El proceso de certificación para camarón orgánico en el Ecuador es impulsado por Naturland, certificadora alemana que inicia desde 1996 procesos para certificar a empresas camaroneras en el país y lograr la acreditación de un sello verde que permita a los empresarios exportadores ingresar a mercados con mejores precios y estándares de calidad. Los principales mercados del camarón orgánico son Alemania, Suiza, Francia y Reino Unido.
En el Ecuador existen certificadas alrededor de 1.000 hectáreas de piscinas camaroneras. Parte del proceso de certificación necesita el cumplimiento de las normas Naturland -realizadas con apoyo de la agencia de cooperación alemana GTZ- , de la legislación nacional y además la consecución de beneficios sociales derivados de esta actividad.
La certificación es vista por algunos sectores ambientalistas como un espacio para promover la participación multisectorial -ONG, sector privado y sector gubernamental-, aunque la participación de las comunidades involucradas en el proceso aparezca como algo secundario. Ven como potenciales beneficios de la certificación ambiental en el Ecuador lo siguiente: acceso a los mercados, costos reducidos, beneficios sociales y aumento de empleo.
* Acceso a los mercados: “esperan atraer consumidores verdes que pagarían precios más altos por productos que garantizan impactos ambientales más bajos en sus procesos de producción” aunque en el caso de la mayoría de consumidores alemanes de la empresa Deutsche See, que vende camarón “ecológico” desde el 2003 de las granjas camaroneras certificadas por Naturland, y que es el proveedor de pescado más grande de Alemania, ni siquiera saben que el 40% proviene de acuaculturas, creen que están comprando pescado silvestre, y suponen que además existe un respeto al ambiente, a las comunidades y a las leyes del país de origen del producto, lo que en la práctica no sucede.
* Costos reducidos por ahorros en la compra de agroquímicos y beneficios para las firmas: entre los que están “relaciones menos conflictivas con los trabajadores, comunidades locales y grupos ambientalistas, reducción de la erosión y otros beneficios ambientales y económicos”. Las ventajas comparativas de producir en el sur también reducen los costos: menores regulaciones ambientales, mano de obra barata, y no se consideran los costos ambientales por la destrucción del manglar, por lo que resulta mucho más alta la deuda ecológica generada por esta actividad exportadora.
* Beneficios sociales: “la reducción de químicos tóxicos, provisión de equipo de trabajo básico para los trabajadores, construcción de infraestructura sanitaria básica y provisión de áreas de recreación y servicios sociales ha mejorado el bienestar y productividad de los trabajadores. Estos beneficios son experimentados por las comunidades locales”. En el caso de las piscinas camaroneras no se evidencia esta mejora para las comunidades locales, que siguen enfrentando la restricción de tierra disponible para agricultores, pérdida del libre acceso a remanentes de manglares, pérdida de recursos acuáticos, que significa la reducción de sus ingresos y pérdida de calidad de vida.
* Aumento de empleo: “El crecimiento de las exportaciones ha generado mayor empleo”, es una afirmación que en el caso de la actividad camaronera no coincide con la realidad; producto de la crisis del sector, el número de trabajadores ha disminuido y el nivel de empleo de las piscinas camaroneras es bastante bajo, además que el empleo es temporal, por lo general no se contrata trabajadores de la misma zona y las condiciones de trabajo no son las mejores. Si confrontamos esta afirmación con el número de empleos perdidos por la destrucción del manglar y por la afectación a la pesca tradicional, actividades que eran realizadas familiarmente, el saldo es negativo para la industria camaronera.
Esta visión sobre los potenciales beneficios de la certificación no considera que al fomentar estas actividades para la exportación, apostándole como modelo, esto se lo hace en desmedro de la soberanía alimentaria, y actividades exportadoras como camaroneras, palmicultoras, bananeras, florícolas, han mostrado sus efectos negativos en el país.
La certificación de piscinas camaroneras no ha traído consigo beneficios sociales ni ambientales, no se han revertido áreas de manglar reforestadas al ecosistema y aún subsisten problemas con las comunidades aledañas que no tienen libre acceso a las áreas de manglar aun existentes y que además no ha sido consultadas.
Las normas y procedimientos empleados en los procesos de certificación no son transparentes, la información no es pública, no han sido consultados, ni cumplen con la legislación nacional.
En la práctica, empresarios grandes se benefician con un discurso verde pero que no corresponde a lo que sucede en el sector, ni siquiera al cumplimiento de las normas que están obligados a seguir para obtener la certificación. Están más preocupados por limpiar su imagen.
La certificación responde exclusivamente a un problema de los consumidores del norte de asegurar un alimento “más limpio”, antes que a mejorar las condiciones de los ecosistemas de manglar y de las comunidades locales.
El modelo de desarrollo en el que se enmarca la certificación privilegia las exportaciones de productos para satisfacer el consumo de países industrializados antes que para mejorar la producción para el mercado nacional, aún a costa de la destrucción de ecosistemas, del desplazamiento de población y de poner en riesgo a los usuarios ancestrales de los ecosistemas costeros.
Por Ricardo Buitrón C., correo electrónico: manglares@accionecologica.org
Versión resumida del informe "Certificación de camarón orgánico. Sello Verde a la impunidad", disponible en: http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/camaron.html