La compra de créditos de carbono con base en los bosques o en proyectos de plantación de árboles en el marco del mecanismo REDD (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los Bosques) se ha generalizado en todo el mundo. REDD ha permitido a numerosas empresas y gobiernos afirmar que son ‘neutrales en carbono’, a pesar de que el mecanismo ha demostrado ser un fracaso. Esta estrategia no funciona porque el carbono ‘almacenado’ en los árboles, una vez emitido, tiene un impacto muy diferente sobre el clima que el carbono emitido por los ‘depósitos’ subterráneos de petróleo, gas o carbón (1). Por lo tanto, después de más de 18 años de proyectos y programas REDD en todo el mundo, la crisis climática no ha hecho más que empeorar. Hasta ahora, la única manera de revertir el caos climático es detener la extracción de combustibles fósiles.
Después de la Cumbre de la Tierra de Río en 1992 –la reunión que puso el tema del clima en la agenda internacional– el gobierno tailandés comenzó a formular e implementar su ‘política climática’. Tailandia ha estado particularmente interesada en basar su política en la compensación de carbono. La compensación de carbono es una opción atractiva para las industrias contaminantes, porque es más barata que reducir realmente las emisiones derivadas de su quema de combustibles fósiles. Las compensaciones de carbono permiten a las empresas comprar créditos de carbono de un proyecto ubicado en otro lugar; en otras palabras, les permite ‘comprar’ el derecho a seguir contaminando.
Después de que el mecanismo REDD fuera lanzado internacionalmente en 2007, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tailandia creó la Organización de Gases de Efecto Invernadero de Tailandia (TGO) para promover la compensación y el comercio de carbono. En 2009, Tailandia se convirtió en miembro del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), del Banco Mundial, como forma de ‘prepararse’ para REDD. En 2014, el gobierno estableció el plan de Reducción Voluntaria de Emisiones de Tailandia (T-VER), regulado por la TGO. Después de ratificar el Acuerdo de París (2016), Tailandia formuló su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para combatir el cambio climático, que incluía: reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 40% para el año 2030; convertirse en ‘carbono neutral’ para 2050; y convertirse en ‘cero neto’ en términos de emisiones de gases de efecto invernadero para 2065.
El apoyo del Banco Mundial, a través del FCPF, ha sido fundamental para permitir que el gobierno tailandés formule su estrategia REDD para el período 2023-2037. En 2021, el gobierno presentó su estrategia REDD al parlamento tailandés para su aprobación. El objetivo de la estrategia es aumentar la cubierta de bosques del país del 31% (la cantidad actual) hasta el 40% en 2037. El gobierno tailandés afirma que esto permitiría una reducción de las emisiones de CO2 de hasta 120 millones de toneladas. Mientras esta propuesta aún está a la espera de la aprobación parlamentaria –y de la voluminosa financiación que se espera que provenga tanto del Banco Mundial como de otros donantes tras dicha aprobación–, el gobierno tailandés anunció un plan aún más ambicioso para compensar las emisiones de CO2. Su objetivo es utilizar las llamadas ‘áreas verdes’ para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de cubrir el 55% del territorio del país (¡más de la mitad!) con estas áreas.
La creación de ‘áreas verdes’ en lugar de bosques crea incentivos para que las empresas privadas inviertan no solo en proyectos de reforestación sino también en plantaciones industriales de palma aceitera y cualquier tipo de proyecto de monocultivo de árboles, como plantaciones de eucalipto, acacia, caucho o teca. A estas empresas se les permite entonces obtener créditos de carbono para estos proyectos, que supuestamente compensan sus emisiones. En las últimas décadas, la expansión industrial de la palma aceitera ha sido una de las mayores causas directas de la deforestación tropical en todo el mundo y, por lo tanto, una fuente importante de emisiones de CO2. En la actualidad, Tailandia tiene alrededor de 1 millón de hectáreas de plantaciones de palma aceitera y planea expandir aún más esta superficie en los próximos años (2). Todos los proyectos industriales de monocultivos de árboles a gran escala tienen importantes repercusiones, tales como un acaparamiento masivo de tierras, impactos ecológicos, el uso de la violencia y desalojos forzosos.
