Ecuador: el gobierno enfrenta un desafío en el Parque Nacional Yasuní

Imagen
WRM default image

Cuando hace un par de días el presidente Rafael Correa afirmó que los ambientalistas queríamos volver a la época de las cavernas al pretender una moratoria petrolera, no hacía sino repetir lo que por años han dicho quienes modelaron y mantienen el país dependiente que tenemos… El problema fue que esta vez la declaración la hizo mientras la prensa internacional daba un grito de alarma por el calentamiento global…¡¡si quemamos más petróleo terminaremos en las cavernas!!

Más allá del comentario típicamente desarrollista, éste invita a recordar el mito de la caverna de Platón.

Según el mito, los seres humanos vivimos encadenados dentro de una caverna, sentados de espaldas a la entrada y con una lumbre a nuestras espaldas. Las sombras representan la única realidad que vemos. No reparamos en las cadenas y tampoco queremos ni podemos actuar en contra de nuestras percepciones.

Pero Platón dice que alguien, alguna vez, cobra conciencia de que está encadenado, se libera, da la vuelta y sale de la caverna. La luz es tan fuerte que se siente cegado y solo poco a poco se acostumbra y puede ver las cosas verdaderas….

El proyecto Ishinpingo-Tiputini-Tambococha (ITT), como sombra agigantada en medio de la oscuridad, se anuncia con el mismo entusiasmo que otros grandes proyectos fracasados. Se habla de 4.000 empleos, una inversión de 5.000 millones de dólares, la oportunidad para salir de la pobreza… pero si alguien repara en los impactos ambientales, la respuesta es que “se los minimizará”.

¿Por qué es un proyecto que levanta polvareda?

El proyecto ITT se encuentra en el Parque Nacional Yasuní. De acuerdo a estudios científicos, el Parque Yasuní (creado en 1979) es la región de mayor diversidad biológica del mundo. Es parte del refugio del Pleistoceno Napo. Es además territorio del pueblo Huaorani y zona de tránsito, pesca y caza de los Taromenane y Tagaeri, pueblos que viven en aislamiento voluntario y que para vivir requieren de su territorio libre de intervenciones externas.

Se trata de un proyecto que confronta dos visiones del mundo, dos realidades. Desde la sombra proyecta imágenes de crecimiento. Pero a la luz de la experiencia petrolera ecuatoriana, este será un nuevo desastre ambiental y social para las comunidades locales.

Con reservas probadas de casi 1.000 millones de barriles de crudo pesado, el gobierno pretende mantener los ritmos de explotación y exportación de crudo. Está interesado un consorcio conformado por Petrobras (Brasil), Enap (Chile), Petroecuador y hasta Pdvsa (Venezuela), que pretenden consolidar en terreno una alianza en función de las propuestas de integración, independientemente del costo, sobre todo ambiental. Y está además interesada la empresa SINOPEC, de origen chino, que procura adquirir cada vez mayor presencia en la región, y presenta ofertas económicas altas a costa de su total ignorancia en temas ambientales.

Pero no se puede ignorar que el proyecto está dentro del Parque Nacional, que es una zona de alta sensibilidad ambiental y que es de esperarse provocará niveles de contaminación mayores a los existentes en las zonas ya intervenidas, pues se trata de crudo pesado y está asociado a grandes cantidades de aguas tóxicas, en una relación de 80 -20 (80 de aguas tóxicas por 20 de crudo)

El proyecto provocará sin duda un deterioro general de la zona, graves impactos sobre la vida de los pueblos locales, extinción de culturas.

Frente a este escenario se ha propuesto analizar la posibilidad de poner en venta el crudo del subsuelo con el propósito de que nunca sea extraído. Se ha dicho que el costo de cada barril en el subsuelo estaría en los 5 dólares. He escuchado a mucha gente decir que le encantaría tener 20 barriles, o 10 o 1, y saber que nunca serán extraídos…

Se considera que con esto se puede cumplir con el triple objetivo de conservar la biodiversidad, enfrentar el calentamiento global y proteger los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario.

El presidente Rafael Correa, en tono casi desafiante, ha encargado al Ministro de Energía, Alberto Acosta, y a la Ministra de Relaciones Exteriores María Fernanda Espinosa “sustituir los recursos que dejará de percibir el país y que se podrían invertir en programas de salud educación, infraestructura. Si se logra dicho reemplazo, insistió, no habrá licitación”.

Ecuador ha suscrito convenios internacionales como el de protección de la biodiversidad y la Convención marco de Cambio Climático, el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, La Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, que protegen a los pueblos y a sus territorios y que proponen la salvaguarda del planeta.

Argumentos para que el mecanismo de vender petróleo para que no se extraiga funcione hay, pero ¿habrá voluntad política ya no sólo nacional, sino internacional para enfrentar el tema?

¿Será éste un proyecto tratado a las sombras de un Ecuador encadenado o por el contrario, uno tratado a la luz de una nueva visión de país en donde el ambiente no sea un requisito a superar, sino las bases de subsistencia de la nación?

Por Esperanza Martínez, correo electrónico: tegantai@oilwatch.org.ec, Oilwatch, www.oilwatch.org.ec