El 26 de septiembre de 2007 no será un día fácil de olvidar en Intag, la zona subtropical antiminera del noroccidente del Ecuador. Después de meses esperando una resolución al respecto, el Ministerio de Minas y Petróleos anunció la suspensión de las actividades mineras de la compañía minera canadiense Ascendant Copper, dueña de las concesiones en la zona. La decisión del Ministro Galo Chiriboga se sustenta jurídicamente en el hecho de que la empresa inició sus trabajos incumpliendo la ley, al no haber solicitado las correspondientes autorizaciones e informes del Municipio de Cotacachi.
Esta decisión afecta a 9.504 hectáreas de concesiones, e implica que la compañía minera no puede realizar actividades mineras, administrativas y de relacionamiento comunitario. Lamentablemente, la decisión no es definitiva, sino que se mantiene hasta que la compañía renegocie el contrato y su presencia en la zona, según el ministro Chiriboga. Otras concesiones se encontrarían también en análisis por parte del gobierno.
Estos hechos demuestran que cuando la voluntad popular es firme, y las circunstancias políticas acompañan, es posible para las poblaciones conseguir éxitos en defensa de su soberanía y de sus intereses. Decisiones similares podrían producirse al respecto de otras concesiones mineras en otras partes del país.
El sentir de las comunidades de Intag afectadas por el proyecto minero y la presencia de la empresa fue inicialmente pesimista, pues “es la cuarta vez que se anuncia lo mismo, pero la empresa sigue en la zona”, como expresó el concejal Luis Robalino, originario de Intag. Pero se fue tornando más optimista tras la entrada de funcionarios gubernamentales a la zona, para clausurar las oficinas de la empresa.
En rueda de prensa convocada los primeros días de octubre para manifestar la satisfacción por la decisión gubernamental, se recordaron algunas de las circunstancias por las que la población no desea ni la actividad minera en su zona ni la presencia de la empresa minera. Según relataron el Alcalde de Cotacachi, Econ. Auki Tituaña junto al Presidente del Consejo de Comunidades Polibio Pérez y otros líderes zonales, la empresa llegó desde el principio de sus actividades con el propósito de dividir a las comunidades, para facilitar su entrada a la zona y sus operaciones previstas.
La presencia de tres años de Ascendant Copper en la zona incluyó incidentes con paramilitares disparando sobre campesinas y campesinos, utilizando perros adiestrados y gases lacrimógenos. Además, alrededor de un centenar de campesinas y campesinos fueron intimidados mediante la interposición de denuncias y procesos judiciales que buscaban –pero no lograron- acallar la resistencia. Muchos de ellos fueron absueltos por sentencias de jueces de la provincia Imbabura. Ninguno fue condenado.
Por su parte, el Alcalde denunció la vinculación de ésta a “ex militares, paramilitares, sicarios, traficantes de drogas y políticos corruptos”. Dijo también que “pensaron que con el ofrecimiento que en su día me hicieron de 60 o 70 millones de dólares, iban a conseguir mi apoyo, pero mi precio es mucho mayor, es el del valor de la mina” (según el Gerente de la Empresa AC, Francisco Veintimilla, un mínimo de 110.000 millones de dólares). “Pero sinceramente, prefiero que nos dejen intactos los árboles, la fauna y la flora, y que respeten el modelo de desarrollo que nosotros aquí en Intag y en Cotacachi hemos elegido para nosotros mismos”.
Se refiere al bosque tropical nublado, de inmenso valor biológico, que se encuentra situado justo sobre la mina de cobre. Desde la llegada de la actividad minera “se ha conseguido incluso detener la tala tradicional que la generación de nuestros padres venía haciendo”, señaló Polibio Pérez. “Ahora otorgamos un valor mucho mayor a la conservación”.
Ascendant Copper está en la zona desde el año 2004, aunque la resistencia antiminera se remonta al año 1997. En este período, muchas iniciativas se han consolidado en la zona, haciendo de Intag un modelo de producción alternativa: agricultura, turismo, artesanía, cooperativas, organizaciones y otras iniciativas ocupan a cientos de familias en la zona. A raíz de los incidentes provocados por ésta y otras empresas mineras en otros lugares del Ecuador, se conformó una Coordinadora en Defensa de la Vida y los Derechos Humanos.
Se estima que cerca del 95% de los habitantes de Cotacachi, incluyendo a las autoridades, está en contra de la minería (ver Boletín Nº 118 del WRM). “Es en defensa de los intereses del Estado, la provincia, el cantón y la zona”, dicen. A la pregunta por la posibilidad de una consulta popular, dicen estar abiertos, pero obviamente ésta tendría que hacerse de una manera limpia y transparente, organizada por el estado ecuatoriano y no por la transnacional.
Por el momento, la empresa sale dejando división y conflicto entre hermanos, familiares, vecinos y antiguos amigos. Según denuncias, algunos comuneros “estaban a sueldo de US$ 300 para jugar al voley”. Mientras los depósitos de cobre continúen en la zona, la amenaza minera sigue latente.
Mientras tanto, en Ecuador se prepara la Asamblea Constituyente que redactará la nueva Constitución. Alberto Acosta, que durante un breve período de la actual legislatura fuera Ministro de Energía y Minas, y que con toda seguridad presidirá la asamblea, ha manifestado firmemente en repetidas ocasiones su propósito de hacer del Ecuador un país libre de minería a gran escala.
Por Guadalupe Rodríguez, correo electrónico: guadalupe@regenwald.org