El plan para implementar estas ‘áreas verdes’ e incorporar más de la mitad de la superficie del país a los sistemas de compensación de carbono está siendo coordinado bajo los auspicios del programa T-VER. Este plan prevé agregar una enorme superficie de plantaciones de árboles que totalizarían 30 millones de rai (4,8 millones de hectáreas). Hasta septiembre de 2024 se habían registrado 460 proyectos en el marco del programa, 87 de los cuales son plantaciones de árboles. Se afirma que, en conjunto, supuestamente evitarán 13 millones de toneladas de emisiones de CO2.
El papel central que desempeñan las compensaciones de carbono en la ‘política climática’ de Tailandia se entiende mejor si se observan los planes de desarrollo económico y la matriz energética del país. Actualmente, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Tailandia proviene de la quema de combustibles fósiles. El borrador del plan energético de 2024 del gobierno para el período 2024-2037 prevé que los combustibles fósiles, en particular el gas y el carbón, seguirán siendo la principal fuente de energía de Tailandia, representando el 48% del suministro energético del país. Esta fuente se complementará con la energía solar y otras fuentes de energía renovable (32%), la energía hidroeléctrica (17%) y otras fuentes.
La dependencia que tiene Tailandia de los combustibles fósiles respalda el hecho de que su política de desarrollo económico se centra en la implementación de una red de 15 “Zonas Económicas Especiales”, que incluyen los llamados “corredores económicos” (3). Estas zonas garantizan condiciones especiales para los inversores, en especial incentivos fiscales y períodos de concesión de hasta 99 años. Se espera que estas zonas atraigan inversiones extranjeras, especialmente de China, Japón y los Estados Unidos.
Pero estos proyectos inevitablemente conducirán también a un mayor acaparamiento de tierras y mares, así como a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la quema de combustibles fósiles, debido a todas las actividades industriales, de construcción y de transporte involucradas. Por ejemplo, el Corredor Económico del Sur (CES), planificado para el sur de Tailandia, cubrirá 14 provincias. Los sitios piloto estarán en las provincias de Ranong, Chumphon, Nakhon, Thammarat y Surat Thani, cubriendo una superficie total de 300.000 rai (48.000 hectáreas). Este proyecto incluirá un puerto de aguas profundas e industrias químicas, petroleras y de procesamiento de alimentos. El CES destruirá zonas costeras y de bosques, desalojará comunidades y afectará gravemente la seguridad alimentaria de las comunidades cercanas. Para ponerlo en contexto, se trata de una región donde numerosas comunidades dependen de los manglares; la región también incluye un sitio Ramsar (4) para la conservación de la biodiversidad.
En lugar de abordar el grave problema del caos climático y sus causas profundas, la ‘política climática’ del gobierno tailandés, como la de tantos otros países, beneficia a los inversores internacionales y al sector privado ya privilegiado del país. Esta ‘política climática’ también proporciona un beneficio adicional a las empresas de combustibles fósiles altamente contaminantes: les permite maquillar su imagen de verde y desviar la atención de las actividades destructivas y las violaciones que cometen.
Un ejemplo de empresas que maquillan su imagen de verde y desvían la atención de las violaciones que cometen es el caso de la empresa nacional tailandesa de petróleo y gas, PTT. PTT importa gas de Myanmar para garantizar el suministro de gas en Tailandia. Los pagos que PTT hace al régimen militar de Myanmar le permiten a éste continuar su sangrienta guerra contra su propio pueblo (5). Los ataques aéreos del ejército de Myanmar ya han matado a miles de ciudadanos de Myanmar, y millones de sus ciudadanos se han convertido en refugiados. Sin embargo, PTT, con su participación en el programa de compensación T-VER, proyecta una imagen de empresa social y ambientalmente responsable. En 2023 anunció que ‘reforestará’ 2 millones de rai (320.000 hectáreas) en todo el país hasta 2030. Su director general afirma que PTT “ha adherido estrictamente a su misión de mantener la seguridad energética, así como de cuidar de la sociedad y el medio ambiente durante los últimos 45 años” (6).
