Brasil: NO al proyecto REDD+ Mejuruá en el estado de Amazonas

Nota de repudio sobre las violaciones de derechos cometidas por la empresa BR Arbo Gestão Florestal y su proyecto REDD+ Mejuruá en el estado de Amazonas, Brasil

Nosotras, mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes defensoras de territorios colectivos de diferentes países de América Latina, que nos reunimos en la Tierra Indígena Alto Turiaçu – Aldea Ararorenda del pueblo Ka’apor, en el estado de Maranhão, Brasil, entre los días 9 y 12 de septiembre de 2025, para debatir el mercado de carbono y los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) que avanzan y amenazan nuestros territorios, declaramos públicamente nuestro repudio a las violaciones de derechos cometidas en el marco del proyecto Mejuruá, en los municipios de Carauari, Jutaí y Juruá (Amazonas, Brasil), bajo responsabilidad de la empresa BR Arbo Gestão Florestal S.A.

El referido proyecto fue inscrito ante la certificadora Verra en 2023 para su registro bajo los estándares VCS y CCB por la empresa proponente BR Arbo Gestão Florestal S.A. (BR Arbo), que afirma ser propietaria de más de 900.000 hectáreas en el estado de Amazonas, en los tres municipios mencionados. El proyecto REDD+ abarca el 20 % de esa extensión, totalizando 123.762 hectáreas, y prevé la incorporación de nuevas porciones de tierra a lo largo del tiempo, pudiendo alcanzar un área de hasta 668.116 hectáreas.

En el documento de descripción del proyecto se afirma que fueron identificadas diez comunidades que viven dentro o en el entorno de su área de influencia: Riozinho, Vila Nova, Reforma, Lago Serrado, Ressaca, Santa Cruz, Concórdia, Marapatá, São João y Bacaba. Entre ellas, la comunidad de Riozinho, en Carauari, es señalada como la más impactada, por estar situada dentro de la zona de implementación del proyecto y depender del bosque para sus actividades tradicionales de subsistencia. Se trata de una comunidad que habita el territorio desde hace más de 50 años y que viene luchando por el reconocimiento de su territorio tradicional y por la regularización colectiva de la tierra. La comunidad de Riozinho está compuesta por poblaciones ribereñas y recolectores, que viven del corte de caucho, de la recolección de frutos como açaí, burití y patauá, y de actividades como la pesca y la caza.

En abril de 2024, la comunidad presentó una solicitud oficial ante la Secretaría de Estado de las Ciudades y Territorios de Amazonas (SECT/AM) para el reconocimiento territorial, proceso que ocurrió de manera paralela a las acciones de la empresa BR Arbo para implementar el proyecto Mejuruá.

La Asociación de Moradores del Bajo Riozinho (ASMOBRI) ha venido realizando denuncias sobre violaciones de derechos cometidas por la empresa BR Arbo en el proceso de implementación del proyecto. Entre las denuncias se encuentran la violación del derecho a la consulta previa, libre y informada, prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como prácticas de acoso, presión, cooptación y desinformación por parte de la empresa. Existen también denuncias de que BR Arbo contactó a moradores de la comunidad de Riozinho para la firma de contratos mediante los cuales cederían parcelas de 5, 10 o 15 hectáreas a cambio de apoyar el proyecto Mejuruá, informándoles que solo tendrían derecho a esas parcelas de tierra. Esto constituiría una cesión del propio territorio tradicional de la comunidad, cuyo derecho está garantizado independientemente de la ejecución del proyecto y de la actuación de la empresa BR Arbo.

Con base en las denuncias presentadas, fue emitida la Recomendación Legal n.º 1/2025 del 5.º Despacho de la Procuraduría de la República en el estado de Amazonas del Ministerio Público Federal (MPF), recomendando a la empresa BR Arbo y a la certificadora Verra la suspensión inmediata del proyecto Mejuruá en el estado de Amazonas. Tras las denuncias, el proyecto llegó a tener su solicitud de registro rechazada por Verra en abril de 2025, pero dicha decisión fue revertida en julio del mismo año, encontrándose actualmente el proyecto a la espera de aprobación del registro por parte de la certificadora.

En los últimos días, la situación de presión y amenazas sobre la comunidad se ha intensificado; hemos recibido las siguientes denuncias:

1. Presiones e intimidaciones directas
    • Visitas domiciliarias individuales a moradores realizadas por la empresa con el objetivo de presionar la firma de documentos.
    • Envío de mensajes con contenido amenazante, haciendo que las intimidaciones —antes veladas— se vuelvan ahora explícitas.
    • Creación de un ambiente de miedo e inseguridad, especialmente entre familias con menor acceso a información jurídica.

