Costa Rica: empresa minera canadiense pretende silenciar oposición

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Una vez más una empresa extranjera es motivo de conflicto para los pobladores de la Provincia de Puntarenas. La empresa Río Minerales, subsidiaria de la transnacional minera canadiense Wheaton River Minerals Ltda. recibió a comienzos de este año los permisos ambientales para abrir una mina de oro a cielo abierto en Bellavista de Miramar para extraer 60 mil onzas anuales de oro durante 7 años mediante la técnica de lixiviación en pilas utilizando cianuro.

La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone su agotamiento. Utiliza, de manera intensiva, grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material removido.

Para desarrollar todo este proceso, se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie, dando como resultado cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. Las consecuencias son: la producción de grandes cantidades de desechos sólidos y líquidos, los impactos sobre las poblaciones aledañas y la transformación completa del entorno junto a una severa modificación de la morfología del terreno (por información más detallada sobre los impactos ambientales y sociales de la minería de oro ver: http://semueve.netfirms.com/arch_minas/mineria_links.htm#articulos ).

Sabedora de los graves impactos que acarrea la minería de oro a cielo abierto, Marta Ligia Blanco Rodríguez, educadora y regidora de Montes de Oro, provincia de Puntarenas, se declaró contraria a las actividades de Río Minerales, al igual que el alcalde, Roberto Aguilar y el resto de los regidores comunales. Para la regidora, este proyecto arriesga la fuente de agua y el derecho a una vida sustentable para su cantón. Como resultado de su oposición, actualmente enfrenta una demanda judicial presentada por la empresa minera. El poder de la empresa canadiense parece ser tan grande, que en setiembre de 1999 fue exonerada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de realizar un Estudio de Impacto Ambiental (con la excusa de que ya existía un estudio aprobado en 1986), exigiéndosele tan solo un Plan de Gestión Ambiental.

Según pobladores de la zona, el juicio contra Marta Blanco tiene claros fines intimidatorios, refleja el poder de las transnacionales y responde a intereses creados en torno a la explotación minera; intereses que no son, por supuesto, los de la comunidad de Montes de Oro. Esta afirmación se confirma cuando Río Minerales presenta la demanda por "difamación de persona jurídica", sosteniendo que la regidora responsabilizó a la empresa por "la tala de miles de árboles", cargo que la empresa descarta por tener permiso para las excavaciones.

La empresa alega además que la regidora Blanco y sus compañeros del Concejo tienen por política "oponerse a todos los proyectos". Por su parte, la regidora municipal cuenta con el apoyo de los vecinos de la comunidad, que no quieren que se establezca la mina de oro a cielo abierto. Ante un intento de conciliación, la empresa minera pretendió que la regidora renunciara a su puesto para evitar que tanto ella como el Concejo Municipal en pleno continuaran oponiéndose a la apertura de la mina. El intento fracasó ante la clara intención de coartar la libertad de expresión de los representantes comunales.

Sonia Torres, vecina de Miramar, señaló que este juicio se enmarca dentro de las políticas que siguen las transnacionales con las personas en cualquier parte del mundo que se opongan a sus intereses. "Hace 4 años yo también fui enjuiciada en ese mismo tribunal por no haber cedido a las medidas de amedrentamiento hechas por empleados de Posesiones Gran Galaxie S.A., subsidiaria de la empresa minera canadiense Rayrock, dueña del proyecto minero Bellavista en ese entonces.

Parece que estas compañías se han acostumbrado a enjuiciar a quienes ejercen la libertad de expresión en defensa del medio ambiente, la salud y la vida en Costa Rica. ¿No será hora de que el gobierno de este país, aparentemente tan preocupado por la temática ambiental, se ponga del lado de quienes defienden el ambiente y detenga la expansión de esta actividad minera destructiva?

Artículo basado en información obtenida de: Gabriel Rivas - Coecoceiba / FoE Costa Rica; Sonia Torres, Frente del Pacífico de Oposición a la Minería de Oro; diario La Nación.