Las comunidades de Tailandia que viven en los bosques, dependen de ellos y los cuidan, han tenido que hacer frente al menos a dos grandes amenazas: los ataques a su territorio como resultado de una política económica destructiva (que incluye las zonas económicas especiales); y una política conservacionista violenta y autoritaria que constantemente intenta expulsarlos del bosque (7). Y ahora, la prisa por instalar proyectos de carbono que tomarían el control de sus tierras –todo bajo el pretexto de ‘compensar’ la contaminación en otros lugares– se presenta como otra amenaza que deberán enfrentar cada vez más.
En cuanto al Corredor Económico del Sur, en el sur de Tailandia, las comunidades ya han protestado por estos planes. Escribieron cartas a los inversores expresando sus preocupaciones, incluso sobre cómo este proyecto representa una amenaza a sus medios de vida y sustento. Pero, como en otros países, las comunidades de Tailandia a menudo aceptan los proyectos de carbono debido a los beneficios que les prometen tanto el gobierno como las ONG. En Tailandia, 89 comunidades registraron 121 de los llamados ‘bosques comunitarios’ bajo el sistema T-VER, incluidas las comunidades del sur que dependen de los bosques de manglares. Tal vez una de las razones por las que las comunidades se suman a estos proyectos es porque no implican directamente la destrucción visible que suponen otros proyectos, como la minería, las plantaciones de árboles, los puertos de aguas profundas y las zonas industriales.
En consecuencia, varias comunidades del sur de Tailandia ya han firmado contratos por hasta 30 años para vender créditos de carbono (8). Según estos contratos, las comunidades recibirían el 20% de las ventas de créditos de carbono, mientras que el 70% iría al desarrollador del proyecto de carbono y el 10% al gobierno. Para recibir su parte, la comunidad debe asegurarse de que el carbono ‘almacenado’ en las zonas de manglares no solo se mantendrá allí sino que también aumentará durante el período del proyecto. Sin embargo, no está claro qué significa esto en la práctica; el contrato no habla claramente, por ejemplo, de restricciones para entrar y utilizar los bosques de manglares. Lo que sí dice el contrato para el proyecto de carbono es que se pagará a la gente de la comunidad para que trabaje en el proyecto, lo que significa monitorear la zona de manglares contra posibles amenazas. Pero ¿cuáles son esas amenazas, si las comunidades siempre han cuidado el bosque?
La experiencia en otros lugares nos ha demostrado que esas ‘amenazas’ suelen referirse a los propios miembros de la comunidad, cuando quieren talar un árbol o realizar alguna actividad que se entiende que ‘perturbaría’ el carbono almacenado en el manglar. Estos proyectos también generan conflictos dentro de las comunidades. Por ejemplo, es común que haya divisiones entre una minoría que de alguna manera se beneficia del proyecto (por ejemplo, a través de empleos) y una mayoría que está excluida de esos beneficios e incluso resulta perjudicada por el proyecto. Los conflictos son muy probables en el caso de Tailandia, donde históricamente se ha ignorado y perseguido a las comunidades de los bosques y se ha considerado que no tienen ningún derecho sobre la tierra. Debido a este precedente histórico de ignorar los derechos de los habitantes de los bosques, los nuevos ‘titulares de derechos’ del carbono (las empresas que promueven y compran los créditos de carbono) por lo general no informan adecuadamente a las comunidades sobre sus proyectos, y mucho menos buscan su consentimiento.
Pero cada vez más, las comunidades y los movimientos populares de toda Tailandia han comenzado a hablar y a tratar de entender mejor lo que realmente está sucediendo con la ‘política climática’ del gobierno. Hablan de cómo los planes de compensación de carbono tienden a empeorar el caos climático y causar mayor injusticia social, en lugar de lo contrario (9).
