Organizaciones sociales, gremiales, indígenas y ambientalistas de Bolivia han condenado enérgicamente y encarado acciones para enfrentar dos recientes decretos promulgados por el gobierno, por los cuales se garantizan las actividades de corta ilegal que realizan ciertas empresas en detrimento de los bosques del país y de su gente.
El Decreto No 25561 del 27/10/99 legaliza la madera talada ilícitamente en las tierras comunitarias pertenecientes a pueblos indígenas y en áreas protegidas. La medida está en flagrante contradicción con la Ley Forestal, que fue promulgada con el objetivo de lograr la utilización sostenible, la protección de los bosques y tierras forestales, armonizando el interés social, económico y ecológico del país. En la Ley se establece claramente que es un delito la utilización y comercialización de recursos forestales sin autorización concedida por la autoridad competente.
Sin embargo, el nuevo decreto otorga a la Superintendencia Forestal la facultad de cobrar impuestos sobre la madera ilegalmente talada, que entonces se vuelve legal. Como consecuencia la madera talada ilegalmente recibirá el mismo tratamiento que la cortada legalmente, de modo que puede decirse que es el propio gobierno quien promueve actividades ilegales. La única explicación lógica -aunque puede haber otras que no lo sean tanto- parece ser que el gobierno está admitiendo su incapacidad para impedir el madereo ilegal y que la única "solución" que ha encontrado es poner un impuesto al delito. Si es esto lo que está pasando, significaría la peor solución posible para los bosques y su gente.
Fuente: Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), 18/11/99;