2. Amenaza de judicialización y abuso de poder
    • Anuncio de que, a partir del próximo año, la empresa iniciará acciones judiciales individuales contra los moradores que no firmen los documentos.
    • Abuso del poder jurídico como instrumento de coerción, destacando que la empresa cuenta con “los mejores despachos y abogados”, haciendo inviable la defensa individual de las familias.
    • Estrategia deliberada de debilitamiento de la asociación comunitaria, aislando a los moradores y rompiendo las formas colectivas de organización y defensa.

3. Violación de derechos territoriales y productivos
    • Reducción drástica de las áreas de uso tradicional, con relatos de moradores que pasaron a recibir parcelas mucho menores que los territorios históricamente utilizados.
    • Entrega de áreas insuficientes (8 hectáreas, por ejemplo) que no permiten la reproducción de los modos de vida tradicionales, inviabilizando actividades como la recolección de caucho, açaí y copaíba.
    • Sustitución de áreas de tierra firme por áreas de várzea, muchas veces improductivas, con agua de baja calidad, inadecuadas para el cultivo y el manejo tradicional.

4. Discurso engañoso y manipulación de la información
    • Narrativa empresarial según la cual los moradores estarían “recibiendo más de lo que merecen” y la empresa estaría siendo “muy generosa” al conceder derechos, lo que contradice la realidad territorial vivida.
    • Alegación de que los beneficios iniciales fueron suspendidos porque la empresa tuvo que gastar recursos en acciones judiciales, responsabilizando a la asociación y al Ministerio Público Federal.
    • Minimización de los impactos, presentando como beneficios acciones puntuales e ineficaces (kits, paneles solares, pozos artesianos), muchos de los cuales no funcionaron o fueron mal ejecutados.

5. Negación de la identidad de comunidades tradicionales
    • Negativa de la empresa a reconocer a los moradores como comunidad tradicional, bajo el argumento de que ello les traería perjuicios.
    • Intento de encuadramiento forzado como productores familiares, borrando el carácter tradicional y colectivo del territorio.
    • Esta estrategia implica la retirada de derechos específicos, en contradicción con la legislación y los instrumentos de protección de las comunidades tradicionales.

6. Violación del derecho a la información y al consentimiento libre, previo e informado
    • Retención o negativa de suministro de documentos completos e información transparente sobre el proyecto REDD a los moradores.
    • Presión para la firma sin tiempo adecuado de análisis, sin asesoría jurídica independiente y sin debate colectivo.
    • Violación directa del principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

7. Intentos de cooptación de liderazgos e ilegalidades institucionales
    • Intentos de cooptación de liderazgos comunitarios por parte de la empresa, generando conflictos internos y deslegitimación de la representación colectiva.
    • Firma de documentos por persona sin autorización, incluso con intento de simular la firma del presidente de la asociación.
    • Uso de estas firmas irregulares para legitimar procesos y presionar a otros moradores a adherirse al acuerdo.

8. Amenazas explícitas de expulsión y pérdida del territorio
    • Comunicación directa de que los moradores que no firmen los documentos “tendrán que irse” o “quedarán fuera” el próximo año.
    • Uso del miedo a la pérdida total del territorio como instrumento central de coerción.
    • Referencias al poder político y jurídico de la empresa (incluidas menciones a vínculos con altas instancias del Poder Judicial) como forma de intimidación simbólica.

9. Reconfiguración territorial en beneficio del proyecto
    • Rediseño unilateral de los límites territoriales, priorizando los intereses del proyecto REDD.
    • Apropiación por parte de la empresa de las áreas más productivas (tierra firme) y asignación de áreas degradadas o improductivas a las familias.
    • Restricción del uso del territorio y desestructuración de los modos de vida tradicionales en nombre de la viabilidad del proyecto.

Ante el conjunto de presiones, intimidaciones, amenazas y violaciones de derechos relatadas por las comunidades tradicionales como consecuencia del proyecto REDD conducido por la empresa BR Arbo Gestão Florestal S.A., nosotras, mujeres defensoras de nuestros territorios:

    • denunciamos la actitud de la certificadora Verra, que hasta el momento no ha adoptado una posición pública frente a las prácticas descritas. Verra debería adoptar medidas urgentes para cancelar el proceso de certificación;
      
    • reafirmamos nuestro rechazo contundente a todas las formas de REDD+. REDD+ no es una solución; es una propuesta ilusoria y falsa, porque se trata de un negocio que mercantiliza la naturaleza, en el que intermediarios lucran, empresas y gobiernos continúan contaminando mientras nuestras comunidades son privadas de sus territorios, que son sus fuerzas vitales;
      
    • expresamos nuestra total solidaridad y apoyo a la comunidad de Riozinho y a su lucha por el reconocimiento de su territorio tradicional y por la regularización colectiva de la tierra.

¡Esta lucha es nuestra!

