El delta del Níger, en Nigeria, es rico en hidrocarburos, y la primera perforación de un pozo de petróleo comercialmente viable se realizó allí en 1956. Esa región alberga las segundas reservas de petróleo más grandes de África, y la economía de Nigeria depende en gran medida de esta industria. Y es allí precisamente donde está situada una de las regiones ecológicamente más diversas del planeta. Además, está habitada por más de 30 millones de personas de más de 40 etnias. La agricultura y la pesca son la fuente principal de sustento y seguridad alimentaria de la mayor parte de esa población, y también de su identidad cultural y su bienestar. La deforestación que provocan las actividades de las empresas petroleras supone una grave amenaza tanto para el medioambiente como para los pueblos de la región.

A los pueblos del delta del Níger dependientes de los bosques, el petróleo no sólo les ha arrebatado sus bosques sino también sus alimentos, sus vidas, sus medios de sustento, su dignidad y su cultura. Esta región cuenta con los bosques de mangle más extensos de África, que son los cuartos más vastos del mundo. Los manglares desempeñan un papel fundamental en la protección de las costas, la purificación del agua, la regulación del clima y como sostén de los medios de vida de las comunidades. Proveen recursos para la construcción y la alimentación, y son importantes reservorios de biodiversidad. Más del 60 por ciento de los peces del golfo de Guinea con valor comercial se reproducen en los manglares del delta del Níger. Lamentablemente, ya se han perdido cerca del 40 por ciento de los bosques de mangle del delta del Níger, debido principalmente a la explotación petrolera y de gas. Además, el 27 por ciento de los manglares potencialmente amenazados por derrames de petróleo a nivel mundial se encuentran en el delta del Níger. (1)

Una vista aérea del delta del Níger da cuenta de una región surcada por líneas y ductos a lo largo y ancho que fragmentan severamente a los bosques y dan lugar a tasas adicionales de deforestación a manos de cazadores furtivos y explotadores madereros, de minería y otros recursos forestales. Los bosques tropicales de Nigeria se extienden por lo general desde la costa atlántica hasta entre 150 y 200 kilómetros tierra adentro. El delta del Níger es un área enorme con forma de abanico, alimentada por los sedimentos y caudales de dos grandes ríos (el Níger y el Benué) que confluyen y luego desembocan en el océano Atlántico. La vegetación natural de esta zona es bosque tropical lluvioso con dosel denso y frondoso.

Todas las fases de los procesos de extracción de petróleo y gas generan impactos directos en los bosques del delta del Níger. En la fase de exploración se desmonta para trazar líneas sísmicas que atraviesan los bosques, y cuando se tienden los oleoductos se produce aún más deforestación. Aunque las líneas sísmicas son temporales y el medioambiente podría recuperarse tras la finalización de los sondeos, los bosques de mangle pueden seguir afectados durante décadas, ya que las líneas permanecen abiertas tras el desmonte inicial. Las empresas petroleras son plenamente conscientes de la deforestación que provocan sus actividades. Una ficha técnica de Shell destaca la “visibilidad de los cortes que se abren en el manglar para trazar líneas sísmicas... Las raíces aéreas son las que sufren la mayor parte de los cortes. La recuperación de las raíces cortadas lleva entre 2 y 3 años, pero el rebrote de los árboles de mangle al punto que la línea sísmica resulte indistinguible de las zonas no desmontadas puede tardar 30 años o más”. (2)

Se estima que hay entre 5.000 y 7.000 km de oleoductos tendidos en la región. Si se tiene en cuenta que estos oleoductos ocupan una servidumbre de paso de al menos 100 metros de ancho cada uno, la magnitud de la deforestación asociada a ellos es inmensa. A estos grandes oleoductos se suman líneas de bombeo más pequeñas que conectan los pozos de petróleo entre sí y que también generan impactos negativos en el territorio. 

Además de los oleoductos, las empresas petroleras construyen canales para el traslado de su equipamiento tierra adentro. También construyen otros canales para transportar las aguas utilizadas en el proceso de extracción (aguas de proceso) y otros desechos desde las estaciones de bombeo de petróleo hasta los ríos y el océano. La caminería construida para acceder a los pozos de petróleo, las estaciones de bombeo y otros sitios suman cuotas adicionales a la destrucción de bosques del delta del Níger. Estas obras de infraestructura implican a menudo el dragado de pantanos y otros humedales y, algunas veces, su relleno con arena. Los materiales vertidos del dragado alteran la topografía y la hidrología de las zonas afectadas e impiden la recuperación de las áreas deforestadas. 

Las empresas petroleras también utilizan vertederos de desechos deficientemente construidos en los bosques que agravan aún más las pérdidas de cubierta forestal. 

Bosques en llamas (e historias de contaminación)

Se estima que la contaminación derivada de la extracción y el procesamiento del petróleo en el delta equivale a más de 13 millones de barriles de crudo (más de 2.000 millones de litros), provocando enormes daños ambientales y graves amenazas a la salud de las y los habitantes de la región. No debe sorprender entonces que la región ostente el récord infame de ser uno de los diez lugares más contaminados del mundo. 

Sumado a los derrames de petróleo, la quema rutinaria de gas afecta igualmente a los bosques del delta del Níger, al frenar el crecimiento de los árboles y envenenar los ecosistemas en su conjunto. Esas quemas provocan lluvia ácida y la acidificación de los suelos y los cuerpos de agua. Alteran las condiciones ecológicas locales, incluyendo daños a la vegetación y los bosques, y contribuyen al cambio climático, lo que supone una presión adicional para los ecosistemas costeros.

La contaminación petrolera es una de las causas principales de la destrucción de los bosques de mangle en el delta del Níger. La tala no regulada y destructiva, y la desecación de manglares para convertirlos en tierras agrícolas o zonas urbanizadas —por ejemplo, para la construcción de viviendas o distritos industriales— son factores que también contribuyen a ello.

La problemática de los derrames de petróleo en el delta del Níger se ha descrito en varios informes (3). Uno de ellos, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la Evaluación Ambiental de Ogoniland, fechado en 2011, constató la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas; la contaminación de la vegetación, incluidos los bosques de mangle; la contaminación de los cuerpos de agua que dio lugar, entre otras cosas, a una disminución de las poblaciones de peces; y la exposición de las comunidades a hidrocarburos de petróleo en el agua potable y al aire libre, a veces en concentraciones elevadas, y también a través de la piel por contacto con el suelo y sedimentos. En la comunidad de Ejama-Ebubu, el estudio evidenció la presencia de niveles altos de contaminación 40 años después de que se produjera un derrame de petróleo, a pesar de reiterados intentos de limpieza del lugar, de dudosa calidad.

Los derrames ocurren por diversos motivos, tales como la corrosión de los oleoductos y fallas en el funcionamiento y de los equipos. Por ejemplo, en la zona del arroyo Bodo, más de 1.000 hectáreas de bosque de mangles se degradaron debido a dos derrames importantes de petróleo en 2008 y 2009 por mal funcionamiento, a los que se sumaron posteriormente varios derrames ocasionados por roturas de los oleoductos. 

En enero de 1998, la empresa petrolera Mobil vertió 40.000 barriles de petróleo crudo (más de 6 millones de litros) desde su plataforma Idoho de extracción en alta mar. Parte de ese petróleo se evaporó, pero el impacto del derrame se extendió más allá de las fronteras de Nigeria, llegando hasta la República de Benín y causándoles daños a las comunidades costeras que habitan esa zona. 

En diciembre de 2011 se produjo un derrame de petróleo en la plataforma Bonga de alta mar de la Shell. Shell y el gobierno de Nigeria anunciaron que se habían vertido 40.000 barriles de petróleo crudo en el océano Atlántico. En el incidente de la plataforma Idoho también se dijo que el volumen de petróleo vertido fue de 40.000 barriles. Ese guarismo parecería reflejar un grado de abuso ecológico que resulta cómodo para las empresas petroleras implicadas. El derrame de Bonga afectó a 20 comunidades costeras de tres jurisdicciones estaduales distintas del delta del Níger. (4)

Uno de los mayores derrames de petróleo en Nigeria fue la explosión del pozo de alta mar Funima Well 5 en enero de 1980, que provocó el vertido de al menos 200.000 barriles de petróleo (casi 32 millones de litros) en el océano Atlántico y dañó 340 hectáreas de bosque de mangles.

