Nota de repudio sobre las violaciones de derechos cometidas por la empresa BR Arbo Gestão Florestal y su proyecto REDD+ Mejuruá en el estado de Amazonas, Brasil
Nosotras, mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes defensoras de territorios colectivos de diferentes países de América Latina, que nos reunimos en la Tierra Indígena Alto Turiaçu – Aldea Ararorenda del pueblo Ka’apor, en el estado de Maranhão, Brasil, entre los días 9 y 12 de septiembre de 2025, para debatir el mercado de carbono y los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) que avanzan y amenazan nuestros territorios, declaramos públicamente nuestro repudio a las violaciones de derechos cometidas en el marco del proyecto Mejuruá, en los municipios de Carauari, Jutaí y Juruá (Amazonas, Brasil), bajo responsabilidad de la empresa BR Arbo Gestão Florestal S.A.
El referido proyecto fue inscrito ante la certificadora Verra en 2023 para su registro bajo los estándares VCS y CCB por la empresa proponente BR Arbo Gestão Florestal S.A. (BR Arbo), que afirma ser propietaria de más de 900.000 hectáreas en el estado de Amazonas, en los tres municipios mencionados. El proyecto REDD+ abarca el 20 % de esa extensión, totalizando 123.762 hectáreas, y prevé la incorporación de nuevas porciones de tierra a lo largo del tiempo, pudiendo alcanzar un área de hasta 668.116 hectáreas.
En el documento de descripción del proyecto se afirma que fueron identificadas diez comunidades que viven dentro o en el entorno de su área de influencia: Riozinho, Vila Nova, Reforma, Lago Serrado, Ressaca, Santa Cruz, Concórdia, Marapatá, São João y Bacaba. Entre ellas, la comunidad de Riozinho, en Carauari, es señalada como la más impactada, por estar situada dentro de la zona de implementación del proyecto y depender del bosque para sus actividades tradicionales de subsistencia. Se trata de una comunidad que habita el territorio desde hace más de 50 años y que viene luchando por el reconocimiento de su territorio tradicional y por la regularización colectiva de la tierra. La comunidad de Riozinho está compuesta por poblaciones ribereñas y recolectores, que viven del corte de caucho, de la recolección de frutos como açaí, burití y patauá, y de actividades como la pesca y la caza.
En abril de 2024, la comunidad presentó una solicitud oficial ante la Secretaría de Estado de las Ciudades y Territorios de Amazonas (SECT/AM) para el reconocimiento territorial, proceso que ocurrió de manera paralela a las acciones de la empresa BR Arbo para implementar el proyecto Mejuruá.
La Asociación de Moradores del Bajo Riozinho (ASMOBRI) ha venido realizando denuncias sobre violaciones de derechos cometidas por la empresa BR Arbo en el proceso de implementación del proyecto. Entre las denuncias se encuentran la violación del derecho a la consulta previa, libre y informada, prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como prácticas de acoso, presión, cooptación y desinformación por parte de la empresa. Existen también denuncias de que BR Arbo contactó a moradores de la comunidad de Riozinho para la firma de contratos mediante los cuales cederían parcelas de 5, 10 o 15 hectáreas a cambio de apoyar el proyecto Mejuruá, informándoles que solo tendrían derecho a esas parcelas de tierra. Esto constituiría una cesión del propio territorio tradicional de la comunidad, cuyo derecho está garantizado independientemente de la ejecución del proyecto y de la actuación de la empresa BR Arbo.
Con base en las denuncias presentadas, fue emitida la Recomendación Legal n.º 1/2025 del 5.º Despacho de la Procuraduría de la República en el estado de Amazonas del Ministerio Público Federal (MPF), recomendando a la empresa BR Arbo y a la certificadora Verra la suspensión inmediata del proyecto Mejuruá en el estado de Amazonas. Tras las denuncias, el proyecto llegó a tener su solicitud de registro rechazada por Verra en abril de 2025, pero dicha decisión fue revertida en julio del mismo año, encontrándose actualmente el proyecto a la espera de aprobación del registro por parte de la certificadora.
En los últimos días, la situación de presión y amenazas sobre la comunidad se ha intensificado; hemos recibido las siguientes denuncias:
1. Presiones e intimidaciones directas
• Visitas domiciliarias individuales a moradores realizadas por la empresa con el objetivo de presionar la firma de documentos.
• Envío de mensajes con contenido amenazante, haciendo que las intimidaciones —antes veladas— se vuelvan ahora explícitas.
• Creación de un ambiente de miedo e inseguridad, especialmente entre familias con menor acceso a información jurídica.
2. Amenaza de judicialización y abuso de poder
• Anuncio de que, a partir del próximo año, la empresa iniciará acciones judiciales individuales contra los moradores que no firmen los documentos.
• Abuso del poder jurídico como instrumento de coerción, destacando que la empresa cuenta con “los mejores despachos y abogados”, haciendo inviable la defensa individual de las familias.
• Estrategia deliberada de debilitamiento de la asociación comunitaria, aislando a los moradores y rompiendo las formas colectivas de organización y defensa.
3. Violación de derechos territoriales y productivos
• Reducción drástica de las áreas de uso tradicional, con relatos de moradores que pasaron a recibir parcelas mucho menores que los territorios históricamente utilizados.