17 de diciembre de 2025

Firman:

  • Associação das Mulheres Munduruku Wakoborun - Brasil
  • Associação dos Pescadores São José de Icatu Quilombola - Brasil
  • Associação Indígena Extrativista da Aldeia Akamassyron Surui Aikewara- Brasil
  • Associação do Povo Nawá (APINAWA) - Brasil
  • Associação dos Moradores do Baixo Riozinho e Entorno (ASMOBRI) – Brasil
  • Associação dos Moradores Agroextrativistas do Assentamento Acutipereira (ASMOGA) - Brasil
  • Associação dos Moradores Agroextrativistas do Assentamento Peaex Acangata - (ASMOGAC) – Brasil
  • Aty Ñeychyrõ – Argentina
  • Coletivo de Mulheres Flor da Roça, Quilombo São José de Icatu – Brasil
  • Comité Defensor de la Vida Amazónica en la cuenca del Río Madera (COMVIDA) - Bolivia
  • Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) - Bolivia
  • Red de Mujeres Indígenas Tejiendo Resistencias - Perú
  • Tejido Unuma De La Orinoquia – Colombia
  • Tuxa Ta Pame - Conselho de Gestão Ka'apor  -  Brasil

Firmas en apoyo:

  • Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)
  • Indigenous Environmental Network (IEN)
  • The Corner House, UK

Para firmar en apoyo, enviar un correo electrónico a wrm@wrm.org.uy

 

 

Tailandia: comunidad denuncia las contradicciones de los proyectos "verdes"

Cada año, activistas de base, académicos, estudiantes y jóvenes de diferentes países del sudeste asiático se reúnen en un foro de intercambio durante la Semana Ambiental del Mekong y ASEAN (MAEW, por su sigla en inglés). El séptimo foro tuvo lugar en septiembre de 2025, con el tema “Verde Falso: de las mentiras verdes al poder de los pueblos”. (1) Entre quienes compartieron sus experiencias como afectadas y afectados por ‘mentiras verdes’ había representantes de la comunidad de Kham Pa Lai, en Tailandia, que también compartieron experiencias de su lucha contra este tipo de proyectos ‘verdes’.

Los habitantes de Kham Pa Lai se organizaron en los últimos diez años en el Grupo de Conservación Nam Sap Kham Pa Lai. Con organización y esfuerzo colectivos lograron frenar la primera de las ‘mentiras verdes’ que les afectó: un programa gubernamental de reforestación que amenazaba sus derechos territoriales. La oposición comunal al programa de reforestación fue fruto de su resistencia previa contra una mina de arenisca, que llevó a la cancelación de la licencia de la mina en parte de su comunidad. Más recientemente, Kham Pa Lai se ha enfrentado a una nueva amenaza ‘verde’: la instalación de un parque eólico por la empresa estatal de energía de Tailandia (EGAT). El parque eólico proyectado amenaza con destruir partes del bosque en su territorio.

Estas amenazas tienen una cronología clara: se hicieron sentir en la comunidad de Kham Pa Lai tras el golpe militar llevado a cabo en Tailandia en 2014. El régimen militar llegó con la propuesta de incrementar las ‘zonas verdes’ de Tailandia hasta llegar al 40% de la superficie del país. (2) Se fomentan energías supuestamente ‘renovables’ y ‘limpias’ a fin de permitir la expansión continua de industrias extractivas que reivindican la ‘neutralidad de carbono’ de sus operaciones o que son ‘respetuosas con el clima’. (3) En realidad generan impactos nocivos y de gran alcance en las comunidades.

Como dijo una persona portavoz del Grupo de Conservación Nam Sap Kham Pa Lai en la reunión de la MAEW: “Primero luchamos contra la minería, luego contra la reforestación y ahora contra el parque eólico, y estamos empezando a atar cabos. Quieren aumentar la cobertura forestal a nivel mundial, quieren multiplicar los bonos de carbono, así que esta política mundial de maquillaje verde también nos afecta. Está llegando al país y luego aquí a nuestra comunidad”.

La comunidad de Kham Pa Lai está ubicada en la provincia de Mukhadan, en el noreste de Tailandia, bañada por las aguas del río Mekong en la frontera con Laos. El territorio provee alimentos, agua y satisface las necesidades culturales y espirituales de la gente de Kham Pa Lai, cuyas familias han vivido en el territorio por muchas generaciones. La comunidad ha buscado que se le reconozcan legalmente sus derechos territoriales sobre esas tierras, pero esta es una demanda que las instituciones estatales han ignorado, lo que ha dado lugar a una situación de acaparamiento de tierras agenciada por el Estado, como en muchas otras zonas de Tailandia.  

“Nuestra historia no es solamente un relato de resistencia, es también de perseverancia y adaptación, y de serena determinación de proteger nuestro modo de vida, que está profundamente arraigado en el bosque”, explica la persona portavoz.

En la conversación que sigue a continuación, el Grupo de Conservación Nam Sap Kham Pa Lai habla de su lucha.