En 2004, un gasoducto de la empresa transnacional Nigeria Liquefied Natural Gas (NLNG Limited) que atraviesa la comunidad de Kala-Akama en las riberas del bosque de mangles de Okrika, sufrió una fuga y se incendió, devastando una superficie estimada de 27 km² del manglar. La contaminación reiterada, derivada de gasoductos en desuso y pozos abandonados pero no desmantelados, contamina una y otra vez los bosques de mangle cuando se están recuperando.

Las explosiones en pozos de petróleo sin mantenimiento adecuado, abandonados o en ruinas han provocado deforestación masiva y grandes daños ecológicos en los últimos años. En noviembre de 2021, por ejemplo, se produjo una explosión en la boca del Pozo 1 de la concesión petrolera y minera 29, en el río Santa Bárbara (5). Durante seis semanas se vertió petróleo crudo en el río y los manglares colindantes. La estimación oficial del volumen de petróleo crudo vertido al medioambiente fue de 3.000 barriles, pero los expertos estiman que el vertido fue de al menos 500.000 barriles de petróleo crudo (más de 79 millones de litros). El incidente dejó un rastro de mangles asfixiados y muertos, además de un ecosistema devastado en su conjunto. La enorme disparidad entre las cifras oficiales y las de expertos independientes en torno al volumen de petróleo crudo vertido al medioambiente plantea dudas sobre las responsabilidades y la rendición de cuentas, frente al manejo y la gestión de riesgos y otros asuntos graves que afectan a las comunidades vecinas de los campos petrolíferos.

El modo de gestión de los derrames también ha exacerbado los impactos ecológicos de la explotación petrolífera. Se han producido incendios forestales provocados por contratistas de las empresas petroleras que careciendo de la competencia necesaria para la limpieza de derrames de petróleo le prenden fuego al crudo vertido. Eso fue lo que ocurrió en marzo de 1998 en el bosque de Aleibiri, en el área del gobierno local de Ekeremor, en la jurisdicción estadual de Bayelsa, y asimismo en la comunidad de Foutorogbene, en agosto del mismo año, cuando unos contratistas de Shell prendieron fuego al bosque para ocultar así las pruebas de un gran derrame de petróleo. (6)

Otro factor que contribuye a la deforestación extensiva en el delta del Níger es el hurto de petróleo. Hay acuerdo general en que eso es algo que ocurre a gran escala industrial e incluye tanto crudo robado para exportación, así como algo de petróleo robado para refinación local artesanal. La refinación artesanal requiere la tala de grandes superficies de bosque y entraña el vertido incontrolado de petróleo al medioambiente. El hurto implica a veces romper clandestinamente un oleoducto y dejarlo que siga vertiendo crudo al medioambiente debido a un manejo indebido del equipamiento, hasta que alguien competente venga y lo repare.

Un estudio de teledetección titulado “Cartografía de los impactos del hurto de petróleo crudo y las refinerías ilegales sobre los manglares del delta del Níger en Nigeria mediante tecnología de teledetección”, reveló que la vegetación de manglares afectada por actividades asociadas al refinado ilegal o no autorizado de petróleo abarcaba una superficie aproximada de 37,6 km².

Ataque a los deltas

Desde las hace casi siete décadas que se descubrió petróleo en la región, cientos de miles de habitantes del delta del Níger han sufrido las consecuencias de su explotación. Dos incidentes de derrames de crudo e incendios y deforestación asociados merecen destacarse aquí: los de Goi y Bodo. Las comunidades afectadas demandaron exitosamente a Shell ante tribunales de Países Bajos y el Reino Unido por esos incidentes, y ganaron en ambos casos. 

En 2004, un derrame de petróleo en una instalación de Shell afectó a la comunidad de Goi, en Ogoniland, Nigeria. La comunidad y el bosque de mangles colindante se incendiaron, destruyendo todo el lugar. El impacto fue tan extremo que los residentes de Goi abandonaron sus hogares y evacuaron la comunidad. “Comíamos, bebíamos y respirábamos petróleo”, declaró entonces Eric Dooh a The Guardian. Casi 20 años después regresó para visitar la comunidad, que seguía desierta y la biodiversidad diezmada tras el derrame. (7)

La segunda comunidad es la de Bodo, también en Ogoniland. Un gran derrame de petróleo ocurrido allí en 2008 destruyó extensas áreas de bosques de mangle. Los derrames de petróleo destruyen las vidas de las comunidades afectadas. La contaminación del agua imposibilita la pesca, que es el principal medio de sustento de muchas de estas comunidades, les impide acceder a agua potable y, además, sus tierras quedan contaminadas, tornándolas a menudo inviables para la agricultura. (8)

Tanto en Goi como en Bodo, un cartel oficial advierte: “Aviso público, ¡PROHIBIDO PASAR! Zona contaminada, aléjese por favor” (ver foto).

La deforestación del delta del Níger ha ganado notoriedad más que nada por la contaminación petrolera y la quema de gas que la acompañan. Lo que ocurre en esta zona debería servir de advertencia para otras regiones donde el afán por petrodólares sigue dejando de lado el cuidado de las personas, los pueblos y el planeta. Esto resulta especialmente preocupante en África, donde parece haber un ataque coordinado contra sitios de patrimonio mundial y otras áreas protegidas. Algunos de los sitios en riesgo son el Parque Nacional de Virunga en la República Democrática del Congo, el delta del Okavango en Namibia y Botsuana, el delta del Saloum en Senegal —todos ellos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— y el Parque Nacional de las Cataratas de Murchison en Uganda. 

Pero la resistencia contra esta destrucción viene forjándose hace mucho tiempo. En un artículo publicado años atrás en el Boletín del WRM, Ken Saro-Wiwa, líder del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), advirtió sobre el impacto duradero de la destrucción de Ogoniland a manos de empresas petroleras. Describió el medioambiente de su comunidad Ogoni, como “completamente devastado por tres décadas de explotación petrolera irresponsable, o de guerra ecológica desatada por Shell... Una guerra ecológica es sumamente letal, sobre todo porque no es convencional. Su efecto es omnicida. La vida humana, la flora, la fauna y el aire desfallecen a sus pies y, finalmente, la propia tierra muere”. Ken Saro-Wiwa fue asesinado ‘legalmente’ en la horca en noviembre de 1995. Su mensaje sigue siendo tan claro y contundente como siempre. (9)

La lucha por la reforestación y la recuperación de los bosques continúa, siendo las mujeres de la comunidad quienes la lideran creando y cuidando viveros de mangles y replantándolos en las zonas degradadas. A pesar de los enormes daños ocasionados a los bosques del delta del Níger, la gente no ha perdido la esperanza.

Nnimmo Bassey, Health of Mother Earth Foundation, Nigeria

Referencias:

(1) ScienceDirect, 2020. A Review of the Threat of Oil Exploitation to Mangrove Ecosystems: Insights from the Niger Delta, Nigeria.

(2) Environmental Rights Action (ERA) -The Human Ecosystem of the Niger Delta, 1998. Benin City.

(3) UNEP, 2011. Environmental Assessment of Ogoniland; BSOEC, 2023. An Environmental Genocide: Counting the human and environmental cost of oil in Bayelsa, Nigeria. 

(4) WRM, 2008. Petróleo, medioambiente y aspectos económicos del desastre.

(5) Wellhead Woes, 2021. Health of Mother Earth Foundation.

(6) ERA, FoEn, 2009. Knee Deep in Crude. Benin.

(7) The Guardian, 2022. The village that stood up to big oil – and won

(8)  BBC, Shell agrees $84m deal over Niger Delta oil spill

(9) WRM, 2002. Nigeria: dejada de la mano de Dios por el petróleo.

 
 

A mediados de febrero de 2026, durante un intercambio en la Universidad de Chiang Mai en el norte de Tailandia sobre los crecientes impactos transfronterizos de la minería de ‘tierras raras’, un anciano de la cuenca del río Kok que había estado en silencio durante gran parte del debate alzó la mano lentamente tras escuchar la explicaciones relativas a las actividades mineras que se están expandiendo al otro lado de la frontera, en Myanmar. El hombre preguntó: “¿Qué son exactamente las “tierras raras”? ¿Y cuál es realmente el problema con ellas?”

