Un 11 por ciento de la Amazonía se concentra en territorio boliviano. En una definición amplia, la región amazónica en este país comprende los departamentos de Beni y Pando, así como las regiones al norte de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

La deforestación en el territorio amazónico boliviano viene aumentando significativamente en los últimos años, principalmente con la expansión de la agroindustria, las obras de infraestructura, la minería, los incendios forestales a gran escala y el desarrollo de políticas de gobierno que agilizan la agenda extractivista.

El 2 de diciembre de 2018, por voluntad de 12 pueblos y organizaciones en resistencia al extractivismo, se creó la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). Su objetivo principal es la articulación de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos que defienden sus derechos con independencia, en un contexto cada vez más adverso por las políticas extractivistas promovidas en el país.

La CONTIOCAP, en sus pocos años de vida, se ha posicionado en la opinión pública como un referente de dignidad y de aporte al debate público. Sus acciones incluyen análisis de la coyuntura, denuncias de las crecientes violaciones a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, y propuestas alternativas al extractivismo.

A fines de 2023, el WRM conversó con Ruth Alipaz, lideresa indígena originaria de la Nación Uchupiamona, en la Amazonía boliviana, integrante CONTIOCAP, para reflexionar sobre la situación en este territorio y la fuerte resistencia que los Pueblos Indígenas vienen librando.

El negocio de quemar

Se estima que en 2023 los incendios forestales se llevaron 3 millones de hectáreas de bosques en Bolivia. Los incendios se han visto agravados por la sequía que atraviesa el país, con una reducción de lluvias del 17 por ciento en 2023 en comparación con años anteriores. Pero esta situación no es por azar. Por detrás de estos incendios están principalmente las empresas del agronegocio. Es un ataque directo a los territorios y a las áreas protegidas, que se superponen en gran medida a los territorios indígenas.

Para ampliar la frontera agrícola, los empresarios agroindustriales realizan el chaqueo (la quema de ciertas áreas para luego realizar agricultura) indiscriminadamente y rebasan la frontera agrícola. Esto es posible ya que el gobierno no tiene ningún tipo de mecanismo serio de control a estas grandes corporaciones agropecuarias. A su vez, estas empresas muchas veces se benefician de las ganancias que producen en tierras comunitarias ya que los pobladores se ven obligados a alquilar las tierras porque no tienen los recursos suficientes para explotarlas para el beneficio de ellos y la comunidad. Estos empresarios que pasan la frontera agrícola ilegalmente son sancionados con la ridícula multa de 0,20 centavos de dólar por hectárea quemada, lo que significa, que es una invitación a quemar más de lo permitido y sacar enormes ganancias.(1)

Ruth Alipaz nos explica como las empresas le encontraron el negocio a quemar para que el bosque pierda valor. “Prenderle fuego al bosque es una forma de deforestación cruel de bosque primario a bajo costo. Permite el cambio de uso de suelos para luego poder establecer plantaciones de monocultivos por ejemplo”, afirma.

Ruth nos cuenta que “cada año las y los bolivianos respiramos el humo y las cenizas de nuestro futuro, porque nos están despojando de nuestros medios de vida y de nuestra dignidad. Y no solo a los Pueblos Indígenas. Para nosotros la dignidad nos la da nuestro territorio, donde somos conocidos y reconocidos porque somos alguien. Se tiene dignidad en la medida que se aporta con los sueños de realizar un proyecto para la autonomía haciendo uso de su cultura y saberes ancestrales”.

Sumado a los incendios, la deforestación en la Amazonía boliviana ha venido aumentando a pasos agigantados.