La creación del Grupo de Conservación

El Grupo de Conservación Nam Sap Kham Pa Lai se constituyó oficialmente en 2019, aunque nuestra lucha comenzó varios años antes.
Ya nos habíamos movilizado anteriormente contra un proyecto de minería propuesto, pero sin adoptar un nombre ni una estructura oficiales. Elegimos el nombre “Nam Sap”, que significa agua de manantial, porque en la zona amenazada hay un manantial natural que provee agua a la comunidad durante todo el año y es esencial para su supervivencia.

Cuando nos enteramos por primera vez del proyecto de exploración minera de arenisca en 2016, comenzamos a organizar la resistencia local ese mismo año. Surgida inicialmente como una alianza informal de pobladores comunes y corrientes, el grupo en su apogeo creció hasta incluir a casi 300 hogares.

Tras años de conflictos generados por el proyecto de minería y los planes extractivistas que le siguieron, el número de participantes en el grupo se redujo gradualmente a unas 60 familias –pero las y los que permanecimos nos mantuvimos unidos, movidos por un objetivo común.

Organizarnos como grupo nos dio fuerza y visibilidad. Cuando vamos a las oficinas del distrito o de la provincia, dejamos de sentirnos insignificantes o invisibles. El hecho de mantenernos unidos nos infundió coraje –y llevó a que los mandos se mostrarán más dispuestos a escucharnos.

La mina de arenisca

En 2016, la empresa Three Mothers Trading Company Limited presentó una solicitud de concesión para explotar 34 hectáreas de nuestro bosque comunal. Al año siguiente, el Consejo Municipal del subdistrito de Kham Pa Lai aprobó la propuesta presentada por la empresa tras una audiencia local y una evaluación de impacto ambiental (EIA).

Nos opusimos a esa decisión y presentamos petitorios a diversas agencias estatales –incluso viajamos hasta la capital, Bangkok, para pedir cuentas. Tras nuestra insistencia y campaña persistente, el consejo municipal revisó el asunto en 2020 y revocó su decisión, con 11 miembros votando en contra de la mina y tres que se abstuvieron.

Conseguir que se revocara esa decisión fue una conquista difícil de lograr. Citamos el artículo 7, párrafo 4, de la Ley de Minerales de 2017, que prohíbe la minería en cuencas hidrográficas o zonas de recarga de aguas subterráneas. Nuestros petitorios obligaron a las autoridades a reconocer que el proyecto minero era efectivamente violatorio de dicha ley –una pequeña victoria, pero significativa para nuestra lucha en defensa de la comunidad. (4)

No obstante, la amenaza persistía. Quienes respaldaban la mina buscaron formas de reactivar la concesión, mientras que nosotras y nosotros comenzamos a ejercer presión para que la zona se eliminara del mapa geológico nacional como zona rica en minerales. Temíamos que, en el futuro, otras empresas podrían solicitar licencias mineras mientras la zona siguiera catalogada como reserva mineral.

A largo plazo, nuestra pretensión era que esas tierras se categorizaran como bosque comunitario gestionado colectivamente, aunque nos preocupaba que catalogarlo así pudiese dar lugar más adelante a programas y proyectos de bonos de carbono, que una vez más volverían a excluir el control local del territorio.

Para nosotras y nosotros, el bosque tiene que seguir siendo un lugar donde la gente convive con la tierra y cuida de ella, no un lugar gestionado con fines de lucro.

El proyecto de reforestación

El siguiente desafío que enfrentamos vino de la mano de la Política de Restauración Forestal impuesta por el gobierno militar en 2014 mediante la Orden 64/2014. Los oficiales a cargo designaron y destinaron parte de las tierras de Kham Pa Lai para ‘reforestación’, alegando que el bosque estaba degradado. Pero era un bosque próspero en realidad, una despensa estacional para nuestras comunidades locales.

De abril a mayo, las primeras lluvias traen las flores de krachiew y setas u hongos comestibles hed phor. Entre mayo y agosto crecen las setas hed rongok, hed din y hed khai, brotes de bambú, escarabajos e innumerables plantas nutritivas. Es un sistema alimentario vivo, rico y autorrenovable, al que llamamos “el bosque alimenticio”.

Unas 16 hectáreas de esas tierras están cubiertas por bosque de montaña (pha khok), parte del cual es una zona de manantiales que provee agua durante todo el año y otra parte son tierras agropecuarias de uso mixto en los confines del bosque. Nuestras familias recogen allí leña, pastorean ganado y recolectan alimentos a diario; el bosque es sostén tanto de nuestros medios de vida como de nuestra cultura.