Su lucha puede ayudarnos a abordar las múltiples crisis que enfrenta Tailandia, al señalarnos una nueva dirección: en lugar de promover planes de compensación de carbono que aumentan las ganancias de las empresas que se basan en la extracción y quema de combustibles fósiles, podemos promover y reconocer los derechos de las comunidades que dependen de los bosques, como las comunidades de los bosques de manglares del sur de Tailandia, que han cuidado estos bosques a lo largo de numerosas generaciones. Apoyar sus luchas y sus demandas puede promover la justicia social y climática del país.
Secretariado Internacional del WRM, con aportes de Surin Onprom (investigador independiente) y Bandita Yangdee (Center for Ecological Awareness Building)
(1) https://www.wrm.org.uy/15-years-of-redd-is-all-carbon-the-same
(2) https://www.krungsri.com/en/research/industry/industry-outlook/agriculture/palm-oil/io/plam-oil-industry-2024-2026
(3) https://www.thailand.go.th/issue-focus-detail/006-023
(4) Los llamados humedales de importancia internacional, ver https://www.ramsar.org/es
(5) https://globalmayday.net/bloodmoneymyanmar/
(6) https://www.nationthailand.com/business/corporate/40030072
(7) https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/forest-colonialism-in-thailand
(8) https://dialogue.earth/en/nature/thailand-turns-to-mangrove-carbon-credits-despite-scepticism/
(9) The People's Network for Climate Justice and Against Greenwashing. Stop Greenwashing Say No to Carbon Offset End the false solutions to climate crisis. 14 October 2024, Ver aquí.
El 6 de junio de 2024, el juez André Luiz Filo-Creão Garcia da Fonseca, de la Sala Agraria de Castanhal, estado de Pará, en la región norte de Brasil, emitió una orden de recuperación en favor de la empresa de monocultivo de palma aceitera Brasil Bio Fuels (BBF). Su decisión supone el desalojo inmediato de 38 familias campesinas pertenecientes a la comunidad Virgílio Serrão Sacramento. En su sentencia, advirtió a las familias que si no abandonan voluntariamente el terreno, la Policía Militar de Pará deberá ejecutar la decisión mediante el uso de la fuerza. Por el momento, las familias están a la espera de una notificación formal de desalojo.
El asentamiento Virgílio Serrão Sacramento surgió a finales de 2015, después de que decenas de familias se unieran en el municipio de Mojú, al noreste del estado de Pará, en la región Amazónica, para recuperar una zona de aproximadamente 700 hectáreas de la que fueron expulsadas en el pasado por madereros y terratenientes. Las familias se movilizaron ante la amenaza de que BBF se apoderara de la zona como parte de su proyecto de expansión del monocultivo de palma aceitera en la región. Además, estaban conscientes de que las 700 hectáreas recuperadas son tierras públicas, pertenecientes al estado de Pará. Y, según establece la Constitución del país, esas tierras deben cumplir su función social, lo que significa beneficiar a las familias campesinas y no a compañías privadas como BBF.
Pero eso no es lo que pasa en Pará. Poco después de recuperar el territorio en 2015, las familias solicitaron ante el ITERPA, el Instituto de Tierras de Pará, la regularización de las tierras. Sin embargo, durante años el ITERPA no ayudó a las familias, a pesar de comprometerse más de una vez a llevar a cabo un estudio sobre el área. Cuando BBF acudió a los tribunales en 2019 para reclamar la posesión del terreno, el ITERPA se lavó las manos bajo el argumento de que ya no podía hacer nada porque el caso estaba judicializado. En 2020, la empresa obtuvo la primera orden judicial a su favor, en la que se ordenaba el desalojo de las 38 familias de la zona.