Deforestación y agronegocios

En 2022, la tasa de deforestación de la Amazonía boliviana fue la segunda más alta de la región Amazónica, por detrás solo de Brasil, y la tercera a nivel global en cuánto a hectáreas deforestadas. Se estima que en ese año hubo 270 mil hectáreas desmontadas. De acuerdo a la Fundación Tierra, una organización boliviana, durante el quinquenio comprendido entre 2016-2021, la deforestación tuvo un aumento de 73 por ciento con respecto al período 2010-2015. Aún no hay cifras oficiales para 2023, pero los especialistas coinciden en que la tendencia es que la deforestación siga creciendo. (2)

Este aumento gigantesco en las tasas de deforestación es en gran medida el resultado de la expansión del agronegocio industrial, destinado a la producción de soja y ganaderaía para la exportación. De acuerdo a la Fundación Tierra, “la expansión del modelo soyero es el motor del cambio, cuya fuerza impulsora es la consolidación de los derechos de propiedad de la tierra para las grandes y medianas propiedades empresariales. Los bosques se eliminaron para habilitar más tierras para cultivos de soya, de modo que el sector soyero crece a un ritmo mayor que otros sectores comerciales (maíz, sorgo, trigo, caña de azúcar, arroz). La titulación de extensas áreas de bosques como tierras de propiedad privada y la masiva entrega de autorizaciones de desmontes sentaron las bases para habilitar ágilmente extensos campos de cultivos. Al avance de la agricultura industrial, le sigue la ganadería para la exportación”. Sólo de soja, Bolivia cuenta con cerca de un millón y medio de hectáreas plantadas y se ubica entre los principales exportadores.

A modo de ejemplo, el departamento de Beni, ubicado en el corazón de la Amazonía y donde habitan 18 de los 36 Pueblos Indígenas en Bolivia, no está exento de estas presiones, por el contrario. Los gobiernos que han estado de turno desde 2016 impulsaron la actualización del Plan de Uso de Suelo (PLUS) y, en 2019, se llevó a cabo una revisión y actualización del PLUS Beni. Según un estudio académico, este plan se realizó “bajo la premisa de ampliar la frontera agropecuaria y sacar al departamento de la pobreza”. (3) Sin embargo, numerosas organizaciones indígenas criticaron duramente el proceso por no tenerlos en cuenta ni haberlos consultado. Denuncian que solo se consideraron las opiniones de los sectores empresariales, en particular de los ganaderos, que tienen intereses económicos en ampliar la frontera agrícola-ganadera. (4)

El nuevo Plan PLUS Beni es a fin de cuentas una herramienta que habilita la destrucción de la Amazonía, sin considerar las formas de vida de los numerosos Pueblos Indígenas que tradicionalmente han habitado y por ende conservado estos territorios.

Palma aceitera para “biocombustibles”

Otra de las causas subyacentes de los incendios, según denuncias de activistas y organizaciones locales, está relacionada a la promoción de cultivos para la producción de los mal llamados ‘biocombustibles’. Recientemente, bajo pretextos de generar empleo y reducir la dependencia sobre combustibles fósiles, el gobierno boliviano lanzó una serie de medidas que favorecen la plantación y expansión de tres nuevos cultivos:  palma aceitera, palma de jathropa y macororó. Se trata de la incorporación de tres nuevos cultivos, hasta ahora no expandidos en Bolivia, que se sumarán a las áreas ya existentes de soja, caña de azúcar, etc.

Las plantaciones de palma aceitera son un cultivo hasta hace poco desconocido en Bolivia. A través del llamado ‘Programa de Fomento a las Especies Oleíferas’, el gobierno ya ha establecido más de 18 viveros, con capacidad de producir 48 mil plantines. El programa está enfocado en la región amazónica ya que las palmas requieren de mucha humedad para crecer. El objetivo del programa es llegar en cinco años a plantar un área de 60 mil hectáreas. (5)

De acuerdo a declaraciones en medios de prensa nacionales de Javier Mamani Quispe, coordinador, “el programa no va a resultar en deforestación, sino que va a rehabilitar suelos degradados”. Sin embargo, la experiencia con este cultivo en países de Africa, Asia y América Latina no sólo muestra que las plantaciones industriales de palma son una causa de deforestación y contaminación de suelos y fuentes de agua, sino que además resultan en numerosos impactos sobre los pueblos que viven dentro y alrededor de los territorios que estos monocultivos ocupan.