Cuando la campaña de ‘reforestación’ finalmente llegó a la comunidad, los mandos dispusieron que se despejaran los campos de las y los pobladores y, sin consultar a la comunidad, mandaron plantar árboles en las tierras destinadas a la campaña. Incluso presentaron cargos penales contra las y los pobladores que habían estado utilizando la tierra para hacer agricultura, sembrando cultivos en zonas de las que el gobierno se había apoderado reclamándolas como “bosque nacional”. Así es como las autoridades están tratando de apropiarse de las tierras de las comunidades. Para nosotres, fue como un hurto amparado por el Estado: usurparon nuestras tierras alegando falazmente que eran propiedad de empresas, mientras que a nosotras y nosotros los pobres nos desplazaron. En total, designaron cerca de 480 hectáreas para plantaciones de árboles, incluidas unas 112 hectáreas de tierras comunales de uso agropecuario y otras 11,2 hectáreas que se superponían con el área proyectada para la mina de arenisca.

En octubre de 2016 empezaron las acciones judiciales contra las y los pobladores acusados de uso ‘ilegal’ de tierras estatales; en 2018-2019 nos expulsaron de nuestras tierras, que fueron desmontadas y arrasadas para hacerles lugar a las plantaciones de árboles. Irónicamente, a sólo un mes de los primeros cargos contra miembros de la comunidad, se presentó una solicitud para hacer minería en el mismo sitio exactamente, confirmando así nuestra sospecha de que el bosque en realidad estaba siendo reclamado para hacer minería.

La zona proyectada para la mina se superpone con bosques y zonas de recarga de cuencas hidrográficas que sirven de sostén a las y los pobladores de más de tres aldeas y son utilizadas a nivel subdistrital cuando hay períodos de sequía.

La “causa no resuelta”

Al día de hoy, los cargos judiciales contra pobladores siguen clasificados como ‘causa no resuelta’ (kha-di haeng), es decir, casos en los que ‘no se ha identificado al culpable’. Unas 40 parcelas de 45 personas de nuestras aldeas siguen en disputa.

Como los mandos habían resuelto que esas tierras eran baldías y estaban deshabitadas, trazaron amplios círculos en los mapas y declararon que el uso comunitario de gran parte de esas zonas era ilegal. Algunas de nuestras familias perdieron parcelas enteras; otras perdieron la mitad.

Después de haber presentado petitorios durante años, una investigación provincial determinó que el operativo era ilegal. El Departamento Real de Bosques confirmó posteriormente que había habido errores: la mayor parte de las tierras se cultivaban desde mucho antes de 2014.

A la postre recuperamos nuestros campos y reanudamos nuestras labores agropecuarias, aunque perdimos casi cinco años de ingresos. En colaboración con P-Move, una red nacional de defensa del derecho a la tierra, seguimos haciendo presión para que la causa se archive y se indemnice debidamente a las y los damnificados. La investigación quedó suspendida, pero no se ha cerrado; ahora la causa está pendiente de examinación por el Consejo de Ministros.

Muchas generaciones de nuestras familias han vivido aquí. No somos forasteros. Nuestros padres y nuestras madres vivieron y murieron en estas tierras. No estamos equivocados, este es nuestro hogar.

El proyecto de parque eólico

En noviembre de 2022, mientras sembrábamos yuca, en nuestros campos aparecieron marcadores rojos de señalización topográfica. En un primer momento pensamos que eso significaba que por fin iban a hacer la titulación prometida desde hace tanto tiempo, que reconocería el derecho de la comunidad a usar estas tierras, que es lo que ha estado pidiendo la comunidad desde hace muchos años. Meses después, sin embargo, nos enteramos de que esos marcadores eran para un proyecto de parque eólico.

Imagen
Red markers in the community field for a wind farm project.
Árboles dentro del territorio de la comunidad marcados para el proyecto de planta eólica.

Cuando la empresa convocó a una reunión en la Aldea 5, todos los miembros de la comunidad de Kham Pa Lai, jóvenes y adultos mayores por igual, nos unimos para exigirle a las autoridades municipales que rechazaran el proyecto. A pesar de nuestras protestas, las autoridades lo aprobaron, alegando que el Departamento Real de Bosques ya había dado su consentimiento. Nosotres respondimos bloqueando las vías de acceso y confrontando al personal de la empresa. Llamaron a la policía.

Los mandos municipales defendieron el proyecto, diciendo que traería “turismo y desarrollo”, y citaron como ejemplo otro parque eólico en Nikhom Bang Soi. Pero algunes de quienes visitamos esa zona vimos ruido, rayos y acceso restringido –no progreso ni ‘desarrollo’.

Contradicciones verdes e invasión de territorios 

Aunque la empresa solicitó autorización para la Aldea 5 solamente, su operativa realmente se extiende a las aldeas 6 y 13.

El Departamento Real de Bosques reconoció que se tendrían que talar y remover una gran cantidad de árboles, lo que constituiría una violación de la normativa gubernamental sobre la ubicación de aerogeneradores en bosques tupidos. Una investigación reveló irregularidades e informaciones posiblemente falsas sobre el estado y condición de los bosques. El proyecto se suspendió transitoriamente, pero aún no se lo ha cancelado.

