15 años de explotación minera de QMM en Mandena han provocado destrucción, contaminación, conflictos, represión violenta de las protestas y represión por parte del Estado y de QMM contra los ciudadanos que han exigido que se respeten sus derechos. En este contexto, la comunidad de Sainte Luce declara su oposición a la propuesta de QMM de ampliar la explotación minera de ilmenita en su territorio.
Sainte Luce dice NO a la destrucción de su modo de vida
Sainte Luce es la capital de la langosta del sur de Madagascar. Los chefs de restaurantes de lugares tan lejanos como Antananarivo, la capital de Madagascar, buscan pescado, cangrejos y, sobre todo, langostas capturados en las costas de Sainte Luce. La pesca de mariscos y el procesamiento de productos del bosque como la amboza y el mahampy (fibras naturales que las mujeres utilizan para tejer esteras y artesanías) han sido el sustento de la comunidad durante varias generaciones.
Alarmados por la destrucción y la peligrosa contaminación causadas por la mina de QMM, así como por la drástica reducción de la pesca en la cercana Mandena, los residentes de Sainte Luce han prometido proteger sus formas de vida y la tierra de sus antepasados.
En marzo de 2023, la comunidad informó a QMM y a las autoridades malgaches sobre su decisión de oponerse a la mina de ilmenita en Sainte Luce y a la destrucción que traería consigo. “Declaramos nuestra oposición al proyecto minero”, afirmó la comunidad en una carta a QMM y a las autoridades. En diciembre de 2023, los representantes de la comunidad entregaron copias de un vídeo de la comunidad a las autoridades malgaches y a QMM. En el vídeo, los residentes explican la decisión de la comunidad de oponerse a la explotación minera de QMM en su territorio. Dicen que la comunidad decidió preparar un vídeo como prueba de que la decisión se tomó de forma colectiva. (13)
“No queremos este proyecto que destruirá nuestras fuentes de ingresos sostenibles”.
QMM ya restringe el acceso de la comunidad de Sainte Luce a sus bosques
En diciembre de 2023, en medio de la entrega del vídeo a las autoridades malgaches y a QMM en Fort Dauphin, los miembros de la comunidad de Sainte Luce tuvieron que asistir a un proceso judicial. El tema en cuestión era el derecho de la comunidad a sus tierras ancestrales, los bosques que QMM llama S8, S9 y S17. QMM hizo que estos bosques se declararan zonas protegidas y afirma que, con ello, los salvó de la destrucción. Estos bosques ahora están gestionados por un grupo llamado FIMPIA (Fikambanana Mpiaro ny Ambatoatsinana), que cuenta con el apoyo y la financiación de QMM. FIMPIA acusa ahora a la comunidad de entrar ilegalmente en sus propias tierras ancestrales, que QMM había declarado “zona protegida”.
En 2009, la empresa publicó un dossier de prensa sobre la mina titulado 'A mine at the rescue of the unique biodiversity of the littoral zone of Fort Dauphin’ (Una mina al rescate de la biodiversidad única de la zona litoral de Fort Dauphin). (14) La publicación fue parte de la iniciativa de Rio Tinto para ganarse el apoyo de las ONG conservacionistas –o quizás comprarlas. Algunas de estas ONG se opusieron inicialmente a la mina de Rio Tinto porque destruiría 1.600 hectáreas de bosques costeros. Para frenar esta oposición de las ONG a sus planes mineros, Rio Tinto aceptó “compensar” por los bosques biológicamente diversos que su mina iba a destruir.
Pero cuando las ONG conservacionistas abandonaron su oposición a la mina de QMM, pasaron por alto una pregunta muy importante: ¿cómo se puede compensar la destrucción de un bosque único, que no sólo es el hogar de numerosas especies raras y endémicas de plantas y animales, sino también el hogar de las comunidades de Sainte Luce y Mandena, su cultura y sus conexiones ancestrales? Las supuestas compensaciones por pérdida de biodiversidad implican la prohibición a la comunidad de utilizar varios bosques, tanto en las inmediaciones de la mina como en Antsotso, a unos 60 km al norte de las operaciones mineras.
El bosque comunitario en las afueras de Manafiafy –que es el nombre malgache de Sainte Luce– es uno de esos lugares que Rio Tinto había declarado como área protegida, como parte del programa de “compensación por pérdida de biodiversidad” de la empresa. QMM se refiere al bosque como “Zona S9, S8, S17”, donde “S” significa Sainte Luce. Al igual que en Antsotso, el bosque comunitario fuera de Manafiafy se ha convertido en un área prioritaria en materia de biodiversidad para Rio Tinto. La operación minera de QMM implica en esencia una doble apropiación de tierras: primero, de los sitios mineros, y segundo, de los sitios de compensación por pérdida de biodiversidad –en este caso, S9, S8, S17 y los bosques de Tsitongambarika en Antsotso– donde los bosques comunitarios han sido declarados áreas protegidas a instancias de Rio Tinto. (2)
“Declaramos nuestra oposición al proyecto minero”
La comunidad de Sainte Luce ha dejado claro que protegerá la capital de la langosta del sur de Madagascar contra la destrucción, la violencia y el conflicto que traería consigo la mina QMM. Ha informado a la empresa que antepone la comunidad, sus medios de vida, sus formas de vida y el hogar de sus antepasados a la promesa de beneficios a corto plazo. Pide a las industrias del turismo y de la langosta que apoyen su esfuerzo para proteger a Sainte Luce contra la minería destructiva, y pide a las autoridades malgaches que no sacrifiquen a su comunidad por dinero fácil y beneficio personal. QMM ya ha dejado un historial de conflicto, violencia, contaminación y amenazas a la salud de los residentes (por los elevados niveles de uranio y plomo en Mandena y Fort Dauphin). En esta lucha de David contra Goliat, nos solidarizamos con el pueblo de Sainte Luce, cuyos residentes han prometido proteger la tierra de sus antepasados y el futuro de su comunidad.