¿Serán las miles de hectáreas de bosques primarios incendiados declaradas como tierras degradadas y por tanto plausibles de ser ocupadas con monocultivos de palma?  

La expansión de la palma aceitera se vincula a la violación de derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades campesinas, así como a la afectación de sus medios de vida y culturas. Se han documentado numerosos conflictos de derechos sobre la tierra. Las mujeres, incluyendo a las trabajadoras, y las niñas son quienes sufren las más profundas injusticias y desigualdades frente a la expansión de esta industria y se enfrentan a continuas formas de opresión. (6)

Mega-Represas e infraestructura

De la mano con el extractivismo, también avanza la construcción de obras de infraestructura necesarias para procesar y trasladar las mercancías producidas, como  mega-represas para producir energía.

Por ejemplo, en la cuenca del Río Beni, que atraviesa el Parque Nacional Madidi -una de las zonas más biodiversas del planeta- y la Reserva Pilón Lajas, el gobierno intenta desde hace años impulsar las mega-represas de Chepete y Bala. Se estima que el 75 por ciento de la producción de energía que tendrá la represa del Bala será para exportar a Brasil. Ambos embalses inundarían miles de kilómetros cuadrados y se estima generarían una deforestación superior a las 100 mil hectáreas. Sobre las tierras que quedarían sumergidas viven seis Pueblos Indígenas: los Mosetenes, Chimanes, Esse-ejjas, Lecos, Tacanas y Uchupiamonas, el Pueblo al que Ruth pertenece. (7)

Hasta el momento la construcción de las represas está paralizada, pero el hostigamiento y la presión continúan. Asimismo, para construir represas se necesita de la apertura de carreteras, lo que abriría el territorio para las empresas madereras y mineras entre otras actividades destructivas. Ruth explica: “Es un hecho que toda esta avalancha de actividades extractivas, de normativa que las facilita y alienta, además de las grandes infraestructuras de energía y transporte, los complejos industriales de dudosa viabilidad técnica y económica (como el ingenio azucarero San Buenaventura) y los avances de colonos y especuladores de tierras, todo en conjunto, forma parte de una verdadera cruzada de colonización y expoliación hacia el norte amazónico, donde los grandes perdedores son las comunidades y Pueblos Indígenas”.

La visión indígena sobre la deforestación y sus luchas de resistencia

No obstante, durante la conversación Ruth remarcó cómo los Pueblos Indígenas en Bolivia han jugado históricamente un papel central en la defensa de los territorios y todavía se mantienen firmes en su lucha.

Como resultado de las luchas de los Pueblos Indígenas en Bolivia, tanto de la Amazonía, como del Chaco, de los Valles y el Altiplano, se dio la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009. Esta reconoce a los Pueblos Indígenas, a los Territorios Indígenas, a la Justicia Indígena Originaria Campesina, y principalmente a la Autonomía y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas en sus territorios por derecho pre existente, con base en el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Leyes 3.760 y 3.897 en Bolivia.

Sin embargo, Ruth explicó cómo, sobre la Carta Magna y otras leyes como la de la Madre Tierra, se han ido emitiendo sistemáticamente otras leyes y decretos que contravienen lo establecido en la Constitución. Esas normas de menor rango son las que, en el análisis de Ruth, se imponen como política de gobierno, “legalizando lo ilegal e inconstitucional para una política económica extractivista, capitalista, donde los grandes capitales y empresarios nacionales y transnacionales son los que reciben normas a pedido y medida de sus intereses”.