Era una pregunta común. Pero reflejaba algo mucho más grande que se está desarrollando en la región del Mekong, la cuenca del Salween y el sudeste asiático. Aunque los impactos ya habían comenzado a afectar la vida cotidiana de las personas, muchas comunidades ubicadas lejos de las minas seguían sin entender del todo por qué estaban conectadas.

Las ‘tierras raras’ no son ‘raras’ en el sentido que su nombre sugiere. Muchos de estos elementos se encuentran en toda la corteza terrestre. Lo que hace que sean valiosos no es sólo su existencia, sino la dificultad para encontrarlos en formas y concentraciones que permitan su extracción de manera redituable, especialmente en el caso de las ‘tierras raras’ pesadas. El término describe a un grupo de 17 minerales que se han vuelto fundamentales para la llamada transición energética verde, que cada vez es más promovida por gobiernos y grandes empresas en todo el mundo. Estos minerales sumamente valiosos son componentes esenciales de los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas, los teléfonos inteligentes y las tecnologías militares.

Pero para las personas que viven en las costas de los ríos de Myanmar, Tailandia, Laos y otras zonas de las cuencas del Mekong y el Salween, las ‘tierras raras’ están comenzando a significar exactamente lo opuesto a lo que prometen los términos ‘limpias’ y ‘verdes’.
 
En su lugar, cada vez hacen más referencia a ríos contaminados con desechos de la minería, bosques y paisajes montañosos destruidos por las actividades extractivas, aumento de los costos de vida, cadenas alimentarias repletas de sustancias tóxicas y a la creciente posibilidad de desplazamientos de personas y pérdidas que quizás nunca se puedan recuperar.

Estas transformaciones podrían ser de las más delicadas que ha experimentado la región a nivel político desde que los bosques, ríos y territorios de la región del Mekong-Salween comenzaron a ser incorporados a los mercados en expansión y las economías extractivas durante la ola de liberación del mercado a finales de la década de 1980.

Quizás esto también era lo que se escondía detrás de la pregunta del anciano esa mañana. Aunque las comunidades de la cuenca del río Kok ya están experimentando las consecuencias de la extracción de ‘tierras raras’, especialmente a través de la contaminación de ríos y la creciente incertidumbre en torno a los bosques, el agua y los medios de sustento, no siempre es fácil establecer la conexión entre un mineral que se promueve como esencial para la ‘energía limpia’ y los impactos que se desencadenan lejos de las propias minas. Las minas de ‘tierras raras’ pueden estar ubicadas al otro lado de las fronteras y lejos de las comunidades que afectan, pero sus impactos se desplazan río abajo, conectando de forma silenciosa ríos, territorios y personas en la misma cadena de extracción.

Minería de “tierras raras”: Extracción que no puede separarse del poder y del dinero

“Estas montañas solían ser verdes antes de que se comenzara con la minería. Ahora son feas. Los ríos se volvieron rojos. Algunas de las sustancias químicas que se usan en las excavaciones mineras simplemente se vierten al agua”.
-Seng Li, activista de derechos humanos e investigador de las actividades mineras en el norte de Myanmar (1).

Los hallazgos de las investigaciones y las imágenes satelitales muestran que existen más de 2400 minas en todo el sudeste asiático (2), lo que revela paisajes devastados donde solía haber bosques y ríos cada vez más afectados por la contaminación. Sólo en las cuencas del Mekong y el Salween se han identificado más de 540 minas, lo que genera graves riesgos para las cuencas cercanas, especialmente en Myanmar, donde las actividades mineras están estrechamente conectadas con los sistemas fluviales del Mekong, Salween e Irrawaddy.

En las últimas dos décadas, la región del norte de Myanmar se ha vuelto una de las principales fuentes de minerales de ‘tierras raras’ pesadas del mundo (3). Aunque la exploración minera comenzó bastante antes, la minería de ‘tierras raras’ a escala industrial surgió en la frontera entre China y Myanmar, en el estado de Kachin, a comienzos de la década de 2010 y se expandió rápidamente después de 2015, cuando China reforzó las reglamentaciones ambientales nacionales y comenzó a buscar nuevas fuentes a lo largo de su frontera sur. 

Luego del golpe militar de Myanmar en 2021, tanto el estado de Kachin como el de Shan se convirtieron en unas de las fuentes más importantes, y menos reglamentadas, de minerales de ‘tierras raras’ pesadas del mundo.

En el caso de Kachin, la minería de ‘tierras raras’ no llegó a un territorio vacío. Se introdujo en paisajes ya afectados por décadas de comercio transfronterizo de jade, oro, ámbar y otros minerales. Ya se habían construido carreteras a través de las montañas. Los grupos armados ya habían desarrollado sistemas de recaudación de impuestos. Los comerciantes, intermediarios, puntos de control y economías de extracción ya se habían vuelto parte de la vida cotidiana.

Las ‘tierras raras’ no crearon esta frontera. Simplemente encontraron un territorio ya preparado para un nuevo ciclo de extracción.

La minería de ‘tierras raras’ también se está convirtiendo cada vez más en un agente de deforestación, particularmente en el norte de Myanmar. Esto es especialmente alarmante en lugares como el estado de Kachin, conocido desde hace mucho tiempo no sólo por su riqueza de jade y minerales, sino también por sus bosques y sistemas fluviales que dan lugar al río Irrawaddy. Las fronteras extractivas continúan expandiéndose en montañas boscosas y áreas de cuencas. Observadores ambientales han advertido que se están talando árboles y se está destruyendo la vegetación para dar lugar a las actividades mineras y obtener combustible, mientras que las débiles salvaguardas ambientales hacen que el daño ecológico y los derrames de sustancias químicas sean difíciles de controlar.

“Se están muriendo todos los árboles. Los arrozales son cada vez menos fértiles y las cosechas están disminuyendo. Algunas personas dicen que sus animales han muerto cerca de las minas”, dijo un hombre de Kachin que trabajó en una mina de ‘tierras raras’ en la zona de Nhkawng Pa. El hombre describió cómo se perforaban las laderas de las montañas y se inyectaban sustancias químicas bajo tierra a través del método de lixiviación in situ, uno de los más utilizados para la extracción de ‘tierras raras’ en Myanmar.

En medio del silencio que rodea la extracción de ‘tierras raras’, la resistencia de las comunidades comenzó a manifestarse finalmente de forma abierta en el estado de Kachin en el año 2023 (4). Habitantes de las aldeas, líderes locales, redes religiosas y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a alzar sus voces. La contaminación del agua, la pérdida de tierras y los crecientes costos sociales de la minería intensiva se habían vuelto demasiado severos como para no prestarles atención.

Aunque estas protestas no produjeron cambios repentinos, sirvieron como prueba innegable de que las amenazas que representaba la minería de ‘tierras raras’ eran reales. Al mismo tiempo, a medida que las instituciones estatales comenzaron a debilitarse, los conflictos, a  intensificarse y las economías locales, a colapsar, la extracción se convirtió en una de las formas más rápidas para que los grupos armados (5), los intermediarios y las redes comerciales transfronterizas generaran ingresos.

La rápida expansión de la minería de ‘tierras raras’, impulsada por los conflictos y la incertidumbre política, comenzó a avanzar desde el estado de Kachin al estado de Shan, desde el río Kok hacia el Mekong y desde los pequeños arroyos de las montañas hacia el río Salween. Después de que el Ejército Independentista de Kachin (KIA) expandiera su control sobre importantes áreas mineras a fines de 2024, como Pangwa y Chipwi, las actividades mineras comenzaron a avanzar hacia el estado de Shan y se vincularon más estrechamente con las cuencas del río Kok y la cuenca más amplia del Mekong.

