La construcción del gasoducto Bolivia – Brasil, que realizaron las petroleras Shell y Enron, ha afectado un área de 6 millones de hectáreas de bosque Chiquitano, en el cual habitan 178 comunidades indígenas y campesinas, que por cientos de años han estado en manos de los indígenas chiquitanos y ayoreos.
Para otorgar el crédito de 200 millones de dólares necesarios para la construcción del gasoducto, la agencia norteamericana de fomento a las exportaciones, OPIC (Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero) exigió a Enron la implementación de un plan de conservación del bosque seco Chiquitano.
Para cumplir el requisito exigido por la OPIC, las empresas Enron, Shell y su subsidiaria en Bolivia TRANSREDES crearon el “Programa para la Conservación del Bosque Chiquitano" que luego pasó a llamarse Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), asociándose con 4 ONGs. A mediados del año 1999 una de las organizaciones que originalmente era parte del Programa renunció alegando “falta de transparencia, conflictos de intereses entre los ejecutores y falta de representación y participación de los sectores afectados en la toma de decisiones".
El compromiso firmado entre las empresas petroleras Enron y Shell y las ONGs conservacionistas, establece un financiamiento de 30 millones de dólares para 15 años (provenientes de aportes voluntarios efectuados por dichas empresas), para ser utilizados en actividades de conservación resultantes de un plan previamente elaborado por la Fundación (FCBC).
Pero como era de prever con la Shell y Enron por detrás las cosas no iban por buen camino. A mediados del año 1999, la CPESC (Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz) presentó la primer denuncia contra la Fundación por violación de leyes y derechos de pueblos indígenas. A partir de ese momento una cadena de acciones legales ha comenzado. Las irregularidades y anomalías que se denuncian contra la FCBC son muchísimas. Se refieren a que el trabajo de la FCBC crea división entre las organizaciones actuantes en la zona, avasalla territorios y comunidades indígenas y campesinas sin contar con su acuerdo y consenso, establece convenios ilegítimos que no consideran las opiniones de las comunidades locales, realiza investigación científica que atenta contra los derechos intelectuales de las comunidades, negocia con recursos naturales que no le pertenecen, entre otras.
Las pueblos chiquitanos, guarayos, ayoreos y guaraníes afectadas demandan que:
Se efectivicen las garantías constitucionales y administrativas vigentes que impidan el funcionamiento y operación de la FCBC en el bosque seco chiquitano mientras no exista el consenso de las organizaciones y comunidades afectadas; que el Gobierno nacional aplique la ley garantizando respecto de los derechos campesinos e indígenas y exija a las empresas Enron y Shell den cumplimiento a las resoluciones emitidas por autoridades competentes; que las instancias gubernamentales competentes, no den curso a la solicitud de personalidad jurídica solicitada por la FCBC; que se de participación directa de las organizaciones campesinas e indígenas en las instancias de decisión y administración para la conservación del bosque chiquitano; reorientar los mecanismos de conservación del bosque chiquitano en el marco de las leyes vigentes y especialmente restituyendo y garantizando la vigencia de los derechos estipulados en el Convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por ley 1257 de 1991.
Una vez más, son los pueblos indígenas quienes intentan proteger el bosque, que por años han manejado sustentablemente, frente a la destrucción provocada por el "desarrollo" y disimulada con supuestos proyectos de conservación que constituyen un atentado más contra sus derechos.
Articulo basado en información obtenida de: Foro Ecológico y Social; Voces Indígenas.