En 2004, el director del grupo a cargo del Proyecto Piloto de Manejo y Control de Concesiones Forestales (FCMCPP por sus siglas en inglés) del Banco Mundial describió el sistema de concesiones forestales de Camboya como “inadecuado en el papel, disfuncional en la realidad”. Podría haber agregado que todos los concesionarios han cometido infracciones legales o contractuales y vastos saqueos a lo que el Banco Mundial denominó “el recurso natural de Camboyamás importante en términos de desarrollo”. Estas consideraciones no han evitado, no obstante, que el Banco Mundial invirtiera cinco años en apoyar a este mismo sistema de manejo defectuoso y sus operadores piratas.
En el año 2000, el Banco lanzó el proyecto FCMCPP de U$S 5 millones, con el objetivo de reformar el sistema de concesiones de Camboya a través de la asistencia técnica a la Administración de Bosques y a los concesionarios del madereo. El FCMCPP estuvo asociado a un Crédito de Ajuste Estructural (SAC por sus siglas en inglés) de US$ 30 millones que recibió el país. El Banco condicionó la liberación de la segunda partida de US$ 15 millones de este préstamo al progreso en la reforma del sector forestal.
Vincular el desembolso del préstamo con el desempeño del gobierno en el tema bosques tenía sentido. A la inversa, la hipótesis del Banco de que era posible hacer funcionar el sistema de concesiones existente estaba completamente fuera de lugar. Para el momento en que se inició el proyecto, Global Witness y otros habían estado documentando las actividades de los concesionarios –el madereo ilegal, el abuso de los derechos de la población local y la evasión de las regalías de venta al por mayor- a lo largo de varios años. Al basar los objetivos de su proyecto en el presupuesto de que se debía mantener el sistema, el Banco fusionó imprudentemente sus intereses con los de las compañías madereras y sus patrocinadores gubernamentales.
La decisión del Banco de usar el dinero del préstamo para beneficiar a las compañías madereras infringió su Política de Bosques de 1993. Los arquitectos de FCMCPP, sin embargo, se habían anticipado casi dos años a la introducción de una nueva política más permisiva; de hecho los documentos del proyecto de 2000 predecían que la revisión de la política del Banco de 1993 “debe construir la legitimidad para la participación en la explotación de bosques de producción”. El FCMCPP parece haber sido concebido para justificar los futuros proyectos forestales del Banco que involucren el apoyo directo a la tala comercial.
El principal componente del proyecto ha implicado ayudar a las compañías a cumplir los requerimientos del gobierno de nuevos planes de manejo sustentable de bosques y evaluaciones de impacto social y ambiental. El personal del proyecto evaluó luego los mismos planes que ellos habían ayudado a producir, utilizando un sistema de puntajes que asignaba una importancia abrumadora al volumen de madera en pie y no a la calidad de la planificación o la consulta pública.
Los esfuerzos para reducir las prohibiciones a las compañías y de diluir o evadir las normas han sido la marca característica del FCMCPP. El Banco ha instado a diferir las evaluaciones completas de impacto social hasta que las compañías obtuvieran la aprobación para sus planes de manejo de nivel estratégico (25 años). También ha argumentado en contra de exigirles a las compañías el cumplimiento de los plazos acordados. En diciembre de 2001, luego de que ninguno de los concesionarios enviara sus planes de manejo a tiempo, el gobierno camboyano suspendió la tala y el transporte de rolos. El Banco, sin embargo, presionó con éxito para levantar la prohibición del transporte, erosionando así uno de los pocos puntos de influencia sobre las compañías.
En noviembre de 2002, el Banco aceptó tomar en cuenta la obligación legal del gobierno camboyano de revelar públicamente los planes de manejo de los concesionarios. Sin embargo, cuando los pobladores locales fueron a la oficina del Banco Mundial en Phnom Penh a solicitar los documentos, el personal del Banco les anunció que no disponían de fondos suficientes para las fotocopias. En las semanas siguientes, las compañías y los funcionarios organizaron tardíamente consultas públicas para discutir los planes. Aunque varias consultas fueron imposibilitadas por la intimidación, el vice-presidente regional del Banco las declaró satisfactorias.