Toxicidad sin fronteras

“Los análisis del agua y de los sedimentos llevados a cabo en Tha Ton encontraron contaminación tanto en el agua como el suelo.  Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha proporcionado ninguna fuente segura de agua. Ha pasado un año, y la población sigue teniendo que comprar el cien por ciento del agua potable y de uso doméstico que consume… Queremos soluciones sistémicas, tanto a nivel económico, agrícola y de salud pública. Si determinadas áreas ya no son seguras para el cultivo, debería haber medidas compensatorias para reducir los riesgos, tanto para las comunidades como para las/os consumidoras/es.”
— Saengrawee Suwikan, representante de las comunidades del río Kok

Tras las graves inundaciones de septiembre de 2024, los ríos Kok, Sai y Ruak (afluentes de la cuenca del Mekong), así como el propio Mekong en el norte de Tailandia, comenzaron a presentar una turbidez inusual. Luego se detectaron metales pesados en los ríos y arroyos conectados con las minas de oro y las zonas de minería de ‘tierras raras’.

El Departamento de Control de la Contaminación de Tailandia confirmó que la contaminación se originó a partir de las actividades mineras, aunque no se especificó de qué tipo de minas. Sin embargo, investigaciones llevadas a cabo por el departamento de Innovación e Investigación Científica de Tailandia (TSRI) concluyeron que los niveles de arsénico presentes en el río Kok estaban probablemente más relacionados con la minería de “tierras raras” que con otras formas de minería.

Se estimó que, al año 2025, había al menos 20 minas en funcionamiento en la cuenca superior del río Kok dentro de Myanmar y al menos una mina a cielo abierto ubicada a sólo 1 kilómetro del río Kok. 

En sólo un año, la contaminación se había convertido en una gran carga económica para la vida cotidiana. En muchas comunidades ribereñas del río Kok, las familias que solían depender directamente del agua del río ahora deben gastar entre 1.500 y 3.000 baht (entre 46 y 93 dólares estadounidenses) por mes para comprar agua limpia para beber, cocinar y bañarse. Las/os niñas/os, ancianas/os y las personas con enfermedades crónicas son las más vulnerables.

Sin embargo, el gobierno de Tailandia sigue sin adoptar medidas urgentes que sean capaces de hacerle frente a esta crisis transfronteriza. Las respuestas siguen estando limitadas a advertencias, estudios adicionales y propuestas para construir nuevos sistemas de suministro de agua, lo que plantea una pregunta más profunda: Cuando la contaminación se expanda a las cuencas vecinas, ¿qué río seguirá estando lo suficientemente limpio como para poder recurrir a él?

Sólo en 2025, las pérdidas económicas que afectaron la agricultura, la pesca y el turismo en la cuenca de los ríos Kok, Ruak, Sai y Mekong se estimaron en 1,3 mil millones de baht (40 millones de dólares). Estas cifras dejan en claro que la contaminación transfronteriza ya no sólo destruye ecosistemas, sino que ahora está erosionando visiblemente las economías de las comunidades ribereñas y del propio país.

En abril de 2026, el Departamento de Control de la Contaminación de Tailandia confirmó una contaminación por arsénico en los sedimentos del río Mekong en Chiang Rai de 296 miligramos por kilo, cifra casi 10 veces superior a los niveles de seguridad aceptados. Ese mismo mes, pruebas independientes llevadas a cabo en el río Salween, el último río importante de Asia que fluye libremente sin grandes represas, encontraron niveles de contaminación por arsénico superiores a los niveles de seguridad en cada uno de los puntos analizados.

Sólo en 2025, Tailandia importó de Myanmar más de 102,5 mil millones de baht (3,14 mil millones de dólares) en concepto de minerales, gran parte de los cuales tenían como destino China y Vietnam.

La pregunta, por lo tanto, ya no es simplemente cómo Tailandia puede proteger a su propia ciudadanía de la contaminación transfronteriza. La pregunta más profunda es: como parte de la cadena de suministro mundial de minerales, ¿Tailandia está preparada para afrontar esta realidad con transparencia y justicia?

La contaminación ahora cruza las fronteras de forma mucho más rápida que la responsabilidad

“Hay un dicho que dice que si un día los ríos sufren una crisis, la humanidad también sufrirá una crisis. Cuando los recursos escasean, los seres humanos pueden comenzar a pelearse entre sí. No puedo evitar preguntarme si no estamos ya cada vez más cerca de ese momento.”
— Lahoo Mue Thu Dangdanwiman
Joven representante Karen de la cuenca del Salween, Tailandia.

Desde las narrativas verdes en todo el mundo a la influencia geopolítica y los flujos financieros, la minería de ‘tierras raras’ en las regiones del Mekong y el Salween está teniendo como resultado impactos nunca antes vistos.

A las defensoras y defensores ambientales les preocupa cada vez más la creciente cantidad de minas de “tierras raras” que no sólo están modificando los suelos, contaminando las aguas subterráneas y liberando lentamente sustancias tóxicas a los arroyos que alimentan los principales ríos, que a su vez abastecen a decenas de millones de personas de toda la región, sino que también están transformando los territorios boscosos del norte de Myanmar. En el estado de Kachin, donde la extracción de “tierras raras” se ha expandido rápidamente en los últimos años, los datos satelitales han revelado una importante pérdida forestal alrededor de las zonas mineras. Sólo entre 2018 y 2024, las áreas donde estaban concentradas las actividades mineras perdieron más de 32.000 hectáreas de cobertura forestal en bosques húmedos y subtropicales. (6) Lo que solían ser montañas boscosas y paisajes de cuencas, se están transformando cada vez más en zonas de extracción, dejando como resultado ecosistemas afectados cuyos impactos siguen desplazándose río abajo y cruzando las fronteras.

Las minas se mueven. Las ganancias se trasladan a otros lugares. Pero la contaminación y el sufrimiento quedan. Esto está definiendo un nuevo mapa común de vulnerabilidad en toda una región que ya se enfrenta a crisis energéticas impulsadas tanto por los gobiernos como por el capital.

A medida que los impactos se extienden a través de las cuencas del Mekong y el Salween, las comunidades están cada vez más preocupadas. Grupos de la sociedad civil de Myanmar, Tailandia y Malasia, defensoras/es de los ríos, investigadoras/es independientes, comunidades Indígenas, redes de mujeres y jóvenes están comenzando a vincular lo que parecían ser fenómenos aislados en una experiencia regional compartida.

Porque al final, la pregunta no es si el mundo necesita energía. La pregunta es: ¿De quién es esta transición verde? ¿Y a quién se pide que la pague, con sus tierras, sus ríos y su futuro?

 

Proyecto SEVANA del sudeste asiático - Una iniciativa regional con sede en Tailandia que trabaja en todo el Mekong y el sudeste asiático a favor de la justicia ambiental y para fortalecer los vínculos entre las comunidades, investigadoras/es, jóvenes y movimientos sociales. Su trabajo se centra en los impactos sociales y ecológicos de los proyectos de desarrollo a gran escala, como las represas, las industrias extractivas y las transiciones energéticas, mientras que genera espacios para el aprendizaje colectivo y la solidaridad transfronteriza.

 

Referencias:
(1) The Matter, 2026.
(2) Mongabay, 2025. Toxic runoff from politically linked gold mine poisons Cambodian rivers, communities
(3) Yale Environment 360, 2025. In Myanmar, Illicit Rare Earth Mining Is Taking a Heavy Toll  
(4) Rainforest Journalism Fund, 2023. How the Kachin Public Overturned a Rare Earth Mining Project in KIO Territory  
(5) Bloomberg Podcasts, 2026. The Rebel Army Behind One of the World’s Major Rare-Earth Supplies | Big Take Asia  
Asialink, 2026. Myanmar: the soft underbelly of China's rare earth dominance  
(6) Mongabay, 2025. Satellite data show burst of deforestation in Myanmar rare earth mining hotspots

Está en curso, en el sur de la Amazonía ecuatoriana, un devastador proyecto de 'energía limpia': la Hidroeléctrica Santiago. Ubicada en la provincia de Morona Santiago, la hidroeléctrica podría ser la mayor de Ecuador y una de las 10 mayores de América Latina, con 3.600 MW de potencia. El proyecto prevé poner bajo el agua 3 mil hectáreas, destruir una vasta región rica en biodiversidad y comprometer la vida de más de 91 mil personas que habitan en el entorno de la obra. Aunque las obras aún no han salido del papel, el gobierno ha trabajado para que esto suceda lo antes posible, entre otras cosas, criminalizando la resistencia a proyectos que, como ese, son presentados como ‘estratégicos’ para el ‘desarrollo’. 