Así, por ejemplo, durante el período 2013-2019, se aprobaron un conjunto de normas conocidas como las ‘normas incendiarias’, que directa o indirectamente amplían la cantidad de hectáreas permitidas para deforestar y quemar, flexibilizando los mecanismos legales que estaban vigentes en el país. De la misma manera, la Ley de Minería y Metalurgia 535 del mismo periodo permite la minería dentro de Áreas Protegidas sin cumplir con normas como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y dentro de Territorios Indígenas, eximiéndoles de realizar la Consulta Libre Previa e Informada (CLPI) a los Pueblos Indígenas, con el argumento de que los mineros tienen derechos preconstituidos a dicha ley.

Las políticas gubernamentales de los últimos años, afirma Ruth, están a favor de los grandes poderes económicos. “Estas políticas violan la integridad de la Madre Tierra, quitándole su virtud y capacidad de dar, generar y regenerar vida. Van cortándole sus venas, que son los ríos, para minería de oro con uso de mercurio y mega proyectos hidroeléctricos. Van desnudando su piel con la despiadada deforestación incluso con fuego para el agronegocio y la ganadería. Van envenenado sus órganos de producción de oxígeno, como los suelos y bosques, con agroquímicos para sembrar soya o la palma africana. Van dinamitando y perforando sus venas vitales, que son las vertientes de agua subterráneas y superficiales, para buscar petróleo. Van mutilando sus exuberantes montañas y las riberas de sus ríos, que fueron creadas para apreciar la belleza y la vida en abundancia. Esa abundancia de vida que hoy languidece porque las empresas mineras que se encubren en supuestas ‘cooperativas mineras comunitarias’ o actividades de ‘pequeña minería’ para no pagar impuestos o míseras regalías de 2,5 por ciento, están conectadas con empresas transnacionales chinas, brasileras, colombianas y grandes empresas nacionales”.

De la misma manera, Ruth aclara que estas políticas están sometiendo a los Pueblos Indígenas a la extrema pobreza. “El no tener agua significa extrema pobreza. Nada es posible sin agua”, advierte. “Entonces el proceso de extinción de la Amazonía se dará por los éxodos, porque los que ancestralmente la hemos habitado, cuidado, protegido y defendido saldremos a buscar afuera algo que ya no tenemos en nuestros lugares. O sufriremos un proceso de transformación para ser los destructores de nuestros propios territorios, porque nos obligarán a convertirnos en mineros o palmeros para intentar sobrevivir. Y así, una vez despojados de toda nuestra dignidad, de nuestras identidades, de nuestros principios y valores, de nuestra espiritualidad y veneración a la sagrada Madre Tierra, a nuestros ríos, a nuestras montañas, los bosques y territorios quedarán sin sus protectores que somos los Pueblos Indígenas.”

Pero, afortunadamente, dentro de este panorama cruel en cuánto al futuro de la Amazonía y sus pueblos, Ruth comparte su visión de esperanza, con los Pueblos Indígenas en lucha constante.

Así también, las nuevas generaciones están comenzando a replantearse qué futuro quieren. Para Ruth, en cuanto más jóvenes empiecen a entender que no es un derecho de quienes hoy vivimos despojarles de lo que a ellos les corresponde para vivir en un futuro muy próximo, la esperanza crecerá.

¡LUCHAR POR EL TERRITORIO ES LUCHAR POR LA VIDA!

¡Y VIVIR CON AUTODETERMINACIÓN ES UN DERECHO INEMBARGABLE DE NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS!