Los esfuerzos del FCMCPP por ayudar a los concesionarios en todo el proceso de planificación del manejo de bosques llegó a un punto crítico a mediados de 2004, cuando el equipo de proyecto recomendó que el gobierno camboyano aprobara los planes de nivel estratégico de seis compañías madereras. Los documentos de planificación del FCMCPP establecen que “los planes de gestión y operaciones de las concesiones desarrollados con la ayuda de asistencia técnica servirán como modelos para planes similares a desarrollarse, subsecuentemente, en todas las concesiones en operación”. Dada la calidad de los planes que el proyecto recomendó para su aprobación, uno solo puede desear que esa expectativa no se concrete. Los puntos destacados de los seis “modelos” incluyen la intención declarada de los concesionarios de talar los árboles de resina de los pobladores locales en clara infracción de la ley, propuestas de exclusión ilegal de la población local de las áreas de las concesiones y textos plagiados de planes de otras compañías. El Banco puede argumentar que sus intervenciones han brindado apoyo a un conjunto de objetivos colectivamente acordados sobre la reforma forestal pero en realidad, han servido para socavar las salvaguardas diseñadas para excluir a las compañías predadoras y habilitar a los ciudadanos comunes de Camboya a hacer rendir cuentas a las demás.
Gracias al FCMCPP, las seis compañías cuyos planes respaldó están ahora en una posición más fuerte que antes que el proyecto comenzara. Es improbable que ninguna de ellas hubiera tenido la oportunidad de pasar la etapa de planificación de nivel estratégico sin la asistencia provista por el FCMCPP, tanto a través del asesoramiento técnico brindado para el bosquejo de los planes como en el enfoque excesivamente complaciente que utilizara para evaluarlos. Además, como ya se demostró, las seis compañías ahora pueden utilizar el respaldo del Banco para desviar las críticas a sus operaciones. Durante los próximos 25 años, o más bien hasta que hayan terminado de liquidar sus concesiones, las seis compañías se presentarán como los concesionarios que han obtenido el sello de aprobación del Banco Mundial. Al mismo tiempo, el Banco no ha logrado introducir ningún cambio en el funcionamiento del sector forestal que pueda persuadir a las compañías a mostrar un poco más de respeto por la ley y los derechos de la población local, una vez que reanuden la tala.
Las desventuras del Banco en la reforma del sistema de concesiones no persuadieron al gobierno camboyano a acatar las condiciones para el desembolso de la segunda partida de US$ 15 millones del SAC. Con la fecha revisada para la liberación de la partida (diciembre de 2003), acechando en el horizonte, seguían sin cumplirse muchas de las condiciones, en particular el requerimiento de que los concesionarios completaran el programa de reestructuración y planificación. Ansioso por pasar raya al conflictivo SAC, el Banco declaró -faltando a la verdad- que el único compromiso que todavía tenía que cumplir el gobierno era la designación de un nuevo monitor independiente del sector forestal. Esta condición fue entonces inmediatamente cumplida al poner el Banco, a través del FCMCPP, el dinero para contratar a la empresa suiza SGS para que cumpliera ese rol. El dinero del SAC fue debidamente desembolsado; sin embargo el juego de manos del Banco agravó seriamente el deterioro de su credibilidad.
La críticas de años no han generado cambios sustanciales en el enfoque del Banco en Camboya. Hay señales de que hay quienes dentro del Banco reconocen que se han cometido errores graves. Sin embargo, resulta crítico que el personal de alto rango se haya rehusado hasta ahora a enfrentar los errores y reparar el daño causado. En febrero de este año, un grupo de camboyanos apoyados por ONGs presentaron un reclamo ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, expresando su preocupación ante el hecho de que el FCMCPP ha aumentado sustancialmente la probabilidad de que las comunidades vuelvan a sufrir daños a manos de los concesionarios madereros en el futuro próximo. Luego de una visita a Camboya a mediados de marzo, el Panel hará una recomendación al directorio del Banco Mundial a comienzos de abril sobre si debe conducir o no una investigación completa sobre las actividades y los impactos del proyecto.
Para obtener más detalles sobre el reclamo presentado ante el Panel de Inspección, póngase en contacto con Mike Davis en mdavis@globalwitness.orgPara obtener un resumen de los temas que rodean a la liberación de la segunda partida del SAC por parte del Banco Mundial, consulte el artículo de Global Witness en http://www.phnompenhpost.com/TXT/comments/c1301-1.htm
Por Global Witness, correo-e: mail@globalwitness.org