El río Biobío nace en los lagos de Icalma y Galletue en los Andes, al sur de Chile, y fluye durante 380 kilómetros a través de bosques, tierras agrícolas y ciudades para desembocar en el Océano Pacífico, drenando una cuenca de 24.260 km2. Más de un millón de personas utilizan los recursos del Biobío como agua potable y de riego, recreación y pesca.
En la década de 1990 la corporación española ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad S.A.) comenzó a implementar su plan de construir seis hidroeléctricas a lo largo del Biobío, con una capacidad total de 2.300 megavatios. Los planes para represar el Biobío se remontan a los años ’50, época en que la generación de energía eléctrica en Chile estaba todavía en manos del estado. La primera de estas represas --llamada Pangue-- fue culminada en 1996 y actualmente la compañía está trabajando en la construcción de la represa Ralco, que es la mayor de las proyectadas sobre el Biobío.
Durante la construcción de la represa de Pangue, iniciada en 1990, se produjeron severos impactos en detrimento de los bosques y de los indígenas pehuenche, habitantes tradicionales de la región, que se resisten a ser desplazados de sus tierras. El papel que jugó la Corporación Financiera Internacional (CFI) --rama para el sector privado del Banco Mundial-- fue severamente cuestionado debido a su falta de transparencia y al apoyo financiero concedido a un proyecto a todas vistas insustentable. Durante una visita a Santiago realizada en abril de 1998, el Sr. James Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, admitió que el apoyo del Banco a la represa de Pangue había sido un error, y que el Banco había hecho “un mal trabajo” durante la evaluación del impacto ambiental del proyecto, puesto que la población pehuenche que vive en la zona no había sido consultada. Sin embargo, esta triste historia vuelve a repetirse en el caso de Ralco.
La construcción de la represa de Ralco --con capacidad de generación de 570 megavatios-- comenzó poco después de la conclusión de las obras en Pangue, dado que ambas represas habrán de entrar en actividad conjuntamente. En realidad la represa Ralco fue diseñada para regular el flujo hídrico hacia Pangue y las otras represas propuestas río abajo. Este embalse, de 155 metros de alto, con un reservorio que ocupará 3.400 hectáreas, habrá de desplazar a más de 600 personas, entre ellas 400 indígenas pehuenche. La represa inundará más de 70 km del valle del río, sumergiendo así los ricos y diversos bosques allí existentes y destruyendo su biodiversidad.
Los Pehuenche, apoyados por el Grupo de Acción por el Biobío, llevaron el caso a los tribunales y paralelamente emprendieron acciones directas en el terreno a fin de evitar que los trabajos para la construcción de Ralco continuaran. Ellos se niegan rotundamente a abandonar sus territorios ancestrales y a aceptar los planes de reasentamiento propuestos por ENDESA para ubicarlos en una zona alta de los Andes, donde reinan duras condiciones durante el invierno. La realidad está dando la razón a quienes se oponen a la reubicación: unas pocas familias que ya fueron trasladadas al área de El Huachi y El Barco han denunciado públicamente que ENDESA ha incumplido el compromiso asumido cuando les cedieron sus tierras. Las mismas están sufriendo por las miserables condiciones en que se encuentra su ganado durante los largos meses de nevadas, la falta de asistencia técnica, la escasez de leña y las carencias en asistencia médica. Las mujeres pehuenche están teniendo una actuación relevante en la lucha, enfrentando la arrogancia de ENDESA y la indiferencia de las autoridades chilenas.
A pesar de la creciente preocupación a nivel nacional e internacional por los graves impactos provocados por las represas en la zona del Biobío, la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Canadá ha ofrecido U$S 17 millones a ENDESA para la adquisición a la empresa ABB Power Canada, de Tracy (Quebec), del equipo de generación necesario para la planta generadora de la represa Ralco.
El futuro de los pehuenche y de la represa Ralco está ahora en manos de la justicia. En esencia se trata de una batalla judicial entre la Ley Indígena de 1993, cuyo espíritu es proteger las tierras de las poblaciones indígenas, y la Ley de Electricidad, aprobada en la época de Pinochet, que promueve proyectos de generación eléctrica en todo el país. No obstante mucho depende de la mobilización del pueblo pehuenche por la justicia ambiental y del apoyo que sea capaz de obtener a nivel nacional e internacional. En este contexto, la decisión de la Fundación Heinrich Böll de otorgar el Premio Petra Kelly 2000 a dos mujeres pehuenche --Berta y Nicolasa Quintremán Calpán-- constituye un reconocimiento a su lucha por los derechos de los mapuche pehuence y una muestra del creciente apoyo internacional que está teniendo su lucha.
Artículo basado en información obtenida de: Lang, Chris et al., "Dams incorporated. The record of Twelve European Dam building Companies", A Report by the Corner House published by the Swedish Society for Nature Conservation, February 2000; Boletines del WRM nros. 11 y 41.