Artículo elaborado en base a entrevista con Ruth Alipaz Cuqui,
Lideresa de la Nación Uchupiamona, Amazonía boliviana, e integrante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) y a las siguientes fuentes de información:

(1) Izquierda Diario, Incendios forestales: los intereses agroindustriales ante la mirada tibia del gobierno, November 2023
(2) Fundación Tierra, Deforestación 2016-2021. El pragmatismo irresponsable de la “Agenda Patriótica 2025,” June 2022
(3) Rojas Calizaya, J; Anzaldo García, A., El nuevo PLUS del Beni excluye a los actores y sus diversas visiones de desarrollo y atenta contra la Amazonía boliviana, Cipca, 2020
(4) Cejis, Análisis socioambiental del Plan de Uso de Suelo (PLUS) 2019 del departamento del Beni, 2020
(5) RTP Bolivia, Video: Engineer Javier Mamani Quispe, General Coordinator to foment production, January 2023
(6) Ver Sección “Aceite de Palma” en el sitio web del WRM
(7) Boletín WRM, “Sin agua no hay vida”: los ríos en la Amazonía de Bolivia, septiembre 2022

La porción oriental de la Amazonía en Brasil presenta las mayores tasas de deforestación y degradación de la selva en el país. No obstante, en ese vasto territorio aún se encuentran amplias áreas en buen estado de protección, que como corroboran estudios científicos en diversos lugares del planeta, suelen corresponder a territorios de Pueblos Indígenas y/o comunidades locales (1). Una de esas áreas es el territorio indígena Alto Turiaçu donde vive el pueblo Ka’apor, que se extiende por 530.524 hectáreas en el noroeste del Estado de Maranhão, distribuido en seis municipios. Allí se asienta una población de aproximadamente 2.600 personas, distribuidas en 20 comunidades. Este es el territorio indígena más grande de la Amazonia Oriental y, también, la porción de selva preservada más grande en esa región.

Del cuidado del territorio: ¿Quién enseña a quién?

El cuidado del bosque, llamado desde la academia y otros sectores sociales como conservación, está basado, entre otros, en valores y relaciones profundas con los territorios: valores culturales, de uso, espirituales y políticos. Sus conocimientos y prácticas tradiciones les han permitido, al mismo tiempo, hacer uso y cuidado del territorio. Se trata de saberes y conceptos que no son estáticos, sino que, por el contrario, evolucionan a la par que sus culturas y se adaptan y responden a las necesidades que van surgiendo. De esa manera, por ejemplo, el pueblo Ka´apor creó estrategias de monitoreo y auto-vigilancia.

Las amenazas externas a los Ka’apor no han sido pocas. A lo largo de los años se ha incrementado la invasión de su territorio, inclusive con funcionarios públicos involucrados en la agresión, arrendamiento, uso de documentos falsos para apropiación indebida del territorio indígena. Frente a ello, en 2012, una parte significativa de líderes y liderezas de las aldeas se unieron y comenzaron a realizar acciones de auto-vigilancia. Establecieron pequeñas comunidades en las entradas de los caminos usados por los madereros, que posteriormente denominaron áreas de protección o ka'a usak ha, en su lengua. Esta fue una de las experiencias exitosas que neutralizó la agresión e invasión de su territorio.

En septiembre de 2013 los indígenas crearon la primera área de protección en el municipio de Centro Novo do Maranhão, donde decidieron, en diciembre de ese mismo año, retomar un sistema de organización denominado Tuxa Ta Pame o Consejo de Gestión Ka'apor. “Es una forma de organización ancestral y colectiva del pueblo, que se remonta y hace referencia a los antigüos Tuxa o guerreros, los cuales dejaron marcas en la historia por haber luchado, entregado la vida, ser maestros de saberes y cultura, estrategas en la defensa del pueblo y la cultura”, explicaron miembros del Consejo en una entrevista con el WRM. En dicho sistema no hay mandatarios, jefes, caciques o poder, las decisiones no son centradas en un líder, pero sí en la colectividad, en los grupos y colectivos. “Todos son importantes y poseen un protagonismo en la defensa [del territorio]. Cuando se tiene una acción de autodefensa va el grupo, nadie dice que mandó, pero todos quienes se sintieron amenazados van al enfrentamiento”, señalaron.

