El pasado 18 de marzo el Gobierno de Brasil lanzó una operación militar -similar a las acciones contra los pueblos indígenas que se dieron durante el período de la dictadura- para poner punto final a la lucha de los Tupinikim y Guaraníes por la demarcación de sus tierras tradicionales. El propósito de las autoridades fue claramente crear las condiciones necesarias para que los indígenas se vieran forzados a aceptar las imposiciones de Aracruz Celulose.
Las rutas de acceso a los poblados indígenas fueron ocupadas por personal armado de la Policía Federal. De esa forma se interrumpieron los contactos entre sus moradores y las organizaciones que habían estado apoyando su lucha. Los líderes de la CUT (Central Unica dos Trabalhadores), que habían participado de la demarcación iniciada el 6 de marzo, fueron arrrestados y tratados como delincuentes. Asimismo, los miembros del Movimento dos Sem Terra, que también habían apoyado la acción llevada a cabo por los indígenas, fueron expulsados de los poblados. Tal como se informó en el Boletín nro. 10, el misionero holandés Winfried Overbeek fue detenido en forma arbitraria por la Policía Federal y objeto de amenzas de expulsión del país.
La negociaciones entre el gobierno, los líderes indígenas y Aracruz Celulose se desarrollaron en Brasilia. En todo ese lapso se mantuvo aislados a los representantes indígenas, impidiéndose cualquier tipo de contacto con personas u organizaciones que pudieran brindarles apoyo o consejo.
Finalmente, el 2 de abril, los líderes tupinikim y guaraníes firmaron un acuerdo llamado “Términos de Ajuste de Conductas”, válido por un período de 20 años. De acuerdo con el mismo, los indígenas “aceptan” intercambiar los límites de sus territorios tradicionales -ocupados por Aracruz Celulose- por asistencia financiera suministrada por la compañía. El acuerdo fue suscrito también por el Presidente de FUNAI y representantes de la Oficina Fiscal Federal.
Los policías armados fueron mantenidos en la zona hasta el 8 de marzo, como forma de garantizar que el acuerdo obtuviera la aprobación de las comunidades indígenas. FUNAI promulgó un decreto (Dto. Nro. 268/98), que prohibe a los indígenas recibir en sus propias tierras a representantes de organizaciones que han estado en estrecha relación con ellos durante años.
La intención de las autoridades brasileñas de expulsar del país a Winfried Overbeek fue abortada por una decisión judicial, que aceptó el recurso de Habeas Corpus presentado por CIMI. Sin embargo, acto seguido la Policía Federal inició un proceso contra él, acusándolo de “realizar actividades políticas, o interferir directa o indirectamente en los asuntos internos del Brasil”. En caso de que sea declarado culpable, la pena va de uno a tres años de prisión. Fabio Vilas, otro miembro del equipo del CIMI fue denunciado por incitar a los Tupinikim y Guaraníes a cometir delito, en el caso de la acción de demarcación “ilegal” aludida.
Mientras tanto Aracruz Celulose celebra el acuerdo. Durante una visita a Comboios (el único poblado indígena que no participó en la demarcación y llegó a un acuerdo por separado) realizada el 19 de abril para celebrar el Día Nacional del Indígena, el Sr. Lorentzen, Presidente de la compañía, anunció que los U$S 500.000 originalmente estipulados como fondos que Aracruz otorgaría a ese poblado durante los proximos 20 años habían sido aumentados a U$S 2.000.000. Parece ser que el dinero no es un problema para Aracruz. Al mismo tiempo, no se aceptó el reclamo de 1.300 hectáreas adicionales realizado por Comboios y se les concedió, en cambio, solamente 121.