La empresa, llamada 555 Green Energy Co., Ltd., justificó el proyecto presentándolo como parte del Modelo Económico Bio-Circular-Verde (BCG) de Tailandia, argumentando que es de energía ‘limpia’. Para nosotres, destruir 48 hectáreas de bosque fértil para construir 14 aerogeneradores y caminería que acabarían con nuestros campos de recolección, no es otra cosa que maquillaje verde. 

La empresa obtuvo permiso para utilizar por 30 años –desde 2023 hasta 2053— esas tierras que están dentro de una reserva forestal nacional. El proyecto invade las tierras de uso agropecuario de las y los pobladores y ha provocado conflictos en la comunidad. 


La energía eólica es buena, pero no cuando destruye comunidades. Un proyecto etiquetado como ‘verde’ pero que termina destruyendo un lugar que sirve de sostén de la vida de una comunidad, se convierte en una injusticia.

El valor del bosque

Calculamos lo que perderíamos, pensando solamente en términos monetarios y económicos. Cada temporada de setas, unas 300 personas recolectan hongos hed phor comestibles, por lo menos 3 toneladas al día, que valen 500 baht ($15 dólares estadounidenses) por kilo. Eso equivale a más de 1,5 millones de baht ($46 mil dólares estadounidenses) diarios en riquezas naturales. El bosque también provee setas hed rongok ($12 dólares estadounidenses/kg), hed din (entre $1,5 y 3 dólares estadounidenses/kg), raíces comestibles, brotes de bambú y pequeños animales, todo lo cual constituye la base de la soberanía alimentaria local.

La gente viene aquí a recolectar alimentos desde las provincias de Roi Et, Kalasin y Sakon Nakhon. El bosque es nuestro mercado compartido.

Los aerogeneradores o molinos de viento del parque eólico se instalarían a menos de un kilómetro de las casas, cerca del templo y el cementerio de la aldea. Hasta los monjes se han expresado en contra del proyecto, temiendo que el ruido constante de los aerogeneradores perturbe la santidad del lugar.

Reflexiones y fortaleza

Estas luchas superpuestas nos han fortalecido. De ser personas que antes no sabíamos nada sobre leyes ni políticas, hemos llegado a construir redes y alianzas, con P-Move, la EnLaw Foundation y jóvenes ambientalistas que ahora nos visitan para aprender de nosotras y nosotros.

Hemos descubierto que la unidad es nuestra mayor fortaleza: compartir la comida, noticias, y motivarnos mutuamente mantiene vivo nuestro espíritu.

Las mujeres se han convertido en nuestras principales portavoces: hablan en reuniones públicas mientras los hombres se quedan en casa para cuidar las parcelas y a las familias. Sus palabras serenas pero firmes suelen ser más poderosas que la rabia y el enojo. “Hablamos por nuestras madres, padres e hijes y nuestra comunidad”, dicen. “Porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo hará?”.

Aferrarse a lo que importa

Los inversionistas y los promotores de los proyectos no viven aquí; no dependen de estas tierras. Su dinero divide a la comunidad –algunes lo aceptan, pero la mayoría lo rechaza. No pedimos indemnización, reclamamos el derecho a vivir con el bosque como lo hacían nuestras antepasadas y antepasados.

El manantial natural, que es el corazón de nuestro sustento, provee agua a dos aldeas todo el año e incluso para uso municipal. Si se procede a explotar la mina proyectada, esa agua y la vida que sostiene se perderán para siempre.

Nos han querido intimidar: visitas de agentes a los líderes y lideresas, sustracción de pancartas de protesta, vigilancia. Pero no hemos dejado que el miedo nos detenga. Seguimos resistiendo porque, como decimos: “Este es nuestro hogar”.

Mensaje a quienes viven en la ciudad 

Ustedes comen en restaurantes y hoteles, nosotras y nosotros encontramos nuestra comida en el bosque.
Cuando florecen hongos, recolectamos los hongos comestibles.
Cuando germinan los brotes de bambú, recolectamos brotes de bambú.
Por favor piensen en nosotras y nosotros cuando hablen de crecimiento verde o energías limpias.
El bosque que ustedes llaman “tierra baldía” es nuestra cocina, nuestra fuente de agua, nuestra escuela.
Si lo cercan para instalar minas o parques eólicos o como fuentes de bonos de carbono, ¿de qué viviremos nosotras y nosotros?
Le pedimos al Estado que cancele estos proyectos y retire todos los cargos contra las y los pobladores.
Los inversionistas ya tienen miles de hectáreas; nosotras y nosotros sólo tenemos una o dos.
¿Por qué tenemos que ser siempre las y los más vulnerables quienes sufrimos las consecuencias?
La promesa electoral es que “primero está el pueblo”,
pero después de cada elección, los primeros siempre son los inversionistas.
Sabemos que estos proyectos no son verdaderamente verdes.
Cuando llegan los aerogeneradores, las aves desaparecen.
Cuando llegan las minas, las escuelas y los hogares se cubren de polvo.
Cuando se apoderan de los bosques en nombre de la restauración, las y los pobres perdemos todo.
Cada gobierno viene con un nuevo plan:
una mina, un parque eólico, y ahora la extracción de tierras raras,
y nosotras y nosotros permanecemos aquí, seguimos luchando, todavía con esperanza,
porque estas tierras son nuestra vida, y no renunciaremos a ellas.