Por ahora, la empresa pública de electricidad de Ecuador (Corporación Eléctrica del Ecuador) es quien está a cargo del proyecto. La represa sería construida en el río Santiago, a unos 2 kilómetros río abajo del punto de confluencia entre los ríos Namangoza y Zamora. De las 3 mil hectáreas amenazadas, el 70 por ciento es bosque. La biodiversidad en esa área es enorme, son 532 especies de flora, 205 especies de animales terrestres, 193 especies de aves y 29 especies de peces, muchos de ellos en peligro de extinción. (1)

La capacidad de almacenamiento del área que sería sumergida es de cerca de 1.640 millones de metros cúbicos de agua. Esto haría simplemente desaparecer 45 km del río Namangoza y 24 km del río Zamora. De este modo, al menos 45 comunidades y 9 parroquias en el curso de estos ríos serían directamente afectadas. (2).

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Quien más sufriría estos impactos es el Pueblo Shuar, principal habitante de la región. Dos comunidades de este pueblo, Yuquianza y La Unión, corren el riesgo de ser enteramente sumergidas y sus poblaciones reasentadas. Las demás comunidades sufrirían con la inundación de tierras donde cultivan alimentos, con cambios significativos en el río del cual viven, cambios en el transporte fluvial, en el flujo natural del río y en la propia dinámica de pesca, que será afectada de manera drástica e irreversible, con el exterminio de especies migratorias y la muerte masiva de peces, lo que amenaza gravemente la soberanía alimentaria de estas poblaciones. Específicamente las comunidades de Mayaik, Paantam, San Luis, San Ramón, Shariam, Yunkumas y Coangos perderían su principal ruta de conexión con la inmersión del río. (3)

El río Santiago es también la principal arteria de transporte para los Shuar en Ecuador y para la nación Wampis y Awajún en Perú. (4) Para estos Pueblos, el río Santiago es conocido como Kanus. La destrucción del flujo natural del río amenaza con aislar social y económicamente a las comunidades, interrumpiendo rutas milenarias de navegación usadas para el comercio, comunicación familiar e intercambio de alimentos, especies y saberes. Actualmente parte de esta ruta también es usada para el turismo.

Para el Pueblo Shuar esta región tiene un significado que no cabe en estudios de impactos ambientales técnicos. Es un territorio sagrado. Las aguas del río Santiago, o mejor, del Kanus, son habitadas por Tzunki, espíritu sagrado que mantiene el flujo de la vida en estas aguas. (5) La lógica de compensación de megaproyectos destructivos y la cosmovisión del capitalismo verde son incapaces de comprender las consecuencias que la sepultura bajo el agua de cascadas, ríos e incluso de territorios ancestrales como la Cueva de los Tayos traerían para el modo de vida de los Shuar.

Además, es preciso tener en cuenta que la destrucción que la construcción y la operación de un proyecto como este inevitablemente provocarán, van mucho más allá de lo que sufren los que son directamente impactados. Los cambios en el ambiente, en los flujos del río y en las dinámicas poblacionales y económicas que una obra de esta magnitud provoca ya son conocidas. Aumento poblacional desordenado, aumento de conflictos por tenencia de la tierra y amenaza a los modos de vida tradicionales de la población local. Se suma a esto, aumento de la deforestación, contaminación de los ríos, mayor riesgo de contaminación por proyectos de minería que ocurren el rio Santiago, erosión agresiva y el aumento de la sedimentación - que puede, incluso, comprometer el propio funcionamiento de la hidroeléctrica. Todo esto afectaría negativamente al menos a 91 mil personas, algunas de las cuales tienen antepasados que han vivido en los territorios desde hace miles de años.

A pesar de todos los potenciales impactos negativos, desde el año 2023, el proyecto ya posee licencia ambiental y el gobierno intenta avanzar a toda velocidad para que las obras comiencen como una Asociación Público-Privada, un modelo de inversión que permite a los privados asociarse con el estado y así lucrar con el proyecto. La previsión del gobierno es que la construcción tome 6 años y la operación comercial de la hidroeléctrica sea iniciada en el 2032.

Para las organizaciones indígenas, campesinas y de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza que se oponen a megaproyectos de minería o de hidroeléctricas como la de Santiago, resistir se ha vuelto cada vez más arriesgado. Entre enero de 2024 y junio de 2026, el gobierno de Ecuador declaró más de 25 estados de excepción, adoptando un nuevo marco normativo que ha servido para debilitar el Estado de Derecho. 

Como suele pasar en muchos países latinoamericanos, la justificación oficial para declarar estado de excepción ha sido el supuesto combate al crimen organizado, pero la realidad es muy distinta. Estas medidas han ampliado la capacidad del Estado para vigilar de manera indebida a personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, intensificando la criminalización de personas y organizaciones indígenas y campesinas, la represión violenta y la falta de respuesta estatal en materia de rendición de cuentas y reparación para las víctimas.

Es necesario estar atentos a lo que está ocurriendo en Ecuador: bajo el silencio forzado que el Estado impone en el país, avanzan proyectos extractivos y destructivos como la Hidroeléctrica Santiago, mientras las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza enfrentan graves amenazas.

Secretariado Internacional del WRM

Referencias: 
(1) Presentación: ”Hidroelectrica rio Santiago: ¿Destruir la naturaleza para construir vida humana?¿Hay alternativas?”, de Kashyapa A.S Yapa.  
(2) Proyecto Hidroeléctrico Santiago (Phs) Con Una Potencia De 3600 Mw Estudio De Impacto Ambiental Definitivo (EIAD), Resumen Ejecutivo  
(3) Ídem. 
(4) Mongabay, 2025. La fuente de la fuerza shuar es amenazada por una hidroeléctrica
(5) GK, 2022. La amenaza hidroeléctrica para el río Santiago

Una de las acciones del gobierno de Brasil para avanzar hacia la supuesta ‘transición energética’ puede parecer una ironía, pero no lo es: aumentar el uso de un combustible fósil, el gas ‘natural’. Como pilar estratégico de esa ‘transición’, la Empresa de Investigación Energética (EPE), vinculada al gobierno federal, propone duplicar la producción de gas en el país para 2034 e invertir hasta 140.000 millones de reales (27.600 millones de dólares estadunidenses) en proyectos de infraestructura para el sector. (1) Entre esos proyectos se encuentran 27 gasoductos de transporte que conectan algunos estados del país. Uno de ellos llama la atención por su extensión y ubicación; la mayor parte de su recorrido atravesaría la Amazonía. El gasoducto, que podría conectar el municipio de Santo Antônio dos Lopes, en el estado de Maranhão, con el de Barcarena, en el estado de Pará, tendría una extensión de 677 kilómetros y convertiría cientos de kilómetros de bosque amazónico primario en una obra de gran envergadura, con graves impactos para muchas comunidades que viven en los alrededores por donde se instalarían estas infraestructuras.

A nivel mundial, Brasil es un actor secundario en el sector del gas: en 2024 ocupaba el puesto 29.º en el ranking de países productores de esta fuente fósil. (2) Pero entonces, ¿por qué un país que se jacta de que el 50 por ciento de su matriz energética proviene de renovables quiere invertir aún más en un combustible fósil como parte de su transición energética? (3)

Como era de esperar, el lobby de este sector es poderoso y son muchas las empresas que pueden beneficiarse de este boom. En Brasil, parte de la exploración, el procesamiento y el transporte del gas fueron privatizados en los últimos años y las empresas privadas ya dominan una parte significativa de toda la cadena del gas, entre las que destaca Eneva, la mayor operadora privada de gas del país. (4) Si bien esta situación está marcada por disputas entre diferentes grupos económicos, hay algo que une a todos ellos y al propio gobierno: el discurso sobre el papel clave del gas 'natural' como 'combustible de transición'.