Sin embargo, según las familias, BBF actuó de mala fe, al presentar al juez títulos de propiedad improcedentes. La defensa de las familias interpuso un recurso y consiguió anular la medida cautelar de desalojo. Sin embargo, a mediados de 2023, BBF obtuvo de nuevo una medida cautelar a su favor. En ese momento, el caso pasó a la Comisión de Resolución de Conflictos por la Tierra del Poder Judicial del estado de Pará. Pero no se llegó a un acuerdo porque las familias campesinas, seguras de su legítimo derecho a las 700 hectáreas, no estaban dispuestas a ceder ni un centímetro de su territorio. Ante la falta de acuerdo, el caso volvió a estar en manos del juez, quien, como ya se ha dicho, decidió conceder las tierras a BBF para que lleve a cabo su proyecto de monocultivo de palma aceitera.
El Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) de Pará, que forma parte de La Vía Campesina, una organización internacional en defensa de las y los campesinos en todo el mundo, denunció en un comunicado que "no es justo ni moral favorecer a una empresa que viola derechos en detrimento de 38 familias que producen alimentos".
Las familias de la comunidad cultivan sus huertos con una gran variedad de alimentos que no solo alimentan a sus familias, sino que también benefician a la población local. En los casi nueve años de ocupación, construyeron sus casas, crearon y recuperaron sus vínculos con el territorio. Desde 2020, y especialmente en el momento presente, sufren constantes amenazas de desalojo, como señala uno de los habitantes: “Mi hermano llora como un niño, tenía toda la zona preparada para plantar sandías cuando nos dieron esa noticia, llevo tres días sin poder dormir”. (1)
El gobierno de Pará, encabezado por el gobernador Helder Barbalho, ha elegido actuar para maximizar los beneficios privados de una empresa como BBF y de otras empresas del sector del aceite de palma en detrimento de las comunidades campesinas. Una decisión que no sorprende a nadie, ya que el gobernador habla todo el tiempo de la ‘bioeconomía’, en la que el aceite de palma se considera una de las ‘energías renovables’ estratégicas en las que se basa la ‘bioeconomía’ del estado brasileño.
La participación del gobernador de Pará en un evento celebrado en abril de 2023 en Londres, en compañía de Milton Seagall, director ejecutivo de Brasil Bio Fuels, es un ejemplo de sus esfuerzos para favorecer las actividades de la compañía. En su intervención en el evento, Barbalho expresó: "Animo a los asistentes a tener en cuenta esta nueva actividad económica [la bioeconomía] en nuestro país. La bioeconomía, basada en inversiones en innovación, tecnología e investigación, permitirá impulsar nuevos negocios. Ciertamente, si observamos las ventanas de oportunidad globales, nos damos cuenta de lo oportuna que es la bioeconomía como agenda, ya que permitirá poner en diálogo los negocios con el mundo, y, sobre todo, con su biodiversidad.
Como Brasil es el país de mayor biodiversidad tropical del planeta, no podemos desperdiciar la oportunidad". (2)
Barbalho se jacta de que Pará sea el primer estado de Brasil en tener un "plan de bioeconomía" (3). También afirma que este Plan se "construyó desde la escucha a los pueblos tradicionales y ancestrales". Pero en realidad fue elaborado por la ONG The Nature Conservancy (TNC). El diario The Washington Post denominó a TNC, que tiene su sede en Estados Unidos, como “el grupo ambientalista más rico del mundo”. Es decir, se asemeja mucho más a una empresa que a una ONG. Además, TNC tiene sólidos vínculos con las élites del capital financiero internacional, con representación en su consejo directivo (4). De hecho, el Plan de Bioeconomía fue diseñado sobre todo como una forma de atraer nuevos negocios, algo que también señaló Barbalho en su intervención durante el evento celebrado en Londres: “Hemos identificado, a partir de 43 tipos de productos [de la bioeconomía], la posibilidad de apalancar US$ 120.000 millones en negocios”.