Pero no todos creen que la situación está para festejos. En un encuentro celebrado en el poblado de Caieiras Velhas, también para celebrar el Día Nacional del Indígena, representantes de otros cuatro poblados, junto a miembros del Parlamento y de instituciones académicas, líderes sindicales y el CIMI, denunciaron al gobierno brasileño y a FUNAI por su actitud en relación con el conflicto. Mucha gente de las comunidades se mostró disconforme con el acuerdo. Asimismo ya ha habido problemas vinculados con el dinero ofrecido por Aracruz. Por otra parte, como consecuencia del mencionado decreto de FUNAI, que literalmente aisló a los poblados tupinikim y guaraníes, se ha interrumpido el proyecto educativo que venía desarrollando en la zona CIMI junto a otras tres ONGs.
En una declaración fechada 20 de abril el CIMI establece:
“1. Consideramos el “acuerdo” ESCANDALOSO e INMORAL. El mismo fue obtenido por medios que lesionan seriamente los derechos fundamentales y las libertades garantizadas por la Constitución Federal, válidos para todos los individuos, incluidos los indígenas. Asimismo resulta extremadamente lesivo para los derechos y los intereses de las mencionadas comunidades indígenas y para su integridad física y socio-cultural. Por último es flagrantemente ANTICONSTITUCIONAL, ya que viola el Art. 231, par. 4, de la propia Constitución, donde se establece que las tierras indígenas son “NO TRANSFERIBLES” y ‘“NO ENAJENABLES”, por lo tanto NO NEGOCIABLES.
2. Rechazamos de plano el papel cumplido por el Presidente de FUNAI en todo este proceso, dado que quien tiene la obligación legal de proteger y hacer respetar los derechos indígenas nunca debería haber asumido una postura supuestamente imparcial, y mucho menos hacerse partícipe de las presiones en contra de tales derechos, que debió defender.
3. Denunciamos la política anti-indigenista del Gobierno Federal, que ha preferido violar la Constitución y sus sagrados derechos, que reconocen la demarcación de territorios tradicionales ocupados por los pueblos indígenas, beneficiando de ese modo los intereses de la compañía multinacional que invadió dichas tierras.
4. Reclamamos, en bien del interés público y de un estado respetuoso de la democracia y los derechos civiles, que los decretos nros. 253 y 268/98, que prohiben el ingreso de ONGs a los territorios indígenas tupinikim y guaraníes de Espírito Santo, sean inmediatamente revocados.
5. Destacamos las muestras de solidaridad que los indígenas han recibido de todas partes del país y del extranjero y en especial de la sociedad de Espirito Santo, que siempre ha estado a favor de su causa. Vale la pena resaltar que el apoyo y la solidaridad del MST, la CUT, el Partido dos Trabalhadores,organizaciones de Derechos Humanos y otras organizaciones de Espirito Santo fueron especialmente relevantes durante la acción de demarcación promovida por los propios Tupinikim y Guaraníes. Asimismo CIMI rechaza el uso de normas para impedir el ejercicio del derecho fundamental de dar muestras de solidaridad.
6. Deseamos manifestar a todos nuestra solidaridad con las comunidades tupinikim y guaraníes, víctimas de tantas presiones y reafirmar nuestro apoyo indeclinable a su lucha en pos de una real solución al problema, vale decir, la demarcación de las 13.579 hactáreas que se reclaman, con carácter de intransferibles y de derecho fundamental que ningún acuerdo pueda contravenir.
Brasilia-DF, 20 de abril de 1998”
CIMI ha iniciado un proceso de evaluación de este serio problema. Se solicita a las organizaciones que han apoyado esta lucha que se mantengan en estado de movilización e ideen estrategias futuras.
El WRM seguirá coordinanado actividades con el CIMI y las organizaciones brasileñas que han estado brindando su apoyo a la causa de los Tupinikim y Guaraníes. Condenamos enfáticamente el referido acuerdo, que es el resultado de una desembozada alianza entre las autoridades brasileñas y Aracruz Celulose. Consideramos que de hecho los Tupinikim y Guaraníes fueron puestos entre la espada y la pared y obligados a renunciar a sus legítimos reclamos.
Fuente: CIMI, abril de 1998.