También se estableció el Jupihu Katu Ha, acuerdo de convivencia Ka’apor, creado con la intención de contribuir a la unidad y ejercer la gobernanza colectiva y responsable. La organización creada en torno al Tuxa Ta Pame está fundamentada en decisiones consensuadas, horizontales y participativas.

Es necesario destacar la relevancia que entrañan esas decisiones en términos de autonomía y soberanía. Las formas de gobierno y organización propias e inclusivas, distanciadas de modelos como el de las democracias representativas, dan cabida a las voces y participación de los diferentes sectores su pueblo. Un ejemplo de ello es la guardia de autodefensa Ka’apor, constituida por las familias, las mujeres, los ancianos, los niños, incluso los animales domésticos. Todos poseen una responsabilidad y una tarea para ser llevada a cabo. Es decir, el territorio es pensado, vivido, disfrutado, apropiado y defendido por todas y todos.

Con el tiempo y el incremento de las agresiones y amenazas, las acciones de defensa territorial fueron expandiéndose. Se implementaron nuevas formas de protección con auto-vigilancia instaladas y se llevó a cabo el mapeo participativo de los ecosistemas bioculturales Ka'apor. Inclusive han adoptado e implementado el sistema de agroflorestas sintrópicas, un sistema agrícola y productivo creado hace pocas décadas que imita a la selva en su organización, sobre todo para reducir los insumos externos, acumular y disponer la energía.  Todo ello a la par de acciones solidarias en materia de educación y salud.

Sin embargo, a medida que aumentaron las acciones de auto-vigilancia, aumentaron las agresiones y asesinatos, hechos en los que se encuentran involucrados madereros, hacendados, cazadores, comerciantes y políticos locales. En los últimos diez años, más de 50 personas han sido agredidas, dos comunidades han sido invadidas y hubo cerca de 15 asesinatos.

A pesar de todo ello, la selva que cuidan los Ka’apor permanece casi intacta. Recientemente, actores ajenos y desconocedores de dicho territorio han llegado supuestamente para enseñar a este pueblo como hacer lo que por siglos ha venido haciendo, proteger su territorio, esta vez bajo la modalidad de un proyecto REDD. Esto nos remite a las siguientes preguntas: ¿quién tendría que aprender de relación con la selva y cómo cuidar de ella? ¿Han venido realmente con la intención de cuidarla?

Llegada de la propuesta REDD y los impactos anticipados

A comienzos de 2023, las empresa Wildlife Works y la ONG Forest Trends, ambas de Estados Unidos, arribaron al territorio con la propuesta de implementar un proyecto REDD (Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación) para generar y vender créditos de carbono. Llegaron a través de indígenas del Estado de Pará.

En el territorio existe otra organización, la Asociación Ka’apor Ta Hury del Río Gurupi, que tiene la figura de un cacique, con quien la empresa y la ONG han establecido mayor comunicación. Esta asociación, que no representa a la totalidad del pueblo indígena, dice estar de acuerdo con el proyecto, el cual plantean podría mejorar su calidad de vida y proporcionar recursos para complementar las actividades de protección. Al momento, existe un memorando de entendimiento firmado. Este documento es denunciado por el Tuxa Ta Pame porque ni la empresa ni la ONG les escucharon en el proceso que llevó a la firma.

Tal como sucede en muchos otros territorios alrededor del planeta, donde se concentran las selvas mejor protegidas, éstas son objeto de disputa para proyectos de créditos de carbono forestal y Pueblos Indígenas y comunidades locales sufren los impactos, con solo el arribo del anuncio, en especial las disputas y divisiones internas.