Que lleve la palabra 'natural' en su nombre resulta útil, ya que sirve como un disfraz para ocultar que este gas también es un combustible fósil y, seamos justos, tan natural como el propio petróleo. De hecho, en la mayoría de los casos, ambos se encuentran en los mismos yacimientos y se extraen juntos. (5) Pero, como combustible fósil que es, su combustión está entre las principales causas del calentamiento global. La idea de 'transición energética', aunque esté presente en el discurso de los representantes del sector de los combustibles fósiles, es algo que no existe –y ellos lo saben. (6) El propio director ejecutivo de Eneva lo afirmó en una entrevista: “El mundo nunca ha tenido una verdadera transición energética, sino adiciones energéticas”. (7) Sin embargo, acto seguido, refuerza la importancia del gas para esa supuesta transición que, como él mismo reconoce, no ocurrirá.

Como siempre, quienes pagarían el precio de la expansión de esta fuente de energía fósil serían las comunidades que resulten afectadas por la construcción de los gasoductos, por el aumento de las áreas de extracción de gas y por el impulso que este combustible dé a la industrialización. Una mirada general al proyecto del gasoducto que podría construirse en la Amazonia ofrece pistas sobre algunos de los principales actores privados interesados en el boom del mercado del gas en Brasil y sobre los impactos que este proyecto podría desencadenar.

El gasoducto Santo Antônio dos Lopes-Barcarena: un bosque y muchos pueblos en el camino

Se han presentado distintas propuestas de trazado para el gasoducto proyectado para conectar el municipio de Santo Antônio dos Lopes, en el estado de Maranhão, con el de Barcarena, en el estado de Pará. La más reciente forma parte del Plan Indicativo de Gasoductos de Transporte (PIG), publicado por la Empresa de Investigación Energética. (8) Este documento es una pieza clave para atraer y orientar las inversiones multimillonarias previstas en infraestructura para dicho sector.

Según el documento, el gasoducto tendrá una extensión de 677 km y su instalación requerirá una franja de 20 metros de ancho. En Maranhão, la ruta atraviesa una región de transición entre tres biomas, la Amazonía, el Cerrado y la Caatinga. A medida que avanza hacia Pará, la vegetación va adquiriendo características propias del bosque amazónico, bioma predominante en el trazado propuesto. El gasoducto está proyectado en una región con unidades de conservación, vegetación nativa, zonas inundables y tierras indígenas, entre ellas, los territorios indígenas Alto Río Guamá, Alto Turiaçu, Awá y Caru.

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En el 98 por ciento de ese tramo sería necesario construir una nueva ruta, es decir, abrir terreno para instalar las tuberías. Aproximadamente 264 km de esa nueva ruta estarían en una zona de selva amazónica intacta. El único gasoducto de proporciones similares que ya se ha construido en la Amazonía conecta los municipios de Urucu y Coari con la capital del estado de Amazonas, Manaus. La construcción de ese gasoducto puso de manifiesto algunos de los impactos que podrían repetirse ahora. Decenas de representantes de las comunidades afectadas denunciaron la falta de transparencia en el proceso previo a la obra, así como el rastro de destrucción que dejó. (9) Se crearon al menos 32 claros y se construyeron carreteras paralelas para facilitar la obra en los bosques cerrados; el movimiento de maquinaria pesada bloqueó fuentes de agua potable que utilizaban las comunidades; se obstruyeron afluentes, lo que provocó una reducción drástica de la cantidad de peces, entre otros daños. Además, se produjo un aumento considerable de la población en las ciudades de la región impulsado por la obra y se produjeron fugas en ese gasoducto. La población local no se benefició del proyecto, sino que solo sufrió sus impactos. Para muchas comunidades, esos impactos socioambientales supusieron la pérdida de sus modos de vida tradicionales, con traumas colectivos e individuales difíciles de superar. 

En cuanto al 2 por ciento restante del trazado del nuevo gasoducto, equivalente a 13 km, este discurriría por el mismo lugar por donde actualmente discurre el mineroducto de la empresa  noruega Norsk Hydro, en el estado de Pará. En un manifiesto publicado en 2024 contra la expansión de esa infraestructura, las comunidades indígenas, ribereñas y quilombolas del Valle del Acará denunciaron los daños generados: cientos de árboles arrancados; al menos 20 arroyos aterrados por las “gigantescas retroexcavadoras de Hydro”; la presencia ostensible de fuerzas policiales para proteger y garantizar el proyecto; la instalación de líneas de transmisión de energía para abastecer las estructuras del mineroducto; la contaminación y la escasez de agua; además de la criminalización de los líderes que se oponen al proyecto. En el manifiesto, las comunidades de la región se preguntaban: “¿Por qué tenemos que pagar con nuestras vidas, con nuestra cultura y con nuestra biodiversidad por algo que solo sirve para enriquecer a extranjeros y a los socios de una empresa que está al otro lado del mundo?”. (10)

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En el municipio de Moju (Pará), el trazado más reciente previsto para el gasoducto pasa a menos de 3 km de cuatro territorios quilombolas. (11) Sin embargo, desde que se presentó el proyecto, se han reconocido otras comunidades quilombolas, por lo que esa cifra podría ser aún mayor y no puede descartarse que el trazado termine atravesando el interior de algunos de esos territorios.

Además, en la región donde se ubicaría el proyecto hay al menos 11 proyectos de asentamientos rurales que serían atravesados por el gasoducto. (12) Las repercusiones no son menores. Los agricultores cuyas tierras fueron utilizadas por el gasoducto Urucu-Coari-Manaus, por ejemplo, tuvieron que ceder una franja de 50 metros de ancho en sus terrenos. A cambio, recibieron una indemnización irrisoria (algunas no llegaron a 10 000 reales [unos 2 mil dólares] en 2006) y se les prohibió, entre otras cosas, llevar a cabo sus prácticas agrícolas tradicionales que utilizan el fuego, debido al riesgo de explosión. (13) “Hoy en día, para nosotros, es un riesgo muy grande porque estamos rodeados [por los ductos]. Si pasa algo, nadie se salvará. Ya nadie puede prender fuego a nada allí. Esto nos ha perjudicado mucho. Antes plantábamos maíz, plantábamos malva, hoy ya nadie puede hacerlo porque lo hacíamos con roza y quema”, se lamenta uno de esos agricultores para quienes el miedo se ha convertido en parte de la vida cotidiana. (14) 

¿Pero en qué fase se encuentra el proyecto?

El gasoducto Santo Antônio dos Lopes-Barcarena figura en el Plan Indicativo de Gasoductos de Transporte (PIG) como “en proceso de obtención de permisos”. (15) Según este documento, se le asigna ese estatus por tener un trazado similar al del Gasoducto de Pará, un antiguo proyecto que ya había iniciado anteriormente el proceso de regularización. El Gasoducto de Pará, propuesto por una empresa del holding Termogás, llegó a obtener la autorización de construcción por parte del organismo federal responsable. En 2007, se encontraba en proceso de obtención de la licencia ambiental, pero dicho proceso no avanzó. (16) En ese momento, el lobby a favor del proyecto del no fue suficiente para que saliera del papel.

El holding Termogás pertenece a Carlos Suárez, conocido como el “Rey del Gas”, quien es uno de los principales lobistas detrás de la construcción de gasoductos en el país. (17) También forman parte de su holding Gasmar y Gás do Pará, empresas de distribución de gas de los estados de Maranhão y Pará, respectivamente, que quedarían conectadas por el gasoducto. En los últimos dos años, debido al aumento de proyectos relacionados con la expansión del gas, ambos estados han promulgado leyes controvertidas que otorgan el monopolio de la distribución de gas a las empresas del “Rey del Gas”, de las que los gobiernos estatales también son accionistas.

Dado que los impactos de una obra de semejante magnitud no se limitan a la construcción de los ductos, conviene tener también en cuenta las consecuencias que podría desencadenar en los extremos del trazado.