Referencias:
    (1) MAEW 2025: The Fake Green
    (2) WRM, 2024. La ‘política climática’ de Tailandia basada en la compensación de emisiones: mayor caos e injusticia.
    (3) WRM, 2022.15 años de REDD: un mecanismo intrínsecamente corrupto.
    (4) The video reports that the Kham Pa Lai community submitted a petition about the mine to Mukdahan Province, and the governor’s decision to investigate ultimately led to their victory. 
El vídeo informa que la comunidad de Kham Pa Lai le presentó a la provincia de Mukdahan un petitorio sobre la mina, y que la decisión de investigar tomada por el gobernador finalmente les condujo a la victoria.

 

Resistencia en pie: las comunidades se unen contra los impactos del monocultivo de eucalipto en Mozambique

En muchas provincias de Mozambique, las comunidades rurales viven momentos de gran inseguridad y sufrimiento después de perder sus tierras a causa de los grandes proyectos de monocultivo de eucaliptos. Uno de los casos más emblemáticos es el de las comunidades afectadas por Portucel Mozambique, que desde 2009 tiene una concesión de 356.000 hectáreas para el cultivo de eucalipto en las provincias de Zambézia y Manica. (1) Ante la pérdida de tierras y el empeoramiento de sus condiciones de vida, las comunidades de los distritos de Ile, Mulevala y Namarroi alzan la voz para exigir la devolución de sus tierras.

En septiembre de 2025, los miembros de estas comunidades se reunieron para compartir sus experiencias de resistencia frente a los monocultivos. También participaron representantes de comunidades del distrito de Lugela (afectadas por las plantaciones de Mozambique Holdings), y de las provincias de Nampula (afectadas por las plantaciones de Green Resources) y Manica (afectadas por las plantaciones de Portucel). En muchas de las comunidades representadas, predomina un sentimiento de indignación y la determinación de impedir que se vuelvan a plantar monocultivos en sus tierras. (2)

Pérdida de las tierras tradicionales y la dignidad

Para miles de familias del centro y el norte de Mozambique, la tierra representa más que un espacio físico: significa vida, cultura, identidad y supervivencia. Con la llegada de Portucel, una empresa del grupo portugués de papel y celulosa The Navigator Company, en los últimos 15 años muchos han perdido el acceso a las machambas (campos agrícolas), las zonas de pastoreo, los bosques y las fuentes de agua. Hoy en día, estas familias luchan incluso por garantizar una sola comida al día, ya que sin tierra no hay agricultura y, por lo tanto, no hay alimentos ni ingresos.
Como relató una campesina de la comunidad de Pareie afectada por las plantaciones de eucalipto: “Antes cosechábamos maíz, frijoles, yuca. Ahora ni siquiera tenemos espacio para sembrar. La estamos pasando muy mal”.

Hombres, mujeres y jóvenes afirmaron estar cansados de vivir “rodeados de eucaliptos”, sin tener espacio para sus actividades tradicionales de subsistencia, como la agricultura familiar, la caza, la recolección y el pastoreo. Desde que Portucel inició sus operaciones en la región bajo la promesa de promover “inversiones forestales sostenibles”, miles de hectáreas de tierras comunitarias se han convertido en plantaciones de eucalipto, lo que, según las poblaciones locales, ha provocado un creciente empobrecimiento de las familias, así como degradación ambiental, escasez de agua y pérdida de identidad cultural.

Los monocultivos no solo representan una amenaza ambiental, sino que constituyen un proyecto de violencia territorial y de borrado cultural al imponer una nueva forma de relación con la tierra y cambiar radicalmente la vida de las personas, que pasan a vivir rodeadas de una única especie de planta. La resistencia de las comunidades es un grito por justicia, por un modelo de desarrollo que respete la dignidad humana, los conocimientos tradicionales y el derecho a la tierra.

"No estamos en contra del desarrollo. Estamos en contra de un modelo de desarrollo que excluye a las comunidades, nos roba nuestro futuro y destruye nuestra tierra", afirmó José Manuel, líder comunitario en Namarroi.

Promesas vacías y desarrollo inexistente

Los representantes de la empresa, junto con las autoridades locales, convencieron a las comunidades a ceder sus tierras con la promesa de construir escuelas, crear puestos de trabajo, establecer centros de salud y promover el desarrollo local. Sin embargo, la mayoría de esas promesas nunca se materializaron.