Los miembros del pueblo en desacuerdo con la propuesta se oponen porque el proyecto REDD mercantiliza su modo de vida e incrementa los conflictos internos. Esto lo conocen de primera mano, pues ya sufrieron una experiencia similar con un proyecto de comercialización de madera seca que tuvo lugar entre los años 2006 y 2013. En ese caso se sintieron engañados por el propio Estado, el gobierno federal e inclusive la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), actores que les involucraron en el proyecto de comercialización, que terminó dejando disputas, muerte y sufrimiento, lo cual no quieren repetir de nuevo (2). Infortunadamente, la presencia de los actores externos y su propuesta de proyecto ya ha generado conflictos y profundizado divisiones entre el pueblo Ka’apor.

Debido al tenor de la situación, ya se ha hecho una denuncia ante Ministerio Público Federal (MPF), entidad que ha expresado que cualquier proceso que envuelva la consulta previa requiere dialogar con los dos grupos y el consenso debe llegar a buen término para ambos. (3).

Al consultar a Beto Borges, representante de Forest Trends, cuál sería la posición de la ONG en caso de no obtenerse el consenso al interior del pueblo Ka’apor, afirmó que el proyecto no debería continuar, lo que da cuenta de la relevancia del consenso en una decisión de esta trascendencia. Ahora bien, la respuesta del representante de Wildlife Works, Lider Sucre, difiere ampliamente, ya que no da relevancia al consenso. En lugar de ello, enfatiza en la decisión del colectivo: “Nunca habrá unanimidad absoluta. En un proceso comunitario siempre hay diferentes puntos de vista. Al final del proceso, acataremos la decisión del colectivo, ya sea a favor o en contra” (4). Lo anterior remite inmediatamente a la pregunta de ¿qué entiende el directivo como decisión del colectivo?, pues ya existe una decisión de una parte del colectivo, la cual rechaza el proyecto.

Como suele ser el modus operandi de estas organizaciones, Forest Trends y Wildlife Works han empezado a difundir información parcializada sobre REDD, al mismo tiempo que hay informaciones muy relevantes que no fueron socializadas. Por ejemplo, no se ha informado sobre las irregularidades, denuncias e impactos de otros proyectos REDD en los que Wildlife Works participa en República Democrática del Congo y Camboya (5). Mucho menos se le ha mencionado al pueblo Ka’apor las denuncias recientes de uno de los proyectos de tipo REDD que implementó Wildlife Works en Kenya.

En noviembre de 2023 el periódico The Guardian (6) publicó un reportaje basado en la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos de Kenya y la ONG SOMO (7), la cual da cuenta de la denuncia contra funcionarios de la empresa Wildlife Works en el proyecto Kasigau, en Kenya. Altos cargos han sido acusados recientemente de abuso y asedio sexual, cometidos durante más de una década. Hombres vinculados a la empresa se valían de su posición para exigir sexo a cambio de ascensos y mejores tratos. La investigación llevada a cabo por una firma de abogados keniana halló pruebas de "comportamiento profundamente inapropiado y perjudicial" por parte de dos personas.

El propio presidente de Wildlife Works, Mike Korchinsky, pidió disculpas por el dolor causado y reportó que tres personas fueron suspendidas, enfatizando que no se trata de un problema generalizado. A ese respecto, es preciso subrayar que, frente a estas, y otras, violaciones de derechos, en el marco de este tipo de proyectos (8), suele escucharse que se trata de casos aislados, cuando la reiteración de los hechos a lo largo del tiempo hace pensar en un carácter sistemático.

El problema fundamental detrás de estas gravísimas situaciones es que los proyectos REDD se fomentan y promocionan como una intervención exclusivamente positiva para las comunidades y los territorios, sin mencionarlos el historial de impactos negativos. Es decir, se oculta información esencial -completa, veraz e imparcial- a las personas que se enfrentan a la toma de una decisión sobre un proyecto en su territorio.

¿Cuál ha sido la respuesta del Tuxa Ta Pame del pueblo Ka’apor?

Al identificar la amenaza, el Tuxa Ta Pame determinó que era necesario buscar mayor información que permitiese entender de manera integral de que se trata el mecanismo REDD, cómo funciona, en qué está basado y cuáles serían las implicaciones para la población y el territorio.