El monocultivo de palma aceitera es una de las principales actividades entre esos "negocios". En un vídeo divulgado en la página web de BBF, Barbalho sostiene que el estado de Pará tiene "vocación" para el monocultivo de palma aceitera para la producción de "biocombustible" y que la palma aceitera es una producción "limpia", "baja en carbono", y se enorgullece al decir que Pará ya es “el mayor productor [de palma aceitera] de Brasil”. (5)
Si ese es el futuro que el gobernador pretende presentar al mundo como anfitrión de la Conferencia sobre el Clima COP30, que se celebrará en Belém en 2025, entonces deberá enseñar a sus invitados los kilómetros de monótonas filas de palma aceitera, en medio de constantes aplicaciones de agrotóxicos que destruyen todo lo que no sea palma aceitera y contaminan el agua. Transitarán por un modelo que promueve injusticias y violaciones.
Esas monótonas filas de palma aceitera ocultan las historias de vida de comunidades como Virgílio Serrão Sacramento que buscan dar vida a la tierra, lo que les permite subsistir de forma digna. Otras familias indígenas y quilombolas de una región cercana, el Valle de Acará, se enfrentan a los mismos ataques de la expansión de los monocultivos de palma aceitera por parte de BBF y otras empresas como Agropalma. También se enfrentan a la misma negativa del Estado respecto a la regularización de sus tierras.
El único territorio indígena demarcado oficialmente por el Estado brasileño en el Valle del Acará, el Territorio Indígena Turê-Mariquita del pueblo Tembé, con sus 147 hectáreas, es el menor territorio indígena demarcado oficialmente en Brasil. Cansados de esperar una respuesta concreta por parte del Estado brasileño, pueblos indígenas y comunidades quilombolas han llevado a cabo desde 2021 varias acciones de recuperación de tierras. Se han organizado en el Movimiento IRQ (Indígena, Ribereño y Quilombola), luchando juntos por la demarcación de sus tierras.
Desde que empezaron a realizar esas acciones, las comunidades se enfrentan a prácticas violentas por parte de diversos grupos fuertemente armados, como la policía de Pará, guardias de seguridad, paramilitares de empresas privadas y bandas criminales. Se incrementó de forma alarmante la persecución, las amenazas de muerte, humillaciones e incluso el racismo por parte de algunos sectores de la población local contra los pueblos Tembé y Turiwara y las comunidades quilombolas, a los que se acusa de obstaculizar el desarrollo. Las sucesivas quejas y denuncias policiales presentadas por las comunidades ante los organismos competentes no han surtido efecto. (6)
Ante todo ello, queremos expresar nuestro total repudio a la decisión del juez André Luiz Filo-Creão Garcia da Fonseca en el caso y a la total inacción del gobierno del estado, que no ha cumplido con su obligación de defender los derechos del pueblo de Pará, en este caso, las 38 familias del asentamiento Virgílio Serrão Sacramento.
Toda esa trama demuestra claramente que la 'bioeconomía', de la que tanto se habla, no es 'sostenible' ni 'limpia'. Lo que hace es destruir los territorios de las comunidades, como lo hacen desde hace tiempo las industrias que promueven el extractivismo basado en los combustibles fósiles.
Secretariado Internacional del WRM
(1) Denuncia: 38 familias de agricultores familiares del MPA en Pará están siendo desalojadas por el estado de Pará y la compañía BBF, MPA, junio de 2024. (en portugués)
(2) En una conferencia en Londres, el gobernador de Pará anuncia la concesión de áreas forestales para generar bonos de carbono, Globo, abril de 2023. (en portugués)
(3) Helder Barbalho habla sobre la Zona Franca de Bioeconomía en Pará con el ganador del Premio Nobel, Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Gobierno de Pará, septiembre de 2023.
(4) Boletín WRM, REDD y la Economía Verde agravan las opresiones y la deforestación en Pará, Brasil, julio 2023.
(5) https://www.grupobbf.com.br/noticias/estados-da-regiao-norte-apostam-em-energias-renovaveis-para-atender-a-populacao/
(6) Boletín WRM, La lucha por la tierra en la Amazonía brasileña contra las empresas mineras y de palma aceitera, febrero 2024.