A principios de la década de 1980 el gobierno de Indonesia lanzó un ambicioso plan forestal titulado "Plantaciones industriales de madera (PIM) y desarrollo de la industria de la celulosa". En las primeras etapas de su desarrollo se afirmó que las plantaciones de madera para celulosa rehabilitaban la tierra degradada y reducían la presión sobre los bosques naturales. Esa propaganda engañosa estaba destinada sin duda a disfrazar un plan ambicioso del gobierno de Indonesia de convertir al país en uno de los principales productores de celulosa y papel del mundo.
Para llevar adelante este plan, el gobierno no solo aprobó un gran número de reglamentaciones que permitieron a los concesionarios talar bosques naturales, sino que también desembolsó millones de dólares en préstamos sin intereses, como incentivo para alentar a las corporaciones a participar en el negocio, con el beneficio adicional de poder extraer madera de las concesiones y recibir muchos otros privilegios políticos y económicos.
La expansión del proyecto se desarrolló sin problemas. Hasta 2001 se habían entregado más de 8 millones de hectáreas a aproximadamente 175 compañías para ser convertidas en PIM. Unos 5 millones de hectáreas del total se asignaron a plantaciones de monocultivos de árboles de crecimiento rápido (Acacia mangium y eucalipto). La producción de celulosa se disparó de 980.000 toneladas en 1987 a 8 millones de toneladas a fines de 2000. Esto determinó que Indonesia pasara de importador neto de celulosa a exportador neto.
Sin embargo, a medida que las plantaciones se expandieron, el proceso comenzó a generar gradualmente una cadena de desastres para el medio ambiente y la vida económica, social y política del pueblo indonesio.
No hay datos pertinentes que apoyen el argumento de que la industria de la celulosa es eficiente y productiva. Por el contrario, los datos oficiales han demostrado que solo 1,85 millones de hectáreas (23,5% del área total designada) se había plantado con árboles para satisfacer la demanda de las fábricas de celulosas. La cifra podría incluso ser más baja a nivel de campo, ya que a menudo las plantaciones se establecieron en tierras que no eran adecuadas para PIM, como los pantanos o turberas (por ejemplo, la empresa Asia Pulp and Paper Company en Jambi tenía una relación cualitativa-cuantitativa de 1:3, que significa que de cada tres árboles plantados en los pantanos solo 1 sobrevivía). La madera gratuita en las concesiones era obviamente la razón principal de la participación de las corporaciones en el negocio: una vez talado el bosque y extraída la madera, la concesión era abandonada sin que se hubieran plantado los árboles que supuestamente se debían plantar.
Los propios concesionarios de PIM tampoco mantuvieron sus plantaciones en buen estado. En 2002 el gobierno anuló la licencia de algunas PIM por diversas razones, entre ellas deudas impagas, mala administración y malversación del Fondo de Reforestación, demostrando así que las PIM no dieron un buen resultado.
Irónicamente, no se prestó atención a los sitios talados, que resultaron en la degradación de millones de hectáreas de tierra, que antes eran bosques primarios o fuentes de sustento para las comunidades locales, y que fueron convertidos en "tierra de nadie" (tierra abandonada). Esto a su vez alteró el equilibrio ambiental, y la acumulación estructural de degradación ambiental resultó en inundaciones, incendios de bosques y desprendimientos de tierras.
Para empeorar las cosas, resultó evidente que las siete fábricas de celulosa instaladas en Sumatra y Kalimantan estaban utilizando materia prima proveniente de bosques naturales. Los datos del 2003 del Ministerio de Bosques demostraron que en promedio cada una de las fábricas tenía un déficit de materia prima de entre 700.000 y 2.000.000 metros cúbicos por año, en tanto que las plantaciones sólo suministraban el 20-25% de la demanda total, y que la mitad de la madera proveniente de los bosques era extraída ilegalmente.
La cifra anterior podría ser mucho más alta si hubiéramos tomado los datos anteriores del ministerio. La estadística de manejo de bosques de 2001 mostró que mientras la demanda alcanzó a 25 millones de metros cúbicos de madera por año, la producción total de las plantaciones relacionadas fue de apenas 3,8 millones de metros cúbicos por año, lo que indica que 85% de la madera se extrajo de bosques y no de plantaciones.
Resulta obvio que las fábricas de celulosa seguirán recurriendo a los bosques naturales para satisfacer su demanda de materia prima. En marzo de 2004, un periódico nacional publicó declaraciones de las compañías Asia Pulp and Paper (APP) y Asia Pacific Resources International Holding Ltd (APRIL) que afirmaban que dejarían de recibir materia prima de bosques naturales en 2007 y 2008. Sin embargo, dudamos que esto se cumpla, porque su producción de PIM está muy por debajo de su capacidad industrial, como lo reveló la investigación de la red de ONG de Indonesia.
El sistema autoritario instrumentado por el gobierno en el sector forestal ha dado lugar a un sistema de licencias cerrado que ha alimentado la corrupción, la colusión y el nepotismo. En términos más técnicos, los procesos de asignación de tierras han suprimido la soberanía indígena y de las comunidades locales, produciendo como resultado conflictos sociales entre los concesionarios y las comunidades locales.
Según datos del Ministerio de Bosques, durante 1990-1996 se produjeron más de 5.700 conflictos por el establecimiento de PIM en toda Indonesa. Los conflictos consistieron mayoritariamente en la lucha por la propiedad de la tierra entre los pueblos indígenas y otras comunidades locales y los concesionarios.