Extremo de Santo Antônio dos Lopes, en el estado de Maranhão

El municipio de Santo Antônio dos Lopes se encuentra en la cuenca del Parnaíba, la segunda cuenca terrestre de gas 'natural' más grande de Brasil, lo que ha representado una carga para muchas comunidades de los alrededores. Desde 2013, con las primeras instalaciones de las centrales térmicas de Eneva, por ejemplo, la comunidad tradicional de Demanda fue desalojada de su territorio; se talaron 6 mil palmeras de babaçu; se impidió a las recolectoras de coco de esas comunidades tradicionales mantener su modo de vida y acceder a los bosques de babaçu y a los arroyos de zonas que fueron privatizadas, y se impidió a varios agricultores trabajar en sus tierras por el riesgo de provocar explosiones. (18)

Impactos como estos podrían agravarse con la construcción del gasoducto previsto, ya que ello implicaría una mayor extracción de gas. Además del gasoducto hasta Barcarena, el Plan Indicativo de Gasoductos de Transporte prevé otros tres gasoductos, uno de los cuales tiene su extremo en Santo Antônio dos Lopes. (19) La empresa que domina la exploración y la producción de gas en la cuenca del Parnaíba es Eneva, cuyo principal accionista es el banco BTG. Eneva posee los derechos de concesión de 15 bloques en la cuenca que, en conjunto, suman una superficie superior a 3 millones de hectáreas.

Actualmente, la mayor parte del gas extraído en la cuenca del Parnaíba se utiliza para abastecer al Complejo Termeléctrico Parnaíba, propiedad de la propia Eneva. El excedente se transporta en camiones principalmente a la fábrica de celulosa de Suzano, en el municipio de Imperatriz (20), y a la Unidad de Peletización de Vale, en São Luís, capital del estado de Maranhão. Eneva también está invirtiendo en la creación de lo que denomina un ‘corredor verde’ para abastecer de gas a los camiones del sector agroindustrial de la región de Matopiba (que abarca los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía).

También hay que tener en cuenta, como uno de sus impactos, el estímulo que el gas proporciona a empresas como las mencionadas. Además de proveerles energía, el gas les permite incluir en sus informes la tan valorada “responsabilidad ambiental” ante el mercado consumidor, simplemente porque es menos contaminante que otros combustibles fósiles. 

Suzano, una de las mayores empresas de celulosa del mundo y sobre la que pesan numerosas denuncias de deforestación y violación de los derechos de las comunidades a las que usurpa territorios para plantar eucalipto, cuenta con el gas como un aliado más para presentarse como una empresa “positiva para el clima”. (21) El gigante minero Vale, cuyas minas abren gigantescos claros en medio de zonas boscosas y cuya ruptura de las presas de relaves en los municipios de Mariana y Brumadinho sigue generando un rastro de muertes y daños socioambientales sin precedentes, utiliza este gas para anunciar que está más cerca de su meta de ‘carbono cero’. A su vez, el sector agroindustrial de Matopiba, que ha fomentado la concentración de la propiedad de la tierra, la deforestación del Cerrado y los conflictos por la tierra, podrá vender sus commodities en el extranjero argumentando una “reducción de la huella de carbono”, simplemente porque los camiones que transportan sus granos funcionan con gas. 

También vale la pena añadir a estos ejemplos de greenwashing uno de los mayores proyectos del mundo de compensación de carbono mediante la ‘reforestación’, impulsado por el mayor accionista de Eneva, el banco BTG. A través de áreas de ‘reforestación’ –a menudo de eucaliptos –venden créditos de carbono para que las grandes multinacionales puedan seguir contaminando y presentarse como ‘neutras en carbono’. (22)

Dado que el gas extraído de la cuenca del Parnaíba ya se consume casi en su totalidad para las actividades mencionadas, la construcción del gasoducto que conectaría Santo Antônio dos Lopes con Barcarena dependería, en parte, de que se demostrara que la ‘probable’ reserva de gas se encuentra realmente allí. Para ello, hasta 2028, Eneva pretendía explorar los yacimientos de gas en 11 bloques, 5 de ellos aún este año 2026. (23) Y este es otro proceso que ya acumula una serie de infracciones. Algunos de esos bloques para los que Eneva obtuvo autorización para perforar se superponen a al menos cinco territorios quilombolas y, uno de ellos, a más del 75 por ciento del Territorio Indígena Krenyê. (24) Recientemente, tras una acción del Ministerio Público Federal, Eneva renunció a parte de esos bloques. (25)

Sin que se haya comprobado la existencia de la reserva y sin un excedente significativo de gas, la idea inicial del gasoducto para transportar gas desde la cuenca del Parnaíba hasta Barcarena estuvo a punto de ser archivada por el gobierno. Sin embargo, la inauguración de una terminal de importación de gas ‘natural’ licuado (GNL) en Barcarena cambió esa perspectiva. El gasoducto pasó a diseñarse como bidireccional y el gas –que también podría enviarse desde Barcarena a la región de las centrales térmicas de Eneva– podría servir como medida de seguridad para garantizar su funcionamiento. Esto mantuvo vigente la propuesta del gasoducto, que sigue incluida en el Plan Indicativo de Gasoductos de Transporte más reciente, publicado en 2025.

Extremo de Barcarena, en el estado de Pará

El municipio de Barcarena, ubicado en pleno bosque amazónico, se ha convertido en un polo industrial clave para la expansión del gas en la región norte del país. La inauguración, en 2024, de la primera terminal de regasificación de GNL de la región fue recibida con gran entusiasmo por los gobiernos locales y federales, que anunciaron una “nueva era energética”, “más limpia y sostenible”. (26)

La terminal pertenece a la empresa estadounidense New Fortress Energy (NFE) y recibe buques con gas licuado importado para regasificarlo. Actualmente, este gas tiene dos destinos principales: la central térmica Novo Tempo y Alunorte. La central Novo Tempo es propiedad de la propia NFE, pero será operada por su filial Celba. Instalada en Barcarena, su inauguración está prevista para 2026.

En cuanto a Alunorte –la mayor refinería de alúmina del mundo fuera de China– es una filial de la multinacional noruega Hydro y utiliza el mismo mineroducto denunciado por los pueblos del Valle del Acará. La refinación de la alúmina, materia prima del aluminio, es una actividad industrial que consume mucha energía. Al sustituir parte del combustible líquido que utiliza Alunorte por gas, (27) Hydro puede cobrar más caro en el mercado internacional por su ‘alúmina y aluminio de bajo carbono’ y promocionar su supuesto ‘aluminio verde’. (28) Todo ello a pesar del papel de Alunorte en diversos conflictos con comunidades tradicionales debido a los graves impactos socioambientales que provocan sus actividades. Un ejemplo de ello son los frecuentes vertidos de “lodo rojo” –un residuo extremadamente tóxico– de la empresa, sin mencionar los impactos causados por otras filiales de Hydro en la región. (29)

Además del gasoducto previsto para conectar Barcarena con Santo Antônio dos Lopes, existe otro gasoducto planeado para conectar este municipio de Pará con la capital del estado, Belém. Promover aún más estos proyectos de gas ‘natural’ no es más que dar un nuevo impulso a un sector industrial depredador para que siga avanzando y pueda seguir lavando su imagen mediante el greenwashing.

Hay que estar vigilantes

El gasoducto Santo Antônio dos Lopes-Barcarena sigue siendo una propuesta preliminar, pero los intereses que mueven al sector del gas 'natural' en Brasil pueden reactivarlo en cualquier momento bajo la bandera de la ‘transición energética’. Es importante tener en cuenta que muchos de los grandes proyectos de ‘desarrollo’ previstos para la Amazonía permanecieron en suspenso durante décadas hasta su ejecución. Fue así, por ejemplo, con la central hidroeléctrica de Belo Monte (30), con la carretera BR-319 y el propio gasoducto Urucu-Coari-Manaus (31).

Ante el panorama de expansión del sector del gas, hay que estar vigilantes ante los próximos pasos que den, porque, por lo general, los principales afectados por proyectos como estos son los últimos en enterarse. Al fin y al cabo, como dijeron acertadamente los pueblos del Valle del Acará en el manifiesto contra el mineroducto de Hydro: “Como en toda invasión, no sabemos con certeza qué vienen a hacer ni los daños que nos van a causar. Nadie nos informó siquiera cuántos árboles serían arrancados para permitir que las tuberías violaran nuestro suelo ancestral".

