El 26 de noviembre de 2004, la legislatura de la Provincia de Santa Fe aprobó una ley de emergencia ambiental que constituye una moratoria -suspensión- absoluta de desmonte, tala, deforestación, quema o destrucción de montes y bosques nativos por el término de 180 días, prorrogable por el poder ejecutivo a 180 días más.
Por otra parte, el 17 de diciembre último, el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 a cargo de la Dra. Iride Isabel María Grillo, de la Provincia del Chaco, hizo lugar a una Acción de amparo colectivo interpuesta por comunidades indígenas en defensa de sus territorios. En tal sentido, declaró inconstitucional la reforma de la ley de bosques, que permitía la tala del bosque sin límites, partiendo de la violación del deber de consulta a las comunidades indígenas y la violación de las obligaciones ambientales de parte del Estado chaqueño y por todos los efectos que ello causa, obligando a realizar una evaluación del daño sufrido por el monte chaqueño y a una evaluación de impacto ambiental y social de persistirse en tales acciones.
Para dicho fallo citó, entre sus fundamentos, parte del documento del Foro del Buen Ayre, una coalición de ONGs que estuvo presente en la 10ª Conferencia de las Partes (COP 10) de la Convención de Cambio Climático realizada en Buenos Aires, y que exigió detener todos los desmontes sosteniendo que "tanto por razones de protección de la biodiversidad, como por los múltiples servicios ambientales que ofrecen, también desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático, debemos proteger los últimos bosques que quedan en la Argentina”.
En el referido documento, el Foro del Buen Ayre reclama al Estado Nacional argentino que actúe para proteger a las comunidades y pueblos originarios que son despojados de sus tierras, y cuyas reservas naturales son licitadas para aprovechamiento particular. “El Estado Nacional no puede continuar ausente en este proceso de devastación de nuestros bosques”, se dice.
En el documento, las organizaciones del Foro del Buen Ayre sostienen que: “Son necesarios planes de ordenamiento territorial que aseguren la preservación de los bosques nativos, su biodiversidad y el uso del suelo con criterios de sustentabilidad. El Estado debe comprometerse con una política activa y responsable y no dejar librada la preservación de los bosques a la desigual correlación de fuerzas entre empresarios, vulnerables comunidades campesinas y gobiernos provinciales”.
Se identifican también las causas de una de las mayores catástrofes climáticas del siglo XXI enfrentadas por la Argentina entre marzo y abril del 2003. La provincia de Santa Fe sufrió una de las peores inundaciones de las que se tenga registro: en 10 días cayeron 400 mm de lluvia que afectaron 220.000 hectáreas, perjudicando a la población y a las principales actividades económicas de la zona. El saldo de la catástrofe fue de 130.000 damnificados, 30 muertos, 28.000 viviendas dañadas y pérdidas por más de 1.500 millones de dólares.
Uno de los factores coadyuvantes para que las inundaciones se transformaran en una verdadera tragedia fue la pérdida sostenida durante las últimas décadas de superficie boscosa en las cuencas de ríos como el Salado (ver boletín del WRM Nº 85). Esta deforestación tiene su principal causa en la expansión agrícola. Desde 1999 el trabajo incesante de las topadoras en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos ha permitido la expansión de los cultivos de soja en más de 2.000.000 de hectáreas. En la región chaqueña, que es una de las más afectadas, se estima que de continuarse con esta práctica, para el año 2010 se desmontarán unas 4.300.000 hectáreas.
Dicha deforestación es, a su vez, un aporte notable a las emisiones de carbono y por ende, al incremento del calentamiento global. En un trabajo reciente de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se efectuó una evaluación actualizada de las emisiones provenientes de la deforestación en los distintos ambientes forestales. Los datos presentados señalan que, en la actualidad, Argentina posee una gran fuente de emisiones producto de la deforestación en la región Noroeste del país, Parque Chaqueño y Selva de Yungas.
En una situación desalentadora en la que los bosques nativos ocupan hoy sólo el 14% del territorio nacional -mientras que en el año 1914 ocupaban el 39% de la superficie- las organizaciones locales consideran positivas ambas resoluciones, que siquiera dan un respiro a la arremetida de los intereses comerciales que arrasan con la vida misma.
Será cuestión de aprovechar ese espacio para trabajar socialmente en la visualización de modelos productivos que restañen la separación entre producción y naturaleza y permitan desenterrar los saberes locales y sus formas de relacionarse con el mundo, que seguramente mucho tienen que aportar para lograr una integración recíproca de los sistemas.
Artículo basado en información obtenida de: “Urgente, Santa Fe declaró la emergencia ambiental y frenó los desmontes por ley”, http://www.greenpeace.org.ar/noticia.php?contenido=4432&item=&seccion=4; “Chaco: fallo a favor de comunidades indígenas”, http://www.argentina.indymedia.org/news/2004/12/248289.php; “El Cambio Climático y la agenda local”, documento del Foro del Buen Ayre, correo electrónico: marem@lq.com.ar, www.foroba.org.ar, enviado por la Dra. Anna Petra, correo electrónico: annapetra@cabledosse.com.ar