La comunidad de Ejido Pino Gordo, en el Estado de Chihuahua, formada por el pueblo indígena Tarahuamara (o Raramuri, como ellos se autodenominan) está luchando contra la tala ilegal que viene destruyendo los añejos bosques que rodean su poblado, ubicado en la Sierra Madre, a unos 1.400 kilómetros de Ciudad de México. Miembros de la comunidad manifestaron sus reclamos a las autoridades estaduales en Chihuahua: “No queremos que corten nuestros bosques” dijo Francisco Ramos, un líder indígena de habla raramuri. “No fuimos nosotros quienes plantamos los árboles sino Dios, para recolectar agua de lluvia y dar abrigo a los animales. Los árboles no son nuestros. Nosotros tan sólo los estamos cuidando” agregó.
Pino Gordo se encuentra próximo a otro poblado, llamado Coloradas de los Chávez, cuyos habitantes son de habla castellana. La legislación forestal aprobada en los últimos años promueve que las comunidades de los ejidos –asociadas tradicionalmente a la conservación de los bosques- dividan los bosques en lotes y celebren acuerdos de cosecha de madera con compañías privadas. De modo que el año pasado el gobierno federal otorgó un permiso permitiendo a dicha comunidad firmar contratos con un consorcio forestal, aún teniendo en cuenta que dichos bosques son hábitat de especies de fauna en peligro de extinción. Además, la compañía maderera invadió el territorio de la comunidad de Pino Gordo y realizó cortas allí. La empresa que opera en la zona tiene relaciones con un contratista regional de Parral y con un fuerte cartel de alcance nacional, que ejerce su influencia sobre las oficinas estaduales y federales.
A raíz de la oposición manifestada, los Raramuri recibieron amenazas de muerte. En abril de 1999 organizaron una protesta frente a las oficinas de gobierno en la capital del Estado, pero su queja no obtuvo respuesta alguna. Un representante del Ministerio de Medio Ambiente adujo que si México fuera a restringir la corta de los bosques por razones ambientales, arriesgaría ponerse en la misma situación que los EE.UU., donde actualmente la corta está vedada en la mayor parte de las tierras forestales. Ello no sería realista, dado que México no es un país desarrollado y necesita una “mayor flexibilidad” en el manejo de sus bosques. Tal punto de vista justifica la destrucción de los bosques en nombre del “desarrollo”. Asimismo pretende desconocer que este tipo de explotación no redunda en beneficio de los pueblos, sino en el de un puñado de empresas. Palabras como sustentabilidad ambiental o social no significan nada para esta concepción.
El caso de Pino Gordo revela una larga historia de intentos para privar a las comunidades de su tierra y sus bosques, en la que están implicadas varias instituciones oficiales, así como la comunidad vecina no-indígena formada por mestizos y un cartel maderero de nivel regional. Las autoridades ambientales se han negado a reconocer la validez de los reclamos de los raramuri por la tala ilegal en el ejido, que se viene dando desde diciembre de 1998. Las oficinas agrarias se han negado a dar su fallo en relación con la cuestión planteada por los raramuri, si bien han reconocido que hay un registro fraudulento del ejido presentado en 1995 por Raúl Aguirre, un líder local que se prestó a defender los intereses de los madereros.
Como respuesta a la protesta pacífica de los Raramuri realizada en abril de 1999 en pro del reconocimiento de sus derechos agrarios y de una inmediata prohibición del madereo en el territorio en disputa, el gobierno dispuso la detención transitoria de esta actividad. Sin embargo, el permiso de corta no fue revocado. También fueron denunciadas otras irregularidades, tales como una incompetente investigación por reclamos de daño ambiental realizada en agosto de 1998 y las condiciones secretas en que se otorgaron los permisos de madereo en Coloradas de los Chávez.
Fuente: Alejandro Villamar, 11/5/99.