Secretariado Internacional del WRM

Referencias: 
    (1) EPE, 2024. EPE, 2024. Plan Decenal de Expansión Energética (en portugués).
    (2) Energy Institute Statistical Review of World Energy 2025.
    (3) MME, 2025. La participación de Brasil en las energías renovables es cuatro veces superior a la media mundial, según un estudio (en portugués)
    (4) La mayor parte del gas 'natural' en Brasil sigue bajo el control de Petrobras, una empresa estatal mixta dirigida por el gobierno federal, que es responsable de las mayores reservas en el mar (offshore) —los pozos del presal— y en tierra (onshore) —el yacimiento de Urucu—. Pero el sector privado cada vez tiene más presencia en la exploración de gas, sobre todo en pozos terrestres, con Eneva como líder destacado del sector: según informes de la empresa, posee el 42 por ciento de las reservas terrestres del país y el 67 por ciento de las concesiones exploratorias onshore, y opera 14 yacimientos en cuencas como las de Parnaíba y Amazonas. En cuanto al sector del transporte de gas, privatizado durante los gobiernos de los presidentes Temer (2016-2018) y Bolsonaro (2019-2022), actualmente es mayoritariamente privado y cuenta con una gran participación de capital extranjero, sobre todo canadiense y francés. La mayoría de las terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL) también pertenecen a empresas privadas. Para más información, véase: Eneva, 2025. Balance anual 2024 (en portugués).
    (5) En 2024: “Del total de gas natural producido en Brasil (marítimo y terrestre), el 91,1 por ciento (140 Mm³/día) se obtuvo de los pozos del presal”, es decir, se extrajo de forma asociada al petróleo y la reinyección del gas se utilizó principalmente “en la producción de petróleo, para obtener fracciones económicamente más interesantes del producto, en detrimento del gas natural, que tiene menor valor comercial”.  EPE, 2024. Plan Decenal de Expansión Energética (en portugués.)
    (6) En un documento, la OPEP, la mayor organización del sector petrolero, afirma: (...) “the history of energy is one of additions, not subtractions. Indeed, the reality today is that the world consumes more wood, oil, coal, gas, in fact, all energies, than ever before. Moreover, energies tend to complement each other – the rise of coal saw the world use more wood; the rise of oil saw the world use more coal; and renewables and electric vehicles require a host of oil products for their development and use”. OPEP, 2025. World Oil Outlook  
    (7) Agência Eixos, 2024. Interview with CEO - Lino Cançado, Eneva | Gas Week 2024
    (8)     (8) El gasoducto Santo Antônio dos Lopes-Barcarena se presentó con más detalle en el PIG 2020, pero se mantuvo incluido en el PIG más reciente, publicado en 2025.  EPE, 2020. PIG 2020 e EPE, 2025. PIG 2024
    (9) Fiocruz, Mapa de Conflitos.  AM – Los gasoductos podrían traer destrucción a una región bien conservada de Amazonas (en portugués) 
    (10) Alma Preta, 2024.  Una movilización indígena impide que la policía permita la construcción de una obra multinacional en un territorio quilombola (en portugués)
    (11) Según el PIG, el gasoducto pasará a 60 metros de los Territorios Quilombolas de São Sebastião; a 250 metros de Centro Ouro, Nossa Senhora das Graças; a 2,8 km de Santa Maria do Traquateua; y a 3 km de Santa Luzia do Tracuateua.
    (12) A continuación, los que se mencionan en el PIG 2020: Alto Boa Vista (Itinga do Maranhão/MA); Passo Livre (Bom Jardim/MA); Rosa Saraiva, Santa Inácia y Faisa (Santa Luzia/MA); Triângulo de Prata (Buriticupu/MA); Mapisa, Raimundo Panelada/Simasa, São Francisco/Boa Viagem (Bom Jesus das Selvas/MA); Floresta Gurupi (Ulianópolis/PA) y Diamantina II (Ipixuna do Pará/PA)
    (13) USP, 2011. Gasoduto Urucu-Coari-Manaus: Impacto Ambiental e Socioeconômico no Município de Manacapuru-AM
    (14) UFAM, 2018. Atingidos pelo Gasoduto Coari-Manaus: o (re) significado com o lugar
    (15) Para dicha clasificación, se tienen en cuenta “los procesos de concesión de permisos ambientales de proyectos similares, que comparten tramos o la totalidad de la franja de servidumbre y ya han expirado”, según el PIG.  
    (16) ANP, 2011. PProceso de Concesión de Gasoductos (en portugués). Proceso de autorización ambiental (n.º 02001.000454/07-64) que se presentó ante el IBAMA el 20 de diciembre de 2007.
    (17) Valor, 2022. Valor, 2022. Carlos Suárez, empresario vinculado a Rodolfo Landim y Adriano Pires, realiza inversiones en energía y gas (en portugués) 
    (18) ABA, 2017. Gás Fumaça e Zoada - laudo antropológico sobre impactos das usinas termoelétricas do Complexo Parnaíba para populações tradicionais.
    (19)  Dos de ellos son el gasoducto Santo Antônio dos Lopes (MA) – Caucaia (CE) y el gasoducto Santo Antônio dos Lopes (MA) – São Luís (MA), ambos derivados del antiguo proyecto del gasoducto Meio-Norte, de TMN Transportadora S.A., otra empresa del holding de Termogás. El proyecto Meio-Norte ya obtuvo la Autorización de Construcción n.º 360 de la ANP en diciembre de 2006 y recibió la Licencia de Instalación (LI n.º 405/2006) del IBAMA ese mismo año. En 2010, TMN solicitó la renovación de esta licencia ambiental. Y el tercero es el gasoducto Santo Antônio dos Lopes/MA – Imperatriz/MA. 
    (20) Eneva, 2022. Eneva y Suzano firman el primer contrato de suministro de GNL en Brasil de un productor directamente a un cliente industrial (en portugués) 
    (21) WRM, 2023.  What you need to know about Suzano Papel e Celulose 
    (22) WRM, 2024. WRM, 2024. Plantaciones de árboles para el mercado de carbono. ¿Por qué, cómo y dónde se expanden?
    (23) Eneva, 2025. Perspectivas para la producción, el transporte y la distribución de gas natural en Amazonas (en portugués) 
    (24) InfoAmazonia, 2026. Eneva cuenta con autorización para perforar el único bloque de gas activo en territorio indígena de la Amazonia Legal (en portugués)
    (25)  InfoAmazonia, 2026. Eneva devuelve tres bloques de gas que afectaban a tierras indígenas y quilombolas en Maranhão (en portugués) 
    (26)  Agência Pública, 2024. "Una bomba a punto de estallar": Barcarena, en Pará, se convierte en un nuevo centro de producción de gas natural (en portugués) (1)    Además de esta terminal de GNL de NFE, hay otra terminal de GNL que Termogás planea construir en Barcarena, pero que actualmente se enfrenta a trabas legales en su proceso de obtención del permiso ambiental.
    (27) En 2021, Hydro firmó un acuerdo de suministro con NFE por 15 años para consumir alrededor de 1 millón de galones de GNL al día, que se destinarían exclusivamente a la refinería de Alunorte. Este contrato fue fundamental para garantizar la construcción de la terminal. Para más información, véase: Businesswire, 2021. NFE and Hydro Finalize Definitive Commercial Terms for Natural Gas Supply to the Alunorte Alumina Refinery in the State of Pará, Brazil.
    (28)  Hydro, 2026. Integrated Annual Report 2025
    (29) Observatório da Mineração, 2025.  Observatório da Mineração, 2025.  La gigante noruega Norsk Hydro refuerza su discurso sobre el "aluminio verde" en sus acciones relacionadas con la COP 30 e ignora los impactos socioambientales en el estado de Pará (en portugués)  y WRM, 2019. Brasil: La represa de residuos de la minera de alúmina Hydro Alunorte. ¿Un desastre anunciado?
    (30) WRM, 2019. Brasil: La lucha de los Pueblos Xinguara en la Amazonía
    (31) WRM, 2019. La reserva de gas y los gasoductos de Urucu amenazan zonas inalteradas de la selva amazónica brasileña (en portugués)
    (32) Amazon Watch, 2001. A Reserva de Gás e Gasodutos de Urucu Ameaça Áreas Intactas da Floresta Amazônica Brasileira