• Entrega de áreas insuficientes (8 hectáreas, por ejemplo) que no permiten la reproducción de los modos de vida tradicionales, inviabilizando actividades como la recolección de caucho, açaí y copaíba.
• Sustitución de áreas de tierra firme por áreas de várzea, muchas veces improductivas, con agua de baja calidad, inadecuadas para el cultivo y el manejo tradicional.
4. Discurso engañoso y manipulación de la información
• Narrativa empresarial según la cual los moradores estarían “recibiendo más de lo que merecen” y la empresa estaría siendo “muy generosa” al conceder derechos, lo que contradice la realidad territorial vivida.
• Alegación de que los beneficios iniciales fueron suspendidos porque la empresa tuvo que gastar recursos en acciones judiciales, responsabilizando a la asociación y al Ministerio Público Federal.
• Minimización de los impactos, presentando como beneficios acciones puntuales e ineficaces (kits, paneles solares, pozos artesianos), muchos de los cuales no funcionaron o fueron mal ejecutados.
5. Negación de la identidad de comunidades tradicionales
• Negativa de la empresa a reconocer a los moradores como comunidad tradicional, bajo el argumento de que ello les traería perjuicios.
• Intento de encuadramiento forzado como productores familiares, borrando el carácter tradicional y colectivo del territorio.
• Esta estrategia implica la retirada de derechos específicos, en contradicción con la legislación y los instrumentos de protección de las comunidades tradicionales.
6. Violación del derecho a la información y al consentimiento libre, previo e informado
• Retención o negativa de suministro de documentos completos e información transparente sobre el proyecto REDD a los moradores.
• Presión para la firma sin tiempo adecuado de análisis, sin asesoría jurídica independiente y sin debate colectivo.
• Violación directa del principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
7. Intentos de cooptación de liderazgos e ilegalidades institucionales
• Intentos de cooptación de liderazgos comunitarios por parte de la empresa, generando conflictos internos y deslegitimación de la representación colectiva.
• Firma de documentos por persona sin autorización, incluso con intento de simular la firma del presidente de la asociación.
• Uso de estas firmas irregulares para legitimar procesos y presionar a otros moradores a adherirse al acuerdo.
8. Amenazas explícitas de expulsión y pérdida del territorio
• Comunicación directa de que los moradores que no firmen los documentos “tendrán que irse” o “quedarán fuera” el próximo año.
• Uso del miedo a la pérdida total del territorio como instrumento central de coerción.
• Referencias al poder político y jurídico de la empresa (incluidas menciones a vínculos con altas instancias del Poder Judicial) como forma de intimidación simbólica.
9. Reconfiguración territorial en beneficio del proyecto
• Rediseño unilateral de los límites territoriales, priorizando los intereses del proyecto REDD.
• Apropiación por parte de la empresa de las áreas más productivas (tierra firme) y asignación de áreas degradadas o improductivas a las familias.
• Restricción del uso del territorio y desestructuración de los modos de vida tradicionales en nombre de la viabilidad del proyecto.
Ante el conjunto de presiones, intimidaciones, amenazas y violaciones de derechos relatadas por las comunidades tradicionales como consecuencia del proyecto REDD conducido por la empresa BR Arbo Gestão Florestal S.A., nosotras, mujeres defensoras de nuestros territorios:
• denunciamos la actitud de la certificadora Verra, que hasta el momento no ha adoptado una posición pública frente a las prácticas descritas. Verra debería adoptar medidas urgentes para cancelar el proceso de certificación;
• reafirmamos nuestro rechazo contundente a todas las formas de REDD+. REDD+ no es una solución; es una propuesta ilusoria y falsa, porque se trata de un negocio que mercantiliza la naturaleza, en el que intermediarios lucran, empresas y gobiernos continúan contaminando mientras nuestras comunidades son privadas de sus territorios, que son sus fuerzas vitales;
• expresamos nuestra total solidaridad y apoyo a la comunidad de Riozinho y a su lucha por el reconocimiento de su territorio tradicional y por la regularización colectiva de la tierra.
¡Esta lucha es nuestra!
17 de diciembre de 2025
Firman:
- Associação das Mulheres Munduruku Wakoborun - Brasil
- Associação dos Pescadores São José de Icatu Quilombola - Brasil
- Associação Indígena Extrativista da Aldeia Akamassyron Surui Aikewara- Brasil
- Associação do Povo Nawá (APINAWA) - Brasil
- Associação dos Moradores do Baixo Riozinho e Entorno (ASMOBRI) – Brasil
- Associação dos Moradores Agroextrativistas do Assentamento Acutipereira (ASMOGA) - Brasil
- Associação dos Moradores Agroextrativistas do Assentamento Peaex Acangata - (ASMOGAC) – Brasil
- Aty Ñeychyrõ – Argentina
- Coletivo de Mulheres Flor da Roça, Quilombo São José de Icatu – Brasil
- Comité Defensor de la Vida Amazónica en la cuenca del Río Madera (COMVIDA) - Bolivia
- Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) - Bolivia
- Red de Mujeres Indígenas Tejiendo Resistencias - Perú
- Tejido Unuma De La Orinoquia – Colombia
- Tuxa Ta Pame - Conselho de Gestão Ka'apor - Brasil
Firmas en apoyo:
- Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)
Para firmar em apoyo, enviar un correo electrónico a wrm@wrm.org.uy