Después de iniciar su propio proceso de investigación, los actores externos llegaron para entregar una explicación simplista y parcializada sobre lo que es REDD y la generación de bonos de carbono para financiar el proyecto, del cual se afirma que empezaría a dar beneficios con solo firmar las listas de asistencia a las reuniones. Pero miembros del pueblo Ka’apor vienen investigando, buscando otros puntos de vista y sobre todo conociendo la experiencia de otros pueblos con una posición definida al respecto. De esta forma ha llegado a sus propias conclusiones.

El consejo Tuxa Ta Pame y las comunidades organizadas en torno a éste entienden a REDD como “un mecanismo capitalista para camuflar y mantener el mundo contaminado y a los territorios amenazados en su autonomía. Porque transfiere responsabilidad del poder público al poder privado. Porque divide opiniones, monetiza los bienes naturales. Siempre defendemos el territorio porque creemos que él es nuestra vida. Nunca necesitamos recibir dinero para vivir y proteger la selva” (9).

En base a esta definición de REDD, decidieron llevar el tema al interior de sus procesos escolares y formativos, los cuales tienen lugar en tres núcleos de formación que orientan cinco centros de cultura y educación comunitaria Ka’apor. El tema pasó a ser parte del contenido de las actividades escolares y formativas, para lo cual elaboraron cartillas de conocimientos bilingües. Al finalizar el 2023 llevaban siete meses realizando actividades de formación que llevaron a la iniciativa de crear un protocolo autónomo comunitario Ka’apor, ahora en construcción.

¿Qué se requiere entonces para que la selva siga existiendo?

Garantizar condiciones para la permanencia del pueblo Ka’apor en su territorio, de manera segura y adecuada, lo que implica, entre otras cosas, respetar las formas propias de organización política, toma de decisiones y gestión de su territorio y medios de vida. Debe subrayarse, nuevamente, que los proyectos tipo REDD,  a menudo causan conflictos e impactos sin ni siquiera estar aprobados o en ejecución, generalmente se establecen en áreas con buen estado de protección de sus ecosistemas, como es el caso del Alto Turiaçu. Esas condiciones las ha garantizado el pueblo Ka’apor, basado en sus conocimientos, prácticas y relación con el territorio, sin necesidad de proyectos externos o mecanismos de mercado que condicionen u ordenen lo que debe ser hecho, según lo que indican quienes promueven tales proyectos y mecanismos.

Artículo elaborado por el Secretariado del WRM con base en entrevista realizada con miembros del Consejo de Gestión Ka’apor Tuxa Ta Pame.

(1) Porter-Bolland L. et al, 2012. Land use, cover change, deforestation, protected areas, community forestry, tenure rights, tropical forests. Forest ecology and management. Vol 268:6-17
(2) Video: Intercept Brasil, Empresa americana alimenta conflito indígena para lucrar com reparação ambiental, 2023.
(3) Article: Intercept Brasil, Empresa americana alimenta conflito indígena para lucrar com reparação ambiental, 2023.
(4) Idem 3
​(5) REDD-Minus: the rethoric and reality of the Mai-N´dombe  REDD+ Programme, 2020; Fortress conservation in Wildlife Alliance’s Southern Cardamom REDD+ Project: Evictions, violence, and burning people’s homes. “We’re proud of our work. The forest, the wildlife, you come to feel they’re yours”. 2021.
(6) The Guardian, Allegations of extensive sexual abuse at Kenyan offsetting project used by Shell and Netflix, November 2023.
(7) SOMO, Offsetting human rights. Sexual abuse and harassment at the Kasigau Corridor REDD+ Project in Kenya, November 2023.
(8) WRM, 15 años de REDD: Un mecanismo intrínsecamente corrupto, abril 2022.
(9) Entrevista a miembros del Consejo de Gestión Ka’apor Tuxa Ta Pame.