En Porsea, Sumatera del norte, los conflictos entre la comunidad local y la compañía PT Inti Indorayon Utama (IIU) se agravaron hasta llegar al uso de violencia por parte de la compañía apoyada por el gobierno. Cientos de personas fueron atacadas, dejando como consecuencia a varias personas con una discapacidad permanente, en tanto muchas otras fueron encarceladas y varias murieron. La compañía destruyó además totalmente la armonía entre el medio ambiente y la comunidad local. Las áreas en los alrededores de la fábrica fueron contaminadas por el hedor del cloro, haciendo difícil la respiración. Las tierras de cultivo de arroz de la comunidad fueron contaminadas por los desechos químicos de la fábrica.
Después de largos años de lucha, la fábrica fue finalmente cerrada. Pero el sistema legal corrupto y las complejidades políticas llevaron a la reapertura de la empresa administrada por el magnate Radja Garuda Mas. La reapertura de la compañía a cargo de la Presidente Megawati con un nuevo enfoque, un nuevo nombre (PT Toba Pulp Lestari) y una nueva orientación (ya no producían rayón sino solo pulpa) mostró claramente que la mandataria estaba cerrando los ojos a la violencia militar utilizada contra la comunidad local.
Otras compañías han utilizado métodos diferentes pero igualmente opresivos. Por ejemplo, APP creó un tipo de milicia local (llamada PAM Swakarsa) para sofocar las protestas de la comunidad y lo mismo hicieron Indah Kiat Pulp & Paper y Riau Andalan Pulp & Paper. En Jambi, PT Lontar Papyrus y PT Wira Karya Sakti utilizaron inteligentemente su influencia para que la administración local contemplara sus intereses en las reglamentaciones locales; por ejemplo, lograron convertir la tierra designada para el cultivo de arroz en una PIM en las cercanías de Parit Pudin.
Se puede concluir que la pirámide de conflictos sociales generados por el establecimiento de fábricas de celulosa y PIM es el resultado de las políticas estructurales y sistemáticas aplicadas por el gobierno en connivencia con las compañías, y del paradigma de manejo de los recursos naturales y los conflictos, para el cual el medio ambiente y las comunidades son meros objetos.
Las expectativas excesivas de una industria de celulosa próspera han empujado al gobierno a violar sus propias reglamentaciones. El gobierno apoya las PIM no solo a través de un sistema de licencias poco claro y favorable a las compañías sino también a través de préstamos sin intereses como incentivo económico a esa actividad. Además, sigue generando políticas que favorecen a las compañías.
A fines de 2003, a través del Ministerio de Bosques, el gobierno dispuso algunas reglamentaciones ministeriales en relación al sector de PIM y emitió cuatro decretos ministeriales. Irónicamente, todos ellos referentes a privilegios de las PIM e ignorando los problemas existentes. Los decretos estipularon que se podía establecer cualquier tipo de PIM sin realizar estudios de factibilidad. De esa forma, se elude el tema del pésimo desempeño de las PIM y se abre camino al pragmatismo industrial y a los problemas ambientales y socioeconómicos. Los decretos también estipulan que tanto las PIM establecidas como las que no están en producción pueden alterar su estructura de inversión mediante la enajenación, lo que claramente pone en riesgo los fondos públicos (canalizados mediante préstamos del gobierno). Todo activo o acciones de una PIM que se venda al sector privado ya no será de propiedad pública.
Los problemas vinculados a la industria de la celulosa y las PIM han llevado finalmente a que se produzcan fenómenos naturales que deben soportar las comunidades: desastres naturales que aumentan su frecuencia, alcance e intensidad. Las PIM mal administradas dejan la tierra degradada o plantaciones con un pésimo mantenimiento. Esto podría alterar el clima, por ejemplo llevar al aumento de la temperatura local. A principios de 2003, se produjo un extenso incendio en Jambi. Casi 500 hectáreas de la PIM administrada por PT Dyera Hutan Lestari (PT DHL) ardieron durante 3 semanas debido al mal manejo, a la conversión de pantanos de turba en plantaciones que destruyeron la estructura de sedimentación del agua y barro, y a un mal sistema de canalización. En otra parte de Jambi, en las cercanías de Mendahara Ulu, la zona se inundó porque una PIM había destruido los bosques de manglares en el curso superior.
A comienzos de 2003 se produjo en Riau una gran inundación que duró casi un mes. La inundación destruyó casi todo a su paso y las pérdidas ascendieron a 764 mil millones de rupias, cifra equivalente al 64% del presupuesto regional de 2002. Un informe de la ONG indonesa WALHI reveló que la gran extensión de tierra convertida a plantaciones en el curso superior había causado la pérdida de la capacidad de infiltración del suelo, dando entonces lugar a erosión, sedimentación e inundación.
También en Riau, se produjo otra gran inundación a mediados de 2003, seguida de un incendio forestal que destruyó más de 245.000 hectáreas en menos de 23 días. Treinta y dos de las cincuenta y cuatro compañías que estaban desmontando bosques por quema eran PIM.
Inundaciones, desprendimientos de tierras, incendios de bosques y niebla tóxica no son la culminación del proceso de la naturaleza, sino producto de un manejo explotador, reglamentado por políticas económicas interesadas que ignoran el manejo sustentable de los recursos. Por lo tanto ha quedado demostrado que los desastres son estructurales, generados por políticas superestructuradas y funcionarios gubernamentales corruptos. Por ello, al analizar el sector de la celulosa y las PIM, resulta esencial comprender los roles de los actores y las políticas fuera del sector forestal –que directa e indirectamente se relacionan con los temas forestales.
Por: Rivani Noor, Rully Syuamanda, Rudy Lumuru y Longgena Ginting (documento presentado en la Reunión de estrategia sobre el papel de Forest Movement Europe-Taiga Rescue Network realizada en Helsinki, Finlandia, del 22 al 25 de abril de 2004).