Las pocas oportunidades de empleo en la preparación del terreno, la plantación y la tala de árboles son precarias y temporales, y no compensan la pérdida de sus tierras. Mientras tanto, las comunidades se vuelven cada vez menos autónomas económicamente y tienen cada vez menos capacidad para decidir su futuro. El sentimiento que esto genera, junto con la desigualdad abismo entre lo que se prometió y lo que luego ocurrió aumenta la indignación y la sensación de injusticia.

Además, ¿qué sentido tiene un desarrollo que destina la tierra a producir “riquezas” para unas pocas familias en otro continente, a costa de socavar la capacidad del pueblo para producir sus propios alimentos? ¿Desarrollo para qué y para quién? Las machambas quizá no encajen en la imagen convencional de desarrollo que tienen los gobiernos y las empresas, pero la riqueza que generan (los alimentos) se destina al pueblo, aunque no figure en las cuentas de los gobiernos y administradores.

Sed, hambre y falta de recursos

Las plantaciones de eucalipto a gran escala, al consumir gran cantidad de agua, han reducido la disponibilidad de este recurso para las comunidades. (4) El caudal de ríos y pozos ha disminuido drásticamente e incluso algunos se han secado. Las mujeres, encargadas de buscar agua tienen que caminar largas distancias todos los días, a menudo con sus hijos a la espalda. Además, la falta de acceso a la tierra ha provocado una crisis alimentaria silenciosa: niños desnutridos, aumento de las enfermedades y dependencia de la ayuda exterior. En definitiva, la vida ha empeorado.

“Nuestras machambas desaparecieron. Ya no tenemos espacio para cultivar yuca, maíz o frijoles. La empresa dijo que traería desarrollo, pero solo trajo árboles que no sirven para comer”, se lamentó Maria André, campesina de la localidad de Mugulama-Pareie, en el distrito de Ile.

Voces silenciadas y derechos ignorados

Algunas de las consultas comunitarias realizadas antes de la instalación del proyecto de Portucel se llevaron a cabo de forma inadecuada, con prisas, manipulaciones y poca información clara y accesible. Muchos líderes comunitarios se vieron presionados a firmar documentos sin comprender con claridad sus consecuencias. Hoy, las comunidades sienten que sus derechos han sido vulnerados.

Como subraya un miembro de la comunidad de Mutaliua: “No se consultó debidamente a las comunidades. Hubo manipulación, falta de transparencia y ausencia de consentimiento libre, previo e informado, tal como exige la ley”.

Recuperar las tierras

Ante esta situación, las comunidades reunidas tienen una reivindicación concreta: queremos recuperar nuestras tierras. No queremos seguir sufriendo. La tierra es nuestra herencia, es donde enterramos a nuestros antepasados. Sin ella, no tenemos futuro.

Este reclamo es un grito de socorro. Las comunidades exigen que el gobierno y las autoridades locales reconozcan el error e inicien un proceso de restitución de tierras o de una compensación justa, con la participación directa de las poblaciones afectadas.

Algunas comunidades han decidido que, a medida que se coseche el eucalipto, volverán a plantar alimentos en las tierras usurpadas por la empresa.

Qué exigen las comunidades 

Estas comunidades exigen lo siguiente: que se detenga la expansión de las plantaciones de eucalipto en áreas de uso comunitario; la devolución inmediata las tierras concedidas a Portucel al margen de la Constitución; y que se apoye la recuperación de las tierras degradadas junto con la promoción de medios de vida sostenibles.

La situación en las zonas ocupadas por Portucel Mozambique revela una crisis de derechos humanos y justicia social. Las comunidades viven hoy en una situación de extrema vulnerabilidad, mientras que sus tierras sirven a intereses que no les aportan ningún beneficio real. La devolución de las tierras a las comunidades no es solo una cuestión económica, sino de dignidad, justicia y supervivencia. Es urgente que se escuche este reclamo y se adopten soluciones concretas. El verdadero desarrollo solo es posible con la participación de las comunidades, respetándolas y garantizando su derecho a la tierra.

Missão Tabita, Justiça Ambiental y WRM

 

Referencias:

(1) Más información sobre el impacto de las plantaciones de Portucel, aquí.
(2) Más información sobre el intercambio de experiencias entre las comunidades [en portugués]
(3) Como lo expuso Missão Tabita en su artículo Portucel en Mozambique: la realidad tras el discurso de las “plantaciones sustentables’’, publicado en el 2020
(4) WRM, 2020. ¿Qué hay de malo en plantar árboles?
 

 

El TFFF: Una nueva trampa para los pueblos y bosques del Sur global

El Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por su sigla en inglés) será lanzando en la 30a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, en noviembre. Esta iniciativa es presentada como una “nueva esperanza” para los bosques tropicales en todo el mundo. Sin embargo, el TFFF no se trata de abordar las causas de la deforestación. Por el contrario, se alimenta de un mercado financiero que fomenta la deforestación.